Con Pablo Chargoñia
“Los torturadores usan hoy los mismos argumentos que los nazis en los años 60”
El Observatorio Luz Ibarburu llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de las amenazas del Comando Barneix. En entrevista con Caras y Caretas, el coordinador del equipo jurídico de esa institución, Pablo Chargoñia, explicó cuál es el estado y el alcance actual de las investigaciones.
Por Manuel González Ayestarán
¿Qué puntos desarrollarán en su exposición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Solicitamos una audiencia para plantear las dificultades que existen en Uruguay en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos, poniendo el foco, en particular, en las amenazas del presunto Comando Barneix, que tienen por objeto amedrentar y perturbar el trabajo que algunos actores sociales e institucionales desarrollan en torno a los crímenes de lesa humanidad. También vamos a tratar de aprovechar la oportunidad, en el escaso tiempo que tendremos, para plantear las omisiones y demoras que verificamos en el Estado uruguayo con relación a las investigaciones de los crímenes de la dictadura y a la persecución de sus responsables. Nosotros como observatorio vemos que no hay colaboración eficaz del Poder Ejecutivo, que es el que tiene que auxiliar a la Justicia a la hora de investigar crímenes complejos ocurridos hace mucho tiempo. Tampoco vemos que el sistema judicial adopte medidas tendientes a que esa investigación se desempeñe en los tiempos que las causas requieren. Estos tiempos son acotados porque tanto las víctimas como los victimarios se mueren, y porque es muy difícil desarrollar una investigación si no hay una actitud eficaz de los poderes de Estado.
¿En qué estado se encuentra la investigación referente al Comando Barneix?
Nos preocupa que no haya avances. Contrariamente a una información errónea que circuló días atrás, se manejan unos servidores que estarían en dos países fuera de Uruguay, pero no se localizaron exactamente las computadoras desde las que se emitieron los mensajes amenazadores, por tanto no sabemos si se hizo desde Uruguay o desde el exterior. En la medida en que el tiempo pasa y no se avanza en esta investigación, la preocupación aumenta, porque se requiere esclarecer los hechos para trabajar en un ambiente de tranquilidad sin que el amedrentamiento cause un efecto disuasivo. Relacionamos este hecho con el caso de la invasión y atentado al local del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay [GIAF], donde trabajaba el grupo interdisciplinario, bajo amenazas implícitas de las que tampoco se sabe nada. Inevitablemente, uno también tiene que vincular todo esto con los hechos ya verificados sobre la existencia de espionaje militar en democracia, información que surgió a partir del descubrimiento de los archivos de Elmar Castiglioni. Esto dio lugar a la intervención de una comisión parlamentaria de investigación en la que también creemos que es necesario hacer avances, porque queremos saber quiénes, cómo y por orden de quién operan ilícitamente en contra de los impulsores de causas de derechos humanos.
¿Cómo se estructuran actualmente la defensa y la acusación respecto de los crímenes de la dictadura en Uruguay?
Desde el punto de vista jurídico, la defensa de los represores consiste en invocar una norma relativa a la prescripción de la acción penal, existente en el Código Penal uruguayo. Del otro lado, los denunciantes sostenemos que, en el caso de los crímenes de lesa humanidad o de las graves violaciones de los derechos humanos, esa acción penal no prescribe, sea cual sea el tiempo que transcurra desde la comisión de estos hechos. Durante mucho tiempo la defensa jurídica de los torturadores fue la ley de caducidad. Sin embargo, desde 2011 ya no es esa la defensa jurídica, sino que tratan de intentar guarecerse en el transcurso del tiempo para escapar a la persecución penal. Son los mismos argumentos que usaron los nazis en Alemania durante la década de 1960. El debate interno actual en el sistema judicial uruguayo es acerca de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Hay algunas señales, escasas pero favorables, en el sentido de considerar que se trata de crímenes de lesa humanidad, Hay otras posiciones judiciales que consideran que durante la vigencia de la ley que consagra la impunidad no se computa plazo, por tanto, la acción penal puede ejercerse hoy. También hay otras posiciones judiciales, que deberían ser mucho más abundantes, que hacen mención a la sentencia internacional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en referencia al caso Gelman. La corte ordena a la Justicia uruguaya no adoptar normas de prescripción ni ninguna otra exención de responsabilidad. Eso los jueces uruguayos y los tribunales lo tienen que tomar y obedecer, porque Uruguay reconoció la competencia y la jurisdicción de la Corte Interamericana.
¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las investigaciones?
Lo que yo veo es que no hay voluntad política de adoptar ninguna medida eficaz. Hay omisiones, hay descoordinación, hay falta de presupuesto, hay falta de personal, hay falta de calificación; todo esto parte de un problema sustancial, que es que los jerarcas políticos no tienen mucho interés en estas causas y, por tanto, las víctimas se encuentran con una nueva frustración: un sistema muchas veces inoperante, que hace recaer de nuevo en las víctimas actividades como la recolección de pruebas. El impulso de las causas es una actividad que no debería desarrollar solamente la víctima, sino que debería fundamentalmente hacer de oficio el propio Estado. Veo falta de interés del sistema político en avanzar en estas causas. Esto es muy grave, porque supone una afirmación del sistema general de los derechos humanos sin persecución a los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Eso nos pone en riesgo como sociedad en cualquier ámbito. En el Frente Amplio hay sectores a los que no les interesan demasiado estas causas, y se dan situaciones paradójicas, en las que víctimas del terrorismo de Estado han expresado que hay que dar vuelta la página y dedicarse a otra cosa. Seguramente son las influencias de sectores conservadores, la presión de la derecha y de la interna militar, a la que no se termina de enfrentar. Nosotros denunciamos en su momento la postura del que fue ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, quien ostensiblemente no colaboraba, desde un ámbito muy sensible como es el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas, con el aporte de información oportuna y completa para estas causas. Pero esto trasciende las figuras políticas concretas: es un tema de voluntad política general que afecta al conjunto del Estado. También hemos encontrado dificultades en el sistema judicial. Como Observatorio Luz Ibarburu planteamos que los juzgados se organicen para investigar adecuadamente estos crímenes. En este sentido, hemos solicitado la descongestión de los juzgados que tienen más causas vinculadas a la dictadura, es decir, que se los libere de la investigación de delitos comunes ordinarios, para que con los escasos recursos personales con los que cuentan puedan dedicarse a esta tarea tan compleja. Sin embargo, no hemos tenido ninguna respuesta favorable.
¿Hay algún país que pueda servir de modelo a imitar por Uruguay en este ámbito?
Nosotros seguimos muy de cerca a Argentina, aunque la sustitución del kirchnerismo por el macrismo implicó algunos retrocesos en esta materia. Pero siempre tomamos nota de las respuestas eficaces que implementó el Estado en el marco del impulso de las causas. En Argentina hemos visto una eficaz colaboración del Ministerio de Defensa con los juzgados, veíamos algunos casos de jueces acompañados por personal especializado en investigar crímenes cometidos en la dictadura. Estas circunstancias las cotejábamos con Uruguay, y veíamos la enorme distancia a la que estábamos de ellos. Por otro lado, allí habilitaron fiscalías especializadas en crímenes de lesa humanidad, que aquí no tenemos, con personal adecuado en cantidad y en calidad (es decir, especialistas), dotadas de presupuesto suficiente. Por eso Argentina implica un modelo de avance inexorable de las causas vinculadas a los delitos de lesa humanidad, con algunos aspectos que ya no eran debatibles y que en Uruguay todavía se siguen discutiendo. Su sistema, naturalmente, no está exento de dificultades, el modelo argentino tampoco es perfecto, pero es una referencia que nos permitía sostener que Uruguay está muy lejos de ese estándar.