Una visita a la Argentina para recolectar testimonios
Abogados italianos le tomarán
declaración a testigos
en causas de lesa humanidad
Los letrados buscan avanzar en los juicios que hay en Roma contra el represor sanjuanino Malatto, quien está prófugo en nuestro país y reside en la costa siciliana. También participarán de actividades con organismos de derechos humanos y funcionarios del gobierno.
Por Ailín Bullentini
4 de febrero de 2022 –
La delegación concurrirá a la exEsma, donde participarán de un encuentro que patrocinará la Secretaria de Derechos Humanos, el día 8 de febrero .
Un grupo de abogados italianos llegó al país con un itinerario que los llevará por tres provincias y un objetivo claro: recoger testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de la última dictadura cívico militar y visitar escenarios de secuestros, torturas y asesinatos. El material les servirá para reforzar la querella que sostienen en Italia contra el militar retirado del Regimiento de Infantería de Montaña de San Juan (RIM22) Carlos Luis Malatto, prófugo en Argentina y residente en el país europeo desde 2011. Los abogados, que integran agrupaciones italianas de derechos humanos y vinculadas con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Latinoamérica, serán recibidos por autoridades gubernamentales argentinas y mantendrán reuniones con organismos de derechos humanos y fiscales que impulsan y trabajan los juicios de lesa humanidad en territorio nacional. Luego viajarán a Uruguay.
El vínculo de los abogados Arturo Salerni, presidente de la Coalición Italiana por las Libertades y los Derechos Civiles (CILD); Mario Angelelli, integrante de Proyecto Derechos Onlus; y Walter Calamita, de 24Marzo Onlus con las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las dictaduras latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX tiene larga data. Algunos de ellos, como Calamita, la sufrieron en carne propia. En tanto representantes de familiares de desaparecides o asesinades durante aquellos terrorismos de Estado han abierto el camino judicial en Italia contra varios represores latinoamericanos. Pacientes e insistentes en esos procesos, han cosechado algunos éxitos, como las condenas a cadena perpetua que la Corte Suprema italiana confirmó en julio del año pasado para 14 militares chilenos y uruguayos del Plan Cóndor acusados de delitos de lesa humanidad.
Desde hoy y hasta el martes que viene, los abogados se dedicarán a fortalecer el material probatorio que integra el expediente contra Malatto, el represor sanjuanino que vive en un exclusivo barrio en la costa siciliana. “Los abogados van a escuchar y a tomar declaración a un puñado de testigos, entre familiares y sobrevivientes, que tienen cosas muy importantes para decir sobre el accionar de Malatto” en Argentina durante la última dictadura explicó Jorge Ithurburu, presidente de 24Marzo Onlus.
Recogerán esas historias en Mendoza, San Juan y Buenos Aires. La de Sergio Miranda es una de las más importantes. Secuestrado en diciembre de 1976 y trasladado a Colonia Papagallos, uno de los centros clandestinos que funcionaron en Mendoza, vio con vida allí a Marta Saroff, viuda de Alfredo Lerouc. Ambos fueron secuestrados en San Juan y Alfredo, ejecutado. Son los padres de Eva. “El testimonio de Sergio es fundamental para el caso de mis padres y todavía no integra el expediente en Italia”, apuntó Eva Lerouc, hija del matrimonio, en diálogo con este diario.
Los testimonios recogidos serán presentados en el Consulado, donde les testigues deberán firmarlos antes de que viajen y puedan ser incorporados a la causa contra Malatto. Pero oír esas historias no será lo único que fortalecerá ese expediente. Porque Salerni, Angelelli y Calamita –argentino, militante del PRT-ERP, radicado en Italia tras haber sufrido la prisión política en Bahia Blanca– visitarán algunos escenarios donde sucedieron los hechos que buscan que la Justicia italiana analice. “Quieren pisar esos lugares que tantas veces les han relatado, intentar reconstruir los hechos con los familiares de las víctimas”, puntualizó Ithurburu.
Por un lado, visitarán la Bicicletería Palacios, en la capital sanjuanina, donde secuestraron a Marie Anne Erize, ciudadana francesa, y a Daniel Russo, dos de los casos que la querella italiana le endilga a Malatto. El 15 de octubre de 1976, un grupo vestido de civil se llevó a Erize de la puerta del local, adonde había ido a arreglar la cubierta pinchada de su bicicleta. El rodado quedó allí. Al intentar recuperarlo, Russo fue herido; falleció en el hospital Rawson. Por otro, recorrerán el Penal de Chimbas, donde fue asesinado Alberto Carvajal, otra de las víctimas integradas en el expediente.
