¿Quién es Miguel Etchecolatz, el genocida que podría gozar de prisión domiciliaria? Ernesto Castelnovo
Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, represor y genocida condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la Argentina, podría obtener en los próximos días el beneficio del arresto domiciliario. La justicia platense definirá si el represor sigue o no en una cárcel común. La decisión que debía tomarse hoy quedó en suspenso porque todavía resta designar a uno de los tres jueces. El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) de La Plata postergó para el próximo viernes la resolución sobre si otorga o no el beneficio de la prisión domiciliaria al represor.
Mano derecha del ex General Ramón Camps , el ex Jefe de la Policía bonaerense y responsable principal de “La Noche de los Lápices”, Etchecolatz cuenta con un triste antecedente: 5 condenas por diferentes delitos, siempre ligados al terrorismo de Estado.
La primera le llegó en 1986, en el marco de la denominada “Causa Camps”, que investigaba la participación de policías bonaerenses en el aparato represivo ilegal montado en 1976. Allí, fue condenado a 23 años de prisión por delitos de tormentos en 95 hechos comprobados. En 1990, gracias a los indultos militares que sancionó por decreto el ex presidente Carlos Menem fue liberado.
Tras la reactivación de las causas por delitos de lesa humanidad a partir de la llegada del kirchnerismo y luego de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el ex comisario fue condenado en 2004 a 7 años de prisión por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata por la supresión de la identidad de Carmen Sanz, hija de desaparecidos, en la causa por robo de bebes. Luego obtuvo la prisión domiciliaria por problemas de salud que le fue revocada por el Tribunal Oral 3, cuando se comprobó que guardaba una 9 milímetros de Fabricaciones Militares en su casa.
En 2006, fue el primer miembro de un organismo de seguridad que sin el beneficio de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, afrontó un juicio oral. El 20 de septiembre tuvo su tercera condena: prisión perpetua “por delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983”. Nuevamente el Tribunal Oral Federal N°1 fue el encargado de dictar la sentencia y ese día por primera vez se utilizó la calificación de “genocidio” en una condena por estos delitos. Culpable de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, privación ilegítima de la libertad y tormentos el represor dijo antes de que sea leído el veredicto: “No es este tribunal el que me condena. Son ustedes los que se condenan.” También se declaró como un “prisionero de guerra y detenido político”. Apenas 2 días antes desaparecía Jorge Julio López, secuestrado durante la dictadura, querellante y testigo de la causa. Su testimonio había sido clave para condenar a Etchecolatz y hasta el día de hoy no hay datos sobre su paradero.
El 24 de octubre de 2014, en la Plata, el Tribunal Oral integrado por Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus condenó a prisión perpetua a 15 militares, policías y civiles que intervinieron en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha. Se acreditó la responsabilidad de los acusados en homicidios, tormentos y privaciones ilegitimas de la libertad, todos delitos calificados en el marco de un “genocidio perpetrado durante la última dictadura militar”. Entre las más de 128 víctimas se encontraba Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. La lista de condenados estuvo encabezada por Etchecolatz, a quien se lo encontró “cómplice de crímenes de genocidio”. Al final de la sentencia, y entre los festejos del público, el genocida agarró un papel y fiel a su estilo cruel y provocador escribió “Jorge Julio López”. Luego quiso entregárselo al Tribunal pero no se lo permitieron. La cárcel de Marcos Paz lo esperaba nuevamente.
Su última condena fue el 23 de marzo de 2016. A los 87 años, la Justicia platense lo condenó otra vez a prisión perpetua por el secuestro y la desaparición de los militantes universitarios Daniel Favero y María Paula Álvarez. Al sumar las 4 sentencias anteriores el Tribunal Oral Federal N°1 le fijó una pena única de reclusión perpetua.
En la Cámara Federal de La Plata, los jueces debían decidir hoy si este genocida puede volver a su casa o no.La decisión se postergó para el viernes. Organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares querellantes en las causas por las que fue condenado, se concentraron para reclamar por la no concesión de la prisión domiciliaria. El final del comunicado es claro: “A casi diez años de la desaparición de Jorge Julio López, no podemos permitir más impunidad.”
“La prisión domiciliaria para los genocidas no es legítima, aunque sea legal”
José Schulman
Sostiene que esta dinámica “abusiva” que se ha venido dando desde la asunción del gobierno de Cambiemos ha abierto un debate en los propios organismos de derechos humanos, que tiene que ver con la diferencia entre legalidad y legitimidad
En la página web de la Liga puede consultarse el documento publicado hace unos días como solicitada en Página/12, titulado “Domiciliaria para los genocidas = Más Impunidad”. Allí los firmantes (personalidades del campo de los derechos humanos y organismos como Madres Línea Fundadora, SERPAJ, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otras) exigen que los condenados por delitos de lesa humanidad cumplan “cárcel común y efectiva” ya que “cualquier otra variante es una burla al proceso de Memoria Verdad y Justicia”.
