Delitos de lesa humanidad durante la dictadura
Crímenes en Campo de Mayo:
juicios demorados y sin visibilidad
Aunque por primera vez desde el fin de las leyes de impunidad se están realizando en simultáneo tres juicios orales por delitos en Campo de Mayo, los sobrevivientes, los familiares de víctimas y los organismos de derechos humanos advierten sobre las postergaciones que sufren los procesos y sobre las trabas a la publicidad de las audiencias.
18 de febrero de 2020
Por Ailín Bullentini
La situación judicial de los crímenes que tuvieron lugar en Campo de Mayo durante la última dictadura es extraordinaria. Extraordinaria en el sentido de fuera de lo común: si bien por primera vez desde que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron anuladas los hechos están siendo analizados por tres juicios orales en simultáneo, las cosas no están resultando sencillas para los sobrevivientes y familiares de víctimas que estuvieron secuestradas en los centros clandestinos que funcionaron en ese predio, que se enfrentan a procesos demorados y poco visibilizados. “Además de celeridad, necesitamos que las puertas de las salas estén abiertas y que haya predisposición para que los juicios sean difundidos porque es un derecho de las víctimas y sus familiares a ser escuchados no solo por el Estado sino por toda la sociedad”, señala Adriana Taboada, de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte. Los debates retomaron audiencias la semana pasada.
En Campo de Mayo funcionaron, en diferentes momentos, varios centros clandestinos que durante la última dictadura sirvieron de depósito de secuestrados y secuestradas de las patotas de represores y de escenario de torturas; de maternidad clandestina, donde nacieron muchos bebés en cautiverio que luego fueron robados a sus familias y apropiados; también fue punto de despegue para vuelos de la muerte. Los cálculos indican que por allí pasaron cerca de 5 mil víctimas –similar a la ESMA, pero en menos tiempo–, y que de todas ellas pocas sobrevivieron. Por eso, la resolución de juicios orales y públicos que confirmen aquello que ellas, sus familiares y organismos de derechos humanos denuncian desde siempre y que el Poder Judicial investiga en instrucción es fundamental: “No solo para avanzar en la reconstrucción de esa historia, sino también a modo de reparación. Los y las testigos necesitan que se los escuche”, puntualizó Taboada, que empuja desde hace mucho tiempo la comisión con vínculo directo con los delitos de Campo de Mayo.
En este momento, hay tres juicios que, en simultáneo, repasan diferentes hechos que tuvieron como escenario aquella enorme área represiva. Este martes y miércoles alegarán las defensas del ex jefe de la Zona IV Santiago Omar Riveros, el médico de la Armada Omar Di Nápoli y el segundo jefe del Arsenal Naval Jorge Bernardo en el juicio en el que están acusados de cometer secuestros, torturas, abusos sexuales y violaciones en el Arsenal Naval de Zárate, el buque patrullero ARA Murature, y en Campana, durante la última dictadura. El debate comenzó en agosto pasado y es dirigido por el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín. Para entonces, el TOF 1 de esa jurisdicción dirigía el debate sobre diferentes tramos de la megacausa de Campo de Mayo unificadas y el 4, el dedicado a los crímenes que tuvieron por objetivo principal a los y las militantes que participaron de la Contraofensiva de Montoneros . Ambos comenzaron en abril pasado.
“Como nunca antes en la historia de los juicios por los delitos cometidos en Campo de Mayo se están realizando tres juicios en simultáneo. Hace dos años, reclamábamos que había 19 en la espera y se hacía uno por año. Esto sin duda es fruto de nuestra lucha y perseverancia”, considera Taboada, antes de señalar que “es un logro, pero también un desgaste: si los familiares, los sobrevivientes y las comisiones no están atrás de cada juicio y de cada investigación, se cae todo. Necesitamos ser escuchados, que estos juicios además de avanzar, sean difundidos”.
En ese sentido, sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos advirtieron la situación “peculiar” que transita el debate oral y público conocido como “Megacausa”, aquel que reúne diversos tramos del expediente general, como el que aborda a los trabajadores de Mercedes Benz , a los ferroviarios de Zona Norte, a las víctimas de la zona 400, y a varias embarazadas, entre otros. Los acusados son 17, muchos llegan a juicio por primera vez, y el juicio está a cargo del TOF 1, cuya integración es nueva en la jurisdicción. Si bien el tribunal fue el que históricamente se hizo cargo de las causas de lesa, sus nuevos integrantes –Daniel Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores– no vienen de ese campo.
“Se lleva a cabo los miércoles, pero más allá de las pocas audiencias, el problema es que la sala está vacía”, indicó Taboada, un inconveniente que algunas decisiones de los magistrados profundizan. Por un lado, plantearon un reparo a la posibilidad de que asistan a las audiencias menores de 16 años, algo que con la anterior integración podía suceder y fomentaba el vínculo con las escuelas secundarias, presencia de docentes y proyecto mediante. Por otro lado, se anuncia los testigos que concurrirán a cada audiencia con escaso tiempo de anticipación, lo que imposibilita la difusión de la información. Explica Taboada: “Nos impide a nosotros poder tomar contacto con esas víctimas y testigos, poder acompañarlos y promocionar cada audiencia, algo que creemos importante. Que estos juicios sean orales y públicos es el derecho de las víctimas y de los familiares. Es una oportunidad para que se conozca la historia desde nuestra voz, pero además es una oportunidad para quienes asisten de ver cómo funciona el sistema judicial, desarrollen pensamiento crítico. Es una herramienta de formación ciudadana, democrática y pedagógica”.
No obstante, la fiscal Gabriela Sosti destaca la voluntad del tribunal de “avanzar con celeridad dentro de las posibilidades”. En ese sentido, apuntó que las audiencias llegan a concentrar a una veintena de testigos, que “siempre terminan siendo menos porque muchos han fallecido o no pudieron ser localizados”.
En el caso del juicio por las violaciones a los derechos humanos de militantes que participaron de la Contraofensiva montonera, la representante del Ministerio Público Fiscal destacó la “diligencia pura” así como “el tratamiento del tribunal hacia los testigos y la importancia brindada al acto de dar testimonio en esta clase de juicios” de los jueces que subrogan el TOF 4 –los mismos que llevaron adelante el juicio por los hechos de La Tablada–. El debate, que mantenía un ritmo de dos audiencias semanales, ingresó en un impasse producto de compromisos de los magistrados con sus responsabilidades de origen y problemas de disponibilidad de la sala.
“Siempre hay problemas de abastecimientos de audiencias, que son limitadas. Faltan jueces, faltan espacios, pero las agencias judiciales, abarrotadas de trabajo, hacen muchas veces lo que pueden. En este caso, la crítica es hacia quienes están encargados de armar la estructura judicial para atender estos y otros casos. Y sí, batallamos contra la impunidad que impone el paso del tiempo, pero también hay que tener en cuenta que hubo 30 años de nada. En Contraofensiva tenemos jueces que vinieron con energía nueva y le imprimieron un ritmo más que interesante al juicio y sin embargo, durante el debate se murieron tres imputados”, sostuvo la fiscal. El juicio, que comenzó en abril pasado, ingresará un año después en etapa de alegatos y se espera que tenga veredicto antes de la feria judicial de invierno.