Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: la CIDH el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias llaman a los Estados a adoptar e implementar estrategias de búsqueda e investigación en el marco de una política integral en materia de desapariciones
30 de agosto de 2021
Ginebra / Washington, D.C.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) y el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI) llaman a los Estados de la región a adoptar las medidas necesarias para la construcción e implementación de una política integral en materia de desaparición forzada que incluya la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de su desaparición dentro de sus prioridades. Asimismo, urgen a los Estados a asegurar la coordinación y cooperación de todas las instituciones y entidades estatales cuya participación sea necesaria para garantizar una búsqueda e investigación efectivas, prontas y exhaustivas.
En los últimos meses, la CIDH, el CED y el GTDFI han notado avances y buenas prácticas por parte de diferentes Estados de la región en el diseño de estrategias integrales de búsqueda e investigación. En específico, reconocen la adopción de los Planes Nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Perú, en 2021; y en Colombia, en 2020 y 2021, como herramientas programáticas de la política pública de búsqueda y cuyo contenido fue producto de un proceso participativo en el que intervinieron diferentes actores tales como víctimas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades estatales y organizaciones internacionales. Asimismo, destacan la adopción en México del Protocolo Homologado de Búsqueda, en 2020; y el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2021; como instrumentos normativos que establecen mecanismos, procedimientos y métodos diferenciados para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y de la infancia desaparecida, respectivamente; así como la construcción participativa del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense como parte de la política en materia de identificación humana y la creación de centros descentralizados para la identificación forense como el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila.
A pesar de lo anterior, persisten de retos en materia de coordinación interinstitucional que podrían comprometer la búsqueda y localización efectiva de las personas desaparecidas, así como la investigación de su desaparición. Por ello, llaman a los Estados de la región a eliminar todos los obstáculos jurídicos y fácticos que impidan dicha coordinación interinstitucional, así como a asegurar una estrategia clara y coordinada de búsqueda e investigación en la que todos los órganos estatales presten la asistencia necesaria en el marco de sus atribuciones. En particular, reiteran la obligación de asegurar que la búsqueda e investigación penal se interrelacionen y refuercen mutuamente, y recuerdan la importancia de establecer mecanismos y procedimientos de articulación, coordinación e intercambio sistemático de información entre las instituciones o unidades encargadas de la búsqueda e investigación penal, especialmente en los casos aquellos en los que exista una separación orgánica de las atribuciones.
La CIDH, el CED y el GTDFI coinciden en que las obligaciones de búsqueda e investigación deben materializarse a través de un conjunto articulado de medidas legislativas, administrativas, judiciales y de cualquier otra índole que tengan por objeto prevenir y poner fin a la desaparición forzada. Por tales motivos, subrayan la importancia de adoptar una política pública integral en materia de desaparición forzada que permitan el esclarecimiento de los casos ocurridos en el pasado y recientemente, asegurando la búsqueda de las personas desaparecidas, la identificación y sanción de los perpetradores, la prevención de estos actos, así como la adopción de medidas de protección para las víctimas, sus allegados, quienes les acompañan y quienes participan en la búsqueda e investigación y otras medidas de no repetición. En particular, destacan que la política en materia de búsqueda de personas debe construirse sobre la base de las obligaciones estatales de buscar, localizar, liberar, identificar, respetar y restituir el cuerpo o los restos, según corresponda, de toda persona sometida a desaparición, con enfoque diferencial.
Aunado a lo anterior, la CIDH, el CED y el GTDFI llaman a los Estados a asegurar que la construcción e implementación de las políticas públicas en materia de búsqueda e investigación sean resultado de un proceso abierto, deliberativo y ampliamente participativo en el que intervengan víctimas, organizaciones de la sociedad civil y cualquier otra persona con experiencia y voluntad de cooperar. Sobre este tema, recuerdan que los estándares internacionales e interamericanos han señalado la importancia de los principios de participación social y de acceso a la información como garantía de transparencia y rendición de cuentas en la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Finalmente, la CIDH, el CED y el GTDFI instan a los Estados de la región americana que aún no lo hicieron a ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, como expresión oficial de su compromiso para prevenir y erradicar esta aberrante práctica. También hacen un llamado a la aplicación de los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las normas y políticas públicas para la investigación eficaz de las desapariciones forzadas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
El CED es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados partes. La Convención se concibió para proteger a todas las personas de desaparición forzada, prevenir la reiteración de este delito y proporcionar apoyo a las víctimas y orientación a los Estados en lo tocante a las medidas que deben adoptar para promover los derechos garantizados en la Convención y fomentar la colaboración y la asistencia entre los Estados.
