23/9/2016
ESCRIBE SAMUEL BLIXEN
De alto nivel
La infiltración en el Partido Nacional en los años previos al voto verde
El año 1987 se estrenaba bajo el signo de la caducidad. Ese verano no habría vacaciones para muchos: políticos, activistas, periodistas y también militares. Como culminación de un proceso de presiones e intimidaciones bajo la batuta del comandante del Ejército y después ministro de Defensa Nacional del primer gobierno de Julio María Sanguinetti, general Hugo Medina, el 22 de diciembre de 1986 una mayoría del Senado integrada por blancos y colorados había votado la llamada ley de caducidad, que otorgaba una impunidad absoluta a todos los militares y policías involucrados en delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Antes de que culminara el año, Madres y Familiares de Detenidos De-saparecidos lanzó la idea de juntar firmas para convocar a un referéndum anulatorio de la ley, y esa propuesta sacudió a toda la sociedad, en especial a quienes creían que la “solución parlamentaria” liquidaba el problema, tanto aquellos militantes desmoralizados como aquellos militares que respiraban tranquilos.
La inteligencia militar se puso inmediatamente en movimiento. Muchos manipuladores que mantenían vínculos habituales con sus informantes ordenaron volcar toda la atención de sus agentes al proceso de recolección de firmas y a las derivaciones que se producían a nivel político; para los militares era una prioridad adelantarse a una eventual eliminación de la impunidad.
La actitud del Partido Nacional (PN) aparecía como de atención prioritaria, a juzgar por el volumen de documentos elaborados en esos meses de verano, formularios (véase nota central) que correspondían a varios informantes reclutados en distintos círculos del PN. Los documentos no lo especifican, pero por las características de la información trasmitida, algunos “agentes” estaban muy cerca de los principales dirigentes nacionalistas.
Un agente identificado como 04 mantuvo con “Rodolfo”, su manipulador, una entrevista de una hora en Gonzalo Ramírez y Jackson, en la tarde del 7 de enero de 1987, y es el primero de una serie de documentos a lo largo de enero y febrero. El informe, evaluado como B-3, refiere a las opiniones sobre el posible referéndum entre los dirigentes blancos. La “fuente” informa sobre la opinión de Juan Raúl Ferreira y Diego Achard, para quienes “el lanzamiento de la campaña por parte del Frente Amplio puede ser un nuevo golpe político para ese sector, ya que consideran que no se van a reunir las firmas necesarias”.
El agente 04 atribuye a Ferreira Aldunate la siguiente opinión: “Wilson considera que el Mln se adelantó a todo el Frente Amplio, con lo cual es posible que ganen espacio político, ya que con el tema existe mucha gente que se ha izquierdizado, pudiendo volcarse al Mln”.
A comienzos de 1987 los tupamaros aún no habían resuelto solicitar el ingreso al Frente Amplio y agitaban la propuesta de un Frente Grande.“Según Wilson –dice el informante–, el Mln considera que no está en condiciones de hacer justicia revolucionaria, para lo cual entonces quiere ganar espacio político para posteriormente realizarla.”
El agente recuerda que el PN todavía “no ha adoptado una posición para el supuesto caso de que se junten las firmas”, pero adelanta que “se espera(¿quiénes, dónde?) que Carlos Julio Pereira no adopte una posición contraria a la de Wilson, porque eso significaría la quiebra del Partido Nacional”. Y agrega que luego de la última reunión del Movimiento Nacional de Rocha “habría habido una reconsideración por parte de los que no apoyaron la ley, principalmente por las presiones ejercidas por Gonzalo Aguirre”, uno de los que tienen –a juicio del informante– mayor peso político en el Movimiento, “y cuyo alejamiento sería nefasto para Carlos Julio Pereira”.
