Espías y confidentes
Nuevas revelaciones sobre el espionaje ilegal en Argentina.
Fabián Kovacic
12 abril, 2019
Ministro de Seguridad Patricia Bullrich
Dos ministros de Mauricio Macri aparecen involucrados en el caso de espionaje que sacude la escena política del país vecino. La trama de contactos desprendida de la indagatoria que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla salpica también al Congreso y al Poder Judicial.
Los testimonios claves del ex agente de inteligencia Hugo Rolando Barreiro y de la abogada Giselle Robles involucraron al Poder Ejecutivo en la causa por espionaje ilegal que lleva adelante el juez federal de la ciudad bonaerense de Dolores, Alejo Ramos Padilla. En sus declaraciones ante el magistrado, a fines de la semana pasada, mencionaron directamente al ministro de Justicia, Germán Garavano, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según estas denuncias, ambos jerarcas habrían operado para amañar declaraciones y pagar a testigos, con el fin de torcer el rumbo de causas que involucran a miembros del gobierno anterior.
Barreiro está acusado de ser el nexo entre un fiscal y el falso abogado Marcelo D’Alessio, acusado de espionaje ilegal y extorsiones a empresarios y políticos de Argentina y Uruguay. Tras ser citado a declarar ante el juez Ramos Padilla, Barreiro pidió acogerse a la figura del arrepentido para brindar más información. Aunque eso aún no se decidió, declaró ante el magistrado durante tres días y aseguró que, entre otras operaciones llevadas adelante por D’Alessio, figuraban el seguimiento y las amenazas a la abogada Giselle Robles, cuando esta se desempeñaba como representante del arrepentido Leonardo Fariña. Se trata de uno de los detenidos que más información aportó a la justicia en la causa llamada “ruta del dinero K”, que involucra al entorno cercano del ex presidente Néstor Kirchner.
Robles sostuvo que en abril de 2016 se reunió con el ministro de Justicia para acordar el testimonio de su defendido y así involucrar en causas de corrupción a la ex presidenta Cristina Fernández. Además, reconoció ante Ramos Padilla que recibió amenazas y que hace dos meses intentaron robarle el auto con documentación judicial en su interior.
En esa misma reunión de 2016, el ministro Garavano habría asegurado a la abogada que tres jueces federales serían destituidos porque no eran funcionales a las estrategias del gobierno nacional. Lo cierto es que a principios de noviembre de 2016 renunció el juez Carlos Rozanski, quien dirigió varias causas por derechos humanos y dijo sufrir “presiones por no ser un magistrado afín al Ejecutivo”. Un año más tarde, el camarista federal Eduardo Freiler fue destituido, acusado de corrupción. En marzo de 2018, el juez Daniel Rafecas –quien desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de Irán en la investigación del atentado a la Amia– se defendió ante el Consejo de la Magistratura y evitó su destitución. Los tres son tachados de kirchneristas.
Por otra parte, tanto la documentación encontrada durante el allanamiento de la casa de D’Alessio como el testimonio del ex espía Barreiro señalan que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Bullrich, se pagan 200 mil pesos mensuales a Fariña a cambio de sus declaraciones en la llamada “ruta del dinero K”. Por eso, Ramos Padilla les pidió a dos jueces federales de la capital todas las declaraciones que el financista arrepentido dio en las causas por corrupción que tramitan en sus sedes.
DEMASIADO ALTO. En el juzgado de Dolores saben que van directamente al hueso si se meten con la ministra Bullrich. La jerarca es quien más mención hace de la corrupción y el terrorismo como aquellas lacras contra las que vino a luchar el macrismo, pero al mismo tiempo es la funcionaria que más presión ha ejercido sobre el Poder Judicial, si se tienen en cuenta las investigaciones por la desaparición de Santiago Maldonado, el asesinato del mapuche Rafael Nahuel y la causa contra el líder indígena Facundo Jones Huala. En los tres casos, Bullrich criticó públicamente a los magistrados a cargo y envió a funcionarios del ministerio a presionarlos, según lo denunciado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
En ese contexto, cobran nuevo impulso las voces que pretenden pasar la causa D’Alessio a la capital federal, donde el statu quo judicial parece más dócil y funcional al poder político. Este viernes 5, el juez federal Luis Rodríguez, de la ciudad de Buenos Aires, llamó a declarar al detenido Barreiro en otra causa por extorsión, que se tramita en su juzgado. Se trata de una denuncia hecha por un empresario que acusa a D’Alessio de reclamarle dinero a cambio de no involucrarlo en la indagatoria judicial “mafia de los contenedores”. Así se conoce la trama de la importación irregular de mercaderías por funcionarios del kirchnerismo para hacer negocios personales.
