Uno de los elementos esenciales para comprender el Golpe de Estado, dado por fuerzas reaccionarias apoyadas por los EEUU, es el ODIO AL INDIO, en pleno siglo XXI, las teorías racistas, apoyadas por una ciega creencia en evangelistas y católicos intrasigentes, que corresponden a una nueva tentativa de la supremacía “blanca” contra los indígenas.
Licencia para matar indígenas y
masistas y salir impune
por Sullkata M. Quilla
18.11.2019
Tras la masacre de Cochabamba, la presidenta ilegal de Bolivia Jeanine Añez le dio inmunidad a las fuerzas armadas, una licencia para matar (sobre todo indígenas) y salir impunes: el decreto aprobado por la autoproclamada deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “el restablecimiento del orden interno”.
Mientras, el enviado del secretario general de Naciones Unidas, Jean Arnault, con gran experiencia en el proceso de paz colombiano, se reunió con la autoproclamada Añez y dijo que también lo hará con todos los líderes y actores, para abordar dos cuestiones centrales: la “pacificación” de la crisis y la “convocatoria de elecciones libres a los cuales todos los actores están comprometidos”.
Para aquello que ven los acontecimiento por televisión puede llamar la atención el decorado pintoresco del estilo gym de la autoproclamada, el tamaño del Nuevo Testamento que exhibe, pero eso esconde decisiones a gran velocidad, tomadas en otro lugar y que ella legaliza con su firma. La meta: imponer el terror y los asesinatos para segurar la dilación electoral.
La cuestión electoral también fue abordada por los presidentes de las cámaras de Senadores, Eva Copas, y de diputados, Sergio Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS). En rueda de prensa anunciaron que convocarán a una sesión de la Asamblea Plurinacional el martes 19 para tratar la convocatoria a nuevas elecciones, en las que los golpistas no están interesados.
Para llamar a elecciones es necesario la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que necesita un acuerdo dentro del ámbito legislativo, aunque vale especular que el gobierno de facto buscará otro camino por encima de la Constitución, mientras persigue y saca del camino a dirigentes políticos, sociales, forzar al asilo, asesinar de manera selectiva o en escenarios como la masacre de Cochabamba.
El plan golpista es llegar a elecciones habiendo diezmado las fuerzas del proceso de cambio, y con el decreto de impunidad avanzará en ese plan, de la mano de las fuerzas armadas, la policía, la clase política y empresarial que busca una restauración y una revancha, así como de la protección político-diplomática estadounidense.La estrategia del MAS, con Evo en México, parece tener como prioridad la de salvar vidas mientras se articula la reacción y se preserva la organización en el territorio. Otra prioridad es imponer el imaginario colectivo de que éste es un gobierno provisional.
Añez puso la velocidad exigida por sus mandantes de Washington: rompió relaciones con Venezuela y Cuba, retiró a Bolivia del acuerdo del ALBA con Venezuela, Cuba y Nicaragua y se desligó de Unasur. Y desconociendo el gran fracaso neoliberal de Mauricio Macri en Argentina, reconectó la economía interna a las exportaciones, lo que podría desencadenar una ola de subas en azúcar, soja, aceite y pollo.
El sector político de la auproclamada, la derecha golpista tradicional del dictador Hugo Banzer, es muy minoritario: obtuvo el 4,4 por ciento de los votos el 20 de octubre. Pero cuenta con el apoyo y la dirección del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, hacedor, junto a Washington, del golpe de Estado.
Masacre
Nueve cocaleros fueron muertos y 115 heridos en la brutal represión que empezó el viernes en Cochabamba, y desde el inicio de las protestas las víctimas fatales suman 23 y los heridos más de 700. «Muchos de los que hemos confirmado tienen tiros en la nuca», denunció Nelson Cox, representante de la Defensoría del Pueblo. “Hubo un acto de represión, no ha existido un enfrentamiento”, añadió. Todos los fallecidos presentaron disparos en la cabeza o el tórax.
La presencia de la Fuerzas Aramada en las carreteras y calles de las principales ciudades comenzó el lunes por la noche, luego de que la Policía Nacional Boliviana (PNB) pidiera el refuerzo militar en vista de los levantamientos, en particular el ocurrido en la ciudad de El Alto. Enseguida comenzaron a sobrevolar aviones y helicópteros militares, y las tanquetas se establecieron en las inmediaciones de la Plaza Murillo, sede de gobierno y el poder legislativocy Bolivia pasó a estar de facto en un estado de sitio.
Esta situación de escalada se vio agravada por las declaraciones de Añez, quien aseguró que enfrentan acciones desestabilizadoras de “grupos subversivos armados”. De esta manera la dictafdura puso en marcha tres elementos centrales: el operativo militar, su respaldo legal y su justificación narrativa. La masacre de Cochabamba fue su implementación.
Desde su exilio en México, el derrocado presidente Evo Morales señaló que el decreto es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo y condenó la matanza de «hermanos indígenas a manos de las fuerzas militares y policiales de la dictadura» encabezada por Jeanine Áñez, mientras desde Montevideo, el expresidente José Pepe Mujica exigía a la autoproclamada que parara la sangrienta represión al pueblo boliviano.
Estas muertes se suman a las ya producidas en otras regiones en resistencia en el país, como Yapacaní y Montero en Santa Cruz, la ciudad de El Alto y las laderas de la ciudad de La Paz. En paralelo con esta situación se ha dado el alineamiento con el Golpe Cívico Policial de las principales redes de medios de comunicación del país y el acallamiento de los medios de comunicación alternativos comunitarios y/o populares.
Esta situación pretende provocar la invisibilización del levantamiento popular en el país, junto a la manipulación y tergiversación de los hechos. La ministra de Comunicación de vfacto, Roxana Lizárraga, amenazó con expulsar y procesar a «periodistas o pseudoperiodistas» extranjeros y bolivianos «que estén haciendo sedición», aunque los sediciosos fueron quienes atentaron contra el gobierno constitucional de Evo Morales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de grave el decreto e indicó que éste desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta. Sólo el viernes hubo 122 lesionados tras la intervención militar y policial contra los cocaleros, señaló la CIDH.
La represión se produjo luego de que cientos de campesinos intentaron traspasar un cordón dispuesto en el puente Huayllani, en la región de Sacaba, a lo que los militares respondieron disparando gases lacrimógenos y balas. El ministro de Gobierno de la dictadura, Arturo Murillo, quiso crear el imaginario colectivo de que los disparos salieron de entre los manifestantes, alegando que policías y militares no tenían órdenes de disparar.
