Sociedad civil vinculada a militares
de alto rango tenía su sede en el centro
clandestino de reclusión donde
desapareció María Claudia García de Gelman
Escribe Carla Olivera, Javier Revetria, Leandro Fernández
24 diciembre 2021
Base Valparaiso
Uruguay no estuvo ajeno a las empresas fachada que los represores crearon en toda la región para cubrir sus delitos y acrecentar sus riquezas.
Este artículo es el cuarto y último de una serie publicada a lo largo de este mes sobre los delitos económicos cometidos por la dictadura. Los anteriores se publicaron el 11, 14 y 18 de diciembre. Tienen como base una investigación que aporta información inédita sobre los métodos de financiamiento y los principales botines de la represión.
En 1980, con documentación falsa a nombre de José Narváez Coe, el recientemente fallecido coronel Gilberto Vázquez compró la finca ubicada en Francisco de Medina 1525, en las inmediaciones de Villa Dolores, que era alquilada por el Servicio de Información de Defensa (SID) desde al menos 1975, según información consignada en mayo de 2005 por el periodista Roger Rodríguez. Práctica bastante usual (ese método ya lo había utilizado en la compra de la Casona de Millán en 1977), la identidad falsa le permitía mantener los centros operativos en la clandestinidad. Allí funcionó la base “Valparaíso”, utilizada por oficiales del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y último paradero conocido de María Claudia García de Gelman, quien habría sido trasladada por el expolicía Ricardo Conejo Medina en un taxímetro Mercedes Benz.
Esta base operativa del SID anteriormente había sido un taller de ómnibus propiedad de Rolando Vidal Cheroni. La viuda de este empleado de la compañía de transporte municipal AMDET, luego del fallecimiento de Vidal, primero alquiló y luego vendió la casa a Vázquez, sin saber la finalidad real que tendría el inmueble. Pero otro dato al que accedió esta investigación y que surge de las escrituras de la propiedad es que el escribano que confirmó la compraventa es Noly Noble Álvarez, secretario del Supremo Tribunal Militar y quien avaló la mayoría de las sentencias promulgadas por el órgano de justicia de las Fuerzas Armadas, entre las que se encuentran centenares de incautaciones y embargos de bienes e inmuebles a detenidos en el marco de la represión.
El lugar constaba de un amplio taller ubicado en la planta baja, con un foso para la reparación de vehículos y una vivienda en planta alta, ideal para llevar a cabo las actividades clandestinas sin ser descubiertos. En el taller se instaló una base de taxis espías, que además de cumplir su segunda función, generaban ingresos para costear operativos y pagar a informantes. Según testimonios de vecinos recogidos para esta investigación, recuerdan que era común que un taxímetro saliera de la base y se dirigiera a una panadería ubicada en Pereira de la Luz esquina Muñoz, a pocas cuadras del lugar. Comentan que en la época se decía que en el fondo de esa panadería se daba palizas a detenidos que eran llevados en el taxímetro.
En la vivienda superior, en cambio, funcionaba la inmobiliaria Paraíso, operativa desde al menos 1979 y que estaba a cargo del coronel Lawrie Rodríguez Freire. Según declaraciones del propio Vázquez ante el tribunal de honor, además de ser una fachada, funcionaba efectivamente como una empresa. De hecho, publicaron avisos clasificados en diarios nacionales ofreciendo inmuebles o cuotas de sociedades civiles, la verdadera estrella del negocio por aquellos años. Un aviso del diario El Día del 29 de noviembre de 1981 sirve como ejemplo: “En Pocitos Inmobiliaria Paraiso, tiene la Sociedad Civil que usted busca en cuotas N$1811” y marca como dirección la ubicación de la base Valparaíso, Francisco de Medina 1525.
Las empresas fachada eran un modus operandi común a otras dictaduras de la región. En Argentina fueron numerosos los casos en que los inmuebles de quienes luego serían detenidos desaparecidos terminaban en manos de militares. Incluso el propio almirante Emilio Massera fue descubierto en usufructo de estancias expropiadas a detenidos, algunas que incluso regaló con gran generosidad a sus amantes. Un modus operandi que los distinguía respecto de otros países del Plan Cóndor era la persuasión bajo tortura de los detenidos para que firmaran cesiones de derechos de sus inmuebles en favor de los torturadores. De hecho, lograron tener un sistema mucho más aceitado que involucraba inmobiliarias cuya finalidad era la venta de las propiedades incautadas, y también contaban con depósitos de receptación de objetos.
