En el 40 aniversario del 20 de mayo de 1976 (3)

Investigar a militares por los asesinatos de Zelmar y el Toba.Mise en page 1

La fiscal Mirtha Guianze solicitó ayer remitir un informe al Ejecutivo para determinar si el homicidio de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los militantes del MLN-T Rosario Barredo y William Whitelaw, se encuentra amparado por la Ley de Caducidad.

El pedido de la Fiscalía se enmarca en la nueva prueba recabada durante la investigación judicial del homicidio de los ex legisladores en mayo de 1976, y en particular tras el testimonio de tres hijas de Zelmar Michelini en relación a sus recuerdos sobre los días previos al secuestro.

Elisa, Margarita e Isabel Michelini comparecieron el pasado lunes ante el juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal, y narraron sus rememoraciones sobre los hechos previos al secuestro y homicidio del ex legislador. Ese mismo lunes, también compareció el tupamaro Antonio Viana Acosta, primera víctima de la represión binacional en los años previos a la conformación “oficial” del Plan Cóndor.

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El ex senador Zelmar Michelini le manifestó a su familia que era perseguido por militares uruguayos, y se quejaba por su “falta de documentación”, luego de que la dictadura uruguaya invalidó su pasaporte para impedirle salir de la República Argentina, declararon sus hijas ante la Justicia.

Zelmar temía “por su integridad física”, puesto que era uno de los principales denunciantes en el exterior de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno dictatorial de Juan María Bordaberry. Sus hijas recordaron ante el juez que su padre les señalaba “autos y personas” responsables de su seguimiento.

El testimonio de las hijas del ex senador “acredita la participación de militares uruguayos en la República Argentina. Los militares uruguayos operaban en Argentina, eso está demostrado por abundante documentación, pero ahora se hizo evidente en este expediente”, dijeron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

La exclusión del caso del amparo de la Ley de Caducidad permitiría investigar a los ejecutores “materiales” de la muerte de los ex legisladores, puesto que el proceso hasta el momento apuntó a la responsabilidad de los mandos civiles de la época: Bordaberry y el canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco.

Bordaberry y Blanco fueron procesados el 16 de noviembre de 2006 como “coautores de cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravado”. Más tarde, el Tribunal de Apelaciones Penal de 2º Turno ratificó los procesamientos, porque Bordaberry y Blanco “sabían” de los hechos ocurridos en la Argentina y nada hicieron para evitarlos.

Una resolución favorable del Poder Ejecutivo al pedido de la Fiscalía implicaría la creación de “un nuevo expediente”, puesto que el actual estado de la causa contra Bordaberry y Blanco “hace imposible” instruir el posible proceso contra los represores en forma conjunta.

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