La presidenta del Senado, Eva Copa, del partido Movimiento al Socialismo señaló que “estamos pasando momentos difíciles, pedimos a los movimientos sociales y otras organizaciones que depongan posiciones. No podemos vivir de luto”.Recién el viernes, la Alta Comisionada de la Organización para Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra manifestantes de las fuerzas de seguridad: Mientras las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por personal policial o militar, apuntó.
Bachelet condenó estas muertes y advirtió que implican un peligro extremo, puesto que lejos de apaciguar la violencia es posible que la empeoren y pidió a las autoridades que se abstengan de emplear a las fuerzas militares en operaciones de orden público.. “Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos”, añadió.
Asimismo expresó preocupación no sólo por los muertos y cientos de heridos, sino porque se han registrado numerosas detenciones: más de 600 desde el 21 de octubre, muchas de ellas durante los últimos días y pidió a las autoridades revelar el número de personas arrestadas, heridas y fallecidas durante las movilizaciones e insistió en la necesidad de investigar con celeridad, imparcialidad y transparencia los hechos para que haya rendición de cuentas de los responsables. El Parlamento debatirá el martes 19 una convocatoria para elecciones generales, anunciaron la presidenta del Senado, Eva Copa, y su par de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, mientras un enviado de la ONU inició una mediación entre el gobierno de facto y las fuerzas leales al depuesto presidente Evo Morales, que continuaron con el bloqueó de las principales autopistas, el corte de oleoductos y realizando protestas en las calles de La Paz, El Alto y en regiones cocaleras.
Mientras, un vuelo con un primer contingente de 226 médicos cubanos partió rumbo a su país, informó una fuente de Interpol. Cuba decidió retirar el viernes una brigada médica de 725 profesionales y demandó la liberación inmediata de seis especialistas detenidos.La situación en Bolivia se encuentra en horas oscuras: sin Estado de derecho, con autorización para la FAB de matar, dirigentes y periodistas amenazados, perseguidos, un gobierno de facto que multiplica amenazas, y un manto de silencio que intenta invisibilizar lo que sucede.
Kaliman, ahora millonario
El general golpista Williams Kaliman que le exigió la renuncia al presidente Evo Morales, se fue a vivir a Estados Unidos, tras haber cobrado un millón de dólares de Bruce Williamson, encargado de negocios de la Embajada estadounidense, que organizó el golpe, señaló en La Paz, Tv Mundus.
Williamson, dice la información no confirmada, dio un millón de dólares a cada jefe militar y quinientos mil a cada jerarca policial, tras contactarlos y coordinado sus acciones en la provincia argentina de Jujuy al amparo de su gobernador Gerardo Morales, aliado del presidente Mauricio Macri.Kaliman fue inmediatamente reemplazado por la autoproclamada Janine Añez y de esa manera junto a los otros Jefes militares se marcharon a Estados Unidos a resguardo de cualquier investigación inmediata de la comunidad local e internacional.
* Antropóloga y economista, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Las dictaduras en América Latina
desde 1945
18 de noviembre de 2019
La región ha sido históricamente muy castigada por los regímenes dictatoriales.
Numerosos golpes de Estado en prácticamente todos los países de la zona han dado paso a juntas militares o dictadores que han impuesto su ley mediante la fuerza, perpetuándose por décadas en el poder valiéndose de la represión. Para entender la magnitud de esta dinámica, basta con poner el foco en los países que no han sucumbido a este tipo de poder militar en la segunda mitad del siglo XX, que se pueden contar con los dedos de una mano: México, Belice y Costa Rica, aunque estos no han estado exentos de conatos de dictaduras.
Gradualmente y en el contexto de la Guerra Fría, América Latina fue tomada por gobernantes que durante años violaron sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos, en un contexto en el que la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética marcaba todas las disputas geopolíticas. Precisamente los estadounidenses, con el objetivo de combatir el comunismo y frenar los gobiernos de izquierda de la región, brindaron apoyo militar, técnico y financiero a muchos de estos regímenes dictatoriales. De hecho, Estados Unidos entrenó a cerca de 125.000 militares en América Latina entre 1950 y 1998. Bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, los estadounidenses también lanzaron la Operación Cóndor, uno de los planes diseñados desde Washington para acabar con la oposición a los regímenes que le eran afines.
De esta forma llegaron al poder Alfredo Stroessner en Paraguay en 1954, Humberto de Alencar Castelo Branco en Brasil –instaurando la Quinta República Brasileña– en 1964, Hugo Banzer en Bolivia en 1971, Juan María Bordaberry en Uruguay en 1973, Augusto Pinochet en Chile en 1973 y Jorge Rafael Videla en Argentina en 1976.
Bolivia: inician paro por tiempo
indeterminado y cerco a La Paz
El paro abarca a todo el país y comenzó en la medianoche del sábado.
17 NOVIEMBRE, 2019
Vecinos de 14 distritos de la ciudad de El Alto y las 20 provincias, reunidos en un cabildo, aprobaron cercar la ciudad de La Paz en el marco de bloqueos y un paro indefinido en todo el país.
Resolvieron también exigir la renuncia de la presidenta autoproclamada, Jeanine Añez; la renuncia de la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, por incumplimiento de deberes; la liberación inmediata de los detenidos en todo el país; y, el desconocimiento de la Federación de Juntas Vecinales.
Además reclaman el repliegue de los militares a sus unidades; que la Policía se reivindique con su pueblo y así poder lograr la pacificación y pedir la presencia de la prensa nacional e internacional para dar a conocer la represión y los atropellos de las fuerzas militares y policiales.
Los puntos aprobados por el cabildo son los siguientes:
- Renuncia de la presidenta (de facto) Jeanine Añez
- Renuncia de la alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón
- Inmediata liberación de los detenidos en las movilizaciones a nivel nacional
- Desconocimiento de FEJUVE EL ALTO, de parte de los 14 distritos.
- Repliegue inmediato de los militares a sus unidades
- Qué la policía se reivindique con su pueblo para La Paz
- Expulsión de Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Marcos Pumari, Waldo Albarracin, Rafael Quispe por incitar a la violencia
- Pedir a la prensa que difunda la realidad de los saqueos
- En caso de no ser atendidos sus demandas tomarán medidas más drásticas
- Se declara paro indefinido a nivel nacional con bloqueo de mil esquinas, desde las cero horas de hoy se declara cerco a la ciudad de La Paz.