El mandato del GTDFI es ayudar a las y los familiares de las personas desaparecidas a averiguar la suerte y el paradero de dichas personas. El Grupo de Trabajo actúa esencialmente como canal de comunicación entre las familias de las personas desaparecidas y los gobiernos, con miras a resolver casos de desaparición. Con la adopción en 1992 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por la Asamblea General, el Grupo de Trabajo ha sido encomendado para monitorear el progreso de los Estados para cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración, y proporcionar asistencia para promover su implementación.
SIN PEROS…
Se generó una crisis económica y social
y la gente protestó, de unas y otras formas.
Pero, vinieron los escuadrones de la muerte
y los desaparecidos fueron desapareciendo…
Se impuso una dictadura cívico militar
y la gente la enfrentó, de unas y otras formas.
Pero, llegó la represión, la tortura y la cárcel
y más desaparecidos siguieron desapareciendo…
Se implantó cuánta restricción y cuánto miedo
y la gente, a escondidas, siguió resistiendo.
Pero, fueron casa a casa y barrio a barrio
y más desaparecidos siguieron desapareciendo…
Pese a tanta opresión, persecución y castigo
desde el exterior muchos siguieron peleando.
Pero, hubo una coordinación represiva regional
y más desaparecidos siguieron desapareciendo…
Quisieron perpetuarse con una Constitución
y la gente voto “No” para imponerles las urnas.
Pero, volvió la coerción, con su cárcel y muerte
y más desaparecidos siguieron desapareciendo…
Al fin, se tranzó una institucionalidad tutelada
y la gente pidió a gritos por los desaparecidos.
Pero, trajo el miedo a su ley de impunidad
y los desaparecidos siguieron desapareciendo…
Cambiaron los presidentes y los gobiernos
y la gente siguió reclamando a los desaparecidos
Pero, no acusaron los fiscales, los jueces no juzgaron
y los desaparecidos siguieron desapareciendo…
Comenzaron a reaparecer los niños apropiados
y tuvieron que admitir a sus padres desaparecidos.
Pero, la Comisión para la Paz vio medias verdades
y los desaparecidos siguieron desapareciendo…
Llegó el tan esperado gobierno progresista
y se pudieron encontrar algunos de sus cuerpos.
Pero, no se rompió con el pacto de silencio
y los desaparecidos siguieron desapareciendo…
Año a año, marcha a marcha, se pide por ellos
y nuevas generaciones se suman al reclamo.
Pero, la justicia no es justa, la voluntad es poca
y los desaparecidos siguen desapareciendo…
La verdad abre caminos en la mentira y el olvido
aunque los victimarios quieran llevarla a sus tumbas.
Pero, las instituciones celebran el impune mutismo
y los desaparecidos siguen desapareciendo…
Están allí, donde dejaron la realidad de sus huesos,
y esperan que los busquemos y los encontremos.
No hay peros para abandonar jamás esta lucha
y, aún tarde, los desaparecidos irán apareciendo.
Roger Rodríguez
Montevideo, 30/08/21
Corte Penal Internacional de La Haya
tendrá una sala con el nombre de Felipe Michelini
30 de agosto de 2021 ·
El abogado, que dedicó su carrera a los temas relacionados con los derechos humanos, será homenajeado tras presidir la dirección del fondo de apoyo a las víctimas de la corte.
La Corte Penal Internacional tendrá una sala en su sede de La Haya, en Países Bajos, con el nombre de Felipe Michelini, el abogado frenteamplista hijo del senador y fundador del Frente Amplio Zelmar Michelini, asesinado el 21 de mayo de 1976.
Felipe Michelini falleció en abril de 2020 tras las graves quemaduras que sufrió como consecuencia de un accidente doméstico. Dedicó su carrera a temas relacionados a los derechos humanos y la justicia internacional: se graduó como doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), hizo una maestría en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y desde 2017 fue coordinador de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Udelar. También ocupó varios cargos políticos: fue diputado entre 1995 y 2005, subsecretario de Educación y Cultura, presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARU) y presidente del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.
En La Haya Michelini fue presidente del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas de la Corte Penal Internacional, cargo para el que había sido reelecto para el período 2019-2021.
La inauguración de la sala con su nombre será este miércoles y un número restringido de personas fueron invitadas, difundió el portal 25siete Noticias; según informó Telemundo, tanto Graciela como Zelmar Michelini, dos de sus hermanos, participarán en la ceremonia porque viven en Europa.
Rápidamente referentes frenteamplistas felicitaron la decisión de La Haya de hacer este homenaje. La senadora Liliam Kechichian opinó en Twitter: “Más que merecido homenaje”. El diputado Daniel Caggiani comentó en la misma red social: “Un gran reconocimiento a un querido y destacado compañero, Felipe Michelini. Deberíamos hacerle nuestro reconocimiento y homenaje como país”, mientras que Alfredo Fratti, presidente de la cámara baja, afirmó que es “un justo homenaje”.
