Familiares de víctimas de la guerrilla
propusieron a Lacalle Pou revisar libros educativos
con autoridades de ANEP y el MEC
20 de agosto de 2020
También le plantearon la necesidad de promover un proyecto de ley de reparación.
En la mañana de este jueves, la asociación Toda la Verdad, que nuclea a víctimas de la “sedición” durante las décadas de 1960 y 1970, se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. A la salida, Diego Burgueño, representante de la organización, evaluó la reunión como “muy positiva” y valoró que marca “un hito, en el sentido de que un presidente en ejercicio nos tome en cuenta al recibirnos a los familiares de víctimas de la sedición”.
Para Burgueño, el mandatario fue receptivo a sus planteos. En primer lugar, le plantearon la necesidad de revisar la historia reciente y reconocer públicamente su versión, que “con premeditación y alevosía [fue] olvidada y puesta abajo de una alfombra”. En ese sentido, solicitaron una reunión con el titular del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública, Robert Silva, a los efectos de “hacer una revisión de todos los libros de texto que ha habido estos años donde se cuenta una historia que, a nuestro parecer, es claramente distorsionada de lo que sucedió en este país en estos últimos 40 años”. “Eso lo planteamos nosotros y él nos sugirió la posibilidad de reunirnos con el ministro”, explicó.
“Hasta ahora se ha transmitido a las nuevas generaciones fundamentalmente una idea trágicamente errónea de heroicidad: se le denomina guerrillero a quien fue terrorista, se colocan placas, plaquetas, en algunos casos, a quienes fueron asesinos de nuestras familias”, dijo Burqueño. Según contó, la asociación está integrada por unas “76 o 78 víctimas de la sedición, contando civiles, policías y militares”.
También señaló que la organización no está en contra de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos ni de la búsqueda de los restos de sus familiares -“quien se considere ser humano tiene que estar, como mínimo, de acuerdo”, dijo Burgueño-, sino del “enaltecimiento” de algunos hechos, como por ejemplo “la conmemoración como festejo del asalto de Pando, que no fue una toma, fue un asalto”.
Además, los integrantes de esta asociación impulsan un proyecto de reparación, similar a la ley de reparación de las víctimas de la dictadura, y, según dijo Burgueño, el presidente se comprometió a apoyarlo, en la medida en que tenga respaldo de los partidos políticos.
«Víctimas de la Sedición» en Torre Ejecutiva
Revisionismo histórico con apoyo presidencial
Mauricio Pérez
21 agosto, 2020
La Asociación Toda la Verdad, integrada por familiares de «víctimas de la sedición», reclamó una revisión de los libros de historia sobre el pasado reciente para intentar cambiar el relato de lo que pasó en las décadas de 1960 y 1970 en Uruguay. También pidieron una ley de reparación económica, algo que –según dijeron– tiene todo el apoyo del presidente de la república.
Diego Burgueño (izq.) y Luis Molaguero (der.), voceros de la Asociación Toda la Verdad, en la Torre Ejecutiva.
Esto marca un hito», afirmó Diego Burgueño, minutos después de reunirse con el presidente, Luis Lacalle Pou, ayer jueves. Burgueño, hijo de Carlos Burgueño, un civil muerto el 8 de octubre de 1969 tras recibir una bala perdida en un tiroteo entre integrantes del MLN-Tupamaros y la Policía, durante la denominada Toma de Pando, es uno de los referentes de la Asociación Toda la Verdad, que nuclea a familiares «víctimas de la sedición».
Según Burgueño, esta fue la primera vez que un presidente en ejercicio recibió a la asociación, «una parte de la sociedad que ha sido olvidada con premeditación y alevosía, que ha sido puesta abajo de una alfombra». La reunión fue positiva, dijo, ya que pudieron plantearle buena parte de sus inquietudes. Pero lo más relevante fue la receptividad del presidente, quien les expresó su respaldo.
Burgueño dijo que el objetivo de la organización «no es confrontar, sino pacificar, terminar con la espiral de odio» que a su juicio persiste en Uruguay. Por eso, este grupo pretende reunirse con la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuyo reclamo de búsqueda de la verdad, según Burgueño, «es justo». En este sentido, dijo que una de las propuestas supone instalar un recordatorio que diga, simplemente: «Nunca más violencia entre uruguayos».