Bolivia, entre wipala
y biblia
Nov 18 2019
Francesco Martone (*)
Los eventos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sècure – TIPNIS tal vez ayuden a resumir la realidad desnuda y cruda que en las últimas semanas se ha manifestado con todas sus evidencias y contradicciones en Bolivia. Esta clave quizás pueda ayudar a comprender el espacio inmaterial y tácito que existe entre la adhesión sic et simpliciter al apoyo casi incondicional de un proyecto ”supuestamente» revolucionario, y su rechazo igualmente dogmático en clave reaccionaria, oligárquica. En resumen, el espacio que existe entre quienes hoy lloran por el golpe y la traición y quienes celebran la liberación del tirano abre un abanico que merece ser analizado, frente a categorías y palabras que borran cualquier posibilidad de articulación y análisis crítico. Eso imposibilita un balance para comprender mejor las noticias y comentarios contrarios con respecto al golpe que llegan a Europa enmarcados en posiciones ideológicas y de «izquierda», que provienen de movimientos sociales, organizaciones indígenas de base, ecologistas, feministas y libertarias del continente. Es en este análisis crítico de las diversas posiciones, que, sin duda alguna, tenemos mucho que aprender.
TIPNIS, es un área protegida de bosques, habitada desde tiempos inmemoriales por los pueblos indígenas. El plan del gobierno de Evo Morales, siguiendo las decisiones ya adoptadas por anteriores administraciones, era abrir un camino contra la voluntad de las comunidades locales, una señal de la huella modernizadora que él y su gobierno querían darle al país. Esta experiencia provocó una fuerte ruptura con la propuesta inicial del propio Evo que prometía la emancipación y liberación de los pueblos y las clases que parecían destinados a la subordinación eterna. El proyecto vial empezó en contra de la voluntad popular, recurriendo a la represión policial, en la que se destaca el caso de Chaparina del 2011.
Recuerdo el grito de denuncia de una mujer indígena boliviana en la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU en Bonn hace unos años: «Evo enviaste a la policía para golpearnos, ¡Evo, no eres uno de nosotros!”Y no es para menos. Muchos indígenas en Bolivia se vieron frustrados por las posiciones extractivistas y autoritarias de su presidente. Incluso desde fuera de Bolivia hubo voces indígenas que criticaron a Evo, como la líder histórica de los movimientos indígenas ecuatorianos, Blanca Chancoso, quien en las últimas semanas marchó a la cabeza de las mujeres indígenas que desfilaron por las sangrientas calles de Quito para protestar en contra el FMI y el aumento de los precios de los combustibles decretado por el presidente Lenin Moreno. Chancoso, quien fuera atacada en su momento por Morales por estar, según él, en connivencia con la derecha reaccionaria, debido a la resistencia de CONAIE a las políticas económicas de Rafael Correa. En una carta a Morales Blanca Chancoso rechazó todas las críticas, comentando, casi proféticamente: «querido Evo, los presidentes pasan nosotros los indígenas, permanecemos y seguiremos, con la esperanza de poder volver a encontrarnos algún día». Cabe recordar que incluso Evo tuvo su «gasolinazo» en 2010 cuando se enfrentó a una revuelta popular provocada por el aumento anunciado en el precio de la gasolina.
Volvamos al TIPNIS que representó para Morales la prueba de fuego de su lealtad a los principios establecidos en la Constitución boliviana, los de la Ley de la Pacha Mama, que se inspiró en Acuerdo de los Pueblos adoptado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra de Cochabamba algunos años antes.
Interesante es el paralelo con lo que estaba sucediendo en esos años en Ecuador por Rafael Correa, con la Iniciativa Yasuní-ITT, promovido por movimientos sociales y ambientales ecuatorianos e internacionales para mantener el petróleo «bajo tierra» y no dañar un ecosistema frágil y así asegurar la supervivencia de las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. Correa hablaba de impulsar dicha Iniciativa mientras negociaba préstamos internacionales con China garantizándolos con concesiones petroleras a empresas chinas en territorio amazónico. Y a pesar del hecho de que la Constitución ecuatoriana del 2008 incorporó los Derechos de la Naturaleza, Correa resolvió dar paso a la explotación del crudo en el ITT. Y además, bloqueó fraudulentamente la posibilidad de una consulta popular planteada por un grupo de jóvenes: los Yasunidos, que fueron perseguidos, espiados y criminalizados.
Dos parábolas muy similares y significativas.
Durante años, las negociaciones climáticas de la ONU han representado un espacio importante que Bolivia siempre ha utilizado como ámbito político para reclamar y construir su propio perfil ecologista internacional. Un espacio para practicar la narrativa de la Pacha Mama por parte de la primera presidencia indígena del país. Un espacio que inicialmente estaba dirigido por una delegación encabezada por Pablo Solón (ahora muy crítico con Morales y las políticas de su gobierno), con representantes indígenas.
En algún momento las cartas cambian de color. Evo profundizó el extractivismo. Solón renunció porque ya no podía defender esas políticas extractivas. Moreno dividió la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia). Y eso provocó el aparecimiento y el enfrentamiento de la CIDOB «auténtica» y la CIDOB «oficialista». Poco después, siempre relacionado con TIPNIS, una delegación del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza -instancia de la sociedad civil organizada con jueces y juezas de todos los continentes- realizó una visita de inspección para adquirir elementos directamente de las comunidades afectadas. Esa delegación compuesta por académicos autorizados y activistas ambientales, como parte de un tribunal ético compuesto por personas de reconocida prestancia ética y profundos conocedores de los Derechos de la Pachamama fue intimidada por parte del gobierno e inclusive estuvo secuestra por cocaleros afines al régimen de Morales. No hay duda que el objetivo de Morales al abrir ese camino era para facilitar a los cocaleros la ampliación de sus actividades asegurándose su apoyo político, al tiempo que abría la puerta a la explotación petrolera.
TIPNIS como ejemplo del paradigma de desarrollo, de la «grandeza» real o supuesta que habría llevado a Morales a anunciar el lanzamiento de un satélite construido en China, el Tupac Katari 1, la apertura del país a los transgénicos (al principio prohibido y que el Evo mismo unos años antes acusó públicamente de ser la causa de la homosexualidad), la construcción de la central nuclear más alta del mundo, producto de un acuerdo entre él y Vladimir Putin. O la concesión de licencias de extracción de petróleo en el parque Tariquia en beneficio de Petrobras, con la consiguiente revuelta de las comunidades locales. Y, por último, el corte de cinta de un palacio presidencial en el centro de La Paz, un monstruo de hormigón y acero que debería haber encarnado su mito, la concepción estatista del poder, el culto a su personalidad. Para colmo Evo en septiembre rechazó las solicitudes de los pueblos indígenas que clamaron por declarar un estado de emergencia debido a los incendios que devastaron el bosque de Chiquitania en los mismos días que la Amazonía brasileña: 51 mil kilómetros cuadrados han sido destruidos también como resultado de las políticas de incentivos para la producción de soja y carne transgénicas para el mercado chino. Los llamados internacionales para proteger esas zonas devastadas inicialmente fueron rechazadas porque fueron consideradas perjudiciales para la soberanía nacional.
