33 años de la LEY DE IMPUNIDAD

A 33 años de la aprobación

de la ley de caducidad

23 de diciembre de 2019 

 Escribe: Raúl Olivera Alfaro 

Nada alimenta tanto al olvido como la impunidad. Durante estos 33 años se ha desarrollado un discurso –a veces avasallante, otras silencioso– con el que se busca construir un relato sobre el pasado reciente. Según ese relato, lo que vivió Uruguay durante las dictaduras del Plan Cóndor no fue más que una pesadilla pasajera y circunstancial que es mejor dejar atrás, olvidar.

El terrorismo de Estado no quiere que exista memoria de ese pasado, y espera pacientemente que ya no queden voces para contar lo que verdaderamente pasó. No quiere que se alerte sobre la posibilidad de que se repita en el futuro y regrese a destruir lo que quedó en pie: la memoria. Por eso, darle un sentido pedagógico al Nunca Más es un deber imprescindible del presente.

El 22 de diciembre de hace 33 años, la mayoría de los legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado aprobaron una ley destinada a impedir que los ciudadanos uruguayos acudiéramos ante los tribunales a reclamar un derecho constitucional: el de la justicia. Era algo más que una norma legal lo que se estableció en esa fecha: era parte de una pieza sustancial en la construcción de una cultura de impunidad que sobrevive aun después de que la ley de caducidad dejara de tener efectos legales en estos últimos años.

Si fuera por esa decisión de los dos principales partidos que hoy integran la coalición multicolor junto con aquellos que impusieron la “lógica de los hechos”, los restos de Fernando Miranda, Ubagésner Chaves Sosa, Blanco, Julio Castro y Eduardo Bleier continuarían secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas; los pocos criminales de lesa humanidad procesados y los menos aun condenados gozarían de la más inmoral impunidad; los hijos apropiados continuarían en poder de los apropiadores; el más de medio centenar de solicitudes de procesamiento no existirían.

Sin embargo, después de aquel 22 de diciembre de 1986, la larga lucha por verdad y justicia no caducó para una parte de nuestra sociedad que se las ingenió para ir derrumbando barreras y muros que muchos pensaron inexpugnables. Aquella ley arbitraria, inmoral e inconstitucional ya no es el impedimento jurídico para que haya verdad y justicia. Pero, a pesar de todo, la cultura de la impunidad persiste.

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