Fiscalía uruguaya: primer procesamiento de torturadores

 Maldonado

Fiscalía de Crímenes de Lesa

Humanidad consigue el primer

procesamiento de dos torturadores

19.02.2019

MALDONADO (Uypress) – El juez hizo lugar al pedido de procesamiento de dos militares por violaciones a los derechos humanos acaecidas en la década de 1970 en el Batallón de Ingenieros número 4, en Laguna del Sauce.

Se trata del primer procesamiento conseguido por esta Fiscalía, que fue creada en febrero del año pasado e investiga las violaciones a los derechos humanos de la dictadura.

Según informó la Fiscalía, el Juez Letrado de Maldonado de 10º turno hizo lugar al pedido de procesamiento solicitado por el fiscal letrado Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, por violaciones a los derechos humanos acaecidas en la década de 1970 y en especial las torturas a las que las víctimas fueron sometidas en el Batallón de Ingenieros nº 4 en Laguna del Sauce.

Los procesados (en base a los datos aportados en su momento por el semanario Brecha) serían el exjefe del Batallón, coronel retirado Artigas Rivera Bianchi y Plácido Gregorio Amorín

En mayo de 2018, Perciballe había solicitado el procesamiento de seis hombres y el juez determinó que dos fueran procesados. Según el dictamen:

– P.G.A.E. fue procesado con prisión por un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos, en calidad de autor.

– A.W.R.B. fue procesado con prisión por dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de privación de libertad, en calidad de autor.

Respecto de los cuatro restantes imputados, dos de ellos han fallecido, la defensa de otro interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la creación de esta fiscalía y sobre el último el juez solicitó continúe emplazado para que se continúe investigando.

El pedido del fiscal Perciballe comenzaba fundamentando de la siguiente manera:

Sra. Juez:

Las presentes actuaciones se iniciaron el 31 de Octubre de 2011, a partir de un conjunto de denuncias, presentadas por distintas personas que pusieron en conocimiento de la Justicia, las violaciones a sus derechos humanos acaecidas en la década del 70 y en especial las torturas a las que fueron sometidas en el Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce.

En su gran mayoría, se trata de jóvenes estudiantes de entre dieciocho y veintipocos años, que pertenecían al Comité de Resistencia Antifascista (CRAFT) y al Movimiento Marxista (M.M). Grupos que se dedicaban a realizar propaganda (pintadas, pegatinas, volanteadas) contra la dictadura. Y que por dichas conductas fueron sometidos a diversos apretnios fisicos y privados de su libertad por varios años.

Valga al respecto lo plasmado en la histórica sentencia que condenara a Adolf Eichmann, que siguiendo a Grocio señaló, que el castigo es necesario ·’para defender el honor y la autoridad de aquel a quien el delito ha lesionado, para que la ausencia de castigo no le degrade mayormente” (citado por Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén ed. De Bolsillo Barcelona año 2005 pág. 417)

 

Acceda aquí al pedido de procesamiento

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  Procesan a dos exmilitares por torturas en batallón de Maldonado durante la dictadura

Los hechos ocurrieron entre 1972 y 1976. Es el primer procesamiento en la materia obtenido por la fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad

La justicia de Maldonado hizo lugar al procesamiento de dos militares por distintas violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1972 y 1976 en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 4 con asiento en Laguna del Sauce.

Los imputados por el momento son el exjefe del Batallón, coronel (r) Artigas Rivera Bianchi, y uno de los ubalternos, Plácido Gregorio Amorìn.

A Rivera Bianchi se le procesó por la autoría de dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de privación de libertad.

Amorín fue imputado como autor de un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos

En el caso, en total, hay otros cuatro acusados: el responsable de la división de inteligencia de la unida, la llamada Sección 2, Víctor Stocco, , el juez sumariante Julio Antonio Techera y el médico José Luis Braga, y Nelson Silveira, integrante del personal subalterno de la unidad de inteligencia.

Respecto a éstos cuatro imputados, dos de ellos ya fallecieron.

La defensa de otro de los acusados interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la creación de la citada Fiscalía, en tanto en el caso del restante, el magistrado solicitó que continúe emplazado mientras se sustancia la investigación.

La denuncia fue presentada en 2011 por diecinueve exreclusos polìticos.

El Fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió en mayo de 2018 el procesamiento y prisión de los investigados.

Se trata del primer procesamiento logrado por esta Fiscalía, que fue creada en febrero del año pasado e investiga las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

En su gran mayoría, los detenidos y torturados eran jóvenes estudiantes de entre 18 y poco más de 20 años que, pertenecían al Comité de Resistencia Antifascista (CRAFT) y al Movimiento Marxista (MM), grupos que se dedicaban a realizar propaganda contra la dictadura.

En esa unidad, fue asesinado el militante del Partido Nacional, Francisco Chocho Larrosa, a fines del año 1972.

En enero de 1976, murió allí el dirigente del Sunca y militante del Partido Comunista, Horacio Gelós Bonilla.tras haber sido secuestrado en pleno centro de Maldonado,

Sus restos hasta el día de hoy no han sido ubicados.

En marzo del mismo año, fue detenido ilegalmente en su casa de Piriápolis el militante del MLN Eduardo Mondello quien días después fue entregado a su familia muerto, tras haber sido sometido a salvajes torturas en ese batallón.

Perciballe afirmó que durante la dictadura en Uruguay existía una “dinámica estandarizada” para el tratamiento de los detenidos, que incluía distintos tipos de torturas, como plantones, patadas en el piso, simulacros de fusilamiento, picana eléctrica y submarino.

