Esencial: LA MEMORIA

 INFORME  

REGUEROS DE MEMORIA

Las universidades públicas desarrollan diversas políticas para enfrentar las consecuencias del terrorismo de Estado. Varias son querellantes en causas por los crímenes de lesa humanidad, algunas se focalizan en la reparación de legajos de detenidos-desaparecidos y otras confeccionan bases de datos de las víctimas.

Por Gabriela Naso

03 de octubre de 2019

La nominación de un aula, la colocación de una baldosa, la creación de cátedras, la apertura de programas de investigación, la reparación de documentos, la asistencia a los juicios, la conformación de listados de víctimas, la intervención artística y la visita a los espacios de memoria son algunas de las acciones que marcan el compromiso de las universidades públicas con la defensa de los derechos humanos y el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

Mediante la resolución 259/15, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) decidió “disponer de la inscripción de la condición de detenido-desaparecido o asesinado en los legajos de los docentes, no docentes, graduados y estudiantes de esta Universidad” y “dejar constancia en los legajos de los reales motivos que determinaron la interrupción del desempeño laboral o estudiantil de todos aquellos que fueron víctimas de la última dictadura cívico militar”.

Se estima que unos 800 miembros de su comunidad fueron víctimas del terrorismo de Estado, de los cuales el 90 por ciento era estudiante.

La prosecretaria de Derechos Humanos y ex decana de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, Verónica Cruz, afirmó que la institución “fue víctima pero también fue victimaria en el período de la intervención”. “En esa condición de victimaria, la Universidad tiene que saldar una deuda con los familiares y allegados de esos compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y asesinados”, explicó Cruz al Suplemento Universidad.

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