No colaboró ni avanzó en DDHH
La Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) difundió hoy una rendición de cuenta anual con críticas a falta de colaboración del Ministerio del Interior uruguayo y agravios provenientes del oficialismo.
Montevideo, 24 junio 2022 Prensa Latina
“No colaboró ni avanzó” en investigación sobre denuncias a jerarcas de la cartera, luego de solicitarle que investigue los hechos, señaló el documento presentado ante la IX Asamblea de la entidad que cumplió 10 años.
Añadió que el Ministerio “vulneró el derecho al trabajo libre de violencia y acoso, no respetando el principio de igualdad y no discriminación, sin aclarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que intervinieron”.
A este respecto se citó la denuncia de una abogada contra el encargado de Convivencia ciudadana, que tuvo “como eje central la difamación, incitación al odio, homofobia y persecución, incluso en el ámbito laboral”.
La Asociación de Defensores de Oficio fue por su parte principal tributario en los últimos tiempos de denuncia sobre excesos en actuación policial en arrestos y reclusiones.
El presidente de la Inddhh, Juan Faroppa, dijo en la asamblea que hubo dificultades durante los últimos meses, «ataques, agravios absolutamente infundados” contra quienes trabajan en este tema y la institución misma “de parte de actores del sistema político y formadores de opinión».
Faroppa aludió a legisladores del gubernamental Partido Nacional y medios y comunicadores en redes afines.
Puntualizó que «se realizaron pronunciamientos respecto a la necesidad de eliminar directamente a la Inddhh del marco jurídico institucional vigente en el país» y también la pertinencia de «realizar modificaciones legislativas que pueden afectar la esencia misma de la institución».
El colectivo de Familiares de Desaparecidos bajo la dictadura rechazó intentos por la bancada legislativa oficialista de reemplazar a la directora de Inddhh, Mariana Mota, quien impulsa la búsqueda de restos de víctimas, uno de los principales objetivos de la institución.
La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) realizó la XI Asamblea Nacional abierta para rendir cuentas y presentar el informe de trabajo anual.
“Nos debemos a la gente”
Durante la rendición de cuentas, Faroppa explicó que la asamblea se realizó en dos jornadas, una a distancia y otra mixta (presencial y a distancia a la vez).
Según Faroppa, la Inddhh debió enfrentar “dificultades especiales” en los últimos tiempos: “Ataques y agraviosabsolutamente infundados que hemos recibido quienes trabajamos en la institucion y la institución misma de parte de actores del sistema político y formadores de opinión”.
“Esa situación es una situación preocupante por lo que implica el funcionamiento adecuado de una institución de derechos humanos como órgano de control en un estado democrático como es el que queremos construir la mayoría de las personas que vivimos en este país”, dijo.
“Lamentablemente, esa situación se ha reiterado en el período que estamos analizando en esta asamblea. Inclusive se han realizado pronunciamientos respecto a la necesidad de eliminar directamente la Inddhh del marco jurídico institucional vigente en el país hasta realizar modificaciones legislativas que pueden afectar la esencia misma de una institución de derechos humanos que funcione».
Finalmente se presentaron las conclusiones de los grupos de discusión desarrollados en la primera sesión de la Asamblea Nacional.
Estuvieron presentes en el evento el Comisionado Parlamentario Juan Miguel Petit, María Elena Laurnaga titular de la Defensoría del Vecino de Montevideo, representantes de organizaciones de la sociedad civil, autoridades de organismos públicos y legisladores.
No colaboran ni avanzan
El informe anual, disponible para descarga en la web de la INDDHH, aborda la gestión institucional, los estudios de situación de los derechos humanos en Uruguay, las denuncias por vulneraciones de los derechos humanos recibidas en 2021, los hallazgos del mecanismo para prevención de la tortura, el trabajo del área de educación del organismo y las actividades en territorio (descentralización, vínculo con la sociedad civil).
Autonomía e independencia
Juan Faroppa, presidente del organismo, dijo en la asamblea que la INDDHH sufrió dificultades durante los últimos meses, “ataques, agravios absolutamente infundados que hemos recibido quienes trabajamos y la institución misma de parte de actores del sistema político y formadores de opinión”. Calificó esa situación reiterada como “preocupante por lo que implica el funcionamiento adecuado de una INDDHH como órgano de control en un estado democrático como el que queremos construir la mayoría de las personas que vivimos en el país”.
Faroppa puntualizó que “se han realizado pronunciamientos respecto a la necesidad de eliminar directamente la INDDHH del marco jurídico institucional vigente en el país” y también la pertinencia de “realizar modificaciones legislativas que pueden afectar la esencia misma de la institución”.
