SAMUEL BLIXEN
La justicia injusta
180 causas de crímenes de lesa humanidad no pasaron de la etapa de presumario. No es que quede mal parado: el balance de los últimos 30 años de administración de justicia muestra a un Poder Judicial de rodillas, negándose a sí mismo y apañando la impunidad.
Hace exactamente 30 años, un 22 de diciembre, una mayoría de senadores aprobaba la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y así mutilaba la independencia del Poder Judicial y desvirtuaba el principio constitucional de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. La fundamentación de un senador blanco de que el Parlamento debía inclinarse ante “la lógica de los hechos” era apenas una excusa vergonzante: los “hechos” consistían en la decisión de un general –Hugo Medina– de desconocer la orden de un juez penal para que un militar retirado –José Gavazzo– fuera a declarar al juzgado. Medina guardó la citación en la caja fuerte del Comando del Ejército y en aquel entonces se especuló con que ese gesto pudo haber sido previsto en las negociaciones secretas del Club Naval, cuyo pacto no llegó a consagrar la aspiración militar de impunidad, dejando para el futuro la solución del problema de la violación de los derechos humanos.
Nunca hubo un golpe de Estado tan fácil de dar. Medina se sublevó. ¿Se hubiera sublevado también el resto de la oficialidad, a un año y pico de la restauración democrática? ¿Hubieran dado un golpe, hubieran clausurado el Parlamento que se había instalado el 1 de marzo de 1985, hubieran vuelto a intervenir la enseñanza, hubieran ilegalizado los sindicatos, hubieran amordazado la prensa todavía desacostumbrada a los aires de libertad? Nunca se sabrá, porque Julio María Sanguinetti, en su doble condición de presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no sólo no ordenó a Medina acatar la decisión judicial, sino que apañó la insubordinación. El ministro de Defensa, Luis Vicente Chiarino, también hizo mutis, el ministro del Interior, Antonio Marchesano, se abstuvo de ordenar a la policía que Gavazzo fuera llevado por la fuerza hasta el juzgado, como se hacía –y se hace– con cualquier delincuente común; y el juez desautorizado prefirió no acusar de desacato al general. El Parlamento hizo uso de una representatividad otorgada un año antes para barrer debajo de la alfombra el “golpe técnico” del general Medina, aunque ello implicara instalar una impunidad que se extendería más allá de cualquier administración de gobierno.
Las consecuencias de aquel atropello cobarde –que prefirió arrodillarse ante una “lógica de los hechos” que no estaba demostrada– se siguen sufriendo hoy, 30 años después. Los tres poderes del Estado muestran las llagas de la impunidad, pero la justicia, sin duda, está definitivamente abatida; las excepciones honrosas muestran, por el contrario, la extensión y profundidad de la descomposición.
Tres exposiciones –dos de ellas incorporadas en el informe anual de Serpaj y la tercera durante la presentación de Avanzar a tientas. Cronología de las luchas por verdad y justicia 1985-2015, de Jimena Alonso, Fabiana Larrobla y Mariana Risso– reseñan con contundencia ese deterioro paralizante.
En el capítulo “Justicia sin fronteras. El juicio por el Plan Cóndor”, del informe de Serpaj, la investigadora Francesca Lessa, del Latin American Centre, University of Oxford, y del Observatorio Luz Ibarburu, analiza la trascendencia del juicio oral y público en Argentina contra los responsables de la estructura criminal trasnacional y formula una comparación con el estado de los juicios en Uruguay. “A pesar de constituir (los prisioneros uruguayos) la mayoría de las víctimas de la coordinación represiva, se registra un bajo nivel de judicialización de esos crímenes en Uruguay. Según un relevamiento hecho en colaboración con el Observatorio Luz Ibarburu, 13 causas en Uruguay son vinculadas a casos de crímenes del Cóndor y éstas abarcan solamente 111 víctimas, es decir un 63 por ciento del total. Además, aun considerando las víctimas que se están judicializando, la gran mayoría no tiene sentencia aún (…). Las cuatro causas con sentencia firme abarcan sólo a 70 víctimas, un 39,5 por ciento del total de las estimadas 177 víctimas uruguayas.” Lessa recuerda que a raíz de la ley de impunidad “los juicios penales se suspendieron por casi 20 años, reanudándose solamente a comienzo de los dos mil, gracias a los persistentes esfuerzos de las víctimas, familiares, activistas de derechos humanos y unos pocos abogados patrocinantes”; anota que la primera condena “tuvo lugar en marzo de 2009 y estaba vinculada con hechos delictivos en el marco del Plan Cóndor. El juez Luis Charles condenó en ese entonces a seis ex militares y dos ex policías por 28 delitos de homicidios, contra militantes del Pvp secuestrados en Buenos Aires en 1976”; y subraya que “en 2016, los tribunales uruguayos no dictaron sentencia en ninguna de las más de 200 causas abiertas en el país”. Al señalar que el Estado sigue incumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en 2011, Le-ssa concluye su análisis: “La búsqueda de verdad y justicia sigue siendo, en gran medida, una cuenta pendiente en Uruguay”.
