Manini Ríos propuso “reinstalar” la Ley de Caducidad
31 de julio de 2020
El líder de Cabildo Abierto dijo que habló de este tema con el presidente Luis Lacalle Pou el jueves.
El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, propuso derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad (18.831), aprobada en 2011, que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Para Manini Ríos, con esta ley se violan “sistemáticamente los principios del derecho”. “No se trata de defender dictadores ni torturadores -como muchas veces quieren endilgar para mezclar los tantos-, se trata de defender el estado de derecho”, dijo en Radio Montecarlo.
Para él, existen ciertos “magistrados” que están actuando con “prevaricación” y utilizando el derecho de forma “antojadiza”, usando la Ley 18.831. “La ley de caducidad, una de las casi 20.000 leyes que tiene nuestro Estado desde 1830, fue la única que fue ratificada dos veces por el cuerpo electoral, que según nuestra Constitución está antes que los representantes del Poder Legislativo. El cuerpo electoral dos veces, con 20 años de diferencia, ratificó esa ley”.
Sin embargo, “un buen día, riéndose del fallo del cuerpo electoral, por una mayoría muy exigua, uno o dos votos a favor, se derogó la ley de caducidad. ¿No será tiempo de reinstalar la ley de caducidad? ¿No será tiempo de derogar esa ley que derogó la ley de caducidad y de esa forma contribuir a una vez por toda dar vuelta la página y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen usando el derecho a su antojo y con falsos testimonios, llevando inocentes presos?”, afirmó. “Ese es el planteo y en estos términos hablamos ayer [este jueves] con el presidente de la República”, afirmó.
La propuesta, dijo, es muy “sencilla”: derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad. “Ahí se establecerían las condiciones para empezar a mirar para adelante. Eso no quita que se siga investigando, tratando de saber dónde están los desaparecidos”, dijo. Si bien aclaró que Cabildo Abierto es el primero “en apoyar” la búsqueda de los desaparecidos, consideró que “seguir encarcelando gente con dudosos testimonios, con dudosas pruebas y probadamente falsas, le hace mal al estado de derecho y creo que no es propio de un país como Uruguay”.
NI OLVIDO NI PERDÓN
31 de julio de 2020
Manini quiere «reinstalar» la ley de caducidad
para «dar vuelta a la página»
El líder de Cabildo Abierto cree que se debe reinstalar la ley de caducidad para evitar que “ciertos magistrados” hagan “lo que quieren”.
El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, insiste en cuestionar a la Justicia y al Estado de Derecho y presiona al gobierno para reinstaurar la ley de caducidad, derogando la ley N° 18.831 que dejó sin efecto la anterior en 2011.
El legislador ultraderechista dijo en entrevista con Radio Monte Carlos que su intención es «contribuir, de una vez por todas, dar vuelta la página y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen utilizando el derecho a su antojo y haciendo lo que quieren y con falsos testimonios muchas veces llevando a inocentes presos, como ha pasado en el pasado».
Esto se desprende, dijo, de su reunión el día de ayer con el presidente Luis Lacalle Pou; a la salida de dicho diálogo atacó a la Justicia aseverando que «las acciones de la Fiscalía son intolerables», en referencia a las condenas que se han dado contra militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1985).
«Yo creo que ahí se establecerían condiciones para, de una vez por todas, empezar a mirar para adelante todos», dijo el legislador miembro de la coalición multicolor, y añadió: «Eso no quita que se siga investigando, que se siga tratando de saber dónde están los desaparecidos».
Ley 18.831
Hasta el 27 de octubre de 2011, algunos delitos cometidos durante la dictadura por parte del Estado proscribían como cualquier otro delito. En esa fecha entró a regir la Ley 18.831, que dice que «no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley» para los delitos cometidos hasta el 22 de diciembre de 1986.
También estableció que los delitos cometidos por el Estado eran crímenes de lesa humanidad, de conformidad con los tratados internacionales de los cuales la República Oriental del Uruguay es firmante.
URGENTE. COMUNICADO DE PRENSA
Nuevo Espacio emitió Declaración
sobre la Propuesta anunciada
por Cabildo Abierto
En sesión extraordinaria de su Mesa Ejecutiva Nacional, el Sector rechaza la propuesta anunciada por algunos voceros de Cabildo Abierto y reafirma su histórica postura en defensa de las víctimas de los delitos cometidos durante la dictadura militar, advierte que sería muy negativo limitar nuevamente la pretensión punitiva del Estado y reafirma su rechazo contra el pacto de silencio y la cultura de la impunidad.
Al respecto, en una declaración que consta de 5 puntos, se destaca el valor de la ley 18.831 aprobada en 2011, a través de la cual se juzgó a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, la participación de Felipe Michelini en la redacción de la misma, y la voluntad inquebrantable de continuar la lucha por la defensa de la verdad, la memoria y la justicia.
A continuación, se transcribe la declaración completa:
Declaración de la Mesa Ejecutiva Nacional del Nuevo Espacio
Visto:
La propuesta anunciada por algunos voceros de Cabildo Abierto, de derogar la Ley Nro.18.831 que restableció el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985 y determinó la derogación de la ley de caducidad (Nro.15.848).
Considerando:
Que esta ley, erradicó los efectos de un acto legislativo contrario a derecho en forma manifiesta, como fue la sanción, promulgación, aplicación e interpretación de la ley de caducidad, que fuera declarada inconstitucional por la Suprema corte de Justicia en 2009 y repudiada a nivel internacional.