En su momento, el fiscal también pidió que se investigara al exjefe del S2, Dardo Barrios.

Según publicó Brecha en mayo de 2018, Perciballe pidió que se le librara una orden d captura ante la información de que se encontraba prófugo y “probablemente en el exterior”

Por último, pidió citar como indagados al ex jefe del Batallón número 4 Aquiles Moraes y al juez sumariante Beltrán Rosadilla.

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  Jueza de Maldonado procesó con

prisión a dos militares retirados por abuso

de autoridad y privación de libertad

Se había denunciado detención ilegal y torturas en Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce en 1974.

La jueza de 1ª Instancia de 10º Turno de Maldonado, Verónica Pena Molina, procesó con prisión a los militares retirados Plácido Gregorio Amorín Eraso y Artigas Walter Rivera Bianchi, por delitos de abuso de autoridad contra detenidos en el Batallón de Ingenieros Nº4 de Laguna del Sauce durante la dictadura, que en el caso de Rivera tipificó “en concurrencia con un delito de privación de libertad”, según informó en un comunicado el Poder Judicial.

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, había pedido en mayo de 2018 el procesamiento de seis personas (cuatro militares retirados, el juez Julio Antonio Rechera y el médico José Luis Braga), por delitos cometidos en esa unidad militar. El comunicado indica que Pena “desestimó la prescripción de los delitos imputados como lo había solicitado la defensa” de los acusados.

La causa fue iniciada por una denuncia de Luis Roberto García Píriz, quien fue detenido ilegalmente el 26 de setiembre de 1974, trasladado a la sede del batallón y “sometido allí a tratos crueles e inhumanos […] en el marco de un ataque sistemático por parte de agentes del Estado”. La jueza evaluó que “se ha reunido la semiplena prueba necesaria para iniciar el sumario como solicita la Fiscalía en esta instancia” a Amorín y Rivera, dado que “se recibieron cerca de 28 declaraciones de víctimas que padecieron las detenciones y sufrimientos, apremios físicos y psicológicos a los que fueron sometidos” durante su detención.

En el fallo se señala que “los relatos son coincidentes”, y que “se trata de testimonios eficaces que dan cuenta de privaciones de libertad por largos períodos de tiempo en el referido batallón y el sometimiento a tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Asimismo, “las pericias psiquiátricas forenses constatan y confirman las versiones de las víctimas”, y “el informe médico legal incorporado describe y detalla –en forma coincidente con las declaraciones recibidas– los padecimientos físicos narrados por las víctimas”, a la vez que informa sobre sus consecuencias, apunta la magistrada. A su vez, las declaraciones de Amorín y Rivero, que “niegan los hechos, no resiste –en esta instancia inicial– la prueba recolectada, la cual es positiva en cuanto a los hechos inicialmente imputados y participación activa de los indagados […], motivos por los que se hará lugar a la solicitud fiscal de enjuiciamiento, en la forma que se dirá considerando la situación de cada indagado conforme las resultancias de actuaciones”, concluye Pena.

Para Rivera, que vive en un residencial de ancianos en Punta del Este, se dispuso prisión domiciliaria, “pudiendo abandonar el domicilio para efectuar controles médicos pertinentes a su estado y condición, con control periódico del médico forense”.

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  DD.HH

19 de febrero de 2019

Justicia procesó a dos militares retirados

por torturas en dictadura

La jueza letrada de 1º Instancia de 10º Turno de Maldonado, Verónica Pena, dispuso el procesamiento con prisión de dos militares retirados por la comisión de delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y, en el caso de uno de ellos, en concurrencia con un delito de privación de libertad.

La magistrada desestimó la prescripción de los delitos imputados como así lo había solicitado la defensa de los militares retirados.

Los imputados son: el ex jefe del Batallón, coronel (r) Artigas Rivera Bianchi, y el subalterno, Plácido Gregorio Amorín.

La causa se inició con la formulación de las denuncias realizada por Luis Roberto García Píriz dando cuenta de la situación a la que fue sometido durante la pasada dictadura cívico-militar (1973-1985).

En tal sentido expresó que en el marco del “Plan Cóndor”, de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, fue “detenido en forma ilegal el 26 de setiembre de 1974, trasladado al Batallón de Ingenieros Número 4, Laguna del Sauce, y sometido allí a tratos crueles e inhumanos”.

En su denuncia remarca que ello “no fue solo un acto aislado, sino en el marco de un ataque sistemático por parte de agentes del Estado”.

28 declaraciones

A continuación se incorporaron denuncias de otras víctimas con similar contenido.

En efecto, “se recibieron cerca de 28 declaraciones de víctimas que padecieron las detenciones y sufrimientos, apremios físicos y psicológicos a los que fueron sometidos para obtener las declaraciones durante su detención en el Batallón de Ingenieros Nº 4”.

Los relatos son coincidentes, se trata de “testimonios eficaces que dan cuenta de privaciones de libertad por largos períodos de tiempo en el Batallón y el sometimiento a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, se expresa en el fallo, según así informo el Poder Judicial.

Las pericias psiquiátricas forenses “constatan y confirma las versiones de las víctimas”, asegura la jueza.

Asimismo, el informe médico legal incorporado, “describe y detalla, en forma coincidente con las declaraciones recibidas, los padecimientos físicos narrados por las víctimas”.

“Las declaraciones de los indagados, en cuanto niegan los hechos no resiste, en esta instancia inicial, la prueba recolectada, la cual es positiva en cuanto a los hechos inicialmente imputados y participación activa de los indagados”, remarca la jueza en su resolución.

 

 

 

 

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