El fiscal Ouviña avanza en la descripción de la asociación ilícita transnacional
La SIDE y Orletti, las claves del eje Argentina-Uruguay en la Operación Cóndor
El alegato de la Fiscalía en el juicio por la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur cumplió sus trabajos. Represores argentinos y uruguayos actuaron en ambos países para la persecución de disidentes políticos y la sustracción de los recursos económicos de las organizaciones que integraban.
Se ha probado en el juicio que los organismos represivos uruguayos participaron de manera coordinada en Cóndor”, concluyó el fiscal general Pablo Ouviña en el alegato -va por su sexta jornada de exposición- en el juicio a 17 acusados argentinos y un uruguayo por el funcionamiento de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur denominada Operación Cóndor.
El fiscal terminó este martes de explicar la actuación coordinada entre represores argentinos y uruguayos y avanzó en la descripción de 27 casos de víctimas del vecino país que -en su mayoría- estuvieron secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti, en Buenos Aires.
Argentina en el Cóndor
Para llegar a ese punto, Ouviña -asistido por la fiscal ad hoc Mercedes Moguilansky- había expuesto primero la zonificación militar y la estructura de inteligencia de las fuerzas represivas en la Argentina y, entre el viernes y el martes pasado, se refirió a la contribución de ese sistema en la Operación Cóndor.
En ese sentido, señaló que en la normativa militar vigente en nuestro país en la época, se incluyó “en el conjunto de enemigos a combatir por todos los niveles de la fuerza”, a los “miembros de las organizaciones extranjeras que eran catalogadas como subversivas, y en especial a la Junta Coordinadora Revolucionaria”, la JCR, que en los ’70, fue un enlace de los movimientos guerrilleros del Cono Sur.
El fiscal explicó que “en las normativas, se dieron órdenes y misiones específicas destinadas, por un lado, a impedir el acceso de esas organizaciones a nuestro país, así como el apoyo que podían proveerle a las organizaciones locales, y por el otro, a evitar que salieran hacia los países limítrofes personas que ya estuvieran aquí, sea que ellas pertenecieran a organizaciones nacionales o extranjeras”. Además, dijo, se tomaron medidas destinadas a impedir el acceso al asilo político que a estas personas podían proveerle las embajadas en Argentina.
En ese sentido, mencionó, entre otras pruebas, el Anexo 12 del Plan del Ejército contribuyente al Plan de Seguridad Nacional, titulado “control de las sedes diplomáticas”, que instruía a “abrir fuego” en caso de que no respondieran a la voz de alto las personas que quisieran ingresar a las embajadas o consulados por “lugares no comunes”, al tiempo que establecía que “en todos los casos se procederá a la detención de los mismos”.
Por su parte, la Directiva 504/77 del Ejército establecía que los comandos de zona debían impedir “el apoyo desde o hacia su jurisdicción de las organizaciones subversivas que actúen en el país o fuera de él”.
Tras citar las diferentes disposiciones, el fiscal Ouviña concluyó que los comandos de zona y las jefaturas de subzona, áreas y subáreas “no sólo tenían conocimiento sobre la existencia de las redes de coordinación represivas” de la Operación Cóndor sino que “participaban activa sistemáticamente de ellas”. Al respecto, señaló que esa participación se daba a través del mecanismo del “área libre”, permitiendo la actuación de fuerzas extranjeras en el territorio bajo su responsabilidad o disponiendo que fuerzas nacionales persiguieran a miembros de organizaciones extranjeras.
Todas esas conductas, dijo Ouviña, “importaron de por sí un aporte sistemático con la asociación ilícita Cóndor que, en vitud de ello, integraron”.
La SIDE y Orletti
Ouviña también analizó el rol del centro clandestino de detención Automotores Orletti -ubicado en la calle Venancio Flores 3519/3521 de la Capital Federal- en la Operación Cóndor “porque allí fueron alojadas clandestinamente y torturadas un número importante de las víctimas” de esta causa. En efecto, el análisis también le permitió el estudio del aporte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), uno de cuyos ex agentes, Miguel Ángel Furci, se encuentra entre los acusados y porque además lo sucedido en aquél lugar se relaciona con el único de los imputados extranjeros que está siendo juzgado en este proceso, el militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini.
