¿QUÉ HAY DE NO TAN NUEVO EN LOS 135 ARTÍCULOS DE LA LUC?
La continuidad debajo de la polarización
Gabriel Delacoste
11 febrero, 2022
El referéndum sobre 135 artículos de la LUC suele presentarse como una disputa entre el gobierno y el Frente Amplio. Sin embargo, algunas disposiciones de la LUC no significan cambios de rumbo, sino continuidad con lo hecho durante los gobiernos frenteamplistas, lo que hace necesario plantear lo que está en juego más allá de los partidos políticos.
Operativo policial en el barrio Marconi, junio de 2016
Los referéndums polarizan. Dan dos opciones: sí o no. El electorado elige o un lado o el otro. Algo peculiar del referéndum de marzo es que no se va a votar sobre un solo tema, sino sobre un cúmulo que agrupa asuntos de seguridad, educación, vivienda, gestión del Estado y economía. Eso hace que necesariamente los asuntos se vean juntos y se organicen en torno a posturas ideológicas y políticas generales. Las polarizaciones y los binarismos, sin embargo, siempre ocultan mucho. Ocultan, para empezar, los acuerdos en el sistema político (que no implican necesariamente acuerdos en la sociedad). También, todos los asuntos conflictos que, no son codificables en la polarización tal como está planteada. Las cosas se complican más aún porque no siempre es evidente cuáles son los polos en la polarización. Los discursos de cada polo sobre el otro no se superponen totalmente: desde el punto de vista del No, esto es un pleito entre el gobierno y el Frente Amplio (FA); desde el punto de vista del Sí, se trata de un conjunto de actores sociales y políticos contra una ofensiva neoliberal. Parecido no es lo mismo.
Al No le conviene presentar al Sí como una extensión del FA. Primero que nada, porque si lograra que el referéndum fuera una repetición perfecta de 2019, ganaría. Segundo, porque en una disputa de democracia directa, si la cosa se plantea como un enfrentamiento entre gobernantes y ciudadanos, las posiciones se organizarían en un eje arriba/abajo siempre peligroso para el arriba. Tercero, porque si la disputa fuera ideológica y fuera necesario argumentar sobre el fondo de los asuntos, el No podría entrar en terrenos pantanosos. Por eso, los voceros del No plantean siempre una disputa entre un gobierno que intenta llevar su gestión de la mejor manera, de acuerdo con un mandato popular, contra un FA movido por intereses políticos.
Un buen ejemplo de esto es un debate en el programa Nada que perder, de M24 (que, por cierto, fue el primero de una serie de discusiones sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC); el segundo fue esta semana, sobre educación) entre el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, y el abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) Juan Ceretta.
Ante la pregunta de cuáles artículos le parecen más importantes de la sección de seguridad de la LUC, González respondió: «He trabajado toda mi vida con Jorge Larrañaga. […] Hubo un cambio en la forma de gestionar la seguridad. Convencidos de que años muy complicados para el país en materia de seguridad, con aumentos permanentes de las cifras de hurtos, rapiñas, homicidios […], precisaban este cambio de fondo, de un respaldo político y legal a la Policía […]. Los datos de la disminución de los delitos muestran […] disminuciones siderales. […] El FA, que es el único partido que lleva adelante, junto con el PIT-CNT, la derogación de este articulado, calculo que estará en contra de todo lo que se habla en la LUC; cosas que me llama la atención que se quieran derogar, pero estamos en democracia y cada uno puede pensar lo que quiere. Yo defiendo cada uno de los artículos, porque han dado respuesta a lo que la gente quería, que es que haya seguridad en este país».
La respuesta de Ceretta cambió el eje. Comenzó con una aclaración: «Mi opinión no es en representación de ningún partido político. Es más: he sido públicamente muy crítico de muchas de las políticas que se llevaron a cabo en materia de seguridad en el gobierno del FA». Pasó a explicar sus críticas: «Creo que filosóficamente las políticas que se han propuesto a través de la LUC, que son coincidentes con lo que ha sido la campaña política del Partido Nacional y la coalición, son, salvo la excepción en la gestión de [el exministro del Interior José] Díaz, la continuación o la intensificación de muchas de las políticas que el FA llevó a cabo en su administración». Esta intervención de Ceretta es interesante por varios motivos. En primer lugar, porque visibiliza que el Sí no se reduce al frenteamplismo. Y, en segundo lugar, porque muestra que la LUC no es fácil de encasillar en una disputa entre los partidos de derecha y el FA, porque implica continuidades importantes respecto a lo que hizo el FA cuando le tocó gobernar.