Ese proceso requiere cambiar el relato histórico de lo que sucedió en Uruguay hace medio siglo. Por este motivo, la asociación solicitará una reunión con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y con el presidente del Codicen, Robert Silva, para plantearles la revisión de todos los libros de estudio publicados en estos años «en los que se cuenta una historia, a nuestro parecer, claramente distorsionada de lo que ocurrió en este país en los últimos 40 años».
«Hasta ahora se ha transmitido a las nuevas generaciones una idea trágicamente errónea de heroicidad. Lo primero es que se denomina guerrillero a quien fue terrorista; se les colocan plaquetas de recordación a personas que fueron asesinos de nuestras familias. Es [la construcción de] un relato falso, amnésico o recortado de hechos que no se han contado», dijo Burgueño. Este encuentro, estiman, se producirá en breve, ya que el presidente estuvo de acuerdo con la idea.
Reunión de miembros de la Asociación Toda la Verdad con el Presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. Los voceros por parte de la Asociación fueron Luis Molaguero, presidente de la misma, y el secretario general Diego Burgueño.
En este sentido, la asociación refiere a un universo de 78 personas muertas a manos de la guerrilla, entre civiles, policías y militares. Sin embargo, Burgueño afirma que puede haber otros casos, ya que hay personas que en su momento fueron amenazadas y no se atrevieron a denunciar la muerte de sus familiares. La extensión temporal es arbitraria, ya que el dato incluye personas fallecidas entre 1952 y 1974, como resultado de la acción del MLN y otros grupos, incluido «el aparato militar del Partido Comunista». A esto se le sumarían personas heridas o secuestradas, como el exdirigente colorado Sergio Molaguero.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, recuperado por la National Security Archive, fechado el 8 de octubre de 1972 –al que accedió Brecha–, refiere que entre 1966 y 1972 los grupos guerrilleros fueron responsables de la muerte de 45 personas en Uruguay, entre militares, policías y civiles. El primer caso relevado ocurrió en 1966: el policía Antonio Silveyra Regalado falleció durante un enfrentamiento armado, en el marco de uno de los primeros procedimientos policiales contra el MLN.
Según el informe diplomático, la lista incluye 27 policías, diez militares y ocho civiles. Entre los civiles aparecen Burgueño, el guardia de seguridad Antonio Manuel Tejera (muerto durante un asalto a una sucursal bancaria), el peón rural Pascasio Báez, Juan Andrés Bentancur, el chofer de ómnibus Vicente Orosa y el policía retirado Luis José Barbizón. También están incluidos el exsubsecretario del Ministerio del Interior Armando Acosta y Lara (señalado como uno de los ideólogos del Escuadrón de la Muerte) y Dan Anthony Mitrione, un exagente de la CIA que llegó a Uruguay como jefe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En este listado no aparecen Roque Arteche, un exrecluso que adhirió al MLN en el Penal de Punta Carretas, ni Rafael Guidet Piotti, fallecido en 1969 al resistirse a un robo en su casa.
OTRO RELATO
Otro de los asuntos abordados por la Asociación Toda la Verdad con el presidente refirió a una eventual ley de reparación a las víctimas. Días atrás el diputado Rodrigo Albernaz (Cabildo Abierto) aseguró estar trabajando en un proyecto de ley para otorgar una pensión económica a estas personas: «Creemos que hay que hacer justicia para todos los lados, y este es un tema pendiente» (El Observador, 11-VIII-20).
Según Burgueño, la asociación está evaluando algunos proyectos que implican una reparación a todas las víctimas, incluidos muertos, heridos y secuestrados. Uno de los proyectos está en línea con la propuesta impulsada por el exdiputado colorado Daniel García Pintos, que fue enviado por el expresidente Tabaré Vázquez, en 2007, al Parlamento, pero que no obtuvo el respaldo de la bancada del Frente Amplio.