Por eso denuncian que el hecho de que estos hechos se dan en el contexto de “una estrategia de impunidad a la que suman toda demora posible para que víctimas y victimarios perezcan con el paso del tiempo, de modo tal que unos pocos sean condenados”. “También preservan la impunidad de los grandes empresarios y sus cómplices civiles”, añade el documento.
Schulman opina que este debate es muy interesante porque tiene que ver con la discusión “acerca de si las personas que cometieron delitos incalificables, de terrorismo de Estado, que torturaron, masacraron, violaron, robaron niños, asesinaron a miles y miles de personas indefensas y luego fueron protegidas por el Estado durante 25 o 30 años deben ser equiparables a cualquier otra persona que comete un delito y que al cumplir 70 años, si se dan una serie de condiciones podría pedir el beneficio de la prisión domiciliaria”. La solicitada afirma que “la naturaleza de sus delitos no se corresponde con la modalidad de detención domiciliaria”.
En este sentido, aclara que, más allá de que el beneficio se encuentra legalmente contemplado para todo tipo de delitos, en general las personas están privadas de libertad por delitos comunes no lo piden “porque no tienen abogados, a veces ni saben que existe tal posibilidad o, si lo piden, los jueces no le dan cauce”. Como ejemplo de esto último, Schulman cuenta que “es casi una costumbre” que los enfermos de SIDA “salgan dos o tres días antes de la cárcel para morir”: “O sea, ni siquiera en los casos extremos el Estado se apiada de las personas privadas de la libertad por delitos comunes”.
Sin embargo, gracias a la campaña del diario La Nación “y otros operadores” se ha reabierto un debate al respecto y hay un sector de los organismos de derechos humanos que sostiene que “para que el proceso de juicio y castigo a los genocidas sea confiable, legítimo y respetado se debe cumplir a rajatablas, dogmáticamente, cada uno de los puntos de todos los códigos, incluyendo el hecho de que todos los represores condenados se vayan a la casa”.
Schulman sostiene que esto “ya está ocurriendo de una manera muy abusiva”: “Para fines de 2015 casi el 40% de los condenados estaban en la casa y en lo que va del gobierno de Macri esto está creciendo de manera muy acelerada. Incluso con algunas cosas muy provocadoras, como que un represor se tome un avión en Paraná para venir al médico y vuelva a su supuesta prisión en la casa”. “Con Avruj, Garavano, Lorenzetti y Macri, esa tendencia no sólo se acentúa sino que pretende sacar a todos los genocidas de las cárceles, incluidos personajes tan perversos que siguieron atentando contra la democracia como Echecolatz y sus cómplices desde Marcos Paz”, se denunciaba en la solicitada.
“Lo que está detrás de esta discusión -explica el referente de la Liga- es la diferencia que hay entre lo legal y lo legítimo: Supongamos que después de toda esta discusión en la Cámara de La Plata, que llegue a la Corte, si finalmente la corte dice que los aumentos del gas son legales y cada uno de nosotros tiene que pagar 3.500 pesos de gas ¿eso le dará legitimidad al tema?”, se pregunta. “Para nada”, concluye. Y agrega que “la legalidad no siempre va cercana a la legitimidad” y que incluso “en los períodos normales la legalidad va en contra de la legitimidad”.
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Polémica en Argentina por prisión domiciliaria de criminales de la dictadura
Cárcel común o prisión domiciliaria para condenados por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura (1976/83) suscita polémica en Argentina, luego de que un tribunal otorgara ese beneficio al emblemático exjefe policial Miguel Etchecolatz, condenado a perpetuidad.
Dos jueces de la ciudad de La Plata (sur) concedieron el viernes la prisión domiciliaria a Etchecolatz, de 87 años, alegando “cuestiones humanitarias” o simplemente su avanzada edad, y generaron indignación entre víctimas directas, testigos en los juicios y organismos de derechos humanos.
El expolicía, que inició el 26 de julio una huelga de hambre, sigue preso porque la vuelta a su domicilio le fue denegada en otra causa.
Desde que en 2006 se reanudaron los juicios por los crímenes de la dictadura, tres años después de la anulación de las leyes de amnistía, los organismos humanitarios han bregado por “cárcel común y efectiva” para procesados y condenados.