El TIPNIS, en definitiva, sirve como ejemplo de la estrategia de desarticulación de movimientos críticos, indígenas y no críticos, sobre la base de construir una polarización entre fieles y críticos, ciertamente no las oligarquías históricas de Santa Cruz de la Sierra, un enclave blanco desde siempre con propensiones golpistas.
Evo decidió en los últimos meses de ignorar la voluntad de la gente, que en su mayoría pidió respetar la regla de los mandatos presidenciales. Si ahora hemos llegado a lo que Bolivia está experimentando en estas horas agitadas, tal vez se deba a una serie de factores que se han acumulado y deben tenerse en cuenta. Y que terminaron creando el caldo en el que los fantasmas del pasado ahora pueden florecer. Sin negar, y esto debe reiterarse con fuerza y claridad, los pasos dados inicialmente por Morales y también por Correa o Hugo Chávez, el principal problema parece ser el del poder, que desgasta, que echa a perder la esencia de los proyectos iniciales, en la medida que les hace sentir invencibles e inevitables a sus líderes devenidos en caudillos.
Así, con el proyecto carretero en el TIPNIS finalmente se abrió una brecha y una profunda afectación con los supuestos iniciales del proyecto del MAS liderado por Evo Morales. «Queríamos hacer de Bolivia el centro energético y nos botaron”, dijo Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, quien anunció el abandono de la oficina al lado del presidente en un video. Pronto Morales volaría a México. García Linera en el pasado había actuado en una especie de «caza de brujas» contra organizaciones de izquierda y ecologistas críticas con Morales.
Vale la pena recordar para futuras referencias. Hace casi cuatro años, un grupo de intelectuales de izquierda, incluidos Buenaventura de Sousa Santos, Alberto Acosta, Raúl Zibechi y Eduardo Gudynas, enviaron una carta de protesta con la socióloga argentina de izquierda Maristella Svampa sobre la decisión del gobierno boliviano de cerrar algunas ONG por autoridad. Algunas de ellas se colocaban a la izquierda como CEDIB y CEDLA. Ante la respuesta de García Linera, Svampa respondió que la acusación ritual de que las ONG que critican las políticas extractivas y de desarrollo del gobierno deben considerarse como el brazo de la derecha reaccionaria, sólo serviría para ocultar el problema real, el del modelo de desarrollo, que en Bolivia ahora parece estar muy lejos de esos derechos constitucionales de la Madre Tierra.
La colonialidad del poder es el otro pilar necesario para una lectura radical, antiautoritaria, ecológica y decolonial del supuesto proceso revolucionario, en Bolivia y en todas las experiencias de socialismo del siglo XXI. La misma se expresa por un lado, con la deslegitimación y criminalización de los representantes legítimos de los pueblos indígenas, y por el otro mediante la apropiación de su patrimonio simbólico. La antropóloga feminista boliviana de origen aymara Silvia Rivera Cusicanqui lo dijo muy claramente: Morales estaba en manos del «cholaje» anti-indio, militar, machista, colonizado, brutal , irracional y ecocida. «Es solo la máscara del indio y ha usurpado el valor simbólico de todas las luchas sociales». El mismo tenor se encuentra en Mensaje de Nación Qhara Qhara a Evo Morales : «Señor presidente, desde el fondo de nuestro corazón y con gran pesar te decimos: donde te perdiste? Porque no vives dentro de los preceptos ancestrales que dice que debemos respetar el muyu (circulo): solo una vez debemos gobernar. (…) Deja de enviar indígenas como carne de cañón para el respaldo de tus intereses y de los que te rodean, que ya no son los nuestros; deja de enviar matones a maltratar a nuestra gente; deja que vivamos en nuestra ley; deja de hablar en nombre de los indígenas que ya perdiste tu identidad»
Hoy en día, muchos movimientos feministas bolivianos no niegan el cambio profundo operado por el MAS a lo largo de los años, y condenan el golpe de la derecha, pero al mismo tiempo critican a Evo Morales y su gobierno. Morales, e inicialmente Rafael Correa, y Hugo Chávez, tuvieron éxito en una tarea imposible: elevar a las clases sociales históricamente excluidas de un destino que parecía ineludible. Sin embargo, estos líderes se derrumbaron miserablemente ante el poder, sin socavar su arquitectura extractiva, colonial y patriarcal.
«¡Morales es un presidente machista!», Gritó María Galindo, artista y activista GLBQTI y animadora del colectivo Mujeres Creando y del Parlamento de Mujeres. Que se tratase de un golpe de estado, dice Galindo, es solo parte de la realidad, el problema es que Morales se ha convertido, como diría Frantz Fanon en su «Piel negra y máscara blanca», en un caudillo y una máscara al mismo tiempo. Morales no dudó en alimentar el conflicto, que luego degeneró en una «fascistización del proceso», que invisibilizó miles de jóvenes bolivianos y bolivianas, que salieron a las calles, quizás por primera vez en sus vidas, para desafiar el poder que Evo pensó que podría ser eterno.
No es el primer ejemplo y no será el último, pero sería urgente preguntarse desde la izquierda sobre la diferencia que Gilles Deleuze subrayó entre “pouvoir» y «puissance». Poder y potencia. Es significativo que aquellos que se aferran al poder lo pierden, y aquellos que se insinúan en las revueltas y usan su potencia, lo conquistan tácticamente. Es igualmente sorprendente observar las similitudes entre la aparición del hombre de la providencia “Macho” Camacho, el ascenso de Jair Bolsonaro y la figura sombría de Guaidó, meteorito de los recientes acontecimientos venezolanos. Todos con la ritual camisa blanca almidonada, el verbo de Dios y la liturgia del mercado libre.
¿Qué más hay que decir sobre la derecha, sino lo que siempre se dice? Mesa y el advenedizo Camacho son el producto de la historia del país, de esa parte del país que nunca ha sido suficientemente cuestionada, un enclave de privilegios y autoritarismo, una brasa que ardía debajo de las cenizas. Y como un genio de la lámpara listo para poder nadar en olas levantadas por aquellos que a millares habían salido a las calles para exigir respeto por las reglas y la Constitución. A esto se acompaña la incorporación del elemento religioso fundamentalista bastante inédito para la vida política de Bolivia.