«Evaluamos una posibilidad que tenga el apoyo de la mayor cantidad de partidos, que sea una ley espejo de la ley de reparación a víctimas del terrorismo de Estado», afirmó Burgueño. ¿Cuál fue la respuesta de Lacalle Pou ante este planteo? «Nos dijo que estaba radicalmente de acuerdo y que teníamos todo el apoyo.» La idea es que este proyecto incluya a todas las víctimas sin importar su condición: «Las víctimas son víctimas, tengan uniforme o no».
Sin embargo, la idea de incorporar a todo el universo de víctimas tiene un obstáculo: las familias de policías y militares caídos en actos de servicio ya cobran una pensión. La ley 13.793, aprobada en 1969, estableció una pensión para «los causahabientes de los policías fallecidos en acto del servicio propio de la función policial activa, o con motivo o a causa de dichos actos»; en tanto, la ley 13.911, aprobada en 1970, reguló la pensión para el caso de los militares muertos en actos de servicio.
La propuesta de cobrar una pensión económica también fue abordada por los organismos estatales. La Institución Nacional de Derechos Humanos recibió en 2016 dos solicitudes de víctimas de acciones del MLN. Las solicitudes fueron presentadas por Rafael Guidet Pascal –hijo de Rafael Guidet Piotti– y por la familia de Hilaria Quirino, la empleada herida en la explosión en el Bowling de Carrasco en setiembre de 1970.
En ambos casos, las víctimas pretendieron ampararse en las leyes 18.033 y 18.596, pero su petición fue rechazada por el Poder Ejecutivo. Tras recibir la solicitud, la Institución Nacional de Derechos Humanos reclamó la opinión del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que se pronunció en términos similares: las leyes referían a la reparación de víctimas del terrorismo de Estado, es decir, de la acción ilegítima del Estado, pero no incluía a víctimas de los grupos guerrilleros. La Institución entendió que «el Poder Ejecutivo actuó conforme a derecho», aplicando el marco jurídico vigente respecto a leyes de reparación.
Guillermo Domenech fue abogado
sumariante en la dictadura y propuso
la destitución de varios docentes
21 de agosto de 2020 ·
Escribe Belén Riguetti, Natalia Uval
El senador de Cabildo Abierto entendió que monografías liceales tenían un “tono subversivo” y constituían una “adhesión a la prédica de las organizaciones marxistas disueltas” en 1973.
El 2 de enero de 1979, Guillermo Domenech, actual senador por Cabildo Abierto (CA), firmó una constancia para cargos públicos, documento solicitado por la Junta de Comandantes en Jefe del Servicio de Información y Defensa. El documento, al que accedió la diaria y que forma parte de los “archivos Berrutti”, era requerido para trabajar en el Consejo de Educación Secundaria Básica y Superior, donde Domenech fue abogado encargado de la Oficina de Sumarios a partir de 1975. Según consta en varios documentos, participó, por lo menos, en una investigación sobre trabajos y monografías supuestamente subversivos y de “contenido marxista” presentados por alumnos de los sextos años del Liceo 14 en 1972 para la aprobación de año.
En un informe confidencial fechado el 6 de agosto de 1975 figura que Domenech era quien investigaba a varios estudiantes y profesores por el contenido de estos trabajos. En las casi 40 páginas en las que se describe la actuación en el Liceo 14, el actual senador interroga a profesores y alumnos y firma como abogado sumariante. Además, resolvió “proponer la destitución” de varios profesores, una resolución que fue efectivizada el 9 de mayo de 1978 por el rector interventor Daniel Ferreira y por el coronel Julio R Soto, vicerrector interventor.
En todos los casos a los que accedió la diaria, el actual senador aconsejó la destitución del docente con retención de sueldos debido a que este había aprobado varias monografías y resúmenes de libros en los que se formulaban “elogios de un sistema político de naturaleza subversiva”.
