Avance desparejo sobre Justicia a crimenes de la dictadura

AVANCE DISPAR DE LAS INVESTIGACIONES POR CRÍMENES DE LA DICTADURA

Chicanas y torturas

Mauricio Pérez
31 julio, 2020

La defensa de uniformados logró postergar la resolución de dos indagatorias por crímenes de la dictadura; por otro lado, dos militares fueron procesados por el homicidio de Julián Basilicio López.

Los cuatro imputados por torturas en el Batallón Florida en 1972 debían declarar el miércoles 29 ante la Justicia en audiencia ratificatoria. Se trata de una instancia relevante del anterior proceso penal: sólo después de esta audiencia, el juez queda habilitado para resolver sobre la responsabilidad de los imputados en un crimen. Pero eso no se concretó.

La defensa de Armando Méndez (director de Aduanas en el gobierno de Luis Alberto Lacalle) presentó una acción de inconstitucionalidad que paralizó la indagatoria. El recurso criticó la legalidad del artículo 9 de la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario –que regula la privación de libertad en el viejo Código Penal– y fue acompañado por la defensa del resto de los imputados: Carlos Legnani –comandante del Batallón Florida–, Sergio Caubarrere y Alberto Grignoli.

El fiscal Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento de estos militares por los delitos de lesiones graves y de privación de libertad. El fiscal consideró que fueron responsables de las torturas sistemáticas contra detenidos políticos –en su mayoría militantes del MLN-T– tras la declaración del estado de guerra interno que suspendió las garantías constitucionales y otorgó a las Fuerzas Armadas poderes de represión interna (veáse «Ellos son», Brecha, 28-II-20).

La presentación del recurso retrasó una resolución que parecía inminente. El expediente deberá pasar a estudio de la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo puede demorarse varios meses. Sin embargo, el fiscal Perciballe solicitará que sea rechazado in limine, o sea, de entrada, sin demora. Según fuentes de Fiscalía, la aplicación del citado artículo es una facultad del juez, no preceptiva, por lo que no puede ser cuestionada.

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