AVANCE DISPAR DE LAS INVESTIGACIONES POR CRÍMENES DE LA DICTADURA
Chicanas y torturas
Mauricio Pérez
31 julio, 2020
La defensa de uniformados logró postergar la resolución de dos indagatorias por crímenes de la dictadura; por otro lado, dos militares fueron procesados por el homicidio de Julián Basilicio López.
Los cuatro imputados por torturas en el Batallón Florida en 1972 debían declarar el miércoles 29 ante la Justicia en audiencia ratificatoria. Se trata de una instancia relevante del anterior proceso penal: sólo después de esta audiencia, el juez queda habilitado para resolver sobre la responsabilidad de los imputados en un crimen. Pero eso no se concretó.
La defensa de Armando Méndez (director de Aduanas en el gobierno de Luis Alberto Lacalle) presentó una acción de inconstitucionalidad que paralizó la indagatoria. El recurso criticó la legalidad del artículo 9 de la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario –que regula la privación de libertad en el viejo Código Penal– y fue acompañado por la defensa del resto de los imputados: Carlos Legnani –comandante del Batallón Florida–, Sergio Caubarrere y Alberto Grignoli.
El fiscal Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento de estos militares por los delitos de lesiones graves y de privación de libertad. El fiscal consideró que fueron responsables de las torturas sistemáticas contra detenidos políticos –en su mayoría militantes del MLN-T– tras la declaración del estado de guerra interno que suspendió las garantías constitucionales y otorgó a las Fuerzas Armadas poderes de represión interna (veáse «Ellos son», Brecha, 28-II-20).
La presentación del recurso retrasó una resolución que parecía inminente. El expediente deberá pasar a estudio de la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo puede demorarse varios meses. Sin embargo, el fiscal Perciballe solicitará que sea rechazado in limine, o sea, de entrada, sin demora. Según fuentes de Fiscalía, la aplicación del citado artículo es una facultad del juez, no preceptiva, por lo que no puede ser cuestionada.
La presentación de recursos en cascada para dilatar lo más posible la resolución de las causas por violaciones a los derechos humanos –y evitar así la audiencia ratificatoria– es una de las estrategias utilizadas por las defensas de los militares. Un caso emblemático es la investigación por las torturas perpetradas en el Grupo de Artillería Número 2, de Trinidad; en esa causa, la Fiscalía solicitó el procesamiento del coronel Mario Ramos y del médico militar Nelson Fornos, pero a casi tres años de ese dictamen aún no existe resolución.
La defensa presentó cuatro excepciones de inconstitucionalidad contra tres leyes, todas rechazadas por la Suprema Corte. Una dinámica que llevó a que el fiscal Perciballe solicitara la sanción administrativa del abogado defensor (veáse «Paren un poco», Brecha, 3-I-20). Tras el rechazo del último recurso, se fijó fecha para la audiencia ratificatoria, de forma de cerrar la investigación, pero la defensa volvió a presentar una inconstitucionalidad, la quinta, y la causa volvió a detenerse. La Fiscalía volverá a pronunciarse en contra y argumentará que este recurso es una burla a las víctimas y a la Justicia.
JUZGADOS
Pese a los avatares que sufren varias causas, otras comienzan a resolverse. La jueza Isaura Tórtora dispuso el martes 28 el procesamiento con prisión de los militares (r) Nelson Coitinho y Hugo Garciacelay por el «homicidio muy especialmente agravado» del militante comunista Julián Basilicio López en 1976.
López fue detenido el 31 de diciembre de 1975, en su casa en Piedras Blancas, y trasladado al Batallón de Artillería Número 1. López fue detenido por personal del OCOA, como parte de la Operación Morgan, la ofensiva represiva desplegada en dictadura contra el Partido Comunista. Seis días después se le informó a la familia que había muerto y que debían retirar el cuerpo en el Hospital Militar.
La indagatoria oficial en dictadura concluyó que López falleció a causa de un accidente –al caer por una escalera– o por un presunto suicidio. Sin embargo, la investigación judicial desmintió esta versión. En la audiencia, oficiales y subalternos declararon que el expediente de la justicia militar fue una puesta en escena para justificar la muerte.
Los restos de López fueron exhumados en 2015 y analizados por el Grupo de Antropología Forense. Esta pericia reveló inconsistencias en la autopsia oficial realizada en 1976 y firmada por el médico José Mautone. En tanto, una junta médica de la Cátedra de Medicina Legal estimó que López sufrió una muerte violenta en un contexto de torturas. Tenía 66 años.