Archivo Judicial: paso a la Justicia

  No todo está perdido

Con Elba Rama, directora del Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar.

Sofía Kortysz

Luego de culminar un trabajo de digitalización de siete años, las personas detenidas durante la última dictadura pueden solicitar desde abril el legajo de su proceso, elaborado por la justicia militar. El archivo, que funciona en la órbita del Poder Judicial, contiene más de 3 mil expedientes que abarcan a unas 10 mil víctimas.

—¿Qué tipo de información se puede encontrar en al Archivo Judicial de Expedientes de la Justicia Militar (Ajprojumi)?

—Es la documentación que elaboró la justicia militar entre 1973 y 1985. En ese período el Poder Judicial dejó de ser de hecho el Poder Judicial, la Suprema Corte (Scj) también dejó de serlo y todas las personas detenidas por razones políticas eran juzgadas por la justicia militar. Figuran la detención en las unidades, los procesamientos, su permanencia en los lugares de reclusión y la constancia de cuándo fueron liberados o fallecieron en prisión. También aparece la gente que fue detenida, interrogada y liberada sin haber sido procesada, porque no encontraron mérito al procesamiento. Hay una cantidad de personas involucradas, hablamos de alrededor de 3 mil expedientes que involucran a unas 10 mil personas.

—¿Con qué objetivos surgió este archivo?

—Para que la gente pudiera ampararse en las leyes reparatorias, porque necesitaba que se refrendara que estuvo detenida, procesada, y la forma más clara de probarlo era a través de los expedientes. Ese fue el primer objetivo. En 2006 se aprobó la ley 18.033 (recuperación de derechos jubilatorios y pensionarios), luego la 18.596 (de reparación a las víctimas), que cumplieron una función importante para todos los que habían quedado postergados. Porque los funcionarios públicos tuvieron la posibilidad de ser restituidos y de alguna forma recomponer su carrera, pero mucha gente de la actividad privada no pudo. También había gente que era muy joven cuando cayó, estuvo un montón de años y cuando salió no tenía experiencia laboral. Haber cumplido con eso para mí fue una satisfacción, así como aportar a las causas que se pueda y a que la gente pueda recomponer su historia. Hay hijos con padres fallecidos que por entonces eran muy pequeños y ahora quieren reconstruir toda esa etapa.

—¿Cómo nace el archivo?

—Los expedientes en los que está la gente encausada durante la dictadura vinieron del Supremo Tribunal Militar en 1985-1986, con el retorno de la democracia, en aplicación de la ley de amnistía. Se distribuyeron en 11 sedes penales, se los mandó archivar y quedaron con las causas comunes. Cuando se aprobó la ley 18.033, esto generó una gran dificultad para buscar los expedientes. Fue cuando empecé a trabajar voluntariamente. Cumplía mi tarea –trabajaba en un juzgado civil como oficial alguacil– y a la vez colaboraba en buscar y estudiar los expedientes. Pero realmente el trabajo era mucho y a raíz de eso en 2007 planteé a la Scj la posibilidad de formar un equipo para reunir esos expedientes. Luego apareció un llamado de la Unión Europea que incluía el apoyo a proyectos que tuvieran que ver con los derechos humanos. La Scj autorizó que nos presentáramos y planteamos como socia a la Udelar. Participó la Facultad de Ingeniería con el Instituto de Computación y lo que entonces se llamaba Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines. La Unión Europea lo aprobó y en 2010 empezamos a digitalizar y acondicionar la documentación.

—¿Cuánto tiempo llevó la digitalización de todos los expedientes?

—Ese año una empresa uruguaya de ingenieros se responsabilizó de traer los escáneres de Tailandia y enseñarnos a usarlos, porque no existía esta tecnología en el país. Después la gente del Instituto de Computación nos hizo los programas necesarios. Digitalizar todo nos llevó prácticamente hasta el año pasado, porque era un trabajo muy minucioso y había todo tipo de material.

—¿Qué valor se le puede otorgar a un documento producido por los organismos militares?

—Cuando se está frente a esa documentación se deben tener en cuenta las circunstancias históricas, en qué momento se produjo, quién la elaboró. Hay cosas que seguramente no son ciertas, que fueron implantadas, fechas que son relativas, pero hay elementos que sí lo son y han servido para las causas que se están llevando adelante. Esas personas estuvieron sometidas a la justicia militar, estuvieron detenidas en determinadas unidades.

—¿Los operadores judiciales y los investigadores consultan el archivo con frecuencia?

—Los jueces, tanto del Interior como de Montevideo, piden la documentación acá. También las comisiones de las leyes reparatorias y la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia. Yo creo que el archivo podría aportar a más causas. Quizás ahora que se formó la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad aparezcan más solicitudes. El grupo de investigación de la Universidad también trabajó con algunos expedientes.

—En abril se aprobó la reglamentación para que las víctimas pudieran acceder a su expediente. ¿Costó ese proceso?

—Elaborar una reglamentación llevó un tiempo, porque si bien hay una ley de acceso a la información, hay otra referida a la protección de los datos personales. Fue difícil conjugar eso. Al final primó el criterio del derecho de las personas al acceso a la información, porque hacía mucho tiempo que la gente preguntaba por su expediente. Esa reglamentación incluye que quien retira el testimonio digital, como la mayoría de los expedientes involucran a varias personas, firme un término de responsabilidad con respecto al uso de los datos sensibles. Porque es humana y materialmente imposible entregarle a una persona sólo lo suyo y tachar lo demás, eso no aseguraba nada y desintegraba la información.

—¿Desde abril hasta la fecha cuántas víctimas han solicitado sus expedientes?

—Están viniendo, han venido también hijos que tienen los padres fallecidos. Distintas personas nos planteaban la inquietud de querer acceder a su expediente, pero a algunas esto les cuesta y es entendible. Lo importante es que quien lo quiera lo tenga a disposición. Hoy pueden acceder las víctimas, los familiares, las organizaciones de derechos humanos que están patrocinando causas, los investigadores y terceros.

—¿Ustedes desarrollan otras tareas además de la vinculada a estos expedientes?

—Sí, ahora estamos con el ordenamiento y preservación de expedientes de las legitimaciones adoptivas en el período de la dictadura. Uruguay tiene un debe en ese tema, hay una ley que establece que las personas puedan conocer su origen, pero ha habido dificultades con esa documentación, tanto en el Poder Judicial como en el Inau. Además alguna sede penal nos ha pedido que digitalizáramos algún material que necesitaban. A su vez, colaboramos en la remisión de documentación para el juicio en Roma. Hubo una colaboración entre el Poder Judicial y la Presidencia para poder enviarla en formato digital. En el caso de Argentina, enviamos a sus tribunales información de ciudadanos argentinos que habían sido detenidos acá.

—¿Es sencilla la localización de los expedientes?

—Por el nombre de las personas sí, es como los localizamos. También se está trabajando en una base de datos más completa que incluya los nombres tanto de los encausados como de testigos, jueces, abogados. Todo eso se va registrando, pero lleva mucho tiempo.

—¿Es posible que haya parte de ese archivo militar que nunca retornó a los juzgados penales?

—No lo sé, yo sé lo que vino, que es la mayoría, y todo eso está digitalizado. Seguramente, por las formas de archivar de entonces, todavía alguno se nos escapa. Hay que pensar que llegaron inmediatamente después de que terminó la dictadura, a un Poder Judicial que había tenido gente destituida en todos los escalafones.