La “política” de Lacalle Pou

El todo y las partes

República, hegemonía y conflicto en la era de Lacalle Pou.

Gabriel Delacoste

22 mayo, 2020

En su discurso el día que asumió como presidente de la república, Luis Lacalle Pou explicó que intentaría “no cambiar una mitad de Uruguay por la otra”, ya que: “Lo que nos piden los uruguayos es la unión”.
Esto, que puede pasar desapercibido como un lugar común, es, en realidad, el núcleo fundamental del discurso del actual gobierno, que se percibe a sí mismo como superador de una situación hegemónica anterior. ¿Esto es así?

Se pueden encontrar muchas versiones de estas ideas. En su tuit de felicitación a Gerardo Sotelo por el inicio de su rol como director de los medios públicos, Juan Pedro Mir, militante del think tank Eduy21, escribió: “Pasar de la lógica de la ‘hegemonía’ cultural a la de proyectos públicos y profesionales es el gran desafío”. En su editorial del 11 de mayo, el diario El País expresó que “la izquierda preferiría tener enfrente un gobierno francamente diferente al que llegó al poder el 1o de marzo pasado” y sería “feliz” si la nueva administración fuera “antidemocrática, abusiva con sus poderes, autoritaria en el ejercicio del gobierno, represora de los derechos sindicales o políticos de la oposición, y hambreadora del pueblo”. Pero la izquierda –se argumenta– está “fuera de foco”, porque el gobierno es, en realidad, de una “coalición republicana” moderada, plural y transparente.1 Esta idea de amplitud está remarcada en el nombre del sector partidario del presidente: Todos. Para los oficialistas, lo que ocurrió el 1 de marzo fue que la división y las prácticas hegemónicas de la izquierda dieron paso al pluralismo y la unidad de la nación.

Si prestamos atención no sólo a lo que el gobierno dice, sino también a lo que hace, aparece una imagen un poco distinta. Abundan las medidas que benefician a los terratenientes (desde la devaluación hasta las disposiciones de la Luc que dificultan la declaración de áreas protegidas), a los medios de comunicación empresariales (con toda una nueva ley de medios a su medida), a los capitales dudosos (al dificultar el control para prevenir el lavado de activos) y al Ejército (al eximirlo de la “austeridad fiscal”), y otras que perjudican a las empresas públicas (tendiendo a mercantilizarlas y reducir su plantilla) y a los sindicatos y las organizaciones populares (al restringir la protesta social; en particular, el derecho a huelga y la ocupación en las empresas privadas).

Es decir, más que un gobierno de todos, es un gobierno que parece tener muy claro para quiénes gobierna y para quiénes no. Al final, parece que sí era cambiar una parte del país por la otra, aunque la parte que manda ahora se piense a sí misma como representante de la pluralidad y la unidad nacional.

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