El fiscal recordó la sentencia dictada en 2011 por el mismo Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 respecto de crímenes en Automotores Orletti y puntualizó que la SIDE, “como la CIA en Estados Unidos, produce inteligencia estratégica nacional y trabaja para la Presidencia, mientras que las unidades de inteligencia de los ejércitos trabajan para el jefe de ese Ejército, Armada o Fuerza Aérea y para sus comandantes”, aunque en este caso -por las directivas represivas- se encontraba “bajo el control funcional del Ejército”, lo cual “no le daba [a este último] capacidad de mando” sobre ella pero “le permitía fiscalizar sus actividades” en el marco de la represión ilegal.
En efecto, en 1976, narró Ouviña, la SIDE pasó al mando del general del Ejército Carlos Otto Paladino, quien hasta entonces había sido jefe de Inteligencia del Estado Mayor General de aquella fuerza. A ello, se suma que a la SIDE se integraron numerosos miembros del Ejército en puestos de dirección.
La situación derivó en que la SIDE integrara la denominada “comunidad informativa” -la entente que reunía a las agencias de espionaje de todas las fuerzas de seguridad y armadas- y que tuviera a su cargo el GT 5, integrado por personal del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, “cuyas funciones eran detectar blancos de la JCR y las relaciones internacionales de las organizaciones político-militares nacionales”. Entre otras pruebas de ello, el fiscal Ouviña citó la declaración indagatoria del fallecido policía federal Juan Antonio del Cerro, quien señaló que el GT5 trabajaba con “Tupamaros, MIR chileno y MIR boliviano, controlando también elementos de la Junta Coordinadora Revolucionaria”.
El fiscal describió que la prueba indica que la SIDE desarrolló sus tareas principalmente en el Comando de la Zona 1 (Capital Federal, gran parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa) y en la Zona 4 (Campo de Mayo), donde tenía la mayor cantidad de recursos.
En este contexto, el grupo de tareas que operaba en Automotores Orletti realizó “un enorme número de operaciones” (allanamientos y secuestros) que “transcurrieron sin mayores dificultades para sus autores, lo que no podía haber ocurrido de no ser porque habían sido previamente concertadas y coordinadas con las autoridades militares y policiales a cargo del control poblacional”.
“Este centro clandestino tuvo la particularidad de alojar principalmente a personas pertenecientes a organizaciones políticas extranjeras, especialmente de Uruguay, Chile y Bolivia, y en este sentido también se ha comprobado que fue utilizado por miembros de las fuerzas represivas de esos países, quienes actuaban coordinadamente con la ‘Banda de Gordon’ [por el inorgánico, Aníbal Gordon, miembro de la Triple A], entre los que se encuentra el acusado Manuel Cordero Piacentini”, señaló el fiscal, al tiempo que recordó que Orletti era conocido como Base O.T.1.8 en el cifrado lenguaje de los espías.
Judicialmente, fue acreditado que Orletti funcionó entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976. “Como derivación del cierre se produjo el retiro de Otto Paladino, la disolución de la O.T. 18 y la visita de los integrantes de este grupo al CCD ubicado en Boulevard Artigas y Palmar, en la Ciudad de Montevideo, Uruguay, donde en ese momento permanecían todavía cautivos algunos de los ciudadanos uruguayos que habían sido secuestrados en Argentina, mantenidos en cautiverio en Orletti, y trasladados clandestinamente a Uruguay”, narró Ouviña.
El fiscal hizo hincapié en el antisemitismo que caracterizó a los represores de Orletti y describió, entre otros métodos de aplicar vejámenes, que la planta alta estaba destinada a los “interrogatorios bajo tortura” donde había “una máquina con que se colgaba a las víctimas, haciéndolas pender con sus brazos colocados por detrás, y que las bajaba y subía provocando que tocaran con la punta de los pies el piso que había sido inundado de agua y sal gruesa”.
