El que mucho abarca
La urgencia y la estrategia política.
Gabriel Delacoste
31 enero, 2020
Lanzamiento de la campaña de recolección de firmas en Montevideo en contra de la ley de inclusión financiera, 8 de Agosto de 2017
A partir del texto del proyecto de ley presentado por el Partido Nacional es posible analizar, además de su contenido sustantivo, el papel que tiene en la estrategia del gobierno entrante y las implicancias del uso de la institución de la urgente consideración para un programa tan amplio.
El contenido de la iniciativa, titulada “Uruguay seguro, transparente y de oportunidades”, es vastísimo, y por estar escrito en el lenguaje técnico de la legislación, no es sencillo de entender para quienes no somos abogados o no estamos profundamente interiorizados con cada una de las áreas que pretende abordar. Pero si algo puede verse a simple vista es que deja pocas áreas de la vida nacional sin tocar. Una parte importante del programa de gobierno de la coalición está contenido en este proyecto de ley que ingresará al Parlamento el 2 de marzo.
El anteproyecto incluye, entre otras cosas, una reforma policial, una reforma de la educación, la creación de una regla fiscal, varias reformas administrativas, la creación de un ministerio de medio ambiente, beneficios para pequeños empresarios urbanos y rurales, y da los primeros pasos para una reforma de la seguridad social.
Para empezar, hay un aumento de penas y del margen de actuación policial. Incluye la tan mentada “presunción de inocencia” de los policías, y amplía las situaciones en las cuales estos pueden intervenir y evocar el argumento de la legítima defensa. Es decir, el anteproyecto represivo permite avizorar una fusión entre el discurso de la seguridad pública y el de la represión política (sobre el contenido específico véase notas de Venancio Acosta y Gabriel Tenenbaum en las páginas de Sociedad).
Por otra parte, se restringe la capacidad de crear sociedades con privados por parte de las empresas públicas. Esto podría ser algo positivo para reducir la función estatal en una maraña de entidades fronterizas entre lo público y lo privado, si no fuera porque al mismo tiempo, habilita la intervención de capitales privados en áreas que en Uruguay han sido históricamente estatales. Los platos fuertes en materia económica de la ley son la regla fiscal y la desmonopolización de la importación, refinamiento y exportación de combustibles. Ambas disposiciones responden a una ideología neoliberal, que piensa que la reducción del gasto y la ampliación del mercado son siempre positivas (sobre el contenido específico véase nota de Víctor H Abelando).
La creación de un ministerio de Medio Ambiente es, sin duda, una buena noticia. La crisis ambiental en Uruguay y en el mundo tiene que ser enfrentada en los niveles institucionales más altos, aunque está por verse si un gobierno que responde a los intereses del agronegocio tomará alguna acción realmente tendiente a enfrentar esta crisis. Por fuera de esto, el anteproyecto contiene cientos de transformaciones administrativas mayores y menores que deberán ser analizadas con mayor detenimiento.
ESTRATEGIA. Una superley de urgencia que incluye el grueso del programa de gobierno responde a una realidad política que se hace cada vez más evidente: la coalición conformada por el gobierno electo es frágil y puede que no se sostenga como un bloque parlamentario por mucho tiempo. Así las cosas, se impone la necesidad de aprobar todo lo posible de una sola vez, lo cual permite al gobierno ser mano y reducir al mínimo los costos de las difíciles negociaciones que provocaría tratar cada uno de estos temas individualmente.
El anteproyecto incluye medidas con un fuerte componente ideológico de derecha, represivo y neoliberal, junto con medidas difíciles de comprender, otras inocuas y otras defendibles ante públicos amplios. Además, en varias áreas profundiza rumbos derechistas iniciados por los gobiernos frenteamplistas, haciendo difícil a la oposición partidaria pararse con fuerza contra ellos. Parece estar diseñada para embarullar la discusión y que las críticas, con tantos frentes simultáneos, se superpongan. Además, al ser publicada algo más de un mes antes de su llegada al Parlamento, permitirá un teatro de negociaciones públicas que terminará en pequeñas modificaciones y tendrá como efecto reafirmar las supuestas credenciales progresistas de Ernesto Talvi y Pablo Mieres. El objetivo: mostrar a la coalición de derecha como un espacio donde las diferentes posturas pueden encontrar su representante.
Parece claro en quiénes estaba pensando el gobierno electo al momento de la redacción: en las fuerzas del orden y en quienes reclaman mano dura, en pequeños comerciantes y productores rurales, y en grandes capitales. Estos sectores sociales son el núcleo de apoyo de la derecha, y la ley les otorga los primeros dividendos. Del otro lado están los actores que la iniciativa ataca: los sindicatos, la educación pública y las empresas públicas, es decir, la clase trabajadora organizada, los espacios de autonomía en el interior del Estado y la capacidad de este de intervenir políticamente en la economía.
El anteproyecto en sí mismo no es el ajuste sobre el gasto y el salario que exigen los capitales. Estos seguramente vendrán con el presupuesto nacional y las rondas de negociación salarial. Sin embargo, sí es el marco legal y político en el que ese ajuste va a suceder. Es decir, el ajuste será presentado como necesario para cumplir con la regla fiscal prevista en la Luc y el nuevo marco represivo será la amenaza para quienes protesten.
Una parte importante del contenido estuvo presente en los programas de la derecha, por lo que es esperable que la discusión pública sea una continuación de la discusión de la campaña electoral, con la diferencia de que lo que está en juego no son candidatos o partidos, sino las transformaciones concretas que la ley propone. La izquierda perdió la primera discusión, y tiene ahora otra oportunidad para disputar la segunda, que podrá plantearse en términos distintos.
Para el gobierno entrante, si la jugada sale bien, será una alta recompensa, pero si sale mal, será de alto riesgo. Al atar una parte importante de su programa a una sola ley, su caída podría dificultar la estrategia de mediano plazo. La posibilidad de derogarla mediante un referéndum podría ser seriamente considerada para forzar que estos asuntos vuelvan al Parlamento, pero uno por uno, como corresponde a una situación política normal.
EXCEPCIÓN. La normalidad, justamente, es un punto central. La ley de urgencia es un mecanismo de excepción, previsto en la Constitución para situaciones extremas, en las que los mecanismos republicanos usuales de deliberación parlamentaria no pueden ser completados. En este caso, ¿cuál es la urgencia? La fragilidad de la coalición gubernamental es ciertamente un problema, pero parece poco para justificar el uso de un mecanismo de este tipo, forzado más allá de lo razonable.
Esto nos habla de que el gobierno entrante estará dispuesto a jugar fuerte en la arena constitucional, en el filo de lo que le permite el ejercicio legítimo de la autoridad. Pareciera que quienes se aprontan para gobernar prevén un quinquenio conflictivo, y habrá que tomar nota. La excepción como forma usual de gobierno es un fenómeno que el teórico italiano Giorgio Agamben, hace algo menos de dos décadas, asoció a una desnaturalización de los regímenes democráticos de Occidente. La urgencia puede justificar la suspensión de los mecanismos institucionales, y suele tener efectos autoritarios.
Es posible que, en estos años, la disputa política tome la forma de una disputa entre las partes más autoritarias de nuestro régimen constitucional y las más democráticas, ejercidas directamente por el pueblo.