El relevamiento del Observatorio Luz Ibarburu fue expuesto en detalle por el periodista Roger Rodríguez (capítulo “La sempiterna impunidad”, del informe de Serpaj). El colega establece que a 30 años de la ley de caducidad “sólo se han judicializado 304 causas y apenas se procesó a 30 militares, policías o civiles, de los cuales nada más que 14 permanecen en una prisión”.
“El 63 por ciento de los casos que llegaron a ser judicializados (180 causas) no ha pasado de la etapa del presumario; y en varios de estos casos las indagatorias judiciales recién han comenzado luego de años de ‘chicanas’ jurídicas.” Roger Rodríguez contabiliza “18 causas cuyo estado de situación no es claro, 19 que fueron acumuladas a otras causas, tres que no figuran registradas y dos en las que el juez declinó competencia”. Las cifras son espeluznantes: “Únicamente 82 causas judiciales (menos del 30 por ciento) llegaron a algún tipo de definición. Y de ellas, para colmo, 66 denuncias (23 por ciento) fueron archivadas… Sólo en 10 casos (3 por ciento) se alcanzó la etapa de sumario y apenas en 6 procesos (2 por ciento) la justicia penal uruguaya llegó a establecer una sentencia de primera instancia”.
En un comunicado hecho público en octubre, el Observatorio Luz Ibarburu manifestó su preocupación “por la impunidad de la que goza la enorme mayoría de quienes han sido denunciados como presuntos autores, coautores, cómplices o encubridores de crímenes de lesa humanidad”, y advirtió que “la omisión e ineficiencia judicial hacen incurrir al Estado uruguayo en responsabilidad internacional”. La demora en los enjuiciamientos es, para el Observatorio, una clara manifestación de denegación de justicia, y reclamó de todos los magistrados, empezando por los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia, “una actuación diligente, seria y eficiente, que no favorezcan la impunidad, la revictimización y el incumplimiento de los deberes del Estado”.
El juicio generalizado entre organizaciones y activistas de derechos humanos sobre el renunciamiento del Poder Judicial en los últimos 30 años fue abordado sin pelos en la lengua por una integrante de ese propio poder, la jueza Mariana Mota. El título del libro que presentó junto con Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mirtha Guianze, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y Santiago Pérez, de la Facultad de Ciencias Sociales, permitió a Mota hacer un balance de los “avances a tientas” y los retrocesos desde que, dijo, la ley de impunidad paralizó a toda la justicia: “Un camino a tientas producto del ocultamiento de los hechos ocurridos y de políticas públicas que han incumplido el deber de investigar, responsabilizar, reparar y garantizar la no repetición de violaciones a los derechos humanos como las ocurridas bajo el terrorismo de Estado. (…) Se avanzó acudiendo a las denuncias en organismos internacionales, en el registro de los relatos de las víctimas, en la investigación y difusión por parte de organizaciones de derechos humanos de ese pasado cruento. Pero se siguió retrocediendo en las sucesivas administraciones que se negaron a reconocer la existencia de desaparecidos, de niños secuestrados, de la aplicación sistemática de tortura, de las muertes en prisión, de la persecución ideológica, del control de toda la sociedad según su signo político”.
Y específicamente sobre la administración de justicia apuntó: “Se avanzó con los enjuiciamientos de los principales represores, pero se retrocedió en la calificación jurídica de sus crímenes, se negó la calidad de delitos de lesa humanidad reclamada, se ignoró el derecho internacional y se obstaculizó el acceso a la información”. La jueza, que fue desplazada de la esfera penal precisamente por su determinación en avanzar en las denuncias de delitos de lesa humanidad, señaló: “De nuevo, a tientas, se recorrieron caminos jurídicos para poder seguir avanzando en causas (…). Y de nuevo se retrocedió impidiendo la continuidad de actuaciones judiciales, instalando una muralla para su progreso, invocando la edad avanzada de los represores para concluir los procesos o para evitar iniciarlos, pretendiendo que las historias no contadas se cerrarían cuando se murieran los pretendidos protagonistas”.
Mota fue tajante: “Los avances han sido mérito exclusivo de las víctimas, familiares, organizaciones de los derechos humanos, y la sociedad que ha pugnado constantemente en que se haga justicia, en el derecho a saber la verdad, en exigir al Estado el cumplimiento de su obligación de ser garante de los derechos fundamentales”.
Y concluyó: “Sólo a través de la lucha constante de la sociedad se construyen las políticas públicas en derechos humanos que debe promover un Estado democrático”.