Uruguay: INDDHH informa sobre consultas populares

  INDDHH cuestiona que se

hagan consultas populares que

pongan en cuestión derechos humanos

18 de junio de 2019

El organismo se posicionó en contra del prerreferéndum contra la ley trans y el plebiscito que promueve Larrañaga.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) publicó ayer un comunicado en el que cuestiona que se hagan consultas populares para dejar “sin efecto” o “disminuir” el marco de protección de los derechos humanos. En este sentido, la institución recuerda que hay dos de estos mecanismos en marcha: el plebiscito que propone reformar la Constitución en materia de seguridad, promovido por el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, y el preereferéndum que busca dejar sin efecto la Ley Integral para Personas Trans, impulsado por otro precandidato nacionalista, Carlos Iafigliola, y el diputado nacionalista Álvaro Dastugue.

La institución destaca que si bien “siempre” es posible someter a los mecanismos de democracia directa asuntos que “amplíen” el marco de protección de los derechos humanos, cuestiona si es “válido” promover mecanismos de democracia directa que tienen como objetivo dejar “sin efecto, o disminuir, el marco de protección de derechos vigente”.

La INDDHH se basa en sentencias de la Suprema Corte de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sostener que “cualquier modificación del ordenamiento jurídico nacional que implique un retroceso en la esfera de protección de derechos, o que pretenda anular derechos humanos ya reconocidos por el Estado Uruguayo, carece de validez normativa cuando esa decisión implica la violación de los derechos que ampara la Constitución”. La institución añade que los mecanismos de democracia directa no deben suponer “de ninguna manera la posibilidad de ir contra esos derechos inherentes de las personas”.

Se afirma que cuando se “plantean propuestas de reformas regresivas” en materia de derechos humanos, por medio de mecanismos de democracia, es responsabilidad de todo el aparato estatal –en particular del Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte Electoral– pronunciarse sobre si se va a “favorecer o no” procedimientos de reformas constitucionales o legislativas que vulneren derechos humanos.

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