Punto y más. Repentinamente se salió de la nada con una dama blanca, Jeanine Áñez, una expresión de las oligarquías que agitaba la Biblia desde el balcón del Senado, después de haberse declarado presidenta interina frente a un parlamento incompleto con el compromiso de convocar nuevas elecciones de aquí a 3 meses. Una figura destinada a seguir siendo un breve capítulo en esta historia reciente de Bolivia, pero que podría ser un precursora de un futuro dramático. A pesar de los más recientes acuerdos entre el gobierno ad ínterin y los parlamentarios masistas, para llegar a elecciones generales lo antes posible, la situación en Bolivia sigue tensa. Al mismo tiempo se abre la posibilidad de que, esos miles de personas, que han puesto el «cuerpo» y la “cara” como sus compañeros en Ecuador y Chile puedan finalmente movilizarse y expresar su posición sin convertirse en carne de cañón de los enfrentamientos de poder.
¿Existen las condiciones para que ese diálogo invocado incesantemente por los colectivos feministas del Parlamento de las Mujeres? Estas mujeres que han denunciado el patriarcado y el machismo del gobierno y de la derecha durante mucho tiempo y se esfuerzan por reparar fracturas, practicar la dimensión política del cuidado y la proteger los espacios sociales. Son aquellas mujeres y colectivos feministas que han escrito una carta abierta a María Galindo para trabajar juntas, salir de la polarización y reconstruir las heridas del país y en la que afirman: «esta situación es inadmisible y la perspectiva es grotesca. ¿Cómo podemos colocarnos detrás de una coalición cívica que durante años ha defendido los privilegios coloniales con tanta fuerza? ¿Y cómo es posible que la otra opción sea solo admitir la continuidad con un gobierno agotado, después de haber destruido toda la energía de las luchas y la autonomía política de las organizaciones sociales?”
Estas voces llegan amortiguadas a este lado del charco, pero tienen dignidad y merecen consideración. ¿Habrá tiempo y espacio para evitar lo irremediable y evitar que la peor derecha, racista y fundamentalista llegue al poder? ¿Para profundizar el proceso de emancipación y transformación del país desencadenado hace años y hoy debilitado sin remedio, «democratizando la revolución y revolucionando la democracia»? La misma pregunta se aplica al Ecuador: ¿será posible reactivar las semillas de la Revolución Ciudadana y de la constitución de Montecristi, practicada por los ciudadanos y no por aquellos que piensan en resolver todo con la conquista del poder?
En cuanto a nosotros, observadores lejanos y espectadores emancipados que vivimos en el Viejo Continente de donde salieron los colonizadores, la condición esencial para que podamos acompañar estos procesos de cambio radical será resolver la «colonialidad» que tenemos en nuestra cabeza. Nosotros que nos enamoramos de las revoluciones ajenas desde nuestras habitaciones o detrás de nuestros teclados para compensar la incapacidad de hacer las nuestras. Este concepto fue claramente expresado en un interesante artículo publicado hace algún tiempo en la revista ROAR (Reflections on a Revolution), firme defensora de la experiencia confederal en Rojava y del zapatismo.
«Si bien los progresistas en Occidente a menudo somos los más rigurosos en la supervisión o el juicio de los partidos gobernantes socialdemócratas en nuestros países, con demasiada frecuencia idealizamos las realidades políticas en Bolivia y otros países latinoamericanos, no solo por falta de información, sino también porque necesitamos de ejemplos que dan esperanza, y esto podría conducir a conclusiones erróneas, estrategias equivocadas y campañas de solidaridad engañosas por parte de la izquierda»[1] (Revista ROAR, autoritarismo boliviano: no solo un cargo de derecha» por ROAR Collective el 3 de noviembre , 2014 – http://roarmag.org/…/bolivia-authoritarianism-mas-elections/)
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*Senador y ecologista italiano. Activista de organizaciones no gubernamentales. Artículo enviado a Other News por el autor.
BOLIVIA EN EL ABISMO:
¿QUIÉNES INTEGRAN EL GABINETE
DE FACTO DE JEANINE ÁÑEZ?
21 Nov 2019– ALBATV
Karen Longaric, Jerjes Justiniano Atalá, Arturo Murillo y Luis Fernando López asumen ilegalmente la dirección del Estado boliviano
La fase del postgolpe en Bolivia ya ha adquirido un cuerpo lo bastante definido como para encuadrar su orientación y precisar la naturaleza de sus maniobras.A nivel político y procedimental, el gabinete de la autoproclamada presidenta del país andino, Jeanine Áñez, se encarga de conducir un escenario signado por la represión armada (pero también informativa y judicial) hacia los sectores políticos y sociales que resisten al golpe. Las figuras que integran la nueva (e ilegal) capa burocrática del Estado Plurinacional describe las conexiones e intereses que desembocaron en el derrocamiento de Evo Morales.
UNA ENTRADA “TRIUNFAL”
El 14 de noviembre, Áñez designó a los primeros relevos de lo que sería presentado internacionalmente como su gabinete de “transición”. La ola de renuncias que generó el ciclo de persecución política y judicial en el momento clímax del golpe, facilitó que las sustituciones de Áñez abarcaran todas las áreas estratégicas del poder ejecutivo boliviano.
Al momento de la presentación la jerga neoliberal y tecnocrática se hizo presente. Son “personas conocedoras, especializadas y en su mayoría de perfil técnico”, argumentó Áñez refiriéndose a la primera tanda de 11 nuevos ministros, una cifra que iría elevándose a medida que avanzaban los días.
Para apretar bien las tuercas frente a las manifestaciones antigolpe que se desarrollaban en La Paz y El Alto luego de la renuncia forzada de Evo Morales, Áñez designó como comandante de las Fuerzas Armadas a Carlos Orellana, en sustitución de Williams Kaliman. Acto seguido, nombró a un nuevo Comandante General de la Policía.
La cúpula militar boliviana reconoció a la presidenta de facto, Jeanine Áñez
Estos recambios posibilitaron que ambas estructuras respondieran lealmente a un gobierno golpista que necesitaba de un brazo armado para contener las manifestaciones a toda costa.
Los militares y policías han cumplido con la tarea dictada desde arriba, lo que ha traído como consecuencia síntomas de división interna entre los componentes, pero también un lamentable saldo de más de 20 muertos, más de 700 heridos y dos masacres (la de Sacaba, en Cochabamba, y la de Senkata, en El Alto) que los medios occidentales buscan silenciar, o simplemente reseñar como resultado de los “enfrentamientos”.
