Como en botica
El borrador de 457 artículos traza con claridad lo que será el gobierno de la coalición multicolor. Plantea cambios en materia de seguridad, educación y relaciones laborales, así como en la ley de inclusión financiera. La propuesta conjuga un incremento de la política represiva, vía libre al porte de armas de fuego para policías retirados y la liberalización del mercado de combustibles, entre otras cosas.
Mauricio Pérez
24 enero, 2020
Lacalle Pou presenta la ley de urgente consideración a la coalición de gobierno en la sede de Todos
La incertidumbre terminó. El gobierno electo presentó el miércoles 21 el anteproyecto de la multicitada ley de urgente consideración (Luc), elaborado por técnicos del Partido Nacional, cuyo contenido estaba, hasta entonces, en la más profunda de las penumbras. “Es un proyecto popular que apela a las necesidades de los uruguayos”, afirmó el presidente electo Luis Lacalle Pou, minutos después de que el texto se divulgara a través de su cuenta en Twitter.
La redacción estuvo a cargo del abogado Pablo Ferrés, futuro prosecretario de la Presidencia, y tiene 457 artículos. Está dividido en diez secciones o capítulos que abordan diversos temas de la realidad nacional: seguridad, educación, empleo, salud, economía y medio ambiente, entre otros. Allí se entremezclan modificaciones legislativas, derogación de leyes y la creación de cargos de confianza. También algunos cambios en el nombre de títulos y subtítulos en algunas leyes.
El documento fue entregado horas antes de su difusión a los líderes partidarios que integran la coalición multicolor: Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novick (Partido de la Gente). Durante dos horas, Lacalle Pou y Ferrés expusieron sobre los contenidos del anteproyecto elaborado por los técnicos del Partido Nacional.
Para empezar, se trata de un borrador y está abierto a las sugerencias, críticas o agregados que los socios de la coalición quieran hacer, y para ello se estableció un cronograma de trabajo. Cada partido deberá analizar el contenido y hacer una devolución con propuestas a los referentes nacionalistas. Para esto tienen 30 días, ya que el objetivo es que el proyecto ingrese al Parlamento el 2 de marzo.
Las primeras reacciones dentro de la coalición fueron positivas. “Quedamos muy satisfechos. Es un instrumento que va a marcar las grandes reformas que se propone la coalición”, afirmó Talvi. “Sus contenidos tienen que ver con el documento programático que firmamos en noviembre”, agregó Mieres. Manini Ríos dijo que es una herramienta importante para no perder tiempo en los cambios que necesita el país, y adelantó que su partido hará llegar propuestas sobre seguridad. La Luc parece tener, al menos por ahora, un camino despejado para su trámite en el Parlamento, donde la coalición multicolor cuenta con mayorías para su aprobación.
SEGURIDAD. “Si hay que reprimir, hay que reprimir, y al que no le guste la palabra se la va a tener que tragar”, dijo Jorge Larrañaga, futuro ministro del Interior (Búsqueda, 23-I-20). A diferencia de lo que se anuncia, el anteproyecto no incluye ninguna de las cuatro propuestas que eran parte de la plataforma de la reforma constitucional Vivir sin Miedo. Sin embargo, el texto contiene un fuerte enfoque represivo: 101 de sus 457 artículos refieren a seguridad, casi todos con un enfoque punitivo.
El texto propone, por ejemplo, aumentar la pena mínima del delito de rapiña –hoy de cuatro años–, en contra de lo que opina buena parte de la academia, que reclama bajar este guarismo para atender la infinidad de tipos delictivos que están inmersos en esta figura. También se propone aumentar la pena de delitos sexuales, como violación –a 16 años– y abuso sexual –a 12 años–; esta pena será mayor cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente.
Además, plantea penas para quienes se resistan a un arresto –puede llegar hasta tres años– y para quien menosprecie, ofenda, atente, desobedezca, agravie, lesione o arroje objetos a un policía en ejercicio de su funciones. Otro artículo apunta a considerar un agravante muy especial el homicidio de un trabajador de la seguridad privada, como hoy sucede con policías, jueces o fiscales.
El texto incluye, asimismo, cambios contra los adolescentes en el código penal. Allí se plantea duplicarles la pena máxima, que pasaría de cinco a diez años en delitos graves, como homicidio. Se trata de una antigua propuesta nacionalista, que en su momento tuvo el respaldo del ministro Eduardo Bonomi. En esta misma línea, se propone que los menores de edad imputados por delitos graves estén privados de libertad dos años como mínimo –hoy la prisión preceptiva es de un año– y que, en esos casos, los antecedentes no se borren.