Uruguay en el Cóndor
En su alegato, el fiscal Ouviña identificó distintas fases durante la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985. El análisis tuvo como objeto individualizar a los grupos de víctimas perseguidas en ese país y describir la organización de la represión a los disidentes políticos.
Desde 1972, la represión especialmente estuvo dirigida al MLN-T Tupamaros y “fue casi exclusivamente policial”, y tuvo su punto más alto en esa primera etapa con el asesinato del dirigente de aquella organización, Raúl Sendic. Las Fuerzas Armadas comenzaron a intervenir a partir de 1974, con la sanción de la “nueva” ley orgánica militar.
La represión, así, pasó a manos del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que según las necesidades, actuó con la primera División del Ejército o con el Grupo de Artillería 1, a cargo del teniente coronel de ese país Nino Gavazzo. “Esta estructura represiva modificada fue la que actuó a continuación, y de manera sistemática, en las oleadas represivas contra las organizaciones políticas uruguayas”, señaló Ouviña, y remarcó que “una de las características de este período es que se extendió el uso de los centros clandestinos de detención”.
El fiscal luego se refirió a la “evolución y característica de los organismos uruguayos afectados a la represión que tomaron parte en la coordinación represiva regional”. Mencionó en primer lugar al Servicio de Información de Defensa (SID), dependiente de la Junta de Comandantes en Jefe, que tenía tres funciones: “desarrollar tareas de contrainteligencia dentro de las FFAA, servir de nexo con servicios de inteligencia de otros países y coordinar con la Policía en todo lo relacionado con actividades catalogadas de ‘terroristas'”.
El SID estaba compuesto por seis departamentos. El 3, llamado Planes, Operaciones y Enlaces, “estuvo a la cabeza de la coordinación represiva de nuestro país en una buena parte de los hechos objeto de este juicio” entre 1976 y 1977, indicó Ouviña, y agregó que allí se desempeñó el acusado Manuel Cordero Piacentini, como tercero en el mando, detrás del teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti y de José Nino Gavazzo.
El capitán uruguayo Gilberto Vázquez, séptimo en la cadena de mando del SID, declaró en 2006 que el organismo tenía enlaces “por ejemplo con Argentina, Alemania, Paraguay, Chile, Brasil, Israel, Estados Unidos… en todos los países donde hubiera intereses”, citó Ouviña.
El militar dijo además que su enlace en la Argentina era el coronel Nieto Moreno, jefe de contrainteligenicia de la SIDE y a cargo del GT 5, y especificó que las relaciones eran telefónicas, por teletipo y también presenciales para entregar y recoger información.
Gavazzo, en tanto, dijo que era enlace con la SIDE en Argentina y que en 1975 llegó a reunirse con la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón.
El OCOA fue otro de los organismos vinculados a la represión ilegal en Uruguay y dependía del Comando General del Ejército. Su objetivo era “coordinar y centralizar la llamada ‘lucha antisubversiva'”.
Gavazzo dijo en 2006 en Uruguay que en el país había cuatro OCOAS, ubicados dentro de cada uno de los comandos de divisiones del Ejército.
Ouviña describió que los OCOA estaban conformados por “personal militar y policial en comisión, que actuaban como oficiales de enlace para coordinar operaciones e información”, y añadió que, según su legajo, Cordero “estuvo en comisión en este organismo en los años 1974 y 1975”.
Otro de los organismos del Estado uruguayo que intervino en la Operación Cóndor fue la Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencia (DNII). Fue una institución policial que tenía una larga historia en la materia, pues había sido creada con otro nombre en 1947. Dependió hasta 1978 de la jefatura de Policía que, durante la dictadura, había sido militarizada. Luego, pasó al organigrama del Ministerio del Interior.
El fiscal Ouviña dijo que esa Dirección “tuvo un papel destacado” en la represión a los Tupamaros y al Partido Comunista y que además “tenía responsabilidad directa en el control de los extranjeros que ingresaban al país”.
Finalmente, el otro organismo que tuvo injerencia en la represión fue el denominado “Cuerpo de Fusileros Navales”, que dependía de la Armada uruguaya.
