Una denuncia desde el semanario “Brecha”

brecha23/9/2016

Escribe Samuel Blixen

milicos

Documentos en poder de Brecha revelan detalles del espionaje desplegado por la inteligencia militar en democracia contra políticos y sindicatos. Sus métodos, los objetivos, el reclutamiento de agentes, el dinero invertido y las presiones para obligar a personas a colaborar con lo que llamaban “la agencia”.

Por razones que pueden ser en­tendibles, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, dio argumen­tos deliberadamente confusos en las explicaciones que ofreció a una comisión del Senado sobre el contenido del llamado “archi­vo paralelo de inteligencia”, que fue incautado en el domicilio del fallecido coronel Elmar Casti­glioni.

Y es entendible porque una eventual comisión investigadora parlamentaria –cuya instalación está a consideración de la banca­da de diputados del Frente Am­plio– podría revelar hasta dón­de la secular autonomía militar está fuera del control civil. Sea como sea, el ministro afirmó que el coronel retirado “no tenía na­da que ver con el Ministerio de Defensa Nacional, como tampo­co el archivo que se encontró en su casa luego de su fallecimien­to. Tenemos la certeza de que no existen archivos de inteligen­cia”. Tal explicación induce a pensar que el coronel Castiglioni elaboró los documentos incauta­dos después que pasó a situación de retiro. También el ministro afirmó: “Hace tiempo, no sólo en este gobierno, también en los anteriores, que Defensa no rea­liza inteligencia con personas u organismos”.

Las dos afirmaciones son te­merarias: los documentos en po­der de Castiglioni son fotocopias de originales producidos en re­particiones de la inteligencia mi­litar; son, por tanto, documentos oficiales que están archivados, y esos documentos se refieren a seguimientos de personas, cap­tación de informantes e infiltra­ción de agentes en partidos polí­ticos, sindicatos y empresas del Estado, en operativos realizados en democracia que abarcan a to­dos los períodos de gobierno.

Estas afirmaciones están sus­tentadas en la documentación que está en poder de Brecha y cuyo análisis arroja conclusio­nes sorprendentes sobre los cri­terios aplicados, las estrategias de espionaje, los “objetivos” priorizados, los métodos de re­clutamiento de informantes, la infraestructura y recursos hu­manos aplicados al espionaje, y hasta la contabilidad de los “sueldos” que se pagaban a los soplones. En sucesivas publica­ciones, Brecha brindará detalles del espionaje a que fueron some­tidos los “objetivos” de la inteli­gencia militar, por un criterio de transparencia, y porque los es­piados tienen derecho a manejar la información que permita iden­tificar a los espías, que en todos los casos eran miembros de las organizaciones espiadas. Tienen, también, el derecho de reclamar al gobierno el acceso a esa infor­mación.

“LA AGENCIA.” 

Durante el perío­do en que las actividades de in­teligencia militar funcionaron en la órbita de la Dirección Nacio­nal de Información de Defensa (sucesora del Servicio de Infor­mación de Defensa y anteceso­ra de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado), el De­partamento III gustaba llamarse a sí mismo como “la agencia”, en un remake local de la famosa Cia, precisamente porque conta­ba con un verdadero ejército de espías. Así, en los formularios donde se transcriben los infor­mes, se consignan los detalles, se adosan comentarios y se es­tampan directivas, los responsa­bles suelen escribir: “A la agen­cia no le sirve la información aportada”, o: “Parece que el agente quiere desvincularse de la agencia”.

Por lo que se desprende de los documentos, el Departamen­to III (que podría ser de contrain­teligencia) mantenía una estricta compartimentación y un sistema de claves: el agente era desig­nado con un número, pero en la transcripción de las entrevistas en ocasiones se lo identificaba con un seudónimo, “Salvador”, “Martín”, etcétera. Cada agente tenía un “manipulador”, un mili­tar de inteligencia, presuntamen­te oficial, también identificado con un seudónimo (“Mauro”, “Solari”, “Diego”), cuyo respon­sable monitoreaba las entrevistas que se realizaban frecuentemen­te en las calles y ocasionalmente en la “base” y la “base II”, aun­que no hay referencias de su ubi­cación.

El formulario tiene casille­ros para la ubicación y fecha del encuentro, la hora y la duración; ocasionalmente, además del nú­mero del agente y el seudónimo del manipulador, se consigna el nombre femenino de quien reali­zaba la transcripción de las con­versaciones grabadas. Se iden­tifica el vehículo utilizado y, cuando es propiedad del infor­mante, el gasto de nafta; también el consumo cuando el encuentro es en un bar. En cada encuentro se establecía el próximo contac­to, pero en ocasiones el infiltrado recibía una llamada telefónica convocándolo para una reunión. Hay una cierta rutina en la elec­ción de los lugares de encuentro, que sugiere la zona donde vive o trabaja el agente.