Siguiendo con esa línea represiva se plantea excluir del beneficio de redención de pena por estudio y trabajo a los responsables de delitos graves, así como prohibir el régimen de semilibertad para adolescentes condenados por estos delitos. También se establece que los adultos que gocen de salidas transitorias o prisión domiciliaria deban utilizar tobilleras electrónicas. Y se crea un delito específico para quienes no se comporten “como buenos padres de familia” y rompan estos dispositivos de rastreo electrónico.
Entre las disposiciones sobre narcotráfico se establece como agravante el suministro de estupefacientes a personas menores de 21 años o privadas de discernimiento o voluntad, al tiempo que se aplica una pena de entre cuatro y 15 años de penitenciaría para quienes utilicen su hogar como “boca” de expendio de drogas, delito por el que suelen ser condenadas mujeres jefas de hogar.
Pero el anteproyecto también tiene otros aspectos. En su primer artículo se amplían los límites de la legítima defensa. Se entiende que actúa en legítima defensa quien utilice violencia ante una persona que ingrese a su hogar (incluidos balcones, terrazas, garajes o jardines); esta exención de responsabilidad se extenderá a “aquel que, durante la noche, repele el ingreso de personas extrañas a un establecimiento que desarrolle actividad agraria”. También se amparan como legítima defensa los casos de policías y militares que en cumplimiento de sus funciones repelen una agresión física o armada contra sí o un tercero empleando su arma u otro medio de coacción, en forma racional, proporcional y progresiva, y agotando en forma previa los medios disuasivos que tengan a su alcance, sin perjuicio de la prueba en contrario.
Pero el texto va más allá, e impulsa cambios en la ley de procedimiento policial y en la ley orgánica policial. Allí se consagra la legítima defensa presunta o presunción de inocencia para policías –los detractores de este artículo dicen que es una vía libre al “gatillo fácil” policial– y se habilita el porte de armas para los policías en situación de retiro, quienes incluso podrán actuar como policías en caso de enfrentarse a situaciones de flagrante delito. Por otro lado, se habilita que los policías puedan disparar sin identificarse. Y también que puedan detener a una persona e interrogarla sin tener que informar al fiscal sobre este hecho; prohibir que los policías interroguen a los detenidos sin conocimiento del fiscal fue uno de los logros del actual Código del Proceso Penal en materia de respeto a las garantías individuales.
Asimismo, se plantea establecer una ley de derribos para protección del espacio aéreo. Así se establece la posibilidad de neutralizar (o sea, derribar) una avioneta que haya ingresado al espacio aéreo uruguayo sin autorización y que no responda a ninguna de las medidas de persuasión para que descienda. La potestad de derribo la tendrá el presidente de la República. Esta ley pretende combatir el tráfico internacional de drogas, pero su constitucionalidad es dudosa, ya que supondría habilitar la pena de muerte en Uruguay (véase “Volando por los aires”, Brecha, 9-VIII-19).
LABORAR. El futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en rueda de prensa que esta ley le permitirá al futuro gobierno impulsar las grandes reformas que se plantea. En efecto, la norma representa la visión ideológica de la coalición multicolor sobre las políticas a aplicarse en varias áreas, por ejemplo, en materia de relaciones laborales. El texto no impulsa cambios en la ley de negociación colectiva o de los consejos de salarios –que se presentarán en un futuro–. Sin embargo, se limita el derecho de huelga: “Toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa”. En caso de que esto no ocurra, el Poder Ejecutivo podrá restringir esa huelga.
Además, se restringe el derecho a protesta. Se declaran ilegítimos los piquetes públicos que afecten la libre circulación de personas, y se faculta el uso de la fuerza pública para disuadir esos piquetes y “garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad”.
En educación, en tanto, se le otorga mayor poder al Ministerio de Educación y Cultura, que estará bajo el mando de Pablo da Silveira, hombre de confianza del presidente electo. Una de sus nuevas atribuciones será, por ejemplo, elaborar el Compromiso de Política Educativa Nacional, que deberán comprometerse a cumplir quienes asuman cargos en el Codicen.
Se establece, asimismo, que los consejos desconcentrados (Primaria, Secundaria y Utu) pasarán a ser direcciones generales unipersonales, para una mayor celeridad en la toma de decisiones. Y se elimina la obligatoriedad de diez años de experiencia en el área educativa para integrar órganos de la Anep. El texto también impulsa cambios en la formación docente y amplía el carácter provisorio del Consejo Directivo de la Utec hasta 2022. Por otro lado, se mantiene la participación de los representantes sociales en el Codicen, con voz y voto.
