Sobre la Impunidad…en Uruguay

rogerCUENTAS DE IMPUNIDAD

Por Roger Rodriguez

La impunidad establecida a la salida de la dictadura sigue rigiendo en la sociedad uruguaya más allá del esfuerzo realizado durante treinta años por la sociedad civil, por los familiares de las víctimas y por las propias víctimas, por organizaciones de derechos humanos, por organismos internacionales, por investigadores independientes y periodistas, por partidos políticos y, aún, por el propio Estado.

Las cuentas son claras… De 167 casos de desaparición denunciados, se recuperaron 24 cuerpos (17 en Argentina, 1 en Bolivia, 1 en Chile y solo 5 en Uruguay). También fueron recuperados 10 niños. De 210 expedientes judiciales presentados, el 70% esta aún en la etapa de presumario, sin procesamientos ni condenas. Solo fueron procesados 31 represores en primera instancia.

De ellos, catorce permanecen en una prisión (José Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, José Maurente, Ernesto Soca, Ricardo Medina, José Sande, Gregorio Álvarez y Juan Larcebeau en la Cárcel de Domingo Arena; y José Ribero, Arturo Aguirre, Nelson Bardecio, Pedro Fleitas y Asencio Lucero en la Cárcel de Corceros) y cinco fueron beneficiados con la prisión domiciliaria (José Gavazzo, Ernesto Ramas, Juan Carlos Blanco, José Araújo Umpiérrez y Amodio Pérez).

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Ramas, Gavazzo, Vázquez, Medina, Silveira y Arab no han enfrentado un Tribunal de Honor por sus crímenes.

Dos represores fueron excarcelados (Tranquilino Machado y Ricardo Zabala), uno fue sobreseído (Juan C. Gómez), cinco fallecieron (Juan M. Bordaberry, Carlos Calcagno, Alberto Gómez Graña, Miguel Dalmao y José Chialanza) y dos se suicidaron cuando los fueron a detener (Juan Rodríguez Buratti y Pedro Barneix). También hay tres procesados en Chile (Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli), uno ahora condenado en Argentina (Manuel Cordero), otro refugiado y en juicio en Italia (Jorge Tróccoli), tres prófugos (Pedro Mato, Hermes Tarigo y Miguel Sofía) y uno requerido (Ariel Ricci).

Pese a lo que dicen las normas militares, sólo se ha pronunciado un Tribunal Militar de Honor (Gilberto Vázquez) por un caso de fuga, que luego fue revisado por el Ministerio de Defensa Nacional. Todo los demás oficiales a quienes correspondían los juicios morales, que en algunos casos se iniciaron, no han tenido una sentencia. Unos porque no hay oficiales superiores que los puedan juzgar (Gregorio Alvarez) y otros porque no ha existido voluntad política ya que si se los condena deberían perder sus jubilaciones y prebendas, entre ellas la asistencia médica.

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