Pese a los rigurosos criterios de compartimentación, en mu­chos casos el registro de la re­lación entre agente y manipula­dor dejaba al descubierto pistas para la identificación del espía. Así ocurría con un “agente” que sacaba información de la Cor­te Electoral en el período de ve­rificación de firmas para el ple­biscito, atendiendo a los pedidos sobre nombres y direcciones; en la transcripción de los informes se indican los horarios y la ex­tensión telefónica para contac­tarlo. Un fotógrafo que durante dos años espió los movimientos, escuchó conversaciones en Mate Amargo, el quincenario del Mln, y entregó fotografías de actos y manifestaciones (“que no saque panorámicas”, indicó a mano el supervisor), aportó tanta infor­mación sobre personas, colegas y actividades, que su identificación sería tarea fácil. O el caso de un manipulador que pretendió reto­mar el contacto con una joven, llamándola a su casa por teléfo­no, sin ubicarla; insistió tanto que el padre de la joven llamó a uno de los teléfonos de la “agencia”, advirtiendo que no molestaran más a su hija. El manipulador pu­do confirmar después que el pa­dre obtuvo el número buscando en la agenda de su hija.

Un in­formante del Partido Colorado dio tantas referencias personales para explicar por qué había aban­donado el contacto, que su iden­tidad real no sería un problema. Una “fuente” consignó la razón de haber accedido a cierta infor­mación: “Yo soy mozo del bar Roma”. El agente que trabaja­ba para la “agencia” en la Inten­dencia obtuvo planos de casas y edificios de apartamentos, lo que sugiere no solamente vigilancia sino también allanamiento ocul­to, como le ocurrió al ministro del Interior del primer gobierno frenteamplista.

La “agencia” procuraba que el agente no sólo obtuvie­ra información o documentos a su alcance; también preten­día que se involucrara en ac­tividades de seguimiento y de relevamiento. El agente 17-G realizó un relevamiento en la finca de San Nicolás 1408 para establecer si allí residían per­sonas llegadas desde Argenti­na. “Intervinieron la fuente y la señora.” El mismo agente 17-G relevó el fondo, el gara­ge y la planta baja de la finca de Pilcomayo 4776. Se estable­cieron los nombres de los que vivían allí y la inspección ocu­lar de libros de izquierda, fotos del Che Guevara, balconera del voto verde y bandera del Fren­te Amplio. No se especificó qué “cobertura” utilizaron los agentes; en cambio, la inspec­ción en una farmacia del Cerro y los apartamentos del edificio pudo ser efectuada haciéndose pasar los “agentes” como em­pleados de Ose.

Del otro lado, los nombres de los funcionarios de inteligencia y de los militares que cumplían trabajos de campo como mani­puladores están muy resguarda­dos. En la documentación a la que accedió Brecha, sólo apare­ce un nombre (con visos de ser el real) en unos “partes de infor­me” del jefe del Departamento III, capitán Robert Terra, sobre “Mln-T”, sobre“Evaluación si­tuación actual del Pcu”, sobre “Relevo de Rodney Arismendi”.

LOS MÉTODOS DE LA AGENCIA. 

Los documentos permiten estable­cer los métodos de relacionamien­to con los “agentes”. En general establecen vínculos que fomentan la confianza y son permisivos con las “faltas” del informante cuando no concurre a un contacto o cuan­do da excusas para explicar por qué no obtuvo determinado docu­mento, sea éste el nombre del pro­pietario de un vehículo que otro agente ubicó en las cercanías de un zonal del Partido Comunista o de un cantón del Mln, el texto de una comunicación interna en Au­te, o la veracidad de las informa­ciones brindadas por un espía de la Alianza Nacional, un grupo de extrema derecha con vínculos en­tre los partidarios de Aldo Rico y la derecha peronista en Argentina.

Los manipuladores también están dispuestos a resolver, en alguna medida, los problemas económicos de los informantes, pero en todos los casos la entre­ga de dinero –se indica expresa­mente– es a cambio de resulta­dos. Los “sueldos” que aportan, y que quedan estampados en los formularios, varían según la in­tensidad de la actividad o la cali­dad de la información: en un en­cuentro se entregan 3 mil pesos (a moneda corriente de 1987), en otro se pagan 10 mil pesos, y a un informante se le pide un es­timativo de cuánto necesita para vivir y a la vez realizar las tareas, ¿70 mil, 90 mil pesos? Al agen­te 35, por ejemplo, se le pagaron 10 mil pesos en enero de 1987 por la información que trasmitió sobre las reuniones del Secreta­riado del Pit-Cnt.