La Secretaría de Inteligencia (SIDE) adquirió numerosos inmuebles con el dinero robado, principalmente incautado a los integrantes uruguayos del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que servían de bases operativas. La mayoría de estos inmuebles fueron adquiridos por medio de una serie de sociedades anónimas, utilizando una estructura similar a la de la Dirección de Inteligencia Nacional –DINA– chilena. A finales de los 90, cuando se comenzó a investigar estos crímenes, se descubrió que estos inmuebles no se encontraban en el inventario de la SIDE ni formaban parte de la contabilidad, por lo que la propia secretaría de Estado, ya en democracia, contaba con una estructura clandestina y fuera de toda legalidad para operar. De hecho, se descubrió que los represores argentinos que lograron escapar de la Justicia y huyeron al exterior eran mantenidos con transferencias de dinero efectuadas desde una empresa cuya titularidad era de la SIDE.
El caso de Chile es otro a tener en cuenta. Cuando la periodista chilena Mónica González buscaba información sobre la desaparición de siete militantes desaparecidos en Buenos Aires, encontró en un expediente de la Justicia argentina facturas nominadas a la sociedad Pedro Diet Lobos y Cía, nombre sugerente para cualquier chileno atento. Quien prestó su nombre para ser titular de la compañía era nada menos que el secretario de Manuel Contreras, titular de la DINA y mano derecha de Augusto Pinochet, quien desde su cargo ordenó la detención, tortura y desaparición de más de 1.200 personas. Esta sociedad era la pantalla utilizada por la DINA para blanquear dinero, inmuebles y bienes incautados a las organizaciones ilegalizadas luego del golpe de setiembre de 1973.
En cómodas cuotas
En su libro País vaciado, el autor Miguel Carrió explica cómo funcionaban las sociedades civiles. Habilitadas por el Decreto-Ley 14.804 de 1978, fueron un mecanismo de “autoconstrucción de vivienda propia” ideado por el doctor Julio César Luongo, entonces presidente interventor del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), con la finalidad de desarticular las cooperativas de vivienda de ayuda mutua. La normativa planteaba la posibilidad de crear una sociedad comercial habilitada a construir propiedades horizontales al costo y para uso propio de los integrantes de la sociedad. El BHU, en cambio, otorgaba muy convenientes préstamos a sola firma del formulario, sin necesidad de cumplimiento de etapas de construcción o contra boleta de materiales.
Esto generó que pulularan inmobiliarias que ofrecían estas sociedades y que se transformara en un negocio rentable para noveles empresas (en general sociedades anónimas) que el Estado financiaba. Lo único necesario era conseguir las rúbricas de personas físicas que actuasen de testaferros para recibir el dinero por parte del BHU. De hecho, fue común la práctica de que los firmantes fueran los propios empleados de la inmobiliaria para posteriormente hacer un traspaso a un cliente interesado. Una vez finalizada la construcción, la inmobiliaria o el organizador podían cancelar el préstamo por adelantado, lo que permitía la venta del inmueble a mucho mayor valor del invertido. Este negocio fue tan rentable como efímero, ya que en noviembre de 1982 reventó “la tablita” de cambio de divisa extranjera, que dejó a decenas de estas sociedades en bancarrota y con sus construcciones sin finalizar, quedando sus esqueletos en varios puntos del país por décadas.
La inmobiliaria Paraíso, como otras tantas, basó su negocio en la creación de estas sociedades, de las cuales resalta una: Gerónimo I. Este edificio de apartamentos de diez pisos de altura se encuentra ubicado en Luis Alberto de Herrera esquina Demóstenes (entonces calle José Pedro Varela) y cuenta con 30 viviendas. Según documentación del Registro de Traslaciones de Dominio (número de entrada 7942, número 770, folio 904, libro 777), el predio fue adquirido en 1980 bajo escritura de la escribana Ana María López Gariglio. Esta escribana, que según fuentes que la conocen se manifestaba como “pro China”, trilló por varias trincheras políticas contrapuestas, hasta llegar al Senado en la década del 90 como suplente de Yamandú Fau, luego de que el titular de la banca tuviera que renunciar para asumir como ministro de Defensa.