Sobre el proceso de selección del nuevo Consejo Directivo el actual presidente dijo que “es oportuno señalar la necesidad de que se respete la esencia de la ley vigente en esta materia, que la sociedad civil tenga participación activa” para asegurar que se cumplan los Principios de París: independencia, autonomía; no recibir instrucciones de ningún poder del Estado, ni de partido político, ni de grupo con poder e incidencia en la sociedad.
El jerarca también se refirió a las acusaciones de que la institución actúa articulada con un partido político (haciendo alusión al Frente Amplio): “Para la gente que nos identifica con un partido político es interesante recordarles que el año que la INDDHH recibió más denuncias y consulta fue 2018 y los tres años en que se realizaron más recomendaciones al Estado por vulneraciones de derechos humanos fueron 2017, 2018 y 2019”. Si la institución no cuenta con independencia y autonomía “no es una INDDHH”, sentenció.
Las directoras Mariana Mota, Mariana Blengio y María Josefina Plá y el director Wilder Tayler tomaron la palabra para repasar los puntos centrales del informe anual.
Mecanismo de Prevención de la Tortura
Tayler disertó sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Mencionó que notaron la “persistencia de factores estructurales que incrementan riesgos de malos tratos en los sistemas de encierro institucional”. El primero es que Uruguay falla sistemáticamente hace décadas en su deber de realizar las modificaciones legales necesarias que ajusten la definición de la tortura de acuerdo a los estándares internacionales.
El MNP realiza monitoreo en cinco ámbitos: sistema de protección de niños, responsabilidad penal juvenil, sistema carcelario, instituciones psiquiátricas y dependencias policiales.
La principal preocupación del MNP en el sistema de protección de niñas y niños es, explicó Tayler, la cantidad de infantes que son retenidos en centros de internación psiquiátrica (a los que ingresaron por cuadros agudos) luego de haber sido dados de alta. Esto sucede “por razones de carácter administrativo o locativo”. Además, “en algunos centros las medidas de contención físicas y farmacológicas se aplican como castigo”, sentenció.
El sistema penal juvenil se vio afectado de manera negativa por la pandemia y por la implementación de la ley de urgente consideración, señaló Tayler. Detectaron que “el incremento en niveles de encierro, la aprobación de nuevas tipificaciones delictivas y el aumento de penas privativas de libertad [resultaron en un] debilitamiento de garantías, sobre todo en instancias de detención y procesamiento penal de adolescentes”.
Sobre el sistema penal de personas mayores de 18 años Tayler resaltó “debilitamiento progresivo de garantías fundamentales en el momento de la detención a medida que se afianzan los mecanismos de la LUC, proliferación de interrogatorios en sede policial administrativa sin abogado y problemas de notificación a familiares”, aunque este último punto se ha regularizado en los últimos meses.
Calculan 300% de hacinamiento en la cárcel de Salto y una gran sobrepoblación en la mayoría de los centros de detención, sobre todo los de mujeres (5 y 9).
Identidad
La directora Mariana Mota abordó el tema del derecho a la identidad biológica. Recordó que en junio de 2020 se conformó un grupo de trabajo para esta área “para contribuir a la mejora de normas y prácticas del Estado”. Recibieron alrededor de un centenar de denuncias o pedidos de ayuda; en casi todos los casos las personas no saben cómo fue la desvinculación de su familia de origen y la llegada a su familia de crianza.
En mayo de 2022 el equipo presentó un informe en el que aconseja al Estado, dijo Mota, la consolidación de un organismo que centralice la información dispersa al cual puedan acudir las personas que buscan su identidad biológica. Esto “no excluye la articulación entre organismos para que el derecho a la identidad biológica sea preservado”. Agregó que debe revisarse la legislación vigente para eliminar los obstáculos existentes para acceder a la información y lograr armonizar el derecho a la identidad con la protección de datos personales.
Salud mental
Josefina Plá, directora, informó que uno de los logros más importantes en materia de salud mental fue la creación de un protocolo. El área recibe consultas específicas o planteos, articula con el área de denuncias y actúa como auxiliar de la justicia, informó. Luego se encargaron de la difusión de esos principios con instancias de capacitación y formación.
Plá resaltó las campañas Hablemos de salud mental, de 2020 y 2021, que tuvieron como objetivo “lograr un cambio en la cultura para lograr el respeto de los derechos humanos”. En el informe anual explican que el propósito de la campaña era informar, sensibilizar y desestigmatizar la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos.