En otro punto, el anteproyecto prevé la creación de un ministerio de medio ambiente y agua, en línea con la propuesta programática de la coalición multicolor. Este tendrá a su cargo la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del medioambiente. El organismo absorberá la estructura de la Dinama y de la Dinagua. Además, se propone suprimir la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, creada por el actual gobierno, y que funciona bajo la órbita de Presidencia. En vivienda, en tanto, se propone crear un sistema de alquileres sin garantías y ampliar el ámbito de actuación de Mevir. También, centralizar el abordaje sobre los asentamientos irregulares.
LIBERAR. El anteproyecto se completa con temas que fueron objeto de debate durante la campaña electoral. Varios están en el apartado “Economía y empresas públicas”. Uno de ellos es crear una regla fiscal que incluirá “una meta indicativa de resultado fiscal de las entidades estatales”. En caso de que por esa regla fiscal existan excedentes, es decir, que se produzca un ahorro, ese dinero será destinado a un fondo para “financiar políticas fiscales en fases recesivas del ciclo económico”.
Se propone un mayor control sobre la operativa de las sociedades anónimas propiedad de empresas públicas, y que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elabore un catálogo de buenas prácticas corporativas para estas entidades. Además, se crearía la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, dependiente de Presidencia de la República, que tendría a su cargo la evaluación de los programas, proyectos, objetivos y metas de las políticas públicas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
Uno de los aspectos claves del proyecto aparece en el artículo 192: “Derógase el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo establecidos a favor del Estado y gestionados por Ancap”. Se trata de una propuesta que forma parte del programa de gobierno del Partido Nacional y que los nacionalistas intentaron incluir en el documento “Compromiso por el país”, que firmó la coalición multicolor. Sin embargo, en esa oportunidad la propuesta fue rechazada por colorados e independientes y quedó por el camino.
Ahora el presidente electo y su equipo insisten con esta idea. De esta forma, se habilita la participación de las multinacionales petroleras en el negocio petrolero en Uruguay. Un negocio que no deja de ser redituable: en los primeros seis meses de 2019, la facturación global de Ancap por venta de combustibles alcanzó los 1.354 millones de dólares.
El anteproyecto incluye otro compromiso del gobierno: eliminar la obligatoriedad de los pagos electrónicos de la ley de inclusión financiera (Lif). La medida establece que trabajadores y empresarios podrán acordar la forma de pago de sus haberes, ya sea en efectivo o por una institución de intermediación financiera. Se trata de un reclamo del sector empresarial, sobre todo del sector rural y del Interior. La posibilidad de cobrar haberes en efectivo incluirá a los trabajadores independientes o profesionales por cuenta propia.
Los cambios a la Lif también alcanzan la compra y venta de bienes: “Los pagos por todo concepto originados en transacciones entre particulares podrán efectuarse mediante la modalidad e instrumentos de pago acordados entre las partes”. De esta forma, se elimina la obligatoriedad del pago por medios electrónicos y se habilita que estos negocios se realicen en efectivo, sin importar el monto de la transacción.
Un hecho relevante: la obligatoriedad del pago de operaciones por medios electrónicos fue uno de los aspectos destacados por el Gafilat en la reciente evaluación sobre el sistema de prevención de lavado de activos en Uruguay. Según el organismo internacional, este punto de la Lif –que sería derogado por el futuro gobierno– permitió mitigar los riesgos de operaciones de lavado de activos. Es que las operaciones de compra de inmuebles con “dinero vivo” representan un riesgo en materia de lavado de activos. Permitir estos pagos en efectivo fue un reclamo de parte del sector inmobiliario al gobierno electo.
Pequeñas contradicciones
El anteproyecto tiene algunas disposiciones que se contradicen entre sí. Por ejemplo, en el área de seguridad. Una de las propuestas es la creación de un consejo –integrado por representantes del Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial– que deberá planificar, coordinar y monitorear la política criminal y penitenciaria. Entre los cometidos que se le otorgan se incluye “emitir opinión [… ] sobre los lineamientos generales de la política criminal, que deberán ser tenidos en cuenta al momento de aplicar el principio de oportunidad”. Sin embargo, el artículo 16 del proyecto establece, explícitamente, la eliminación del principio de oportunidad (véase “Todos presos”).