RUBROS
Sin duda hay áreas en las que la LUC presenta cambios de orientación grandes respecto a la dirección en la que se movieron las políticas públicas durante la década y media de gobiernos frenteamplistas. La regla fiscal, por ejemplo, es una innovación institucional importante (y, curiosamente, no muy discutida en lo que va de la campaña). Pero en otras áreas los artículos impugnados de la LUC presentan cierta continuidad con los períodos anteriores.
Empecemos con la seguridad, que es el tema que disparó esta reflexión. La LUC crea delitos nuevos, aumenta penas ya existentes y endurece los regímenes de menores y de redención de penas (dicho sea de paso, en la página resistencia.uyse puede acceder fácilmente a todos los artículos sometidos a referéndum, comparados con las redacciones anteriores). Es decir, tiende a que se encierre a más gente por más tiempo en el ya hacinado sistema carcelario uruguayo. Este avance carcelero no es nuevo, sino que, como dice Ceretta, continúa e intensifica una larga tendencia anterior. Las modificaciones al Código Penal que aumentaron penas en la última década fueron numerosas, incluidas, entre otras, las leyes 19.247 (de 2014), 19.418 (de 2016) y 19.645 (de 2018). Y también la 19.055 (de 2013), que aumentó las penas a menores, y la 19.446 (de 2016), que limitó la excarcelación provisional. Todas estas leyes fueron aprobadas mientras el FA tuvo mayoría parlamentaria.
Por cierto, las disposiciones agrupadas bajo la sección de la LUC titulada «Seguridad pública» hacen muchas más cosas que simplemente aumentar penas, como habilitar de otras formas el ejercicio de la violencia estatal, por lo que la continuidad no es lineal. También es cierto que la postura punitivista, en el FA, siempre tuvo que enfrentar discusiones y contratendencias. Las campañas contra los plebiscitos punitivos de 2014 y 2019, que fueron llevadas adelante fundamentalmente por militantes de izquierda, fueron (por lo menos formalmente) acompañadas por el FA. Y, nunca hay que cansarse de repetirlo: fueron exitosas al haber derrotado dos veces la idea de que un clamor popular mayoritario pide mano dura.
En cuanto a la educación, la LUC incorpora numerosos cambios, entre ellos el aumento del poder del Ministerio de Educación y Cultura (es decir, del Poder Ejecutivo, el gobierno de turno) sobre el sistema educativo. Además, aumenta la representación y la legitimación de la educación privada y da pasos gradualistas hacia una reforma de mercado en la educación. Estos cambios no son totalmente novedosos. La Ley General de Educación, de 2006, ya había aumentado la incidencia del ministerio sobre el sistema (aunque, al mismo tiempo, al contrario de la LUC, aumentó la participación social en el sistema educativo). En un estudio sobre el sistema de la educación superior de los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar Nicolás Bentancur y Emiliano Clavijo1 se explica que simultáneamente al fortalecimiento del sector estatal, se dio una expansión privada, lo que continuó la tendencia al cuestionamiento de la hegemonía estatal en el sistema. Según el artículo, «los gobiernos del FA prohijaron ese desarrollo con algunos gestos simbólicos (participación de presidentes y ministros de Educación en ceremonias de esas instituciones) y, principalmente, por omisión». Por último, la posibilidad de que se avanzara en la dirección de una reforma de mercado en la educación sobrevoló la tercera administración frenteamplista, lo que había sido anunciado cuando en la campaña electoral Tabaré Vázquez se mostró dispuesto a implantar un sistema de váuchers. Es sabido que durante los gobiernos frenteamplistas el tema de la educación fue intensamente disputado, tanto en la interna del gobierno como en el FA, el sistema educativo, la militancia y el campo intelectual. Las políticas muchas veces fueron el resultado de estas disputas, nunca definitivamente saldadas.
Algo parecido podemos ver en las secciones sobre empresas públicas. El artículo que promueve la capitalización privada de las sociedades anónimas de propiedad estatal se monta sobre el hecho de que durante las administraciones anteriores se definió que algunas de las tareas de las empresas públicas fueran llevadas adelante por sociedades anónimas y no por estructuras propiamente estatales. O con las limitaciones al derecho a la protesta: la prohibición de los piquetes presente en la LUC tiene como antecedente el llamado decreto antipiquetes firmado por Vázquez en 2017.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
¿Qué quieren decir estas continuidades? El gobierno las intenta explotar con argumentos del tipo «si lo hizo el FA, no debe estar tan mal», intentando mostrar contradicciones en el campo del Sí. Más allá de las inevitables chicanas políticas, este es un tema interesante. Por un lado, nos muestra que ni todo el FA es de izquierda ni toda la izquierda está en el FA. Por otro, nos habla de la famosa cuestión de «los consensos» en el sistema político. En Uruguay podemos observar tendencias de larga duración hacia la concentración del poder en el Ejecutivo, el avance de regulaciones favorables al mercado y el crecimiento del encarcelamiento, que avanzan más allá de quién gobierne. Es cierto que siempre existieron también contratendencias, disputas y momentos de enlentecimiento de estas tendencias, muchas veces promovidos con apoyo del propio FA o algunos de sus militantes o sectores. Lo que, en algún punto, hace notable que el FA hoy en su conjunto apoye el referéndum, en lo que implica implícitamente un cambio de postura o una autocrítica de por lo menos algunos de sus sectores.