Por lo general, el manipula­dor no expresa al espía las crí­ticas que internamente se hacen a la calidad de la información; simplemente se insiste en con­cretar determinadas tareas y muy a menudo se consigna, en los diálogos, que se debe tener cuidado, que el espía no debe arriesgarse a ser detectado. Pero esa condescendencia en ocasio­nes da paso a verdaderas ame­nazas y duras críticas que des­cubren la real naturaleza del vínculo. Un encuentro entre ma­nipulador e informante fue par­ticularmente violento cuando el primero vio accidentalmente en la calle al espía, quien había fal­tado a un contacto porque “tu­ve que trabajar”“Guillermo te quiere pegar un tiro”, amenazó el manipulador.

La “agencia” no descarta ningún reclutamiento, ni siquie­ra cuando el manipulador descu­bre que el informante en realidad es un delincuente que vende au­tos robados. Los documentos re­velan el interés del manipulador por definir la personalidad de los “objetivos” que son espiados por su agente; cuando el objetivo es­tá en un puesto clave, de donde se podría obtener directamente la información, el manipulador pre­gunta sobre el estilo de vida, sobre la existencia de amantes y sobre el volumen de deudas; aunque no se dice, se buscan elementos para un nuevo reclutamiento. Así, el agen­te 20-G, que en agosto de 1989 vivía pegado al domicilio del ob­jetivo, se pasaba el día y la noche en la ventana, consignando todos los movimientos de un militante del Partido Comunista.

En uno de los formularios, su manipulador, “Diego”, consignaba: “Se conti­nuaron las averiguaciones rela­cionadas a la posible amante de (…). La Nnf se llama Margarita y se la conoce en el barrio como la flaca Margarita”. En los par­tes del agente 07, que informaba sobreMate Amargo, el Mro y el Mpp, el manipulador le preguntaba por un periodista y sus acuciantes problemas de dinero; el agente era escéptico sobre el reclutamiento.

LOS FOCOS DE INTERÉS. 

La “agencia” no tenía límites a la hora de presionar. Quien en los documentos aparece como “agente 06-E” era en realidad el esposo de una integrante del Co­mité Central del Partido Comu­nista que, como se consigna, “se muestra por el momento esquivo a colaborar”, pese a que accedió a mantener contactos en la calle, en abril de 1989. El supervisor “Guillermo” y el manipulador “Diego” concluyen que los argu­mentos brindados por la fuente “son una estratagema para que se le corte la vigilancia y segui­miento a que está sometido”. El cerco era implacable: el agente no concurrió a un encuentro en Propios y Joanicó, por lo que “se concurrió a la casa y se detec­tó su vehículo estacionado en la cochera. Se realizó una llama­da telefónica a su casa y aten­dió una Nnf (posible esposa)”. El manipulador consignó que “la fuente está evitando a toda costa ser enganchado”, dedu­ce que “no ha realizado ningu­na comunicación al Pcu sobre su abordaje”, y en el formula­rio explicó las posibles razones: “Podría ser por miedo a repre­salias o porque en su pasado hay algo turbio”.

El episodio revela el profun­do interés en ubicar una fuen­te cercana al Comité Central. El Pcu era uno de los objetivos prioritarios de la inteligencia mi­litar a la par del Mln, el Mpp, el Pit-Cnt, y el Partido Nacional, al menos a lo largo del proceso sobre la ley de caducidad y su derogación mediante referén­dum. Pero el grueso del espio­naje se enfocaba en las organi­zaciones de izquierda y en los sindicatos, donde los agentes se preocupaban de establecer la fi­liación política de los dirigen­tes y de todos los militantes que aparecían en las listas. Muchos de los informantes espiaban en círculos de base de las organiza­ciones políticas, pero tenían una gran capacidad para hacer hablar a los responsables de un grupo o a aquellos que tenían contacto con las direcciones.

Queda claro que la inteligen­cia militar espiaba a personas y organizaciones, en democracia. Lo que no está claro, y una comi­sión investigadora podría descu­brir, es el para qué, con qué fina­lidad se espiaba y qué líneas de acción, política o represiva, se generaban a partir de la informa­ción obtenida, que costaba tanto trabajo y tanto dinero.

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