El gabinete de Áñez le ha otorgado estatura de política de Estado a estas prácticas de represión generalizada, convirtiéndose en su cara “institucional”.
Luego de tomar el poder inconstitucionalmente, Jeanine Áñez recibió a los jefes de policía que incorporados al golpe de Estado
Los “ministros” más preponderantes no solo marcan las pautas discursivas de la mal llamada “transición”, sino que canalizan las decisiones estratégicas de una fase de postgolpe que aún está en período de definición.Pero dicha capacidad para imponer la dirección de los acontecimientos desde la superestructura no está dada por las cualidades técnicas comentadas por Áñez, sino por una línea de intereses y conexiones que los agrupa en un objetivo común.
ARTURO MURILLO, “MINISTRO” DE GOBIERNO
Un poco más conocido que la autoproclamada Ánez, Murillo ha pegado un salto de calidad en su carrera tras la consumación del golpe de Estado.
Nacido en Cochabamba, Murillo representa toda una tradición latinoamericana: el del empresario arribista que utiliza la política como una herramienta para sus negocios. Como empresario hotelero fundó y dirigió la Asociación de Hoteleros del Trópico de Cochabamba. Aprovechando esa posición fue diputado y senador de Cochabamba por el partido Unidad Democrática, del cual forma parte Jeanine Áñez.
Arturo Murillo abraza a su compañera de partido, Jeanine Áñez, luego de su designación ilegal como ministro de Gobierno
La designación de Murillo narra no solo la lógica de compadrazgo y negocios que opera entre los golpistas, sino también la tónica de ajuste de cuentas que está imperando. En 2016, Murillo fue acusado y sentenciado a dos años de prisión por la jueza de La Paz, Nancy Bustillo, por “el delito de uso de instrumento falsificado en el marco del proceso iniciado por la Libreta de Servicio Militar que presentó para habilitarse como candidato al cargo de diputado en 2009”, según reportó el medio La Razón en su momento.
“En 2010, el Ministerio de Transparencia presentó una denuncia contra Murillo por presentar ante el Órgano Electoral una libreta de Servicio Militar falsificada, posteriormente, el Ministerio de Defensa verificó sus archivos y estableció que la serie y el número de los documentos eran falsos y pertenecían a otra persona”, relató con precisión el medio.
El golpe de Estado interrumpió por la fuerza los resultados de este proceso judicial, envalentonando a Murillo en su búsqueda por cristalizar una especie de venganza.
Esto lo dejó ver en su primer discurso a la prensa cuando alertó que empezaría una “cacería” contra los dirigentes del MAS. El discurso no fue producto de la emoción por su nombramiento, sino que representó el inicio de una operación ilegal de inteligencia que ha derivado en la detención de ciudadanos venezolanos y cubanos, en un intento por fabricar un expediente de “intervención extranjera” que se encuadre con las urgencias geopolíticas de Washington.
Murillo ha aceptado que se apoya en “sistemas de inteligencia privados” para fortalecer la persecución contra el MAS, reafirmando que una simbiosis entre guerra sucia, agencias estadounidenses (la DEA) y capital privado es la base para la consolidación del régimen de facto.
Esa simbiosis la personifica con exactitud Murillo.
La CIDH denuncia que hay al menos 23 fallecidos tras la represión policial y militar contra las manifestaciones anti golpe en Bolivia
JERJES JUSTINIANO ATALÁ, “MINISTRO” DE LA PRESIDENCIA
Nacido en Santa Cruz, Justiniano es hijo del exembajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano Talavera. “Es propietario del estudio jurídico Jerjes Justiniano Atalá & Asociados”, según informó Página Siete en un escueto perfil.En 2016, el entonces Ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a Justiniano Atalá como “abogado conocido y experto en defender narcotraficantes”. Nada tan cerca de la realidad. El abogado defendió al empresario Jacob Ostreicher, “quien invirtió $25 millones en plantaciones de arroz en Bolivia en asociación con la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, socia y esposa de Maximiliano Dorado”, afirmó la revista brasileña Veja en 2013.
Jerjes Justiniano Atalá recibe el abrazo de Áñez al momento de su nombramiento como ministro (de facto) de la presidencia boliviana
Aunque el reportaje de la revista brasileña buscaba fabricar una vinculación del gobierno boliviano con el narcotráfico internacional, no pudo ocultar un elemento central de exclusiva responsabilidad de Justiniano Atalá: “Resumiendo la historia: El hijo del embajador defendió a la pareja de la esposa del traficante brasileño, quien recibió en su casa al ministro denunciado por Pinto Molina. Por lo menos, es una coincidencia vergonzosa para el papel que Justiniano desempeñó en Brasil”, remató la publicación.
En 2012, Justiniano Atalá realizó una presentación en el Congreso de los Estados Unidos en el marco de su defensa de Ostreicher. Hablando como si no fuera un ciudadano boliviano, el abogado indicó que el sistema judicial del país era débil y que hubo injerencia en el caso del ciudadano estadounidense, afirmación que no fue apoyada por ninguna prueba fiable.
La conexión de Justiniano Atalá con la cabeza del golpe, Luis Fernando Camacho, es estrecha. Según El Deber de Bolivia, “el ministerio de la Presidencia, considerado clave por el apoyo que brinda a la presidenta, ha sido asignado al abogado Jerjes Justiniano Atalá, quien acompañó a Luis Fernando Camacho cuando llegó a La Paz. Es su principal asesor”.
El perfil de Justiniano Atalá se encuadra a la perfección con el momento, de ahí su nombramiento: representa los intereses de Camacho, tiene un bufete de abogados con una línea directa con el narcotráfico (una de las bases de la economía cruceña) pero también con las agencias e instancias estadounidenses que operan en ese campo.
Así como Murillo representa la rama securitaria y de guerra sucia del golpe, Justiniano Atalá representa la rama del narcotráfico cruceño que apostó todo en la maniobra de Camacho. Visto así, su nombramiento no solo responde a la lógica de cooptación política por parte de los cruceños, sino a la unidad de criterios que confieren los negocios.
KAREN LONGARIC, “CANCILLER”
Oriunda de La Paz, Longaric es “licenciada en Derecho UMSA, cuenta con un doctorado en derecho internacional en la Universidad de La Habana”, según informó el diario Los Tiempos de Bolivia.Su bajo perfil en la política boliviana, así como su background académico, se corresponde con lo que necesitan los golpistas: una figura manejable, de corte legalista y técnico, que logre trasladar “profesionalmente” la dinámica del golpe fronteras afuera.
