Las “demoras” en procesos y Tribunales

Betania Nuñez

La lentitud como táctica

Según resoluciones a las que accedió Brecha, Fernández Huidobro demoró, pero conformó al menos cuatro tribunales de honor que hoy juzgan a los principales represores de la pasada dictadura. Ahora, los que no parecen estar para nada apurados por actuar son los militares que integran dichos tribunales. Las demoras se deben a razones de “orden político”, dijo el ex presidente del Supremo Tribunal Militar Julio Halty.

Ernesto Ramas, José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira, procesados con prisión. Agosto de 2006

La burocracia militar continúa desplegando toda su artillería al servicio de la lentitud. El objetivo: evitar que se juzgue en la interna militar el comportamiento de los represores condenados por violaciones a los derechos humanos. El punto es que, al hacerlo, autoridades y militares de alto rango han contravenido sus propias normas, más específicamente el Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas.

La primera contravención la cometió el recientemente fallecido ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, quien dilató más de cinco años la convocatoria a tribunales de honor para militares ya condenados a 20 y 25 años de penitenciaría por 28, 29 y 37 homicidios especialmente agravados, según el caso. Obviando que el reglamento explícitamente establece que el procesamiento de la justicia ordinaria ya alcanza para habilitar un tribunal de honor.

Tarde, pero Fernández Huidobro finalmente cumplió la disposición y desde 2014 hasta 2016 –según resoluciones a las que accedió Brecha por medio de un pedido de acceso a la información pública– convocó al menos a cuatro tribunales de honor, a los que derivó los expedientes de la justicia civil.

El 20 de enero de 2014 se sometió al ex dictador Gregorio Álvarez, el 13 de noviembre de 2015 a Luis Maurente, Ernesto Ramas, Jorge Silveira y Gilberto Vázquez,¹ el 23 de diciembre de 2015 a José Nino Gavazzo, y el 19 de febrero de 2016 a Juan Carlos Larcebeau, todos represores de primera línea durante la pasada dictadura.

Pero cuando finalmente se los convocó se activó un segundo mecanismo de demora, esta vez impulsado por los propios integrantes de los tribunales de honor, pese a que el reglamento ordena que “todos los asuntos sometidos a un tribunal de honor son de carácter urgente y por lo tanto deben ser tratados con la máxima rapidez compatible con la eficacia de las actuaciones, no rigiendo para su estudio horarios ni feriados”.

“La única explicación es que hay falta de voluntad política”, dijo a Brecha el abogado Pablo Chargoñia, coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, en muy similares términos a los de Julián González Guyer, politólogo experto en asuntos militares: “Los tribunales no avanzan porque hay mucha presión interna e insuficiente presión política. En la medida en que no haya más presión desde el ministerio, el sistema político y la sociedad, va a seguir pesando más la presión interna”.

Las palabras de los dos profesionales coinciden, nada más ni nada menos, que con las del ex presidente del Supremo Tribunal Militar Julio Halty, que abandonó ese cargo el pasado 30 de junio: “No hay un plazo definido, pero si fue conformado en enero de 2014 –dijo en alusión al tribunal de Álvarez– sin duda ya tendría que haber sido definido. Evidentemente hay otras razones que influyen, de orden político, me refiero”, y aclaró que lo suyo es una opinión, “no es que tenga pruebas, pero un tribunal de honor normal, que actúa en épocas normales para analizar la actitud de gente normal, se pronuncia con la mayor celeridad, demora mucho menos, puede durar unos dos o tres meses, nunca podría llegar a los dos años”.

Dos de los integrantes del tribunal que juzga a Álvarez, los ex comandantes en jefe del Ejército Carlos Díaz y Jorge Rosales, se ampararon en la reserva de las actuaciones y declinaron hacer comentarios. Sin embargo, Rosales aclaró que la demora se debería a “impedimentos”, por ejemplo “la internación de él (Álvarez), pero esa es una de las cuestiones”, y se escudó en que “no existe un plazo establecido” para llegar a un fallo, aunque asumió que se estaría contraviniendo la urgencia que impone el reglamento: “Sí, sí, sí, sí, es cierto. Pero hay una serie de condiciones que a veces impiden cumplir. Es bastante amplio el reglamento, hay un montón de cuestiones que están previstas”, dijo, y aseguró que no están próximos a resolver el asunto.