DESAPARICIONES FORZADAS
30 de agosto de 2021
Madres y Familiares cuestiona omisiones de
los poderes del Estado en la búsqueda de desaparecidos
La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos cuestionó que la suma de omisiones de los poderes del Estado termina reafirmando el pacto de omertá de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, y se extiende como una política de Estado que ningún gobierno ha cortado de raíz.
Este lunes 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
En dicho marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) realizaron un llamado a los Estados de la región a adoptar las medidas necesarias para la construcción e implementación de una política integral en materia de desaparición forzada que incluya: “la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de su desaparición dentro de sus prioridades”.
Asimismo, reclaman a los Estados “asegurar la coordinación y cooperación de todas las instituciones y entidades estatales, cuya participación sea necesaria para garantizar una búsqueda e investigación efectivas, prontas y exhaustivas”.
Por su parte, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió una declaración a través de la cual cuestionó “la suma de omisiones de los poderes del Estado que termina reafirmando el pacto de omertá de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos y se extiende casi como una política de Estado que ningún gobierno ha cortado de raíz, e impide lograr el reclamo de verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado”.
Aseguran que “están” los datos y la información sobre el destino de los detenidos desaparecidos, durante el terrorismo de Estado en nuestro país, y hay pruebas de ello. “Siempre estuvieron en manos de las organizaciones represivas y allí continúan”.
La organización de derechos humanos expresa que “siguen vivos muchos de los principales protagonistas, los sucesivos comandantes conocen la ubicación de los archivos, los altos oficiales que participaron en los tribunales de honor y que luego fueron ascendidos escucharon las terribles confesiones. Todo lo que evidencian los pocos archivos a los que hemos accedido, lo confirman”.
Declaración
He aquí el texto íntegro de la declaración de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
“30 de agosto de 2021.
Aquí estamos reflexionando una vez más, sobre el sentido presente de la lucha contra la Desaparición Forzada, una lucha tan íntima y humana, tan social y tan política.
Marcada primero por la desesperación por encontrarlos vivos. La perseverancia como grupo y como sociedad para no rendirnos en la búsqueda de la verdad. La fuerza que nos ha dado la incorporación de nuevas generaciones, que mantendrán vivas estas banderas, que han ido creciendo y enriqueciéndose, pasando de lo individual a lo colectivo. Porque nos abarca a todos, ya que están profundamente unidas a todas las luchas por una sociedad más digna, más justa y solidaria; donde el centro es el respeto y el valor de la vida misma.
Objetivos que se ven tan difíciles de alcanzar en el mundo de hoy, siempre atravesado por la desigualdad, la pobreza, el hambre. Donde se ha sumado la crisis ambiental, los miles de desplazados, la consecuencia social y económica de la pandemia.
Las luchas políticas, que saltan aquí y allá, que el año anterior aquí nomás, en Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, con el heroico protagonismo juvenil y de los pueblos originarios, alientan la esperanza. No importa lo que ocurra, siempre habrá ímpetu joven, audaz, valiente, que no acepte el lugar de la indiferencia, del miedo, del individualismo protector y que abrirá puertas al futuro. Es estimulante su irreverencia, sus exigencias al poder, la claridad de sus objetivos de proteger la vida y la libertad.
Hoy no deberíamos estar hablando nosotros, sino escuchando a las nuevas generaciones, que levantan con tanta fuerza esta bandera por Verdad y Justicia, junto a otras, muy suyas, sobre educación, diversidad, disidencias, feminismos, medio ambiente. Sus miradas deberían incidir más en nuestros caminos. Nos lo debemos.
Trataremos de sintetizar crudamente cómo estamos luego de 37 años de gobiernos democráticos, donde todas las fuerzas mayoritarias del país se sucedieron en los gobiernos. Estamos mal, estamos muy mal. Porque no hemos logrado las básicas garantías para no repetir la cruel experiencia del pasado.
Porque los avances de esta perseverante lucha que han sido muchos, no lograron aún tocar el corazón del Terrorismo de Estado, el tema militar y sus crímenes.
La Justicia no se ha convertido en una barrera protectora y educadora, contra los abusos y delitos del Estado. Especialmente los crímenes de Lesa Humanidad, la búsqueda de la verdad y de los desaparecidos. La responsabilidad que el Estado asume verbalmente, no la ha llevado a la práctica.
Por el contrario, los primeros gobiernos post-dictadura, obstinados en la negación y el ocultamiento pergeñaron la Ley de Caducidad, cuyo efecto se mantuvo hasta el 2011 (25 años después).
Volveremos cada vez sobre lo mismo: resaltar cómo se inicia el camino de Impunidad, del que no hemos logrado salir.
