Fiscalía imputó a siete militares
en la causa que investiga el
asesinato de Vladimir Roslik
22 de octubre de 2021 ·
El proceso contra los militares podría formalizarse el próximo viernes.
El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió la formalización del proceso contra siete militares en la causa que investiga el asesinato del médico de San Javier Vladimir Roslik, ocurrido en abril de 1984.
Según informaron a la diaria fuentes judiciales, Oscar Rocca, Abel Pérez, Roberto Ramírez, Dardo Ivo Morales, Sergio Caubarrere, Jorge Soloviy y Eduardo Saiz deberán concurrir el viernes al juzgado penal de Fray Bentos de 3° turno, en donde se realizará la audiencia de formalización, en una investigación que también integra torturas contra otras personas que estuvieron detenidas con Roslik en el Batallón de Infantería 9 de esa ciudad.
Al militar en situación de reforma Dardo Ivo Morales, señalado por la Justicia Militar como interrogador de Roslik, se le imputan reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves en calidad de autor. Los mismos delitos se le imputan a Sergio Caubarrere, quien fue condenado a cuatro meses y 18 días de prisión por los delitos de abuso de autoridad y homicidio culpable por la Justicia Militar.
Al médico Eduardo Saiz, quien estaba en la unidad militar durante el interrogatorio, examinó el cuerpo de Roslik y dijo que había fallecido por muerte natural, se le imputan reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación de libertad.
La fiscalía imputa a Oscar Rocca y Abel Pérez tres delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos, y lesiones graves en calidad de autores, mientras que a Roberto Ramírez y Jorge Soloviy les imputa los mismos delitos en calidad de coautores.
La causa fue iniciada este año por el fiscal Perciballe luego de que en julio la Suprema Corte de Justicia (SCJ) archivara la investigación y validara la sentencia del Tribunal de Apelaciones, que en 2014 resolvió la clausura de la investigación por considerar que los delitos habían prescripto y que existía “cosa juzgada” por la actuación de la Justicia Militar.
Además, la SCJ consideró que la apelación de la sentencia de segunda instancia debería haber sido presentada por el fiscal departamental que actuó en su momento y no por la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que se instaló en 2018.
Sin embargo, en el mismo fallo la SCJ planteó la posibilidad de que la fiscalía inicie una nueva investigación en el marco del nuevo código de proceso, en la medida en que se presenten elementos nuevos que hayan surgido luego de la vigencia del código y que no hayan sido considerados en la investigación anterior.
Ante eso, Perciballe inició una investigación, ampliada con testimonios de personas que estuvieron detenidas con el médico de San Javier, trasladadas y torturadas en Fray Bentos. Tras interrogar en Fiscalía a varios militares involucrados en el hecho, pidió la formalización del proceso.
El 29 de abril de 1980 Roslik fue detenido junto a otros 25 pobladores de San Javier a los que la dictadura acusó de trabajar para los servicios soviéticos. Cuatro años después, la dictadura volvió a apuntar sobre la población de San Javier y a las cuatro de la madrugada del 15 de abril secuestró a Roslik en su casa, en la que se encontraba con su esposa y su hija de cuatro meses. Junto a otros seis vecinos fue trasladado al Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos y asesinado bajo tortura al día siguiente. El expediente de la Justicia Militar reveló que la tortura contra Roslik fue presenciada por 11 oficiales del Ejército que habían sido convocados para que “se fueran interiorizando y adquiriendo experiencia en el manejo de los interrogatorios”. Fue la última víctima por crímenes de lesa humanidad de la dictadura.