En uno de los documentos, fechado el 7 de octubre de 1975, consta que a causa de un informante que entregó los trabajos se procedió a la realización de una investigación sumarial para establecer “las responsabilidades que pudiera caber a quienes las aceptaron como elementos válidos para la evaluación de conocimientos con miras al pasaje del curso”. Los profesores que fueron citados eran de variadas asignaturas: Historia, Filosofía, Literatura, Arte Contemporáneo, Ciencia, Matemática, Física, Química, Biología y Dibujo. A los docentes se los investigaba por haber infringido el Decreto 640/973 (Procedimiento Administrativo. Procedimiento disciplinario), que fue derogado en 1991.
Una pregunta frecuente era quién había sido la persona responsable de recomendar la bibliografía, ya que algunos de los trabajos investigados eran resúmenes de libros. Otro cuestionamiento recurrente era: “A qué se debe que todos los trabajos tengan una orientación de corte marxista”. Cuando Domenech preguntó esto a una profesora de historia con 22 años de antigüedad, ella respondió: “No creo que eso pueda afirmarse, haría falta tener una estadística de todos los trabajos realizados durante seis años”.
Otra de las preguntas era si el contenido de las monografías respondía a “la acción proselitista de algunos profesores”, a lo que la misma docente contesta que no: “En el curso de los seis años 1968-1974 he leído monografías de los más diversos temas y de las más variadas orientaciones ideológicas; como fui formada profesionalmente y siempre ejercí una enseñanza laica, nunca tomé en cuenta para fundamentar mi voto de aprobación o rechazo de una monografía, la tendencia ideológica que ella manifestara, sino los aspectos estrictamente pedagógicos”.
En los interrogatorios, los docentes recordaron haber sido profesores de esos cursos pero no tenían presente el contenido de los trabajos, incluso alguno dijo que su tarea sólo consistía en hacer correcciones ortográficas y no de contenido. Uno de los docentes explicó que en el plan piloto que llevaba adelante el liceo “los temas debían ser de actualidad necesariamente”, ya que los programas “se referían exclusivamente al siglo XX y se desarrollaban de forma interdisciplinaria”; además, los trabajos se aprobaban o reprobaban por votación mayoritaria de los profesores.
El abogado de uno de los docentes de Filosofía señala en una nota que “un principio fundamental del derecho democrático es que las normas represivas no pueden tener efecto retroactivo”, además indica que “por el funcionamiento de las corrientes ideológicas durante el año referido (1972) la marxista no era una opinión punible”. Sostiene también que la evaluación se centró en la investigación y el análisis del tema, pero no en la orientación ideológica que pudiera tener, lo que “es siempre una apreciación subjetiva y por lo tanto susceptible de variar según quien sea el corrector”.
La defensa de Cassinelli Muñoz
La defensa de los profesores sumariados la ejerció el abogado y a la postre profesor emérito de Derecho Constitucional Horacio Cassinelli Muñoz. En su escrito, argumentó que los docentes actuaron “de conformidad con los principios constitucionales y doctrinales de laicidad y respeto a la libertad e independencia de la conciencia moral y cívica de los educandos”.
Cassinelli Muñoz señaló que en todos los casos salvo en uno, los trabajos de los estudiantes se trataban de “meros resúmenes de libros”, que “obviamente resultan de la misma orientación que el libro resumido” y que no habían sido vistos por los profesores hasta que se inició el sumario. Además, sostuvo que los docentes deben “apreciar los valores del trabajo, con prescindencia de su tendenciosidad, como modo de respetar la libre expresión del estudiante y su independencia de conciencia moral y cívica, religiosa o filosófica”. Añadió que la aprobación de un trabajo estudiantil “no significa, como es obvio, que el profesor comparta la orientación o las conclusiones del trabajo”, ya que lo que se evalúa es “los valores que el trabajo demuestre como ejemplo de la laboriosidad y del rendimiento del alumno en sus estudios”.
El abogado argumentó también que “es notorio que dentro de las generaciones jóvenes en todo el mundo se da el fenómeno de la tendencia renovadora, cuando no revolucionaria, determinada por la etapa que el ser humano atraviesa en la formación de su personalidad, etapa las más de las veces superada en virtud del simple paso de los años con las experiencias vividas y el apaciguamiento de los ímpetus propios de la vehemencia juvenil”. Agregó que los estudiantes suelen asumir “actitudes e ideologías más inconformistas” que el resto de la población, con independencia de las ideas de sus profesores o de los adultos. Y concluyó que “la represión psicológica de las tendencias naturales propias de esa edad” resulta “a la larga contraproducente”.