Con ella no sólo no se juzgó la inmensa mayoría de los casos, sino que, además, se sometió al Poder Judicial al filtro previo del Ejecutivo.
Aquellos primeros gobiernos hicieron primar su visión restrictiva, amparando todos los casos y con ello definieron un camino que hirió profundamente nuestra convivencia democrática.
Esta Ley, bloqueando la posibilidad de Justicia, fue un emblema que avaló a la dictadura, sus delitos, la ilegalidad, el autoritarismo. No olvidemos el caso Berríos, vergonzosamente archivado durante el gobierno de Lacalle Herrera.
Su sombra se extiende hasta hoy sobre cualquier nuevo abuso del Estado, porque sin frenos, la impunidad caminará siempre junto al poder.
¿Por qué dónde va a dirimir esta sociedad, lo permitido y lo inadmisible, si no es ante la Justicia? El juicio al Terrorismo de Estado sigue pendiente.
La búsqueda de la Verdad y la Justicia quedaron en manos de la sociedad, de las propias víctimas y de todas las Organizaciones Sociales que acompañaron. La lucha contra el silencio y la tergiversación, la denuncia y la memoria quedaron sobre nuestros hombros. Todos los avances los ha logrado la movilización social.
Todos los gobiernos posteriores a la dictadura han sido omisos en asumir, aclarar y cortar de raíz esta amenaza. Todos han sido protagonistas de esta historia de impunidad. Es el Estado actual el responsable que las desapariciones continúen.
La desaparición forzada, es un crimen de lesa humanidad, imprescriptible, y de carácter permanente. Su efecto no está dirigido únicamente a la víctima inicial a quien matan y desaparecen, sino que su mensaje mafioso, la sobrepasa, provocando en su entorno miedo, desazón y amenaza. Amenaza que perdura y trasciende generaciones. Que amenaza cada una de las luchas de hoy, las sociales, las reivindicativas, las políticas.
Un crimen que no cesa hasta, conocer todo lo sucedido con cada uno de ellos, de ellas, encontrar sus cuerpos y que se haga Justicia.
Nuestros objetivos: ¿Dónde Están? y Nunca Más están indisolublemente unidos.
Para que esta historia no se repita, debemos encontrarlos. Las acciones necesarias para encontrarlos son el camino que cimentará defensas y barreras para el Nunca Más.
La historia nos muestra que existió un camino formalmente “legal” hacia a dictadura, que fue socavando la institucionalidad paso a paso. Fueron un Ejecutivo dispuesto a la represión y al autoritarismo y una mayoría parlamentaria sumisa y cómplice, que, aprobando continuas medidas de limitación de libertades, desatendiendo las múltiples denuncias de torturas y asesinatos, permitiendo la intervención del Ejército en la represión y luego de la Justicia Militar para juzgar a civiles, cimentaron lo que terminó llegando en junio del 73.
Así, se impulsó la teoría del “enemigo interno”, la clave de la infame Doctrina de la Seguridad Nacional, en la que se han formado las Fuerzas Armadas, por lo menos hasta 2019. Y así se justificó la brutal represión de esos 12 años. Todos fuimos categorizados, todos éramos el enemigo.
Las Fuerzas Armadas basadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, pautaron sus objetivos y los mantuvieron durante toda la dictadura. Nuestras desaparecidas y desaparecidos, fueron parte de esos objetivos.
Es una lista selectiva de 197 compatriotas.
Han pasado 50 años de nuestro primer caso. En julio de 1971, Abel Ayala fue secuestrado y desaparecido por el Escuadrón de la Muerte, grupos de acción parapoliciales – paramilitares que actuaron ilegalmente amparados y fomentados por el gobierno de la época (Pacheco) y al impulso del avance militar.
El estudio de los casos y hasta los mismos Tribunales de Honor, convalidan la convicción de que la suerte de nuestros desaparecidos, su muerte y su desaparición misma, fueron decisiones adoptadas por los altos mandos.
¿Por qué cada una de ellas, de ellos? No lo sabemos aún, pero sí la característica de este crimen y cómo su acción excede a la misma víctima buscando disciplinar a toda la sociedad.
No lo pensábamos así en aquellos primeros años. Demoramos en entender y aceptar la crueldad de estos hechos. La participación institucional de las Fuerzas Armadas, Los pactos supranacionales como el Cóndor, la utilización de los niños como trofeos de guerra.
Junto a la acción represiva de esos años, la dictadura preparó su impunidad posterior. Con la participación masiva de sus cuadros aseguró el pacto de omertá, ocultó la información, obtuvo complicidades políticas notorias, e implantó su brutal amenaza simbolizada en los cuerpos de nuestros desaparecidos.
