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Los Barneix de siempre

Se dirigen  a los jueces, subrepticiamente. Han tomado estado público amenazas, realizadas, mediante medios electrónicos, por un comando que invoca el nombre del Gral. Pedro Barneix, quien se suicidó al tomar conocimiento de que sería procesado por el asesinato, en la tortura, de Aldo Perrini, en Colonia, en 1974, contra jerarcas gubernamentales y abogados de DDHH. 

No quieren más procesamientos judiciales.

Eduardo Ferro

Cnel. ® Eduardo Ferro secuestrador de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti,sindicado como asesino del Esc. Miranda en el 300 Carlos. Nunca declaró.

Durante más de dos décadas, la ley de Caducidad, aprobada en 1986 por el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, fue una mancha oprobiosa en la reconquistada institucionalidad democrática. Para actuar en lo referido a la investigación de lo ocurrido durante la dictadura cívico militar, el Poder Judicial quedaba supeditado a las decisiones que al respecto adoptara el titular del Poder Ejecutivo de turno. A pesar de lo dispuesto por las normas constitucionales, el Poder Judicial fue, en lo referido al pasado dictatorial, un órgano sin independencia.

La ley 15 848, ley de Caducidad, en la práctica fue una ley de amnistía para todos los militares y policías que cometieron delitos vinculados a las normas de derechos humanos durante el terrorismo estatal. El Estado renunció a la potestad de investigar y de castigar penalmente dichos delitos. Excluyó expresamente  a los civiles que pudiesen haber estado involucrados en los mismos y a las actividades que hubiesen sido llevadas a cabo con fines económicos, financieros o de lucro.

A instancias de la entonces fiscal Dra. Mirtha Guianze, en octubre de 2009, una Suprema Corte de Justicia, presidida por el nuevamente presidente del cuerpo Dr. Jorge Chediak, estableció  la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso Nibia Sabalzagaray. Dicho pronunciamiento, nunca modificado sino ratificado para otras causas, derivó en el procesamiento del Gral. Julio Dalmao por el asesinato en la tortura de la integrante de la FEUU y de la UJC, en el año 1974.

En febrero de 2011, la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) pronunció la Sentencia Gelman vs Uruguay declarando la nulidad fáctica de la Ley de Caducidad por contravenir compromisos internacionales asumidos por el país. En octubre del mismo año, con los votos exclusivos del partido de gobierno, el Parlamento aprobó la Ley 18 831 cuyo primer artículo restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado.

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