Esto también nos hace entender que las fuerzas que mueven este referéndum no se limitan al FA y que, por lo tanto, la campaña no es un pleito entre este y la coalición multicolor, sino entre tendencias de largo plazo de la política uruguaya y fuerzas que (dentro y fuera del FA) intentan trancarlas, impugnarlas y ofrecer alternativas.
- «Entre la dependencia de la trayectoria y la expansión institucional. Características del desarrollo de un sistema de educación superior en Uruguay (2005-2015)», en el libro Políticas de Educaçao Superior e Docencia Universitária: diálogos sul-sul, editado por Alberto Fávero y Gionara Tauchen. CRV, Curitiba, 2016.
REFERÉNDUM A LA VISTA
Comisión por el Sí: «Relato falso
y en desacuerdo con la forma de gobernar»
Señalaron que el objetivo es anular «estos pésimos 135 artículos» y no quieren que se inicie “una escalada de leyes ómnibus de urgente consideración».
11 FEBRERO, 2022
Cada vez queda menos para el referéndum del próximo 27 de marzo. La Comisión por el Sí, que busca derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración, brindó este jueves una conferencia de prensa en la que aseguraron que el referéndum no es sólo de los ciudadanos que firmaron, sino de todos los uruguayos, “que podrán expresarse y legislar el 27 de marzo”.
Amira Fagúndez, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, dijo en la conferencia de prensa que además de proponerse “anular estos pésimos 135 artículos”, tienen como objetivo “que no existan leyes ómnibus de urgente consideración”, porque “eso desnaturaliza nuestra Constitución y nuestra República”. En la proclama se indica: “Es falso que queremos impedirle al gobierno que cumpla con sus responsabilidades; dispone de la mayor cantidad de leyes aprobadas de urgencia, 341 artículos sobre decenas de materias diferentes. Por lo tanto, esa argumentación desesperada no tiene ninguna base. Además, dispone de los instrumentos institucionales para perfectamente completar su mandato, como obviamente debe ser”.
Desde la Comisión por el Sí señalaron que lo que sí quieren es que el referéndum “trascienda” los 135 artículos, porque están “en contra de esta forma de gobernar, para este gobierno y para los próximos gobiernos”. “Y enfatizamos en próximos gobiernos porque, sean del color que sean, no queremos que puedan iniciar una escalada de leyes de urgencia de cientos y hasta miles de artículos aprobados de urgencia y sin el debate necesario. Estamos defendiendo la República y la democracia. Ese es también el objetivo del referéndum”, dijo Fagúndez.
RECORRIENDO TODO EL INTERIOR
Un fin de semana a toda militancia por el Sí
Decenas de barrios y localidades de todo el país fueron escenario de actividades para promover el voto por Sí a la derogación de 135 artículos de la LUC en próximo 27 de marzo.
13 FEBRERO, 2022
Referentes de todas las organizaciones sociales y políticas que promueven la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) recorrieron durante el fin de semana decenas de barrios de la capital y localidades del interior para exponer las razones por las que se impugnan los referidos artículos.
La intendenta de Montevideo Carolina Cosse y los senadores de la lista 1001 Silvia Nane y Oscar Andrade, recorrieron varias localidades de Guichón, Nueva Palmira, San José, Young, entre otras.
En su recorrida señalaron lo negativo de estos 135 artículos en particular aquellos referidos a la seguridad y la vivienda y convocaron a votar por Sí el próximo 27 de marzo.
La presidenta del FA canario en San Jacinto.
Por su parte la presidenta del Frente Amplio (FA) de Canelones, Susana Muñiz, recorrió San Jacinto, Pando, San Bautista, entre otras localidades canarias. En todos estos lugares fue recibida por movilizaciones de militantes y vecinos convocando a votar por Sí.
Mientras tanto el presidente de la Federación Ancap, Gerardo Rodríguez, acompañado de otros dirigentes del sindicato visitaron Minas y Solís de Mataojo para impulsar el voto por el Sí.
Durante el fin de semana cientos de militantes de diversas organizaciones sociales y políticas que promueven el Sí en el referéndum del próximo 27 de marzo se movilizaron en todo el país.