Otro hito del área fue el desarrollo del artículo 11 de ley de salud mental (n° 19.529) que determina el abordaje “interdisciplinario e interinstitucional” de lo casos, que no son “solo dos palabritas”, señaló Plá. Primero trabajaron en reglamentar el decreto y luego en convocar a instancias interinstitucionales.
Educación
La directora Mariana Blengio rindió cuentas sobre el área educación de la INDDHH. Enfatizó en “la importancia de la protección no jurisdiccional de los derechos humanos”, para lo que la institución ha creado mecanismos. También resaltó la importancia del trabajo articulado con otras instituciones de derechos humanos de Iberoamérica y la formalización de un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para Blengio es esencial darle a la vejez un interés superior desde una perspectiva integral de derechos, a la par de las infancias, para “erradicar estereotipos y realizar un abordaje holístico e integrador de un tema “invisibilizado”.
Informó que desde el área de educación se realizaron capacitaciones a funcionarios públicos, conversatorios, plataformas de educación, visitas a museos y lugares estratégicos vinculados con la memoria. “Nos debemos a la gente”, afirmó.
Organizaciones sociales
manifestaron su preocupación por los
“cambios de criterios” en la elección
del Consejo Directivo de la INDDHH
4 de julio de 2022
Cuestionan que se haga un “reparto de cargos” mediante “cuotas políticas” y proponen que los nuevos miembros manifiesten “el respeto de los derechos humanos”
Mientras la comisión especial bicameral se encuentra estudiando las postulaciones para integrar el próximo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que asumirá el 1° de setiembre, las organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación a través de una carta pública sobre los “cambios de criterios” en la elección de los miembros.
En la misiva firmada por más de 50 organizaciones sociales, entre ellas, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol y el PIT-CNT, se cuestiona la decisión del oficialismo de designar a cuatro miembros del Consejo Directivo y que el quinto sea elegido por la oposición. Las organizaciones entienden que con este posicionamiento se pretende “convertir a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en un reparto de cargos, asignando cuotas políticas según afinidad con el gobierno o la oposición”.
Para las organizaciones firmantes “esto representa un nuevo ataque a la institución” y se aclara que, según la ley que creó la INDDHH (18.446), podrán proponer candidatos las organizaciones sociales habilitadas a participar en las asambleas nacionales de derechos humanos. Los parlamentarios deben decidir, “en función de esas propuestas, controlando que cumplan, entre otras cosas, con ‘tratarse de personas de alta autoridad moral’, ‘con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos’, procurando ‘asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no discriminación’”.
En diálogo con la diaria, Gastón Grisoni, integrante de Crysol, sostuvo que algunas manifestaciones de dirigentes del sistema político son “sumamente preocupantes”, como las declaraciones del senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech, quien sostuvo que la INDDHH no tendría que existir. “Si los integrantes del Consejo Directivo se eligen por cuota partidaria y le atribuyen un cargo a CA, vamos a tener al zorro metido en el gallinero para cuidar a las gallinas”, manifestó Grisoni.
En ese sentido, sostuvo que las organizaciones sociales reclaman que se apliquen los “criterios de siempre” y que se elija no sólo a académicos y teóricos, sino a personas comprometidas con el cuidado de los derechos humanos.
Las características del nuevo Consejo Directivo
Además de las atribuciones que establece la ley, las organizaciones sociales proponen una serie de criterios que deben considerarse en la elección de las nuevas autoridades. En primer lugar, se señala que los candidatos deben estar comprometidos con la “continuidad de la institucionalidad, en particular en lo que hace a la defensa de su autonomía, competencias, facultades y cometidos”. Se recomienda, asimismo, la permanencia de algunos de los integrantes del actual Consejo Directivo para garantizar la “continuidad en la experiencia de gestión”.
En la carta se señala que los directores deben manifestar “el respeto de los derechos humanos” tanto “en su trayectoria y actividad pública como en el ámbito privado”. Por lo tanto, no se admite “que hayan participado o apoyado actos o expresiones de violencia, discriminación o exclusión de ninguna naturaleza”. Además, se hace hincapié en que los postulantes “no pueden representar ideológicamente, desde sus dichos y prácticas, bajo ninguna circunstancia, en ningún tiempo, la defensa del terrorismo de Estado”.
También se pide una “mayor articulación” con las organizaciones sociales, “superando la lógica de convocatorias puntuales”.
Por último, las organizaciones sociales plantean que el colegiado “debe integrar un adecuado balance de formación, experiencia y sensibilidad en la diversidad temática que comprende esta tarea, con suficiente conocimiento de la realidad social del país, compromiso con un acceso efectivo a la institución para todas las personas”.