Analizando las entrañas de “El Cóndor”

Operación Cóndor: Una asociación criminal trasnacional, al descubierto

Luz Palmás Zaldua

La condena judicial al acuerdo criminal entre dictaduras lationamericanas de los 70 nos recuerda que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia sostiene los pilares de una sociedad democrática.

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Por primera vez una sentencia judicial declaró en América Latina la existencia del Plan Cóndor como una asociación ilícita supranacional organizada para desaparecer a opositores políticos sin importar las fronteras. Ocurrió en la Argentina el 27 de mayo, cuando un fallo condenó a catorce militares argentinos, pertenecientes a los mandos medios y altos de la estructura represiva argentina, y un militar uruguayo.

La investigación sobre los crímenes del Cóndor se inició en nuestro país en 1999 con la denuncia de dos abogados, David Baigún y Alberto Pedroncini, por cinco personas desaparecidas de distintas nacionalidades, todos ellos víctimas de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de los años 70. El argumento principal era que esas desapariciones forzadas fueron ejecutadas en el marco de una asociación ilícita entre responsables políticos y militares de rango superior, mediante el uso criminal del aparato del Estado, en un contexto de regímenes dictatoriales en nuestra región.

La investigación judicial duró 14 años y la causa fue creciendo a lo largo de esa década y media. En Buenos Aires, el Centro de Estudios Legales y Sociales ingresó en la causa en representación de familiares de desaparecidos en 2004. En marzo de 2013 finalmente comenzó el juicio oral y público. Al momento de la sentencia, ciento cinco casos de personas desaparecidas eran parte de este proceso judicial. Uruguayos, chilenos, paraguayos, bolivianos y argentinos, estos últimos secuestrados en Brasil, permitieron trazar un mapa del Cóndor nunca antes visto.

El rompecabezas

El juicio movilizó a cientos de testigos, algunos fueron sobrevivientes de campos de concentración, familiares de desaparecidos, investigadores, periodistas, funcionarios públicos. Sus historias remitían a un tejido común de lucha, persecución, exilio y muerte. Muchos declararon por videoconferencia desde sus países de origen.

A esos testimonios se sumaron miles de documentos y archivos que permitieron explicar los alcances de la operación: una docena de informes de organizaciones de derechos humanos, más de cuatrocientos legajos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas de la Argentina, distintos informes de organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, miles de documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Archivo del Terror de Paraguay, del National Security Archive, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile, del Archivo Nacional de la Memoria de la Argentina, de la Investigación Histórica de Detenidos Desaparecidos de la Presidencia de Uruguay, informes parciales de la Comisión Estadual de la Verdad de Río de Janeiro de Brasil, cientos de documentos de las fuerzas armadas e investigaciones periodísticas, históricas y judiciales.

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