Testimonio sobre Elena Quinteros

  Existo y este es mi relato

La denuncia penal de la hija de Alma Rodríguez, única testigo de la primera detención de la maestra Elena Quinteros.

Sofía Kortysz

Son cientos los niños y adolescentes que padecieron el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, pero sólo un puñado han sido reconocidos como víctimas y reparados simbólica y económicamente. Desde hace ya varios años, de forma gradual, miembros de esta segunda generación han salido a contar sus historias y expresar sus reclamos. A sus 42 años, Victoria Sequeira, hija de Alma Rodríguez, ex presa política, salió a contar su versión, inició una denuncia penal por lo padecido por su madre y por ella misma, y se integró al colectivo Memoria en Libertad.

Victoria Sequeira, hija de la ex presa Alma Rodríguez –única testigo de la primera detención de Elena Quinteros así como la única que declaró haberla escuchado hasta su muerte en el “300 Carlos”–, inició a fines de 2018 una denuncia penal, a través del Observatorio Luz Ibarburu (Oli), que lleva adelante el abogado Pablo Chargoñia y su equipo. En el expediente abierto en la justicia se denuncia la prisión y torturas a Alma Rodríguez, el secuestro de la propia Sequeira y los allanamientos y amenazas sufridos por ambas en democracia. Su demanda presenta algunas particularidades: por un lado, las denuncias de los ex presos suelen ser hechas por ellos mismos, pero Alma falleció en 1998 sin haberla hecho, y su hija tomó la iniciativa. Otra singularidad es que Sequeira no denuncia sólo la prisión y tortura de Alma, sino las 48 horas que ella misma, con tres meses de vida, pasó junto a su madre en el centro de torturas “300 Carlos”, tras ser llevadas de su casa el 25 de junio de 1976. Si bien hay denuncias de hijos que incluyen su secuestro o apropiación, siguen siendo muy pocos los casos en que esta generación figura como víctima. A su vez, el expediente incluye dos instancias en las que los militares irrumpieron en la casa de Rodríguez, ya en democracia, buscando silenciar lo que supiese de Quinteros. La primera vez, en 1985, quien ingresó al edificio con “llaves apropiadas” y “sin la menor dificultad” fue Jorge “Pajarito” Silveira Quesada, que amenazó a Rodríguez “con que sufriría un daño grave si seguía brindando su testimonio a organizaciones internacionales humanitarias”. Un año más tarde fueron “tres militares” quienes, según consta en la denuncia, la “golpearon y amenazaron”. En este expediente, además de Silveira –que fue también quien entregó a Sequeira a sus abuelos luego de su paso por el “300 Carlos”–, aparecen como imputados otros militares, así como médicos, abogados y escribanos mencionados en el legajo de Rodríguez en la justicia militar.

EMERGER. Fue en 2009, cuando volvió de España luego de vivir allí 12 años, que Sequeira buscó, con poco éxito, involucrarse con otros hijos que hubieran atravesado situaciones similares. Casi diez años después, en 2018, luego de que Brecha publicara que su madre y Elena Quinteros habían compartido el apartamento del que luego sería secuestrada por primera vez la maestra,1 se puso en contacto con el Oli y se unió al colectivo Memoria en Libertad. Este grupo, conformado por hijos de ex presos, exiliados y algunos hijos nacidos en la clandestinidad o el cautiverio, se formó en 2008 y, luego de pasar por diversas etapas, el año pasado se reactivó con algunos recambios de sus integrantes.

Este nuevo acercamiento de Sequeira a su pasado –aunque a simple vista pueda parecerlo– no es un caso aislado. El sociólogo Gabriel Gatti explica que en la actualidad “hay un contexto en el que la comparecencia pública de las memorias de víctimas del tipo que sea es algo que tiene escucha. Si alguien sale diciendo que sufre por algo, hay gente dispuesta a escucharlo, cosa que no siempre ocurrió. Hay una sensibilidad hacia la figura del sufriente que hace que probablemente eso se esté dando de forma más masiva”. Hace hincapié, asimismo, en que no sólo en Uruguay hay una “segunda generación que aparece en el espacio público reclamando la necesidad de que se acuerden de su caso”, sino que desde hace varios años este fenómeno se está dando en Argentina y en Chile, así como, hoy en día, en Colombia y España.

En el colectivo que integra Sequeira son varios los reclamos, pero el principal es ser reconocidos por el Estado como víctimas directas. “Pasamos un montón de cosas que no están consideradas. Estuvimos casi tan presos como nuestros padres, porque la mayoría de nosotros todos los domingos estábamos ahí, con frío, con lluvia, con sol. Hay niños que tenían padre y madre presos y ningún familiar que se hiciese cargo de ellos… Somos un montón a los que se nos rompió la vida, y descubrimos con los años que éramos también el objetivo del terrorismo deEstado”, expresa Sequeira. Y es que la ley 18.596, del año 2009, en la que se establece que el Estado uruguayo “expedirá un documento que acredite la condición de víctima y la responsabilidad institucional que le cabe al haber afectado la dignidad humana”, no incluye en su listado a todos los hijos de ex presos, exiliados o desaparecidos a quienes se violentó de diversas formas. Explícitamente sólo figuran los “niños o niñas” que nacieron estando sus madres privadas de libertad, los que permanecieron detenidos junto con su madre o padre y “los que siendo niñas o niños hayan permanecido desaparecidos”.

Esa ley también determinó una reparación económica para los hijos nacidos en cautiverio, para los que permanecieron en prisión durante más de 180 días y para los que estuvieron desaparecidos por más de 30 días. Pero en el resto de los casos “la única reparación” que incluyó es que “a todas aquellas personas beneficiarias de la ley 18.033 (…) que no tengan otro tipo de cobertura por el régimen de la seguridad social”, así como a sus hijos y nietos, se les brindará un servicio de salud integral que incluye prestaciones que no reciben los ciudadanos que se atienden en Asse. Sin embargo, Sequeira asegura que por múltiples motivos esta disposición no se cumple a cabalidad. Hay algunos especialistas a los que acceden a través de convenios, pero como “hace meses que no se les paga”, no todos están dispuestos a atenderlos. También denuncia que Asse trabaja con una cooperativa de psicólogos que funciona en la capital, por lo que los hijos que viven en el Interior tienen complicaciones para acceder a una terapia así como a otros servicios. “Yo fui y una asistente social me preguntó: ‘¿Usted cuánto hace que ha pensado en la autoeliminación?’, a lo que le respondí: ‘Nunca”, y entonces me dijo: ‘Ocho meses de espera para psicólogo’. Así que no es un servicio integral de salud para nada, y esa es la suerte de supuesta reparación que tenemos”, concluye Sequeira.

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