Tal como anticipó Página/12, el Servicio Penitenciario Federal habilitó la Unidad 34 de Campo de Mayo, un centro penitenciario VIP con campo de deportes, canchas de vóley, de fútbol y con quincho, ubicado en el predio del Ejército, para “alojamiento transitorio de los internos condenados por delitos de lesa humanidad”.
A pesar de que el establecimiento había sido cerrado en septiembre de 2013, a raíz de las “condiciones deficitarias de seguridad”, y de que las autoridades consultadas por este diario afirmaran la semana pasada que intentarían trasladar a ese destino a las mujeres detenidas con sus hijos en la Unidad penitenciaria de Ezeiza, la resolución 2004 del SPF aclara que tras las “refacciones en los sectores de tratamiento y seguridad del Instituto”, el mismo cuenta con “125 plazas de alojamiento”, que serán ocupadas por los genocidas alojados en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz.
El alerta había sido dado por el traslado del ex teniente del Ejército, Aníbal Alberto Guevara Molina, condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza y quien actualmente es juzgado en San Rafael. El viernes pasado, por la mañana, Guevara Molina fue efectivamente trasladado a Campo de Mayo sin mediar autorización del tribunal que tiene a cargo el control de ejecución de la pena, convirtiéndose así en el primer beneficiario de las refacciones invocadas por el SPF.