Hace algunos meses, Longaric pidió que Bolivia rompiera relaciones con Venezuela para beneficiar el intento de golpe de Juan Guaidó en el ámbito diplomático
Mientras los medios destacan, de forma orquestada, que se trata de la primera mujer que asume el Ministerio de Relaciones Exteriores, además de resaltar su perfil como “intelectual”, Longaric encabeza una maniobra de socavamiento del mapa de relaciones internacionales del Estado boliviano.
Esta maniobra tiene como objetivo de fondo forzar un giro geopolítico que posicione a Bolivia, nuevamente, como un país subalterno de la influencia estadounidense. Podría decirse que la labor de Longaric consiste en oficializar, por la vía diplomática, lo que Murillo y Justiniano Atalá adelantan con los ejes de poder duro de Washington.
Cuando se cristalizó el golpe, Longaric afirmó que “Bolivia no vivió ningún golpe de Estado”, mientras anunció un “rencuentro de los bolivianos”. Acompañó esta retórica argumentando, paradójicamente, que “cualquier juicio emitido por cualquier autoridad y por otras naciones es faltar a la verdad a los acontecimientos e incurrir en injerencia en política interna del Estado boliviano”.
Dicha línea discursiva ya ha tenido resultados concretos. Los golpistas han roto relaciones con Venezuela, oficializado el retiro del país del ALBA-TCP y han cesado la representación diplomática en Cuba.
Estas decisiones, si bien están alineadas a los intereses geopolíticos urgentes de Estados Unidos, también llevan el toque personal de Longaric.
En un artículo de julio de este año publicado en Página Siete expresó que “urge materializar en todo sentido el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela, ungido el 23 de enero de 2019. Para ello es preciso reconducir el proceso inconcluso y casi fallido de dicho reconocimiento, adoptando las medidas correspondientes; entre ellas desconocer y expulsar a los representantes diplomáticos de Maduro”.
El fundamentalismo de Longaric con respecto a Venezuela muy seguramente sumó varios puntos para su designación.
En términos de política exterior, Longaric siempre cuestionó que Evo Morales proyectara el esquema de relaciones del país hacia el eje ALBA-CELAC. Coincidiendo con el pensamiento geoestratégico de la clase dominante, expone que el país debe plegarse al esquema neoliberal de la Alianza del Pacífico, donde Bolivia se encontraría en una situación asimétrica frente a Perú, Colombia y Chile.
“Siguiendo las consignas de Hugo Chávez, Bolivia con sus deslucidas gestiones en la Secretaría General de la CAN asistió indiferente a la desaceleración del proyecto andino de integración. En esa deriva internacional vertió duras críticas contra los países miembros de la Alianza del Pacífico y contra el proyecto como tal, cercenando así la posibilidad de construir, a futuro, una relación óptima con dicha Alianza”, afirmó Longaric.
Sin embargo, este posicionamiento contra la soberanía de Bolivia no termina aquí. En una entrevista para El Comercio de Perú, desestimó el reclamo nacional boliviano para obtener una salida al mar. “Tenemos que olvidarnos de La Haya, no mostrar actitudes revanchistas o confrontacionales y tomarle la palabra a Piñera, que ha invitado a dialogar del tema. En el imaginario del pueblo chileno y de su clase política debe haber la necesidad moral insoslayable de solucionar este asunto con Bolivia”.
LUIS FERNANDO LÓPEZ, “MINISTRO” DE DEFENSA
Según el medio eju.tv, “Luis Fernando López Julio es exmilitar, comunicador social y empresario, nació en la ciudad de La Paz, el 15 de octubre de 1964”.
“Además de la carrera como Subteniente de Armas y Caballería, y paracaidista militar, también es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica de La Paz. Proviene de una familia de tradición militar y política, su padre Luis Fernando López Bacigalupo es el General de la División del Servicio Pasivo del Ejército, y su abuelo, Rubén Julio Castro, vicepresidente de la República de Bolivia”, amplía el medio.
El nuevo “ministro” de defensa de Áñez es también un empresario con múltiples áreas de negocio
Este oficial de abolengo es también “presidente ejecutivo de Lola Group S.R.L., agencia especializada en estrategia, marketing y comunicación integral”. Además, “fue gerente para Bolivia de las reconocidas multinacionales Lowe y Mcann Erickson, trabajando para marcas globales como Coca-Cola, BMW, Unilever, Huawei, Cinemark y Copa Airlines, entre otras”.
Pero a su posición como empresario se agrega un aspecto que describe en buena medida su rol protagónico en la fase del postgolpe. Luis Fernando López fue “oficial e instructor de la Escuela de Cóndores Satinadores en Sanandita, entre 1986 y 1989”. Este cuerpo fue creado en 1981 durante la dictadura de Luis García Meza. Desde 1987, realiza ejercicios conjuntos con Fuerzas Especiales estadounidenses, recibiendo también instrucción en labores de entrenamiento bajo el enfoque de lucha “antiterrorista”.
Ser empresario y un militar con trayectoria (en retiro actualmente), le valió el reconocimiento inmediato de las Fuerzas Armadas cuando Áñez lo nombró su ministro de Defensa.
En una entrevista para CNN, Luis Fernando López aseguró que “estamos tratando con terroristas” para referirse a los manifestantes que en La Paz y El Alto protestan contra el golpe de Estado.
Defendió el Decreto Supremo 4078 aprobado el pasado 14 de noviembre, donde se le otorga total impunidad a las Fuerzas Armadas para contener las manifestaciones aplicando un uso desproporcionado de la fuerza. Dos masacres han precipitado la aplicación práctica de este instrumento jurídico. Evitando los cuestionamientos sobre las muertes en Senkata, el funcionario indicó que “el ejército no disparó un solo proyectil”.
La represión policial y militar sigue cobrando vidas en Bolivia
La selección de Luis Fernando López para el cargo de ministro de defensa no solo se adapta con precisión a las operaciones de exterminio iniciadas por Murillo, sino que también las lleva al límite. La variante de la “lucha antiterrorista”, un modelo de estado de excepción militarizado que Estados Unidos transformó en modelo cuando lo aplicó en Centroamérica, confirma que el desgaste del aparato oficial de represión acentuará la participación de factores extralegales.
Y tal parece que el ministro de Defensa es el intermediario entre el capital privado local y transnacional y las contratistas de mercenarios que muy probablemente articulan la etapa paramilitar de la represión generalizada.
ROXANA LIZÁRRAGA, “MINISTRA” DE COMUNICACIÓN
Relata el diario La Nación de Argentina que Lizárraga “es una abogada y periodista de radio y televisión nacida en la ciudad de La Paz. Pasó por conocidos canales de televisión y en los últimos años trabajó con la periodista Amalia Pando, en el programa Cabildeo (…) Estudió Comunicación en la Universidad Católica Boliviana San Pablo (…) En 2002, la periodista recibió el Premio Nacional de Periodismo con la medalla Huáscar Cajías”.