Por su parte, los coroneles Gustavo Volonté, jefe de gabinete del Comando General del Ejército, y Julio Collazo, jefe del Departamento de Estudios Históricos, ambos integrantes del tribunal de Gavazzo, negaron a Brecha la posibilidad de acceder a información. En las palabras de Volonté, se trata de “un tema sensible para todo el mundo, para nosotros y para el país, y esas actuaciones son de carácter reservado para nosotros y para el involucrado. Dentro de las normas de los tribunales de honor está la reserva, entonces uno tiene que ser reservado”.

Un poco más dijo el general Juan Saavedra, comandante de la División del Ejército IV e integrante del tribunal de Silveira, Ramas, Vázquez y Maurente. “Estamos en plenas sesiones, trabajamos ayer (por el martes), y tenemos prevista otra sesión para los próximos días. Es un expediente que tiene miles de hojas, estamos haciendo interrogatorios, no puedo hablar del contenido ni de quién, pero estamos trabajando”, dijo, y aclaró que “queremos finalizar las actuaciones, pero lo importante es llegar a un veredicto concreto y justificado. No tenemos fecha, pero la fecha es cuanto antes. Hay elementos que nos impiden que esto sea inmediatamente, esta es una cosa que ocurrió hace 40 años, hay muchos efectivos que ya no están, hay muchas cosas que no están claras.”

Sin embargo, el tribunal que comenzó a sesionar más tarde es el único que ya ha fallado.

El capitán de navío Marcelo Pazos, segundo comandante de las fuerzas de mar e integrante del tribunal de Larcebeau, dijo a Brecha que el fallo es confidencial, pero que “el tribunal se reunió hace ya tiempo, se elevaron todos los obrados al comando de la Armada y se sugirió un curso de acción avalado por todos los integrantes del tribunal”.

Esta vez el expediente parece haberse estancado más adelante en la cadena de mando, luego de haber sido elevado al comandante en jefe de la Armada, el almirante Leonardo Alonso. Brecha realizó reiteradas consultas a esa oficina, desde la que se respondió, al cierre de esta edición, que “el citado expediente no se encuentra en la órbita de la Armada nacional, habiéndose devuelto el mismo al Mdn en razón de que se entiende existe una interpretación administrativa que requiere ser analizada jurídicamente”.

Según González Guyer estos tribunales de honor ponen a la institución en un brete, porque “aparece el tema de la obediencia. La institución no se puede hacer cargo abierta y públicamente de lo que pasó, pero tampoco les tira el fardo a los individuos, porque eso desbarataría la disciplina interna. A través del proceso de adoctrinamiento y resocialización, el militar asume no sólo la obligación externa de que tiene una jerarquía a la que debe obedecer, sino también una obligación interna. En el fondo, juzgar a esos militares pone en cuestión a todo el sistema”, por eso “la táctica es la lentitud”.

Lo que está en juego no es menor: de hallarlos culpables, explicó Halty, la consecuencia sería el pase a reforma o directamente la baja (los límites D y E establecidos en el reglamento). En el primer caso, la sanción implica la pérdida del grado, la atención en Sanidad Militar y la pertenencia a los centros militares, además de que dos tercios del sueldo pasen a ser abonados directamente a la familia del culpable.² En el segundo caso se pierden todos esos derechos e incluso le pueden quitar el cien por ciento de la jubilación, como le ocurrió al general Liber Seregni, hasta que le fue restituido su grado con el retorno de la democracia.

Si, contra toda previsión, los tribunales fallaran en contra de estos siete militares, Gregorio Álvarez sería castigado por un decreto –el mencionado Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas– que fue promulgado con su firma el 8 de febrero de 1985, cuatro días antes de que dimitiera. Una herramienta que mandata a los militares a ser “un ejemplo de conducta” y a defender “los ideales democráticos”.

Sólo bajo la más absoluta impunidad ese decreto no podría volvérsele en contra al último dictador uruguayo.

1. Gilberto Vázquez fue juzgado por un tribunal de honor anterior, pero en esa ocasión por haberse escapado del Hospital Militar, donde estaba bajo custodia. En ese caso sí se actuó con celeridad, aunque luego le fue levantada la sanción –dejar de recibir dos tercios de la jubilación, que eran abonados a su familia– a instancias de Fernández Huidobro.
2. Los militares procesados por violaciones a los derechos humanos cobran hoy jubilaciones de entre 60 y 160 mil pesos, según publicó Búsqueda en su edición del 8 de setiembre.