No hay mayoría para gravar las
jubilaciones militares más altas
9 de mayo de 2018 |
El diputado Darío Pérez, de la Liga Federal, mantiene su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo.
Los diputados del oficialismo tienen más certezas que dudas: el próximo martes, salvo que se produzca un giro inesperado, no contarán con los 50 votos que necesitan para aprobar el impuesto a las jubilaciones militares más altas. “No van a estar los votos. Ya hablamos con la oposición y con los compañeros de la Liga Federal [LF] y, salvo que algo cambie a último momento, la aprobación del proyecto no tiene la más mínima posibilidad”, aseguró a la diaria el coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio (FA), Jorge Pozzi.
Ante la falta de mayoría en la última discusión al respecto en la Cámara de Representantes, el 17 de abril, el FA decidió postergar la discusión del proyecto. Los legisladores oficialistas se reunieron con el líder de la LF, Darío Pérez, pero este les manifestó que, por el momento, no tenía voluntad de acompañar la iniciativa. El argumento del diputado, según lo relatado por sus correligionarios, es que el proyecto es inconstitucional, ya que las jubilaciones militares ya están gravadas por el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), y no se les puede aplicar un segundo impuesto. Pérez alega que dos estudios académicos, uno de la Universidad de la República y otro de la Universidad Católica, confirman esa inconstitucionalidad.
En opinión del diputado Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular, ese argumento de Pérez tiene “debilidades”, “ya que hay dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia [SCJ] que confirman que el tributo de los bancarios es constitucional”. Sánchez se refería al impuesto que grava las jubilaciones de la Caja Bancaria, también adicional al IASS y destinado al financiamiento de esa caja, y señaló que “el impuesto militar, a diferencia del de los bancarios, es transitorio y comienza a gravar a partir de los 50.000 pesos, a una tasa de 2%”. Además, el proyecto en discusión, que busca bajar 10% el déficit de la Caja Militar, establece que la aplicación del tributo será transitoria, por 18 meses, y que “el de los bancarios es permanente, además de que es más gravoso, porque empieza mucho antes a tasas diferentes. ¿Cómo este impuesto no es inconstitucional para los bancarios y sí lo es para los militares?”, preguntó Sánchez.
Asimismo, entiende que por más que se hable de “impuesto”, esos recursos no “van a ir a Rentas Generales, sino a solventar el propio déficit de la Caja Militar”, que ronda los 500 millones de dólares anuales.
El diputado Alfredo Asti fue uno de los que se reunieron con Pérez y sus asesores, y justamente le planteó que “la encargada de decidir si una ley es constitucional o no es la SCJ, no las facultades de derecho”, y que la SCJ “se ha expresado en dos oportunidades sobre el tributo de la Caja Bancaria y ha dicho que es constitucional”. Sin embargo, José Antonio Maldonado, asesor legal de la LF, sostuvo que “este impuesto afecta los derechos adquiridos de los militares” y que, “si bien la postura de las cátedras no son vinculantes, los parlamentarios debemos hacerles caso”.
Maldonado señaló que la LF está en contra de algunos argumentos que han planteado los dirigentes frenteamplistas: “Nos dicen ‘vótenla y que después la SCJ diga si es inconstitucional’. Pero los parlamentarios no deben hacer leyes que sean contrarias a la Constitución”. A nivel político, aseguró que la LF va a mantener su postura y agregó: “¿Vale jugarse el prestigio por poner un impuesto transitorio que puede afectar las arcas del Estado? Hay otros lugares de donde sacar esos 60 millones de dólares, en vez de tocar a nuestros asalariados. No es que seamos miliqueros, estamos a la izquierda del FA, simplemente queremos que no se cometan errores”. En ese sentido, expresó que ellos están a favor de que se reforme la Caja Militar, pero que el FA no ha avanzado en ese sentido, y se preguntó: “¿Por qué no la hemos reformado si tenemos mayoría desde 2005?”.
Consultado acerca de la posibilidad de que el proyecto se vote el próximo martes, a pesar de que no haya mayoría, Sánchez expresó que “la definición del FA es que cada uno se haga cargo de su voto, que esto se lleve al plenario [de la cámara] y que cada legislador, cada bancada y cada sector deje en claro qué es lo que vota”. Pozzi explicó que postergar la votación nuevamente no es una posibilidad, ya que “si eventualmente lo tratamos más adelante tampoco vamos a tener los votos. Eso ya lo descartamos”, aseguró. Para Sánchez, una vez que se han “hecho todos los esfuerzos para lograr la unidad de acción” sin lograrla, se puede mandar el proyecto de nuevo a la comisión y que no se trate hasta la próxima legislatura, pero la bancada ya tomó una decisión al definir, en la Mesa de la Agrupación de Gobierno del FA, que este tema es muy importante. “La sociedad está haciendo un esfuerzo por paliar un déficit de 500 millones de dólares; esto es un tema de justicia, los beneficiarios de la Caja Militar también tendrían que ayudar a reducir ese déficit”, concluyó.