Carlos Zaidman, una de sus víctimas, señaló a la AFP que el beneficio para los represores “no es nuevo, pero es un salto de calidad. Etchecolatz es emblemático, es como si lo dejaran ir a su casa a Alfredo Astiz”, el exmarino que infiltró a las Madres de Plaza de Mayo y fue condenado entre otros por el asesinato de dos monjas francesas y una joven sueca en 1977, advirtió.
“No estamos hablando de un viejito bueno y arrepentido, sino que está demostrado en los juicios que es un asesino serial, que ha secuestrado y torturado a miles y ha robado bebés”, advirtió Zaidman, de 64 años, sobre el exjefe de inteligencia de la provincia de Buenos Aires.
Los presos mayores de 70 años tienen en Argentina derecho a la prisión domiciliaria por razones de salud, pero no se aplica de manera automática y depende de cada tribunal.
De los 1.056 detenidos por crímenes durante la dictadura (condenados y procesados), 568 están en la cárcel (54%) y 462 en prisión domiciliaria (44%), según un informe de julio de la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad. El resto está hospitalizado o en otras dependencias.
¿Cambio de época?
En el primer semestre de este año, desde la asunción del presidente Mauricio Macri, fueron otorgadas 50 detenciones domiciliarias, lo que marcó “una aceleración”, dijo Zaidman.
“Hay una política del gobierno de desandar lo caminado, un retroceso muy fuerte en derechos humanos y sociales”, consideró este lunes el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Macri mantiene una relación tensa con los organismos humanitarios que lo critican, entre otros temas, por subestimar la cifra de 30.000 desaparecidos y decir en campaña que iba a “terminar con el curro (robo) de los derechos humanos”.
Los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner (2003/2015, peronistas de centroizquierda), que impulsaron los juicios por delitos de la dictadura, dividieron aguas entre aliados y detractores en las organizaciones humanitarias.
“¿Hay que pensar que el gobierno anterior era menos malo, que el actual es más rápido o que ambos son pésimos?”, ironizó la agrupación HIJOS (de desaparecidos) La Plata, crítica de ambas gestiones.
En el primer semestre de este año, desde la asunción del presidente Mauricio Macri, fueron otorgadas 50 detenciones domiciliarias, lo que marcó “una aceleración”, dijo Zaidman.
“Hay una política del gobierno de desandar lo caminado, un retroceso muy fuerte en derechos humanos y sociales”, consideró este lunes el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Macri mantiene una relación tensa con los organismos humanitarios que lo critican, entre otros temas, por subestimar la cifra de 30.000 desaparecidos y decir en campaña que iba a “terminar con el curro (robo) de los derechos humanos”.
Los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner (2003/2015, peronistas de centroizquierda), que impulsaron los juicios por delitos de la dictadura, dividieron aguas entre aliados y detractores en las organizaciones humanitarias.
“¿Hay que pensar que el gobierno anterior era menos malo, que el actual es más rápido o que ambos son pésimos?”, ironizó la agrupación HIJOS (de desaparecidos) La Plata, crítica de ambas gestiones.
El viernes pasado, el último de 37 represores condenados en un juicio en Tucumán (norte) que permanecía en la cárcel, fue también autorizado a regresar a su casa con una pulsera electrónica.
“Está claro que hay un contexto político que está ejerciendo una presión que, si los juicios continúan, que sea con los genocidas en su casa”, consideró Guadalupe Godoy, querellante contra Etchecolatz.
“Está claro que hay un contexto político que está ejerciendo una presión que, si los juicios continúan, que sea con los genocidas en su casa”, consideró Guadalupe Godoy, querellante contra Etchecolatz.
Según la sicóloga Ana Careaga, testigo en varias causas y activista, la prisión domiciliaria es “una suerte de virtual libertad, muchas veces no se controla y se convirtió en la herramienta para reinstalar la impunidad”.
Apelar o no
El secretario de Derechos Humanos de Macri, Claudio Avruj, confirmó que no apelará más los fallos que otorguen prisión domiciliaria a criminales de la dictadura.
Una posición diferente esgrimió Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos del gobierno macrista de la provincia de Buenos Aires, quien solicitó la semana pasada “el mantenimiento efectivo de condena de prisión” a Etchecolatz.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, prometió que los juicios seguirán pero los organismos advierten sobre “los artilugios jurídicos que hacen perder peso a condenas ejemplares”, dijo Careaga.
Desde 2006, se dictaron 163 sentencias, con 689 condenados y 69 absueltos. Hay aún 846 procesados. Casi 400 murieron, la mayoría sin condena. (Texto: Liliana Samuel / AFP)