Los escasísimos avances en la aplicación de la justicia y algunos restos de nuestros familiares recuperados, se dieron con el inmenso esfuerzo de la sociedad, superando las obstrucciones y la saña del Estado, de sus gobernantes. Fueron las familias, compañeros, testigos, periodistas, investigadores los que lograron sacar a luz retazos de la verdad, la recuperación de casi todos los niños y unos pocos hallazgos.
Reconocemos que no han sido iguales los distintos gobiernos en su sensibilidad social, en el reconocimiento de leyes y derechos.
A partir de 2005 hubo muchos avances: el ingreso a los cuarteles, el hallazgo de los primeros desaparecidos. El Poder Ejecutivo no interfirió con el Poder Judicial y aunque siguió vigente la Ley de Caducidad, se logran condenas importantes, como las de Juan María Bordaberry, Juan Carlos Blanco y Gregorio Álvarez (expresamente excluidos como tales en el texto de la Ley, aquí hacemos un reconocimiento a los abogados de nuestras causas, y a los fiscales y jueces que lograron estas primeras sentencias, con todo lo que eso significó).
En este período se votan leyes que consagran estos delitos y reparaciones, muchos espacios para trabajar la memoria, donde la sociedad civil está cumpliendo un inmenso rol de educación y conciencia.
Y la incautación que hizo la ministra Azucena Berrutti de un archivo encontrado en el CGIOR, importante en sí mismo y también como una muestra de que era posible actuar decididamente.
Sabemos diferenciar; pero no fueron a más. Ni en lo que respecta a cortar con esta impunidad, ni revisar las Fuerzas Armadas y exigir todos los datos para continuar la búsqueda de los desaparecidos, ya que los hallazgos efectuados, demostraban que sabían dónde buscar.
Habilitan el trabajo de equipos que siguen hasta hoy, con presupuesto que el actual presidente comprometió y cumplió.
Quienes, con inmenso compromiso, con miles de obstáculos, robos e intimidaciones, dan vuelta la tierra a ciegas desde hace años. Su única información (luego de los dos primeros hallazgos) proviene de los mismos denunciantes, y en más de una oportunidad fueron amenazados, ellos y algún soldado que arrimó un dato.
Mientras tanto, los comandantes en jefe como Ángel Bertolotti, Guido Manini Ríos, se limitan a observar, a distraer, a aportar datos falsos para obstaculizar, como pasó cuando se estaba cerca de los restos de Eduardo Bleier, y que no aparejó siquiera una amonestación.
Ningún gobierno exigió a fondo haciendo cumplir su autoridad, la información que sabemos existe.
No somos nosotros los que tenemos que explicar por qué esta situación se extendió hasta hoy, ¿Por qué ese divorcio entre los dirigentes y sus militantes que han hecho propia esta causa por verdad y justicia? Cada 20 de mayo demuestra cómo crece e involucra a votantes de todos los partidos y a todas las generaciones.
Pero sí tenemos claras sus consecuencias que se evidencian cada vez más.
La instalación estructural de la impunidad que ha impregnado todos los ámbitos: Empezando por los distintos ejecutivos, que jamás lograron la real subordinación de las Fuerzas Armadas, ni llevaron adelante su necesaria reformulación, ni los cambios en su formación, ni exigieron la entrega de todos los datos que poseen, empezando por la ubicación de los restos de nuestros desaparecidos. Siguiendo por los distintos parlamentos omisos, que tampoco pugnaron por ello, recién en 2019 lograron modificar tibiamente algunos aspectos de la Ley Orgánica Militar creada en dictadura, y seguimos esperando un debate público y profundo sobre qué Fuerzas Armadas debe tener nuestro pequeño país, si es que precisa alguna.
Continuando por una Suprema Corte de Justicia obsecuente, que avaló la Ley de Caducidad, una Ley rotundamente anticonstitucional, que además sojuzgaba su independencia. Y que cuando esta deja de ser un obstáculo, permite todo tipo de chicanas y demoras, sigue sin reconocer estos delitos como de lesa humanidad (acorde a tratados libremente asumidos por Uruguay) y llega al colmo inconcebible de dar al caso Vladimir Roslik como cosa juzgada, por la intervención que tuvo en su momento la Justicia Militar. Es inaceptable.
Terminando con la presencia en la coalición que hoy nos gobierna, de un partido militar que no tiene empacho en avalar desde el Parlamento lo actuado por la dictadura y sus criminales más conspicuos. Nada de todo esto sale del aire.
La sentencia de la CIDH de 2012 en el caso Gelman significó un impulso importante que habilitó a avanzar: el Estado debió realizar el reconocimiento público de haber cometido estos delitos y pedir perdón. Se comprometió a concretar algunos cambios, entre ellos la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, cosa que se hace efectiva recién en el 2018, con la designación del fiscal Ricardo Perciballe a cargo de la misma.
