Quienes aún buscan justificaciones

  

Aliviando las culpas del

terrorismo estatal

23 julio 2019

Jorge Tróccoli: uno de los secuestradores en el Fusna

Una reciente columna de opinión de Raúl Ronzoni orientada a denostar a Graciela Villar, candidata a Vicepresidenta por el Frente Amplio, hace referencias muy duras acerca de su pasado militante y su condición de presa política durante el terrorismo estatal. Agravian al conjunto de las víctimas. Las formulaciones de Ronzoni demuestran un enorme desconocimiento acerca de las prácticas represivas vigentes desde fines de los años 60, durante toda la década de los 70 y parte de los años 80. No es nuestro propósito defender a Graciela Villar pero como colectivo organizado no podemos pasar por alto apreciaciones tan equivocadas y endulzantes acerca de lo que fue el terrorismo de Estado en Uruguay.

El Estado de Guerra Interno

Desde el 15 de abril de 1972 en que la Asamblea General del Poder Legislativo declaró el Estado de Guerra Interno, la justicia militar pasó a ser,  el órgano destinado a  otorgar penas de reclusión  a todos los ciudadanos que eran detenidos por los cuerpos represivos del Estado, militares y policías, desplazando de esa función al órgano constitucional  con dichas facultades: el Poder Judicial. En función de ello, todos los ciudadanos dejamos de ser detenidos para ser directamente secuestrados por efectivos militares y policiales, muchas veces sin identificarse y actuando de civil. Dejamos de ser detenidos por orden escrita del juez competente como establecen las normas constitucionales para ser privados de la libertad por decisiones de los servicios de inteligencia.

Secuestrados y desaparecidos

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