Cassinelli Muñoz sostuvo que los profesores se atuvieron a los programas de las asignaturas, y que incluso corrigieron las monografías de los estudiantes haciéndoles ver, por ejemplo, que el Estado socialista soviético monopolizaba los medios de información y difusión, “mención que difícilmente se conciliaría con un propósito supuesto de proselitismo o con una posición complaciente frente al marxismo soviético”.
Finalmente, solicitó que no se sancionara a los profesores y que se clausuraran las actuaciones.
El informe del sumariante
El dictamen final del procedimiento fue firmado por el jefe del Departamento de Investigaciones y Seguridad del Consejo Nacional de Educación (Conae), César Garabide Gurbindo, en 1978, y avalaba lo propuesto por Domenech. El actual senador concluyó que los docentes no cumplieron con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 71 de la Constitución, que indica que en las instituciones docentes “se atenderá especialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos”.
Domenech afirmó que en los trabajos monográficos de los estudiantes “se formulan elogios de un sistema político de naturaleza subversiva, diametralmente opuesto al nuestro”. Como ejemplo de ello, citó frases formuladas por los estudiantes: “En América Latina se presentan dos casos, cada uno de ellos en distintas etapas de liberación. Estos países son Cuba y Chile. El primero ya ha adoptado una estructura político-económica independiente que lo lleva a tener una vida cultural propia. Con respecto al segundo, vemos el comienzo de un proceso semejante al de Cuba”; “En una sociedad donde existen las clases sociales, el fútbol está utilizado por el poder político como adormecedor del pueblo”; “La yerra está acompañada de un gran asado (uno de los pocos o el único que come el hombre de campo por año)”; “Un Estado autoritario no acepta una opinión pública independiente y monopoliza los medios de difusión y de información y además, maneja la opinión del público para que esta coincida con la orientación general del Estado. Si en cambio su futuro es socialista, los medios de comunicación se encargarán de formar individuos racionales”.
El informe de Domenech concluye que la monografía de la que surgen las frases mencionadas “constituye una desordenada selección de los sofismas y ridículos errores difundidos por el marxismo en nuestro país, y en especial a través de la enseñanza, contando con la indebida colaboración de algunos docentes como ha sucedido en el presente caso”.
Sostiene que las manifestaciones que aparecen en los trabajos “constituyen sin lugar a dudas una adhesión a la prédica de las organizaciones marxistas disueltas por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 1026/73 de 28 de noviembre de 1973, lo cual resulta inadmisible se realice en un trabajo de orden estudiantil y menos aún que este resulte aprobado por los docentes a quienes se encomienda su corrección”. El decreto mencionado por Domenech disolvió, entre otras organizaciones políticas y gremiales, al Partido Comunista, el Partido Socialista, la Unión Popular y la Federación de Estudiantes Universitarios. Además, por ese mismo decreto se clausuraron los locales y se incautaron los bienes de esas organizaciones.
A continuación, el dictamen realiza otras consideraciones generales. Por ejemplo, defiende que “no es posible sostener que todas las ideas son iguales, máxima estúpida que dio albergue a las corrientes marxistas”. “La responsabilidad en la formación de las generaciones del futuro es tarea irrenunciable de los hombres del presente. Sólo así nos aseguramos de que el sentir nacional ha de pasar de generación en generación sin debilitamientos ni claudicaciones”, alega. Domenech afirma que hay que “evitar” que “se formen ciudadanos que sólo poseen una perspectiva crítica con respecto a los valores de la democracia”.
Luego considera que, a diferencia de lo afirmado por Cassinelli, el docente “no interfiere indebidamente en la libertad de la conciencia moral y cívica de los alumnos cuando se esfuerza por conducir a estos hacia la verdad, el bien y la cultura”. “De las aulas pueden salir criminales, revolucionarios, viciosos de toda índole, o, por el contrario, hombres de carácter, conscientes de sus deberes, trabajadores, patriotas a carta cabal”, puntualiza.
