Mónica Robaina 06/10/2017
Abrigar la esperanza Se aprueba la fiscalía especializada en derechos humanos.
La creación de una fiscalía nacional especializada en crímenes de lesa humanidad, cuya aprobación está prevista para la semana próxima en Diputados, despierta expectativa pero también incertidumbre sobre el avance de al menos 200 causas judiciales sin resolución.
“Si para la investigación de las rapiñas, robos, homicidios y delitos similares se empleara la metodología seguida para investigar las desapariciones forzadas, las cárceles estarían desiertas”, escribieron Gastón Grisoni y Enrique Chalar, presidente y secretario del colectivo de ex presas y presos políticos Crysol, en una nota enviada al presidente de la Cámara de Diputados, José Mahía (FA), el 22 de setiembre. Le pedían concretar la aprobación del proyecto de ley que crea una fiscalía especializada en derechos humanos para el pasado reciente, que cuenta desde mayo con media sanción.
La iniciativa del Poder Ejecutivo faculta a la Fiscalía General de la Nación a transformar una fiscalía letrada nacional en una especializada para “conocer exclusivamente en las causas penales que refieran a violaciones de derechos humanos ocurridas entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985, en curso o que se inicien”. Esto “contribuirá a una mayor especialización y dedicación de los fiscales del Estado en el marco de un Poder Judicial que, salvo excepciones, ha demostrado muy escaso compromiso, incluso a nivel de su órgano de gobierno, para la persecución de crímenes de lesa humanidad”, enfatizaron los autores de la carta.
Con la sanción de esta iniciativa el Estado intenta avanzar (al menos formalmente) en los compromisos internacionales asumidos y acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman. “Aunque el Estado está obligado a investigar, a buscar verdad y justicia, desde 1985 todas las causas han sido impulsadas por las víctimas o sus familiares. El Estado nunca tuvo una política de persecución de esos delitos ni una estrategia para desarrollar las investigaciones, como sí la han tenido los defensores de los militares represores”, remarcó Grisoni a Brecha.
El proyecto, según supo este semanario, ingresará finalmente al plenario de Diputados la próxima semana, con informe favorable de todos los integrantes de la Comisión de Legislación. “La creación o el beneficio de la fiscalía no generó discusión en la comisión. Es una buena señal, porque hace unos años era impensable que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo en esto. De hecho, al principio hubo mucha resistencia”, recordó a Brecha la frenteamplista Macarena Gelman, quien preside la comisión y es protagonista de la emblemática causa internacional.
El nacionalista Pablo Abdala ratificó que su partido acompañará la iniciativa, atendiendo los planteos del fiscal de Corte, Jorge Díaz, en la comisión, y porque entiende “la necesidad de acelerar los procesos en causas que tienen mucha antigüedad y demandan un grado de especialización importante”. Sin embargo, el colorado Ope Pasquet advirtió que su bancada tomará posición en los primeros días de la semana entrante. Su partido votó la iniciativa en el Senado y también firmó el informe de la comisión de Diputados, pero el legislador duda sobre una “posible contradicción” entre esta medida y la ley de caducidad. “Me da la impresión de que se crea una fiscalía especial para tratar delitos que en su momento fueron materia” de esa ley, argumentó a Brecha.
EN LA PRÁCTICA.
Todas las causas presentadas antes de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (Cpp), en noviembre, incluidas las vinculadas a los delitos de la dictadura, quedarán comprendidas bajo el sistema actual, mediante el cual la investigación es realizada por el Poder Judicial con la Policía como auxiliar. Por esta razón, desde la sociedad civil organizada confían en contrarrestar las posibles demoras asociadas al cambio de sistema cuando las causas de derechos humanos de todo el país se concentren en la fiscalía especializada. Entonces se definirán criterios para agrupar las causas (según momento histórico o lugar) y se podrá vincular la información de los expedientes que ahora están dispersos y en manos de diferentes fiscales. “Esto implica estudiar las causas como un todo, en un contexto histórico, pero no necesariamente unificadas”, amplió Gelman.
A los abogados de las víctimas les resulta alentador pensar que habrá una sola postura con respecto a la imprescriptibilidad de los casos, ante la estrategia de defensa de los militares imputados y en el momento de evaluar un pedido de procesamiento. Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, recordó que los fiscales no han tenido una actitud uniforme, por ejemplo, con respecto a las pruebas solicitadas por los represores. La organización patrocina 50 causas penales y sus abogados entienden que actualmente, teniendo elementos de convicción suficiente para pedir procesamientos, buena parte de los fiscales acepta que los jueces avancen en pruebas propias de un juicio y no de la etapa presumarial, demorando las resoluciones y desgastando a las víctimas. Tampoco soslayan que para algunos fiscales los delitos prescribieron, aunque la Corte Interamericana, en su fallo vinculante, determinó que son imprescriptibles.
