En la nueva ley de emergencia

  El que mucho abarca

La urgencia y la estrategia política.

Gabriel Delacoste

31 enero, 2020

Lanzamiento de la campaña de recolección de firmas en Montevideo en contra de la ley de inclusión financiera, 8 de Agosto de 2017 

A partir del texto del proyecto de ley presentado por el Partido Nacional es posible analizar, además de su contenido sustantivo, el papel que tiene en la estrategia del gobierno entrante y las implicancias del uso de la institución de la urgente consideración para un programa tan amplio.

El contenido de la iniciativa, titulada “Uruguay seguro, transparente y de oportunidades”, es vastísimo, y por estar escrito en el lenguaje técnico de la legislación, no es sencillo de entender para quienes no somos abogados o no estamos profundamente interiorizados con cada una de las áreas que pretende abordar. Pero si algo puede verse a simple vista es que deja pocas áreas de la vida nacional sin tocar. Una parte importante del programa de gobierno de la coalición está contenido en este proyecto de ley que ingresará al Parlamento el 2 de marzo.

El anteproyecto incluye, entre otras cosas, una reforma policial, una reforma de la educación, la creación de una regla fiscal, varias reformas administrativas, la creación de un ministerio de medio ambiente, beneficios para pequeños empresarios urbanos y rurales, y da los primeros pasos para una reforma de la seguridad social.

Para empezar, hay un aumento de penas y del margen de actuación policial. Incluye la tan mentada “presunción de inocencia” de los policías, y amplía las situaciones en las cuales estos pueden intervenir y evocar el argumento de la legítima defensa. Es decir, el anteproyecto represivo permite avizorar una fusión entre el discurso de la seguridad pública y el de la represión política (sobre el contenido específico véase notas de Venancio Acosta y Gabriel Tenenbaum en las páginas de Sociedad).

Por otra parte, se restringe la capacidad de crear sociedades con privados por parte de las empresas públicas. Esto podría ser algo positivo para reducir la función estatal en una maraña de entidades fronterizas entre lo público y lo privado, si no fuera porque al mismo tiempo, habilita la intervención de capitales privados en áreas que en Uruguay han sido históricamente estatales. Los platos fuertes en materia económica de la ley son la regla fiscal y la desmonopolización de la importación, refinamiento y exportación de combustibles. Ambas disposiciones responden a una ideología neoliberal, que piensa que la reducción del gasto y la ampliación del mercado son siempre positivas (sobre el contenido específico véase nota de Víctor H Abelando).

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