Fundadores
Para considerar acreditado que “los organismos represivos uruguayos participaron de manera coordinada en Cóndor”, el fiscal Ouviña tuvo en cuenta que representantes de ese país participaron de la “reunión fundacional” celebrada en Santiago de Chile a fines de 1975. Entre otras pruebas, tuvo en cuenta una entrevista que el coronel uruguayo José Fons le concedió al periodista John Dinges, autor de un libro sobre el plan represivo, en el que el militar “confirmó la existencia de la reunión y dio detalle sobre los planes de utilizar Cóndor como un marco para intercambiar información, pero también para realizar operaciones de secuestro y traslado de detenidos”, dijo Ouviña.
El fiscal también recordó documentos que dan cuenta de la circulación de la información de la alianza represiva en Uruguay y recordó aquellos que mencionan a Gavazzo como jefe de “CONDOROP”, es decir, la Operación Cóndor, lo cual fue reconocido por el propio militar uruguayo ante el Poder Judicial de su país.
Ouviña también citó al capitán Vázquez cuando dijo que los intereses de Uruguay en el plan se desprendían de dos razones: el peligro que veían en la Junta Coordinadora Revolucionaria y la competencia con el comisario Hugo Campos Hermida, de la DNII, quien había establecido relaciones en Argentina y Paraguay. En ese sentido, el militar declaró que para Uruguay la Operación Cóndor fue una “forma de poner orden en el intercambio de información”.
Oleadas represivas
El fiscal Ouviña realizó una descripción de las organizaciones políticas uruguayas cuyos militantes fueron víctimas de persecución. Al respecto, señaló que en ese país “la represión de las organizaciones se produjo por oleadas” y que, a partir de mediados de la década del setenta, “se advierte una continuidad de esa represión a ambos lados del Río de la Plata”.
Ouviña mencionó en primer lugar a los Tupamaros, al Movimiento 26 de Junio y a Nuevo Tiempo, y describió su historia. Señaló que “fueron muy perseguidos” entre 1969 y 1972 y que por esa razón sus miembros emigraron a Chile, hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y Argentina, que estaba en transición democrática. Indicó además que, si bien su capacidad operativa mermó en 1975, “siguieron siendo perseguidos”.
Otro de los grupos que sufrío la represión fue el Partido Comunista Uruguayo, cuyos integrantes fueron víctimas de “oleadas de secuestros en Uruguay y Argentina”. La “Operación Morgan” -tal el nombre impuesto por los propios represores uruguayos al plan contra los comunistas entre 1975 y 1984- fue una de las fases más intensas de la represión a ese grupo, dijo Ouviña. “Si bien no se aprecian secuestros masivos en Argentina de miembros del PC, no se puede dejar de anotar que entre 1975 y 1977 se produjo al menos una por año”, precisó.
La Unión Artiguista de Liberación (UAL), un organismo pluripartidario, fue otro de los grupos perseguidos. Lo integraban las Agrupaciones de Militantes Sociales, el Partido Comunista Revolucionario, los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y Nuevo Tiempo. Ouviña indicó que “los GAU fueron ilegalizados por la dictadura uruguaya en noviembre de 1973”, lo cual “motivó el exilio de varios de sus miembros en Buenos Aires, donde se integraron en la UAL”.
Finalmente, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), también fue perseguido. Entre otros hechos, Ouviña narró el secuestro el 9 de junio de 1976 en Argentina de Gerardo Gatti, miembro de la dirección del PVP, y de su secretaria, Pilar Nores Montedónico, quienes fueron llevados a Automotores Orletti, bajo custodia de represores argentinos y uruguayos de la OCOA, el SID y la DNII. El procedimiento fue seguido del secuestro en Buenos Aires de otro uruguayo, Washington Pérez Rossini, a quien en Orletti le exigieron que hiciera de intermediario en una negociación con el PVP para la liberación de Gatti y otras diez personas secuestradas en Uruguay a cambio de 2 millones de dólares.
Montedónico fue la primera trasladada a Uruguay en un vuelo comercial que salió desde Aeroparque el 20 de julio. Cuatro días después, otros 24 prisioneros fueron enviados al país vecino, pero en un avión no comercial, episodio que en el expediente judicial se conoce como “primer vuelo”.