Fue un acierto concentrar los casos hasta ese momento dispersos, lo que permitió la acumulación de conocimiento y sacar a luz junto a los nombres de siempre, a nuevos imputados a los que se les pide procesamiento.
Su positivo trabajo ha ayudado al armado del complicado puzle de la operativa represiva, resaltando la coordinación de los distintos organismos SID, OCOA, DNII, dentro y fuera de fronteras.
Su principal escollo, sigue siendo la Suprema Corte de Justicia, que permanece refractaria a la normativa internacional como dijimos y a la sentencia de la CIDH, que la obligaría a tomar una actitud proactiva y a entender estos crímenes como de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles.
A pesar de hechos tan importantes como el juicio de Roma, que ha dejado claro que no existen fronteras para los delitos de lesa humanidad, el lento avance de la justicia y la obtención de algunos procesamientos, poco nos han hecho avanzar en el sentido de la verdad, de lo que debemos conocer como sociedad y nada ha conducido al encuentro de los desaparecidos.
En definitiva, la suma de omisiones de los poderes del Estado termina reafirmando el pacto de omertá de los perpetradores y se extiende casi como una política de Estado que ningún gobierno ha cortado de raíz, que va impregnando nuestra vida cotidiana y nos impide lograr nuestro reclamo de Verdad, Justicia y Nunca Más.
Los datos están, la información está. Hay sobradas pruebas de ello. Siempre estuvieron en manos de las organizaciones represivas y allí continúan.
Siguen vivos muchos de los principales protagonistas. Los sucesivos comandantes conocen la ubicación de los archivos; los altos oficiales que participaron en los tribunales de honor y que luego fueron ascendidos, escucharon las terribles confesiones. Todo lo que evidencian los pocos archivos a los que hemos accedido, lo confirman.
¿Qué hacemos con todos estos fragmentos de verdad? ¿Qué hicieron los gobernantes con ellos? ¿Qué cambios? ¿Qué exigencias? Este tema no tiene que estar en las rencillas electorales. El Parlamento debió votar la venia que pidió Tabaré Vázquez para dar de baja a los generales que habían actuado en el Tribunal de Honor de José Gavazzo y aplaudir que en este gobierno por la denuncia tremenda en el caso Roslik sacaran a Daniel Castellá.
De una vez por todas los gobernantes y cada una de las fuerzas políticas se deben hacer cargo. Es su responsabilidad terminar con esta tolerancia, esta falta de compromiso con la democracia, este engaño al que someten a los ciudadanos. Nadie los votó para sostener un crimen atroz. Su omisión en tantísimos años, han dañado profundamente los valores que nos distinguen y cimientan nuestra convivencia.
Hoy todo esto se evidencia más que nunca y no es casual. La permisividad a la impunidad que los gobiernos han sostenido, llevaba implícita una revaloración del autoritarismo que apenas encontrara un marco propicio iba a hacer eclosión. Está en juego desde la movilización sindical a la libertad de cátedra. Se intenta confundir el significado de la laicidad, el uso del espacio público y hasta la terminología básica donde política, o ideología en lugar de ser la base para un debate que amplíe la visión del mundo, pasan a ser ofensivas.
Con la LUC, se pretende dar un marco jurídico a todo esto. Por eso hemos acompañado y apoyado la recolección de firmas para dar un verdadero debate y ver en cuánto de esta normativa impuesta, el pueblo acuerda. Nos congratulamos con la obtención de las 800.000 firmas que habilitarán el recurso de la democracia directa, y convocamos junto a todas las organizaciones de Derechos Humanos a informarnos, a debatir, a involucrarnos.
Entre nuestros desafíos, está no retroceder. Detrás de cada conquista hay mucha lucha y mucho dolor que nos anteceden. Que cada generación pueda pelear por sus propios sueños sin que eso signifique poner en juego su vida.
Por eso una vez más, exigimos a los tres poderes del estado que nos digan dónde están nuestros desaparecidos. Que nos digan toda la verdad de lo que pasó con cada uno. ¿Por qué ellas, por qué ellos? Queremos toda la verdad sobre la operativa que los desapareció. Que paren con este crimen.
La nuestra no es una lucha de los familiares, es la lucha de todas, de todos; porque Todas y todos Somos Familiares.
Verdad, Memoria y Justicia. Nunca Más Terrorismo de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”.