Su nombramiento a manos de Áñez generó polémica por sus declaraciones contra los periodistas que realizan la cobertura del golpe en Bolivia. A los “periodistas o pseudoperiodistas que estén haciendo sedición (…) Ya se tiene identificado a los periodistas extranjeros que están causando sedición y el Ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes en todo esto”, apuntó en clara sincronía con la “cacería” encabezada por Murillo.
Lizárraga encabezó una de las operaciones informativas clave luego de cristalizado el golpe. La misma consistía en linchar moralmente a Evo Morales permitiendo que los medios grabaran su residencia en la Casa Grande del Pueblo, una maniobra con el objetivo evidente de aislar el foco de atención de la represión a las protestas.
Roxana Lizárraga ha sido cuestionada por sus declaraciones agresivas y amenazantes contra los periodistas que cubren el golpe en Bolivia
“Parece una habitación de un jeque árabe, el derroche de dinero que se ha hecho para la construcción de este palacio realmente es un insulto para todos los bolivianos”, remarcó frente a las cámaras.
El papel de Lizárraga ha sido fundamental en la ejecución de un blackout informativo a gran escala para restringir la cobertura de la represión militar y policial. Justamente, la persecución a periodistas y las amenazas de judicialización se incorporan como un método de presión con el objetivo de inhibir el registro de la violencia militar que hay en las calles.
Y es que fue nombrada, precisamente, para que la versión de los golpistas se imponga a su conveniencia en el campo de batalla.
JOSÉ LUIS PARADA, “MINISTRO” DE ECONOMÍA
Página Siete destaca que “el cruceño José Luis Parada Rivero se graduó como bachiller del Instituto Americano de La Paz y recibió el título de Economista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En el sector privado, ejerció el cargo de director en la Hilandería Santa Cruz, en el Fondo Ganadero y en el Ingenio Azucarero Guabirá. En el ámbito nacional fue director Administrativo y Financiero de la Vicepresidencia de la República de Bolivia y, desde 2005, fungió como secretario de Economía y Hacienda del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz”.
El perfil de Parada es el de un tecnócrata fundamentalista. Y no ha perdido tiempo para exponer los planes de privatización que motivaron el golpe. “En 14 años hemos tenido trabas a la inversión privada. Vamos a sentar las bases para una apertura de la economía nacional para atraer inversiones y que el próximo gobierno continúe con esto”.
Un empresario cruceño asume las riendas de la economía boliviana con un enfoque neoliberal
Ampliando esto, Página 12 de Argentina reseña lo siguiente sobre Parada: “Siempre cuestionó al gobierno central de La Paz por el pago de regalías, incluso fue el coordinador del reclamo de ese departamento, el más rico de Bolivia y núcleo duro de la oposición golpista. Entre sus antecedentes empresariales se puede citar que dirigió la Hilandería Santa Cruz y el ingenio azucarero Guabirá”.
El año pasado, Parada hizo ver en una entrevista que su enfoque de desarrollo tiene a Santa Cruz como eje neurálgico, una tendencia que seguramente continuará en desmedro del conjunto de Bolivia de consolidarse el golpe:
“Por lo tanto, ¿por qué Santa Cruz se hace atractivo? Porque maneja los tres sectores estratégicos de desarrollo: primero, el tema de la agricultura, el sector agropecuario, que es donde se genera el 70% de la seguridad alimentaria del país. Por otra parte también tenemos la parte agroindustrial, con productos como soja, carne y caña. Eso genera en Santa Cruz una expansión de tipo económico, de producción, y sobre todo, con lo que se refiere al crecimiento de la población, también van acompañando los servicios de agua potable, de electrificación y telefonía. El patrón de desarrollo de Santa Cruz está casi parecido a los niveles de crecimiento que se dan en los países asiáticos, porque siempre ha estado por encima de la media de crecimiento del país, de todo el crecimiento económico de Bolivia”.
Parada representa la cara empresarial, neoliberal y tecnocrática del golpe, pero también una garantía para los empresarios y terratenientes cruceños, que ahora cuentan con un ministro de Economía que privilegiará sus intereses (redirigiendo recursos, eliminando impuestos, etc.) por encima del conjunto del país.
CONCLUSIONES
Estos ministros fueron seleccionados por su preponderancia tanto en esta etapa de postgolpe como en lo que corresponde a las palancas de poder estratégicas del Estado boliviano.Sin embargo, a modo de cierre, es necesario referirnos a un patrón general que agrupa al resto de altos funcionarios del poder ejecutivo nombrados ilegalmente por Áñez.
- De todas las 20 carteras ministeriales, siete corresponden a figuras provenientes de Santa Cruz, en su gran mayoría empresarios. Otras dos tienen representantes de Beni (Álvaro Coimbra, ministro de Justicia y Transparencia Institucional; y Álvaro Guzmán, ministro de Energías). Una tiene representación de Tarija (Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos). El resto de carteras se distribuye entre oriundos de Cochabamba, Potosí y La Paz, en una situación de franca minoría.
- Estos departamentos se congregan en la demoninada “Media Luna”, una construcción socio-geográfica que representa espacialmente a las tierras bajas bolivianas. Como golpe de Estado fue comandado desde este polo político y económico, dominado por sectores oligárquicos, la asignación de cargos en el poder ejecutivo implica un acto de correspondencia.
- Esta composición del tren ejecutivo de Áñez es una impugnación abierta al concepto de Estado Plurinacional de Bolivia, dado que las figuras que conducen un gobierno de facto en medio de un escenario de represión generalizada no son representativas del conjunto social y étnico del país.
- Es un gobierno de facto de corte proempresarial y neoliberal, que actúa articuladamente en distintos frentes de judicialización, terrorismo y represión, con el objetivo de consolidar un estado de excepción que facilite la entrega de los recursos naturales del país a las corporaciones occidentales. La violencia militar y policial es el reflejo en las calles de la destrucción institucional de un Estado que, hasta el golpe consumado, tenía bajo su propiedad gigantescos recursos energéticos.
El factor del narcotráfico abarca a varias de las figuras mencionadas, convirtiéndose en una de las tramas menos visibles pero más importantes dentro del golpe. Y es que allí no solo converge el metabolismo de la economía cruceña, junto a Áñez, Murillo y Justiniano Atalá, sino los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en lo que se conoce como el negocio del siglo.
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