Domenech concluye en su informe que los profesores violaron sus deberes funcionales “en cuanto omitieron observar el tono subversivo utilizado en los trabajos”. Casi un mes después de esta evaluación, el 6 de setiembre de 1976, el Consejo de Educación Secundaria, Básica y Superior propuso al Consejo Nacional de Educación la destitución de los profesores, resolución que finalmente adoptó el Conae.
la diaria se intentó comunicar con Domenech este viernes 21 pero no obtuvo respuesta del senador.
Habilitado para cargos públicos
En un documento fechado el 2 de enero de 1979, Guillermo Domenech firmó la Solicitud de Constancia para Cargos Púbicos. Ese documento, además de especificar datos básicos como la fecha de nacimiento, el número de credencial y la dirección de residencia, enumera los estudios del actual legislador. “Desde 1968 a 1969 estudiante de preparatorios de Derecho IAVA. 1969 a 1976 estudiante de Derecho (Abogacía y Notariado). Facultad. 1975 a la fecha se desempeña como Abogado en el Consejo de Educación Secundaria Básica y Superior”. En octubre de 2019, 40 años después de haber firmado ese documento, el actual senador declaró en el programa Tarde o temprano, de Canal 12, en una sección llamada “Candidatos a vice. Historias de vida”: “Yo me recibí el mismo día de abogado y de escribano.
Di dos exámenes, uno por abogacía y otro por notariado. Eso fue a fines de 1975 y quedé habilitado para ejercer las dos profesiones en marzo de 1976”.
Con base en estas declaraciones, Domenech habría ejercido como abogado antes de tener la habilitación. Además, en la página del Poder Judicial, en la Consulta de Profesionales, que tiene una base de datos abierta de abogados inscriptos en la matrícula desde 1950 a la fecha, figura que Guillermo José Domenech Martínez está habilitado para ejercer como abogado y fue juramentado el 27 de febrero de 1976.
APRENDÍZ DE PERSEGUIDOR DE IDEAS
Breviario de un inquisidor:
el senador Domenech y su periplo
como «abogado sumariante»
La Diaria ha publicado informaciones que aparecen en documentos que muestran parte de la trayectoria inquisitorial del senador de Cabildo Abierto durante la dictadura cívico-militar
22 AGOSTO, 2020
En la jornada de este sábado, La Diaria publicó una extensa nota donde se documenta que el hoy senador por Cabildo Abierto Guillermo Domenech “fue abogado sumariante en la dictadura y propuso la destitución de varios docentes”.
La extensa nota señala, entre otros datos, que el representante de Cabildo Abierto habría afirmado en su calidad de “abogado sumariante” que algunas de las “monografías liceales tenían un “tono subversivo” y constituían una “adhesión a la prédica de las organizaciones marxistas disueltas” en 1973”.
Es decir, en calidad de tal, el hoy senador operaba como una suerte de “ministro inquisitorial” que se esforzaba por mantener las supuestas “purezas” de las formas de persecución intelectual dispuesta por las autoridades de la dictadura.
La publicación del medio señala que “el 2 de enero de 1979, Guillermo Domenech (…) firmó una constancia para cargos públicos, documento solicitado por la Junta de Comandantes en Jefe del Servicio de Información y Defensa”.
El mencionado documento, señala el medio de prensa, “forma parte de los “archivos Berrutti” (y) era requerido para trabajar en el Consejo de Educación Secundaria Básica y Superior, donde Domenech fue abogado encargado de la Oficina de Sumarios a partir de 1975”.
El cabildante, tuvo una destacada participación en al menos una investigación, cuyo objeto central fue la revisión de “trabajos y monografías supuestamente subversivos y de “contenido marxista” presentados por alumnos de los sextos años del Liceo 14 en 1972 para la aprobación de año”.
La documentación señala que “en un informe confidencial fechado el 6 de agosto de 1975 figura que Domenech era quien investigaba a varios estudiantes y profesores por el contenido de estos trabajos”.
La “investigación” sobre estos trabajos lo señala como interrogador de profesores y estudiantes y en los documentos se observa su denominación como “abogado sumariante”.