Elena Zaffaroni: “El Estado actual es
el responsable de que las desapariciones continúen”
31 de agosto de 2021 ·
“La suma de omisiones se extiende como una política de Estado que ningún gobierno ha cortado de raíz”, dijo la referente de Familiares en el acto por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.Est
“Luego de 37 años de gobiernos democráticos, en los que todas las fuerzas mayoritarias se sucedieron en los gobiernos, estamos mal, estamos muy mal, porque no hemos logrado las básicas garantías para no repetir la cruel experiencia del pasado” y “los avances no lograron tocar el corazón del terrorismo de Estado, el tema militar y sus crímenes”, sentenció Elena Zaffaroni, de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, en un acto realizado este lunes en la Sala Zitarrosa por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
“La Justicia no se ha convertido en una barrera protectora y educadora contra los abusos y delitos de Estado, especialmente los crímenes de lesa humanidad, la búsqueda de la verdad y los desaparecidos”, agregó Zaffaroni, que completó su descripción del escenario actual señalando que “la responsabilidad que el Estado asume verbalmente no la ha llevado a la práctica”.
La referente de Familiares subrayó que la Ley de Caducidad inició “el camino de impunidad del que no hemos logrado salir”, en el marco del cual se amparó “la dictadura, sus delitos, la ilegalidad, el autoritarismo”. “Su sombra se extiende hasta hoy” porque, “sin frenos, la impunidad caminará siempre junto al poder”, agregó.
De esta manera, “la búsqueda de verdad y justicia quedó en manos de la sociedad” y “todos los avances los ha logrado la movilización social”, señaló Zaffaroni. Los gobiernos que se sucedieron “han sido omisos en asumir, aclarar y cortar de raíz esta amenaza”, aunque “no han sido iguales en su sensibilidad” con respecto a este tema, dijo, antes de enumerar algunos avances de las administraciones del Frente Amplio. “Sabemos diferenciar, pero no fueron a más”, agregó antes de asegurar: “Es el Estado actual el responsable de que las desapariciones continúen”.
Zaffaroni apuntó también contra los distintos parlamentos y, en particular, la Suprema Corte de Justicia, que “permite todo tipo de chicanas y demoras, sigue sin reconocer estos delitos de lesa humanidad” y “llega al colmo, insostenible, al dar el caso Roslik como cosa juzgada” por la actuación de la Justicia militar, algo “absolutamente inaceptable”. “El lento avance de la Justicia y la obtención de algunos procesamientos poco nos han hecho avanzar en el sentido de la verdad […], y nada ha conducido al encuentro de los desaparecidos”, lamentó. “La suma de omisiones de los poderes se extiende casi como una política de Estado que ningún gobierno ha cortado de raíz”, agregó.
La continuidad de la impunidad tiene consecuencias en el presente, dijo Zaffaroni, que agradeció a quienes, enfrentando “miles de obstáculos, robos e intimidaciones”, colaboran con la búsqueda de los desaparecidos. “En más de una oportunidad fueron amenazados ellos, y algún soldado que arrimó un dato, mientras los comandantes en jefe como [Ángel] Bertolotti y [el hoy senador, Guido] Manini se limitaron a observar, a distraer, a aportar datos falsos para obstaculizar”, criticó.
Otra consecuencia de la impunidad es la presencia en la coalición de gobierno “de un partido militar” que “no tiene empacho en avalar desde el Parlamento lo actuado por la dictadura y sus criminales más conspicuos”. “Nada de todo esto sale del aire”, reafirmó.
“Conocer el paradero de las víctimas es un derecho de los familiares”
La primera oradora del acto en la sala Zitarrosa fue la abogada del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Lucía Giudice, quien planteó en un video que fue transmitido que en estos 37 años desde el fin de la dictadura “el Estado uruguayo no ha ofrecido vías concretas que permitan encaminar procesos judiciales y administrativos tendientes a obtener la verdad” ni a encontrar a los desaparecidos.
Se ha instalado una “cultura de la impunidad respecto de los detenidos desaparecidos”, pero “es importante que el Estado uruguayo entienda que conocer el paradero de las víctimas es un derecho de los familiares”, subrayó Giudice.
“El Estado tiene la obligación de obtener información, de obtener la verdad, de que se conozca el paradero de las víctimas y de que se sepa qué es lo que sucedió con ellas”, añadió la abogada, antes de señalar que “es inadmisible que sean los familiares los que llevan adelante las investigaciones”.
Por último, Giudice reclamó “una política de Estado seria, responsable, tendiente a obtener la verdad y a ubicar a los detenidos desaparecidos”.
“La justicia es un derecho y una garantía”
Por su parte, el profesor de Historia Óscar Destouet repasó desde sus comienzos el proceso que derivó en el juicio contra el Plan Cóndor en Roma, que terminó con 14 militares uruguayos condenados, varios de ellos a cadena perpetua, incluido Jorge Troccoli, único acusado presente en el juicio.
