La activa impunidad

brechaSAMUEL BLIXEN

La justicia injusta

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180 causas de crímenes de lesa humanidad no pasaron de la etapa de presumario. No es que quede mal parado: el balance de los últimos 30 años de administración de justicia muestra a un Poder Judicial de rodillas, negándose a sí mismo y apañando la impunidad.

Hace exactamente 30 años, un 22 de diciembre, una mayoría de senadores aprobaba la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y así mutilaba la independencia del Poder Judicial y desvirtuaba el principio constitucional de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. La fundamentación de un senador blanco de que el Parlamento debía inclinarse ante “la lógica de los hechos” era apenas una excusa vergonzante: los “hechos” consistían en la decisión de un general –Hugo Medina– de desconocer la orden de un juez penal para que un militar retirado –José Gavazzo– fuera a declarar al juzgado. Medina guardó la citación en la caja fuerte del Comando del Ejército y en aquel entonces se especuló con que ese gesto pudo haber sido previsto en las negociaciones secretas del Club Naval, cuyo pacto no llegó a consagrar la aspiración militar de impunidad, dejando para el futuro la solución del problema de la violación de los derechos humanos.

Nunca hubo un golpe de Estado tan fácil de dar. Medina se sublevó. ¿Se hubiera sublevado también el resto de la oficialidad, a un año y pico de la restauración democrática? ¿Hubieran dado un golpe, hubieran clausurado el Parlamento que se había instalado el 1 de marzo de 1985, hubieran vuelto a intervenir la enseñanza, hubieran ilegalizado los sindicatos, hubieran amordazado la prensa todavía desacostumbrada a los aires de libertad? Nunca se sabrá, porque Julio María Sanguinetti, en su doble condición de presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no sólo no ordenó a Medina acatar la decisión judicial, sino que apañó la insubordinación. El ministro de Defensa, Luis Vicente Chiarino, también hizo mutis, el ministro del Interior, Antonio Marchesano, se abstuvo de ordenar a la policía que Gavazzo fuera llevado por la fuerza hasta el juzgado, como se hacía –y se hace– con cualquier delincuente común; y el juez desautorizado prefirió no acusar de desacato al general. El Parlamento hizo uso de una representatividad otorgada un año antes para barrer debajo de la alfombra el “golpe técnico” del general Medina, aunque ello implicara instalar una impunidad que se extendería más allá de cualquier administración de gobierno.

Las consecuencias de aquel atropello cobarde –que prefirió arrodillarse ante una “lógica de los hechos” que no estaba demostrada– se siguen sufriendo hoy, 30 años después. Los tres poderes del Estado muestran las llagas de la impunidad, pero la justicia, sin duda, está definitivamente abatida; las excepciones honrosas muestran, por el contrario, la extensión y profundidad de la descomposición.

Tres exposiciones –dos de ellas incorporadas en el informe anual de Serpaj y la tercera durante la presentación de Avanzar a tientas. Cronología de las luchas por verdad y justicia 1985-2015, de Jimena Alonso, Fabiana Larrobla y Mariana Risso– reseñan con contundencia ese deterioro paralizante.

En el capítulo “Justicia sin fronteras. El juicio por el Plan Cóndor”, del informe de Serpaj, la investigadora Francesca Lessa, del Latin American Centre, University of Oxford, y del Observatorio Luz Ibarburu, analiza la trascendencia del juicio oral y público en Argentina contra los responsables de la estructura criminal trasnacional y formula una comparación con el estado de los juicios en Uruguay. “A pesar de constituir (los prisioneros uruguayos) la mayoría de las víctimas de la coordinación represiva, se registra un bajo nivel de judicialización de esos crímenes en Uruguay. Según un relevamiento hecho en colaboración con el Observatorio Luz Ibarburu, 13 causas en Uruguay son vinculadas a casos de crímenes del Cóndor y éstas abarcan solamente 111 víctimas, es decir un 63 por ciento del total. Además, aun considerando las víctimas que se están judicializando, la gran mayoría no tiene sentencia aún (…). Las cuatro causas con sentencia firme abarcan sólo a 70 víctimas, un 39,5 por ciento del total de las estimadas 177 víctimas uruguayas.” Lessa recuerda que a raíz de la ley de impunidad “los juicios penales se suspendieron por casi 20 años, reanudándose solamente a comienzo de los dos mil, gracias a los persistentes esfuerzos de las víctimas, familiares, activistas de derechos humanos y unos pocos abogados patrocinantes”; anota que la primera condena “tuvo lugar en marzo de 2009 y estaba vinculada con hechos delictivos en el marco del Plan Cóndor. El juez Luis Charles condenó en ese entonces a seis ex militares y dos ex policías por 28 delitos de homicidios, contra militantes del Pvp secuestrados en Buenos Aires en 1976”; y subraya que “en 2016, los tribunales uruguayos no dictaron sentencia en ninguna de las más de 200 causas abiertas en el país”. Al señalar que el Estado sigue incumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en 2011, Le-ssa concluye su análisis: “La búsqueda de verdad y justicia sigue siendo, en gran medida, una cuenta pendiente en Uruguay”.

El relevamiento del Observatorio Luz Ibarburu fue expuesto en detalle por el periodista Roger Rodríguez (capítulo “La sempiterna impunidad”, del informe de  Serpaj). El colega establece que a 30 años de la ley de caducidad “sólo se han judicializado 304 causas y apenas se procesó a 30 militares, policías o civiles, de los cuales nada más que 14 permanecen en una prisión”.

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