Una semana después, el agente 04 informaba a “Rodolfo” sobre el campamento de la juventud del Partido Nacional en Kiyú. Salvo el núcleo de militancia más fuerte de Montevideo, “hubo un trabajo a fondo con respecto a la ley” entre las delegaciones de todo el Interior, que “venían hechos una furia con respecto a los derechos humanos”. Según el informante, “el trabajo de ablandamiento fue de la siguiente manera: el domingo estuvieron presentes en todo momento Diego Achard y Lucas Mansilla (ex dirigente tupamaro); el lunes fue Guillermo García Costa; el jueves fue Juan Raúl Ferreira, el viernes fue (Alberto) Zumarán, y cuando llegó Wilson Ferreira el sábado ya estaba todo previsto. La gente que estaba más radical, cuando llegó Wilson les habló y apoyaron tal postura”.
El informe del agente 04 consigna, en lo que parecía ser un momento crítico de la relación con la juventud del partido, las intervenciones fundamentales de Achard y Zumarán. Achard habría dicho que “tenía información de fuente fidedigna” de que había “grupos paramilitares armados y que existían también grupos de izquierda armados”, de modo que fue “de fundamental importancia encontrar una ley que calmara los ánimos y moderara esta situación”. El texto definitivo, después de varias versiones, aprobado por el Senado un mes antes, había sido de la autoría del senador Martín Sturla.
Zumarán, según el informante, habló de la “necesidad de captar los votos que quedaron o que supuestamente han quedado a raíz de la radicalización del Frente Amplio hacia la izquierda, o sea, los votos de centroizquierda, en una palabra, los votos de (Hugo) Batalla”. Achard –consigna el informe de inteligencia– explicó que “era un plan del partido para disputar el gobierno del 89, y que dentro de ese plan, obviamente está sacar del medio a Batalla. Hay que presentarlo como un hombre bueno, pero más adelante habrá que decirle a la gente de que es tan bueno que ni siquiera sirve para gobernar”.
Un informe elaborado en vísperas del congreso del Partido Nacional, en febrero de 1987, sobre la estrategia política de Wilson Ferreira Aldunate, revela la aparente facilidad del infiltrado para obtener información sensible. El agente opina que “el lograr correr el FA hacia la izquierda era un objetivo desde que Wilson salió de la cárcel. En estos dos años pasados el Partido Nacional recuperó o tuvo una estrategia para recuperar los votos conservadores que se volcaron hacia Sanguinetti” en las elecciones de 1984. Con la “izquierdización” del FA en torno a la impunidad, “queda todo un espacio vacío que es lo que el partido intenta cubrir”. Pero, dice el informante, si se produce una coparticipación como promueve Jorge Batlle, “si el partido integra un gabinete, es decir, se compromete con el gobierno de esa forma, de hecho está dejando de ser oposición, y el FA vuelve a ocupar el espacio de centroizquierda, que es lo que busca dicha coalición”. Una coyuntura tal, en opinión del informante, “a (Dardo) Ortiz y a (Luis Alberto) Lacalle los podría conformar. Pero a Wilson le costaría mucho más”.
Respecto de la disciplina sobre una eventual recolección de firmas, el informe atribuye a Zumarán la reflexión de que si Por la Patria decide apoyar la junta de firmas, “salen todos a la calle”; pero si decide no recolectar, “a quien salga a juntar se le aplicará la disciplina del partido y la expulsión del Movimiento. Con respecto a los que votaron en contra de la ley, el caso de (Óscar) López Balestra y otros, dijo Zumarán que esta era la última vez que estaba dispuesto a perdonar una situación de este tipo”.
Otros agentes informan sobre el PN y alguno desde la redacción del semanario La Democracia, pero el agente 04 parece tener acceso a las opiniones vertidas en el seno del Directorio del partido. A diferencia del método de trabajo con los informantes, donde aparecen documentos con transcripciones de las conversaciones grabadas en los encuentros, el agente 04 entrega textos previamente elaborados. Salvo que algunos de sus datos hayan sido captados en reuniones muy pequeñas, parece poco probable que pueda ser identificado en su doble condición de militante blanco y a la vez informante de la inteligencia militar. En los formularios no se consigna ningún pago por sus servicios.