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Cambios a reforma de la Caja Militar
10 de mayo de 2018
Bancada del Frente Amplio discute hoy modificaciones mientras la comisión sigue votando.
La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores aprobó la semana pasada, por unanimidad, 14 de los 75 artículos del proyecto de ley de Reforma del Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. La unanimidad lograda, sin embargo, no abarca los aspectos centrales del proyecto de ley; las posiciones respecto de estos puntos son muy distantes entre el Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional, que hizo suya la minuta de comunicación presentada el año pasado por el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga.
El senador nacionalista Carlos Camy explicó a la diaria que su partido pidió en comisión el desglose de 38 artículos. La propuesta de Larrañaga prevé disposiciones mucho más beneficiosas para los militares que las contempladas en el proyecto del Poder Ejecutivo.
Por ejemplo, el proyecto del gobierno establece que serán alcanzados por el nuevo sistema, en modalidad de régimen de transición, los militares que al 31 de diciembre de 2018 “configuraren alguna causal de retiro prevista por el régimen que se sustituye o computaren no menos de 20 años de servicios militares efectivos”. En cambio, la iniciativa de Larrañaga elimina este régimen de transición y excluye totalmente del nuevo sistema a quienes “gocen actualmente de pasividad militar”, así como al personal militar y civiles equiparados que estén en actividad a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Camy explicó en la comisión que su partido entiende que el régimen de transición “afecta a quienes se encuentran cumpliendo funciones”, y aclaró que no apoyará ninguna disposición vinculada con este régimen.
En el caso de las edades mínimas para el retiro, la iniciativa de Larrañaga también es más benevolente con los militares: prevé en general un año menos de edad mínima para todos los rangos militares. El senador nacionalista propone, además, que lo recaudado por la aplicación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social generado por las pasividades militares se destine al financiamiento de la Caja Militar.
Por otra parte, el proyecto del Ejecutivo establece que el haber básico de retiro se calcule como el promedio mensual de las asignaciones de los últimos 60 meses de servicios militares efectivos, y establece un haber máximo de 101.108 pesos. En cambio, Larrañaga no establece un haber máximo y propone que el haber básico de retiro sea el promedio mensual de las asignaciones correspondiente a los últimos 12 meses anteriores al cese, lo que determina que el haber a percibir sea mayor en este caso que en la propuesta del Ejecutivo.
¿Y por el FA cómo andamos?
La elaboración del proyecto de ley de reforma de la Caja Militar fue un proceso muy discutido en el Poder Ejecutivo, y aparentemente sucederá lo propio en la interna de la bancada frenteamplista. En la última sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, la semana pasada, la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Ivonne Passada pidió el desglose de algunos artículos y anunció que plantearía cambios. Entre ellos, el artículo que define quiénes se encuentran comprendidos en el régimen de transición y el que define el haber básico de retiro en el régimen de transición.
Sin embargo, en la bancada frenteamplista no se definió ninguna modificación de estos artículos. Hoy sesiona ese organismo, y senadores de otros sectores, como Asamblea Uruguay (AU), advierten que por el momento no hay ninguna propuesta formal de modificación del articulado, salvo la que presentó el sector Ir el año pasado.
La propuesta de Ir consistía, en primer lugar, en bajar la tasa de reemplazo (el porcentaje que representa la pasividad sobre los ingresos percibidos en actividad) de 90%, como está en el proyecto del Ejecutivo, a 85%. En segundo lugar, sugería bajar el tope jubilatorio de 101.108 a 85.596 pesos y acortar el período de transición a un máximo de cinco años –el proyecto actual lo fija en diez años–.
En algunos sectores del FA existe preocupación por la eventualidad de que Passada, en representación del MPP, presente cambios que “debiliten” la iniciativa del Ejecutivo y generen una opción más beneficiosa para los militares (y menos beneficiosa para las cuentas públicas). Passada no quiso responder a la diaria sobre el tema y el senador de su sector Charles Carrera dijo a este medio que desconoce una eventual propuesta en ese sentido.
La senadora de AU Daniela Payssé explicó que su sector apoya la iniciativa del Ejecutivo y que está dispuesto a estudiar y a acompañar cualquier propuesta que, como la de Ir, permita “profundizar” el proyecto del gobierno si esta alcanza consenso. En cambio, AU no está dispuesta a respaldar una iniciativa que signifique extender los plazos del régimen de transición.