En el padrón, el comprador que figura en el registro de compraventa es la sociedad Civil Gerónimo I, domiciliada en Francisco de Medina 1525, lugar de la propia base Valparaíso. Pero algo que llama aún más la atención es que, de acuerdo a datos del testimonio inscrito en el Registro de Actos Personales (número 82, folio 414, libro 3 de 1981), el presidente de la sociedad es José Iván Viera Ortiz, un radiotécnico eléctrico sin aparente pasado militar, y su secretario es Gaspar Barrabino, hijo de Julio Barrabino Sáez, golpista que ingresó al Palacio Legislativo la noche del golpe de Estado y hermano de Julio Barrabino Silveira, quien participó en el operativo de secuestro y ocultamiento del chileno Julio Sanhueza Ross.
Gaspar Barrabino, con una extensa carrera en el Ejército Uruguayo, es director de Planificación y Fiscalización de la Intendencia de Maldonado, lidera la lista 1923 del sector de Cabildo Abierto (CA) Dragones de Artigas y fue candidato a la intendencia fernandina por su partido. Además, pertenece a la generación 1977 de la Escuela de Oficiales del Ejército. En los últimos años coordinó encuentros de retirados militares en el Cuartel de Dragones de Maldonado, junto al torturador Eduardo Ferro y otro polémico integrante de CA, Enrique Mangini, conocido en 2011 por ser custodia de Iván Paulós a la salida del juzgado y dejar ver su arma adosada a la cintura. Según información revelada por el periodista Roger Rodríguez, Mangini fue uno de los integrantes de la Juventud Uruguaya de a Pie, responsable del asesinato del estudiante Santiago Rodríguez Muela en 1972. Al momento del hecho, el líder del movimiento era Hugo Manini Ríos, hermano de Guido.
Pero Gaspar Barrabino no es el único militar que integró la sociedad. En el décimo piso habitaba nada menos que Julio César González Arrondo, quien fuera jefe del OCOA hasta 1978. Además, también fue propietario de un inmueble en ese edificio el general retirado Daniel Castellá, quien hasta julio de 2021 fue presidente del Supremo Tribunal Militar, recientemente destituido por participar en el asesinato del médico Vladimir Roslik y acusado de obstruir pedidos de información a la Justicia.
Castellá, en cambio, obtuvo la cesión del apartamento en 1991 de parte del coronel retirado Daniel de Oliveira, integrante junto a Gaspar Barrabino y Guido Manini Ríos de la logia militar Tenientes de Artigas.
Cuesta determinar de forma certera si la inmobiliaria logró concretar otros proyectos, aunque hay una línea que puede resultar coincidente. Consultados los registros del ingeniero agrimensor Juan Gambini, quien realizó la agrimensura de la propiedad horizontal del padrón, se encuentra que hizo la agrimensura del edificio Gerónimo I y de otras sociedades civiles de la época.
Según una fuente consultada para esta investigación, uno de los edificios construidos en la intersección de Bulevar José Batlle y Ordoñez y Ramón Anador también habría sido gestionado por la inmobiliaria. En los registros de agrimensura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Gambini cuenta con varios trabajos efectuados a sociedades civiles y edificios de propiedad horizontal entre 1979 (año de entrada en vigencia de la ley) y 1985. Entre los más llamativos se encuentra un edificio sito también en la intersección mencionada por la fuente, construido en 1983 por La Fe SA, con domicilio fiscal en la calle Brito del Pino, lugar donde funciona desde hace décadas un garaje de automóviles. Consultadas las titularidades de los apartamentos ubicados en el edificio se encuentra un número llamativo de militares de alto rango.
Otra sociedad civil vinculada al agrimensor es Figar I, ubicada en la actual Demóstenes y a apenas dos cuadras de Gerónimo I. De acuerdo al acta de constitución de la sociedad, la escribana actuante era, de nuevo, Ana López Gariglio. Esa misma escribana terminó siendo propietaria de al menos dos inmuebles en Gerónimo I, pero aún así participó en la conformación de una nueva sociedad. Figar I jamás sería construido y la casa donde se construirían los apartamentos fue embargada por el BHU en 1996. Parece bastante posible que esta coincidencia de nombres y ubicaciones pueda estar también relacionada con la inmobiliaria Paraíso.
Sin embargo, también se encuentra otra llamativa sociedad civil, Enrique I, ubicada en la calle Gaboto, constituida en 1981. Allí se emplaza un edificio de diez pisos con 15 apartamentos. En su fundación participaron al menos diez capitanes de navío de la Armada Nacional.