CALIBRAR EXPECTIVAS.
Pero no todo es tan halagüeño. Olivera planteó sus dudas respecto a cómo hará el fiscal para interactuar con los juzgados de todo el país, o si contará con recursos económicos y personal suficientes para la tarea. “Temo que se forme un embudo. En los próximos dos años se juega el partido, porque el final de esta causa es biológico: la gran mayoría de las víctimas se murió o anda en eso. Y la mayoría de los represores mueren siendo inocentes, antes de que los condenen, y con todos los privilegios. Además, aunque el Frente Amplio retenga el gobierno, no tendrá mayoría parlamentaria. Y si con mayoría hizo poco, menos hará sin tenerla”, razonó.
Para el abogado y docente universitario Gonzalo Peloche, patrocinante de 13 denuncias por violaciones a los derechos humanos en el Batallón número 4 de Laguna del Sauce (Maldonado), será “clave” un proceso de transición: “Una órbita de actuación a nivel nacional es vasta y compleja. Hay expedientes que superan las mil fojas, y si los fiscales que transfieren competencia no asumen el compromiso de trasmitir su conocimiento, sería como empezar de cero”, dijo a Brecha.
Grisoni, en cambio, se muestra tranquilo; asegura que “varios fiscales jóvenes se ofrecieron como voluntarios” y se sumarán a los funcionarios de la Unidad Especializada en Derechos Humanos que capacita y asesora a los fiscales desde 2015. Aunque no habrá dinero extra, entiende que no hará falta mucho más en tanto se transformará una fiscalía existente.
Con todo, Gelman consideró que “no es buena opción depositar todas las expectativas” en la gestión de la fiscalía especializada. “No será una medida puntal la que nos dé lo que necesitamos. El abordaje del tema siempre ha sido complejo y no lo resolverá una sola instancia en un solo sitio, sino la globalidad de las medidas, la estrategia en el ámbito judicial, ejecutivo, o parlamentario. Mientras no tengamos el convencimiento de que se requieren reformas profundas del sistema judicial, no sólo con el Cpp, serán difíciles estas y otras causas”, concluyó.
Aunque no hay una decisión oficial, en estas semanas el fiscal Díaz confirmó a los representantes de las organizaciones sociales su intención de designar a la fiscal Ana María Tellechea al frente de la nueva fiscalía. La magistrada defiende la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, en consonancia con el dictamen de la Corte Interamericana, y solicitó decenas de procesamientos por ese tipo de delitos.
Dos solicitudes de acceso a la información
El Observatorio Luz Ibarburu (Oli) presentó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio del Interior para conocer la situación de los procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad. La organización, explicó Raúl Olivera a Brecha, tomó la medida tras enterarse el mes pasado, por casualidad, de que el coronel (r) Gilberto Vázquez dejó la cárcel de Domingo Arena y pasó a cumplir prisión domiciliaria, y de que Asencio Lucero falleció. Vázquez fue condenado a 25 años de prisión como coautor de múltiples homicidios del Plan Cóndor y a 30 años por el secuestro, desaparición y asesinato de María Claudia García, madre de Macarena Gelman. A Lucero lo habían procesado el año pasado por reiterados delitos de privación de libertad y torturas.
Según información recolectada por el Oli, en 13 sentencias hubo 42 procesamientos, de los cuales 27 tienen condena. En total son 20 las personas condenadas (algunas varias veces): a cinco les concedieron la prisión domiciliaria, siete se encuentran en Domingo Arena, tres fallecieron y uno cumplió la condena. Sobre los restantes no hay datos. De los 15 que están sin condena sólo tres siguen en proceso, siete fueron revocados y cinco fallecieron. “Queremos saber quiénes están en la cárcel, quiénes cumplen prisión domiciliaria, quiénes tienen vigilancia electrónica y quiénes murieron”, puntualizó Olivera.
Otro pedido de acceso a la información fue dirigido a la Suprema Corte de Justicia con el objetivo de saber las medidas que se han tomado en los casos que siguen sin resolución (en presumario) y que representan el 70 por ciento del total.
De acuerdo al Ejecutivo, hay 210 causas presentadas por delitos de lesa humanidad en todo el país, aunque el Oli contabiliza 308, de las cuales 74 están archivadas o inactivas.