Atento:
A que la propia Suprema Corte de Justicia falló por unanimidad que el artículo 1 de la Ley nro.18.831, es constitucional, y su aplicación permitió ejercer plenamente la pretensión punitiva del Estado para los delitos de terrorismo de Estado.
DECLARAMOS:
1 – A través de la mencionada ley, se procedió a investigar, juzgar y condenar a quienes expropiaron para sí el Estado, destruyeron las Instituciones y pervirtieron sus funciones. Además, secuestraron, violaron hombres y mujeres, ejecutaron, desaparecieron, asesinaron, torturaron sistemáticamente y encarcelaron en el marco del Plan Cóndor. Luego impusieron bajo amenaza de golpe de Estado sancionar la impunidad, para garantizarse la no persecución penal tal como lo reconoce la propia SCJ en 2009 y es congruente con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman.
2 – La propuesta de Cabildo Abierto, revela la defensa de la cultura de la impunidad, del ocultamiento y de un pacto de silencio con el objetivo de proteger a torturadores y violadores.
3 – Resulta incomprensible que a 35 años de restablecerse el orden democrático, y una vez que las Fuerzas Armadas habían logrado recuperar el respeto y el reconocimiento de la sociedad, se realicen estos planteos que despiertan rémoras del pasado y alientan la confrontación, en un momento en el que todos los partidos políticos se han manifestado a favor de la búsqueda de las uruguayas y uruguayos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.
4 – Al respecto citamos las palabras del Dr. Felipe Michelini, quien junto a la Dra. Mariana Gulla redactó el texto de la Ley Nº 18.831, aprobada en 2011. Hacemos nuestras sus afirmaciones. “La sociedad ha sido herida. Crímenes que no se pueden olvidar, que reclaman el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. No amparar a las víctimas es renunciar a superar ese triste período de nuestra historia. La verdad, la memoria y la justicia son un compromiso ineludible e irrenunciable con las víctimas y las generaciones futuras, a pesar que la impunidad se vista con ropa de sentencia”.
5 – La sociedad ha marchado en silencio durante 25 años, reclamando justicia por sus seres queridos. Cada año, miles de compatriotas se suman a un clamor nacional que ha permeado a todos los partidos políticos. Nuestro compromiso es inquebrantable con esa búsqueda. Continuaremos defendiendo las banderas de la verdad, la memoria y la justicia, y seguiremos confrontando con estas visiones nostálgicas del pasado a través del debate parlamentario, en la opinión pública y en la movilización con el conjunto de la sociedad.
Montevideo, 2 de Agosto de 2020
Elizabeth Villalba Félix Gonzalez Constante Mendiondo
Presidenta Secretario General Representante Nacional
Manini Ríos le recordó a sus socios de la
coalición que votaron en contra de
la Ley Interpretativa en 2011
4 de agosto de 2020
Según el líder de Cabildo Abierto, con el cumplimiento de la sentencia del caso Gelman “se viola expresamente la Constitución”
El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, volvió a insistir con la necesidad de derogar la ley que dejó sin efecto la Ley de Caducidad (conocida como Ley Interpretativa, 18.831) y recordó que sus socios de la coalición, los partidos Nacional, Colorado e Independiente, se opusieron a esta cuando fue aprobada en 2011.
Según dijo Manini Ríos en la media hora previa del Senado de la sesión de este martes, la Ley de Caducidad (que fue declarada inconstitucional en 2009 por la Suprema Corte de Justicia) “pretendió servir a la pacificación nacional después de un lamentable período de fractura y desencuentro de los orientales”. Esa norma, agregó, es la “única de las casi 20.000 leyes que desde 1830 se votaron en el país que se ratificaron dos veces por el cuerpo electoral”. “Y esa ley, la más legitimada de todas nuestras leyes, fue derogada por una mayoría de un voto en el Senado en 2011, por una ley que en parte fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia”, sostuvo. A partir de ahí, según Manini Ríos, “se abrió el camino para que ciertos magistrados actuaran con total impunidad, alentados por un coro al que solo le interesa la venganza”. En aquel Momento, recordó que cuando se votó la ley los legisladores de sus ahora socios de la coalición “realizaron contundentes declaraciones en el sentido de que la aprobación de la ley 18.831 era un duro golpe para la democracia”.
Durante su intervención, Manini Ríos sostuvo que no se puede aceptar que en el presente “se viole descaradamente la Constitución”, y apuntó directamente contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de febrero de 2011. El fallo por el caso Gelman, sostuvo, es una “inaceptable intromisión en nuestra política interna”, pero “parece que existen uruguayos dispuestos a otorgarle a esta comisión el derecho a entrometerse, y aceptan que sus fallos estén por encima de lo que establece nuestra Constitución, por la que lucharon y dieron su vida tantos orientales”. Luego,
Tras sus dichos, Manini Ríos pidió que sus palabras se envíen a Presidencia de la República y a la Institución Nacional de Derechos Humanos. En las sesiones del Senado se estila votar por unanimidad el envío de las palabras a los organismos que el legislador solicita en la media hora previa, pero en este caso no contó con el apoyo de dos legisladores frenteamplistas: Mario Bergara y Liliam Kechichian, del bloque Fuerza Renovadora. Según Bergara, la intervención de Manini Ríos “estuvo plagada de alusiones políticas que están expresamente prohibidas por el reglamento [en la media hora previa] del Senado”.