En vísperas de una nueva “Marcha del silencio”, el próximo sábado 20, el gobierno y el sistema judicial están enfrentando cuestionamientos de organizaciones sociales que visualizan escasos avances en torno a la investigación de las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente.
Al asumir por segunda vez la presidencia, el 1º de marzo de 2015 Tabaré Vázquez ubicó este tema como una de las prioridades de su gestión y anunció la conformación de un grupo de trabajo con el cometido de investigar los crímenes ocurridos en la última dictadura. Por debajo de ese equipo, creado por decreto hace dos años como brazo ejecutor de las políticas, se instaló una Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, cuyo director, Fernando Gómez, renunció al cargo en las últimas semanas , confirmaron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.
El jerarca había asumido en setiembre de 2016, después de que esa posición estuviera vacante por nueve meses tras la renuncia de la historiadora Isabel Wschebor. La salida de Gómez se debió, al menos en parte, a las dificultades que encontró para desarrollar su tarea dado el “diseño institucional” de la Secretaría que lideraba, explicaron los informantes.
Descontento.
Desde organizaciones sociales se observan pocos progresos en las investigaciones.
La “Marcha del silencio” es una instancia que todavía “sigue siendo vigente porque en lo que va de este gobierno no han aparecido más restos, (y) no aparece más verdad”, señaló la representante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Silvia Bellizzi, según recogió “La República” el domingo 14.
Por su parte, Raúl Olivera, del Observatorio Luz Ibarburu, que sigue las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, informó la semana pasada en “La Diaria” que el próximo jueves 25 se reunirá con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para denunciar el “empantanamiento” de las causas judiciales relacionadas con la dictadura uruguaya.
Asimismo, criticó el “uso abusivo permitido por el sistema judicial” de “los recursos que presentan los defensores de los militares” ante la posible prescripción de un caso.
Fiscalía.
El tema estuvo planteado también en otros ámbitos.
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República respaldó el martes 16 las “investigaciones históricas” sobre detenidos-desaparecidos y asesinados políticos entre 1968 y 1984 —encauzadas por la Universidad y Presidencia de la República desde 2005 al 2016— ante un cuestionamiento “muy agresivo” realizado por el periodista Samuel Blixen en el semanario “Brecha”.
Por otro lado , el miércoles 18, el Senado aprobó un proyecto de ley que faculta a la Fiscalía General de la Nación a transformar una Fiscalía Letrada en una Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. El texto pasó a Diputados.
Durante la discusión en el Senado, el oficialista Rafael Michelini dijo que esa medida da una respuesta a las familias de las víctimas y a las “nuevas generaciones” que “no pueden comprender” que se hayan cometido “delitos tan terribles”.
Constanza Moreira, también del Frente Amplio, destacó la importancia de especializar las fiscalías. Señaló que en este tema “la Justicia tarda pero no llega”. Y añadió que “de todo lo que pasó desde 1968 a 1984, son pocas las causas judicializadas, son pocos los procesamientos y son mínimos los hallazgos”.
El proyecto fue votado por todos los partidos.
Sin embargo, el blanco Luis Alberto Heber y el colorado José Amorín pusieron reparos a un artículo según el cual la Fiscalía Especializada trabajará en las causas penales referidas a las violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el período que definió la ley 18.596. Dicha norma establece dos períodos de reconocimiento y reparación a las víctimas del Estado, en uno de los cuales (desde el 13 de junio de 1968 al 27 de junio de 1973) se aplicaron las Medidas Prontas de Seguridad. Heber recordó que esas Medidas están previstas en la Constitución y dijo que durante ese lapso las torturas se denunciaban en el Parlamento.
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Michelini lamentó alejamiento de secretario de DDHH para el Pasado Reciente
El coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia dijo que durante 20 años no hubo avances por miedo, temor o complicidad
La semana pasada renunció a su cargo el coordinador de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Fernando Gómez.
Ese organismo, que depende del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia creado por el presidente Tabaré Vázquez en el inicio de su actual administración, ya había tenido la renuncia de la historiadora Isabel Wschebor el pasado año.
Según informa el semanario Búsqueda el alejamiento de Gómez se debió a las trabas que encontró debido al diseño institucional del organismo.
El actual coordinador del grupo, Felipe Michelini dijo a Informe nacional que lamenta la renuncia de Gómez y agregó que el trabajo es complejo por la falta de información y porque por 20 años no se actuó, sea por miedo, temor o complicidad.
Ante una nueva Marcha del Silencio, Michelini indicó existe la voluntad política para esclarecer los hechos pero admitió que el paso del tiempo no colabora para ello.
Reportaje a Felipe Michelini