Con esa denuncia, las causas de Dolores y de la capital federal empiezan a tener protagonistas comunes. Un nuevo argumento para quienes pretenden unificar los expedientes bajo la órbita de un magistrado porteño, algo que ya había solicitado, al comienzo de la indagatoria, el juez federal Julián Ercolini.
CUENTA REGRESIVA. De esa posibilidad se agarra otro de los implicados, el fiscal Carlos Stornelli. Quien lleva adelante la “causa de los cuadernos” contra el kirch-nerismo es señalado en la causa D’Alessio como parte de la trama de extorsión y espionaje ilegal.
Stornelli ya fue llamado cuatro veces a declaración indagatoria por el juez Ramos Padilla, pero nunca se presentó. El fiscal fue declarado en rebeldía, y este viernes 12 vencen los diez días de plazo para que explique a la Procuraduría General por qué no concurrió a la citación. El escrito en el que fundamenta su deserción será evaluado por un tribunal de cuatro fiscales, de dudosa imparcialidad.
El primero de ellos es Juan Carlos Paulucci, quien exhibe como carta de presentación a su padre, hasta hace poco secretario de Seguridad Social en la Secretaría de Trabajo de la Nación. También están las fiscales María Alejandra Obregón y María Gloria André, quienes se opusieron a que la Secretaría de Derechos Humanos fuera querellante en las causas por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar. El cuarto miembro será Martín López Perrando, quien trabajó para el propio Stornelli en el Ministerio de Seguridad bonaerense y en la Fiscalía.
PISTA EXTRANJERA. El caso tiene además varios hilos aún no investigados. El empresario Mario Montoto, a quien Stornelli considera un “hermano” ‒según consta en sus diálogos con D’Alessio‒, es otro de los mencionados por el falso abogado. Montoto militó en Montoneros junto con la ministra Bullrich, y de esos años quedó un fuerte vínculo entre ambos. Hoy representa varias empresas de artículos de seguridad de Israel, país con el cual el Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene acuerdos comerciales. Sin embargo, el empresario ha negado cualquier relación económica como proveedor de la cartera.
Montoto podría ser llamado a declarar ante Ramos Padilla en la causa de espionaje ilegal por presuntas operaciones de secuestro de personas en Venezuela, en las que habría participado D’Alessio. Las semejanzas en los procedimientos utilizados remitiría a ingratos recuerdos en Argentina: el trabajo de los agentes de la Triple A durante la previa a la última dictadura militar. Todo sazonado con la sofisticación de la posmodernidad en el siglo XXI.
D’Alessio se presentaba ante sus víctimas como funcionario de la Dea, y en el allanamiento de su casa se encontraron documentos apócrifos de la embajada norteamericana y el Ministerio de Defensa de Israel, y ropa con las siglas de la agencia antidroga estadounidense. En sus teléfonos celulares aparecen los contactos de los fiscales Stornelli y Juan Bidone, de las diputadas de Cambiemos Elisa Carrió y Paula Oliveto, y del periodista Daniel Santoro, del diario Clarín, a quienes D’Alessio reconoce como contactos frecuentes. Todos ellos niegan el vínculo, al igual que las embajadas de Estados Unidos e Israel. D’Alessio sería así lo que en la jerga se conoce difusamente como “agente inorgánico”: si cae en desgracia, nadie se hará cargo de él. Un paraestatal con contactos en el Parlamento, la justicia y hasta el Poder Ejecutivo, pero que opera en las sombras y la clandestinidad para el poder del Estado.
Los sondeos realizados por Brecha en Buenos Aires indican que, por ahora, ninguna de las embajadas de los países mencionados en la documentación secuestrada a D’Alessio tiene como prioridad interiorizarse en la causa judicial llevada adelante por Ramos Padilla. Esperan la evolución del caso antes de dar un paso que las lleve a una situación diplomática complicada en pleno año electoral, según estiman en el juzgado de Ramos Padilla.