Una vez realizados los traslados, el SID montó “un operativo de detención del grupo, que sería mostrado como grupo guerrillero que había intentado invadir Uruguay”, con lo cual se demostraba “el ‘peligro’ en que se encontraba el país”, indicó Ouviña, y agregó que de esa forma se cumplían dos objetivos: lograr la adhesión de la población a la dictadura y fortalecer la imagen de Uruguay frente a Estados Unidos, donde era cuestionado por las violaciones masivas a los derechos humanos.
Meses después, las víctimas de aquél operativo fueron “blanqueadas” y posteriormente liberadas.
Pero hubo una “segunda oleada” contra el PVP, narró Ouviña, especialmente centrada en el dinero que manejaban los miembros del partido en Buenos Aires y que los represores no habían conseguido en la “primera oleada”.
La “Banda de Aníbal Gordon” y los represores uruguayos encabezados por Gavazzo lanzaron la ofensiva el 26 de septiembre de 1976, en busca de los referentes partidarios Alberto Mechoso, Adalberto Soba y Roger Julién. A sus secuestros y a la obtención del dinero, le siguieron las capturas de sus familiares y de otras personas vinculadas: todos, en total 36, incluidos niños, fueron a parar principalmente a Orletti, aunque también pasaron por un departamento que la SIDE había tomado tras secuestrar a los uruguayos que lo habitaban. De los 36, hubo sólo 13 sobrevivientes.
Una de las niñas secuestradas, Mariana Zaffaroni, fue apropiada por el acusado ex agente de la SIDE, Miguel Ángel Furci. Un grupo de prisioneros fue repatriado forzadamente a Uruguay, donde años después recuperaron la libertad.
La persecución a miembros del PVP continuó luego en suelo paraguayo -con actuación de la SID y de la SIDE- y brasileño, con el resultado de dos secuestros en cada país.
La coordinación en Uruguay
Ouviña también se refirió a la actuación de organismos represivos de la Argentina en suelo uruguayo. Narró el secuestro de los hermanos Lila y Claudio Epelbaum, ocurrido en Punta del Este el 4 de noviembre de 1976, y su traslado a la Argentina, que -entre otros elementos- fue corroborado en 2014 cuando los restos de Lila fueron hallados en el cementerio de Avellaneda.
El fiscal luego señaló una serie de secuestros a un grupo de militantes montoneros, cuyos casos no forman parte del objeto procesal de este juicio. En uno de ellos, dijo, se comprobó el traslado del grupo de tareas de la ESMA para repatriar a la víctima, que fue confinada en ese centro clandestino. En otro episodio, fue secuestrado el pianista Miguel Ángel Estrella y otras tres personas, que luego también fueron entregadas al grupo de tareas de la ESMA, aunque permanecieron en Uruguay.
Ouviña también contó el caso de Alejandrina Barri, cuyos padres fueron secuestrados en Uruguay. “Los organismos represivos montaron una operación psicológica de difamación en la que fue fotografiada y sus fotos publicadas en la prensa argentina y uruguaya. Allí, se dio difusión al operativo montado en Uruguay contra esta célula de Montoneros y se sostuvo que la niña había sido abandonada por sus padres, que era una víctima y que sus padres habían decidido dejarla huérfana”, recordó Ouviña.
Otro operativo ejecutado en suelo uruguayo, que integra el objeto de este debate, es el que involucró a la familia Grispón-Logares, que en Argentina habían estado vinculados con la organización Montoneros, narró el fiscal. “Fueron secuestrados en Uruguay el 18 de mayo de 1978 y repatriados forzosamente a la Argentina, donde fueron mantenidos en cautiverio primero en la Brigada de San Justo y luego en el ‘Pozo de Banfield'”, completó. La hija del matrimonio, Paula Eva Logares, fue apropiada por el subcomisario de la brigada, Rubén Luis Lavallén. La niña fue la primera nieta recuperada tras la asunción del gobierno constitucional en diciembre de 1983.