Además de esta “función de interrogador”, los datos publicados indican que Domenech llegó a “proponer la destitución” de varios profesores, “una resolución que fue efectivizada el 9 de mayo de 1978 por el rector interventor Daniel Ferreira y por el coronel Julio R Soto, vicerrector interventor”, agrega el medio de prensa.
Los “méritos” del actual senador incluyen, para todos los casos revisados por La Diaria, el consejo del mismo sobre “la destitución del docente con retención de sueldos debido a que este había aprobado varias monografías y resúmenes de libros en los que se formulaban “elogios de un sistema político de naturaleza subversiva”.
“En uno de los documentos, fechado el 7 de octubre de 1975, consta que a causa de un informante que entregó los trabajos se procedió a la realización de una investigación sumarial para establecer “las responsabilidades que pudiera caber a quienes las aceptaron como elementos válidos para la evaluación de conocimientos con miras al pasaje del curso”. Los profesores que fueron citados eran de variadas asignaturas: Historia, Filosofía, Literatura, Arte Contemporáneo, Ciencia, Matemática, Física, Química, Biología y Dibujo. A los docentes se los investigaba por haber infringido el Decreto 640/973 (Procedimiento Administrativo. Procedimiento disciplinario), que fue derogado en 1991”.
La información aporta elementos que permiten caracterizar el modo en que se realizaban estas investigaciones por parte del “abogado sumariante”: “Una pregunta frecuente era quién había sido la persona responsable de recomendar la bibliografía, ya que algunos de los trabajos investigados eran resúmenes de libros. Otro cuestionamiento (…) era: “A qué se debe que todos los trabajos tengan una orientación de corte marxista”.
En algún caso particular, señala el medio, “cuando Domenech preguntó esto a una profesora de historia con 22 años de antigüedad, ella respondió: “No creo que eso pueda afirmarse, haría falta tener una estadística de todos los trabajos realizados durante seis años”.
Domenech estaba interesado en conocer, y así lo evidencian otras de las preguntas que realizaba, “si el contenido de las monografías respondía a “la acción proselitista de algunos profesores”.
“En los interrogatorios, los docentes recordaron haber sido profesores de esos cursos, pero no tenían presente el contenido de los trabajos, incluso alguno dijo que su tarea sólo consistía en hacer correcciones ortográficas y no de contenido. Uno de los docentes explicó que en el plan piloto que llevaba adelante el liceo “los temas debían ser de actualidad necesariamente”, ya que los programas “se referían exclusivamente al siglo XX y se desarrollaban de forma interdisciplinaria”; además, los trabajos se aprobaban o reprobaban por votación mayoritaria de los profesores”.
El abogado defensor de los profesores objeto de tal inquisitoria, fue el abogado y luego profesor emérito de Derecho Constitucional Horacio Cassinelli Muñoz.
Para el destacado jurista, señala la Diaria, citando los argumentos utilizados en la defensa de los profesores sumariados “los docentes actuaron de conformidad con los principios constitucionales y doctrinales de laicidad y respeto a la libertad e independencia de la conciencia moral y cívica de los educandos (…) señaló que en todos los casos salvo en uno, los trabajos de los estudiantes se trataban de “meros resúmenes de libros”, que “obviamente resultan de la misma orientación que el libro resumido” y que no habían sido vistos por los profesores hasta que se inició el sumario”.
En defensa de los mismos, Casinelli Muñoz “sostuvo que los docentes deben “apreciar los valores del trabajo, con prescindencia de su tendenciosidad, como modo de respetar la libre expresión del estudiante y su independencia de conciencia moral y cívica, religiosa o filosófica (…) que la aprobación de un trabajo estudiantil “no significa, como es obvio, que el profesor comparta la orientación o las conclusiones del trabajo”, ya que lo que se evalúa es “los valores que el trabajo demuestre como ejemplo de la laboriosidad y del rendimiento del alumno en sus estudios”.
En concordancia con estos argumentos, el destacado jurista solicitó que no se procediera a aplicar ninguna sanción a los docentes y que en consecuencia “se clausuraran las actuaciones”.