“El trabajo que se está realizando en Italia es muy importante para complementar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, remarcó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, que se reunirá con ellos a principios de la semana próxima.
La causa contra Malatto
A Malatto, los abogados italianos lo tienen en la mira desde 2015. El abogado argentino residente en Italia desde 1980 Jorge Ithurburu, presidente de 24Marzo Onlus, lo denunció en aquel año, luego de que el represor fuera localizado mientras vivía como un vecino más en el barrio exclusivo de Portorosa, en Sicilia, y la justicia europea rechazara la extradición. No era ni es cualquier vecino: huyó de Argentina cuando estaba a un paso de ser juzgado por una treintena de secuestros y torturas de las que participó cuando era jefe de Personal del RIM 22 de San Juan, en plena dictadura. Ithurburu y sus compañeros de agrupación lo denunciaron por el homicidio de ocho hombres y mujeres secuestrados en esa provincia, Mendoza y Buenos Aires. De la mayoría no se conoce paradero. Según el artículo 8 del Código penal italiano, el Estado puede enjuiciar a sus ciudadanos por esa clase delitos, sin importar si los cometieron dentro o fuera de las fronteras.
Malatto actuó durante la dictadura en el RIM 22, donde se desempeñó como teniente coronel. Fue, de hecho, el segundo en la cadena de mando de la represión ilegal en la provincia. Su jefe en ese plan fue el represor Jorge Olivera, jefe de Inteligencia. La Justicia argentina llegó a detenerlo y mantenerlo bajo prisión preventiva durante algún tiempo, mientras se demoraba en fijar fecha para el juicio que lo tendría entre los acusados. Con la excusa de esa demora, la Cámara de Casación Penal le habilitó la libertad que le permitio fugarse en 2011. Logró establecerse en Italia con el pasaporte de ciudadano italiano, que logró conseguir “en tiempo record” tras escapar de Argentina vía Chile, resumió Eva Lerouc, hija de dos víctimas del militar retirado que integran la querella.
En 2014, Argentina solicitó la extradición de Malatto, que fue rechazada por la Corte Suprema italiana. Entonces, se activó la denuncia de 24Marzo Onlus y el resto de las agrupaciones, que desde los años 90 mantenían vínculos con familiares y sobrevivientes de las dictaduras chilena, argentina y uruguaya a partir de la causa que llevaban por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. La investigación avanzó todos estos años. Algunos familiares de las víctimas que integran el caso acudieron a declarar a Roma. A otras se les tomó testimonio vía zoom entre fines de 2020 y principios de 2021. Desde Argentina, en tanto, siguen trabajando por la extradición del represor.
La querella que 24Marzo Onlus y las otras agrupaciones defensoras de derechos humanos italianas representan los casos de Lerouc y Saroff, así como los de Russo y Erize, Florentino Arias, Angel José Alberto Carvajal, Juan Carlos Cámpora y Jorge Bonil. Todos fueron secuestrados o asesinados en San Juan, Mendoza o Buenos Aires y pasaron por centros clandestinos de San Juan. El caso de Bonil, soldado conscripto en el RIM 22 y desaparecido desde el 28 de febrero de 1977, es el más complejo ya que no se cuentan con testimonios de familiares, a quienes los letrados y las agrupaciones que representan junto a organismos de derechos humanos y la justicia argentina vienen intentando localizar desde hace mucho tiempo.
Itinerario
Los abogados llegaron esta mañana a Buenos Aires con un itinerario que combinará visitas a diferentes lugares vinculados o no con los crímenes de la dictadura y a espacios y referentes de derechos humanos locales con actividades estrictamente vinculadas a su trabajo en la querella contra Malatto y otros represores latinoamericanos. Es que las agrupaciones que integran son parte de las redes con las que Abuelas de Plaza de Mayo busca a les nietes apropiados durante el terrorismo de Estado y colabora también con el Equipo Argentino de Antropología Forense. En Buenos Aires visitarán el Museo Sitio de Memoria ESMA y participarán de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, acudirán a la Casa Rosada y al Centro Cultural de la Cooperación. El fin de semana viajarán a Mendoza y San Juan, donde se entrevistarán con el fiscal general Dante Vega y equipo, además de referentes de organismos de lesa humanidad querellantes de esos territorios.
De regreso a Buenos Aires, a principios de la semana próxima mantendrán reuniones con funcionarios del Gobierno nacional, la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos, con cuyas autoridades mantendrán una reunión de trabajo, el martes a las 17, en el Archivo Nacional de la Memoria. Luego partirán a Uruguay, para encontrarse con familiares de las víctimas por las que querellaron y lograron condenas en el marco de la causa Cóndor.