El proceso en Roma “legitimó el relato y la magnitud de los horrores” cometidos por las dictaduras de la región, pero también “contribuyó a recuperar la capacidad de asombro e indignación” y a “revalorizar la democracia y la cultura de derechos: la justicia es un derecho y una garantía”, recalcó el docente.
Destouet también reclamó al Estado uruguayo algunas medidas concretas. En primer lugar, que se haga público “un índice descriptivo de la documentación atesorada en las agencias de inteligencia”, algo que consideró “un derecho que atañe a la verdad y la cristalinidad de la función pública”. En segundo término, exigió “la creación de un archivo nacional de la memoria que reúna diferentes fondos documentales” para que “al ser liberados del secretismo militar se transformen en fuente de información, verdad y derecho a saber”.
Marita Ferraro
30 DE AGOSTO: DESAPARECIDOS
¿Es que alguna vez fueron algo más
que un eslogan, que una pancarta, que
una solicitud desoída o que una foto envejecida
de un rostro joven?
¡Hace tanto que caminan sobre otras piernas
que ya no sé si un día caminaron solos!
¿Acaso juegan ustedes a las escondidas
desde entonces, al titiri yá o a
ser una estrella fugaz empecinada en girar
en el pasado?
*
La cosa es que no tiene goyete lo que nos hicieron.
Está bien, a ustedes les robaron la piel,
las pestañas, el sentir como nacen las canas y
la carne se vuelve flácida. Pero a nosotros nos
robaron el derecho de perderlos por el
camino.
¡Treinta años después estamos tan viejos
y siguen ustedes sin embargo tan niños!
Se fueron creyendo cuando todos creíamos
y la revolución era un convite, un dulce
que estaba a la vuelta de la primer esquina.
Por eso quiero hoy ubicarme en el minuto atroz
en que dejaron de ser para comenzar a
calzarse nuestros zapatos. En el minuto puntual
donde finalizó la historia personal de cada uno
para comenzar la de todos.
Y quiero conocer el último recuerdo
que llegó hasta ustedes, el más personal y entrañable,
aquel nacido en algún patio con jardín y pajarera
en la casa familiar de mosaicos de colores
y quinta con crisantemos.
Aquel que quedó sepultado entre huesos,
grumo, espiga, cal, acero, plomo o pasto erguido
enfilado hacia el sol.
Y quiero también que me cuenten de cuando
calzaban sandalias, pantalones cortos y polleras tableadas.
De cuando eran desconocidos. De cuando eran anónimos.
Y corrían entre perros y olor a tierra húmeda.
De cuando peleaban a brazo partido con el más grande
de la esquina y volvían con codos y rodillas raspados.
Igual que ahora.
*
A la rueda rueda, todo empezó en realidad aquel día
cuando vino la maestra y les dio un coscorrón
y ustedes se quedaron mirándola sin miedo y a la espera
de un tirón de orejas o de algún plantón de cara a la pared.
Igual que después.
Cuando todo pasó.
Cuando puños de hierro golpearon sus puertas
con el sonido de un tambor que se rompe
con el sonido de maderas que crujen
al principio pareció que era cosa de días
que era cosa de noches
que luego alumbraría algún final feliz
como el de los cuentos de hadas.
Eso pareció al principio.
Pero con el tiempo, cuando empezaron a desdibujarse
no tuvimos más remedio que transformarlos en pancarta.
Fue un antídoto contra el olvido.
Una especie de suero anti ofidio, contra todos los ofidios
que quisieron envenenar nuestra memoria.
*
Entonces tuvimos que alzarlos sobre nuestros hombros
para que los vieran todos
y prestarles nuestros pies
y compartir nuestras palabras
para que contaran lo que sin ellas no podrían contar.
Y se transformaron en parte
de este paisaje nuestro de cada día.
Ave María madre de Dios
Y se transformaron en fotos, en memorándums, en reclamos.
Ave María madre de Dios
no perdones a los pecadores.
Y se transformaron en marcha, en grito, en furia.
Ave María madre de Dios.
No perdones a los pecadores
Ahora ni en la hora de nuestra muerte.
*
Y los pecadores no podrán evitar, che botija,
que te encuentre, te sirva un mate y te pregunte:
¿te acordás hermano…?
Veremos amarillear por fin el papel que los recuerda.
Y a sus rostros jóvenes veremos nacerles arrugas.
Y encanecerán el pelo.
Porque no es justo esto de que permanezcan
en el tiempo con la edad de nuestros hijos
y menos aún que nuestros hijos tengan que sustituirnos
a nosotros en nuestra búsqueda.
Y cuando dejen de ser foto de adolescentes
les pediremos que se sienten a nuestra mesa
y después habrá que susurrarles que se vayan
para que podamos todos ¡por fin!, descansar en paz.