La impunidad estructural
Mauricio Pérez
18 septiembre, 2020
Uruguay será denunciado, otra vez, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su omisión en investigar los crímenes de la dictadura.
Las muchachas de abril Diana Maidank, Silvia Reyes y Laura Raggio.
El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay presentará hoy, viernes, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el Estado uruguayo por el homicidio, en dictadura, de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, y las desapariciones de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino.
La denuncia –de unas 50 páginas– apunta a la responsabilidad del Estado en estos crímenes y a la falta de avances en la investigación. «Estos hechos sucedieron hace más de 40 años, hace más de 35 años que se presentaron las denuncias penales, y, por diversos motivos, al día de hoy no tenemos ningún responsable ni han sido hallados los restos de las personas desaparecidas», dijo el abogado Martín Fernández a Brecha.
Estos tres crímenes fueron cometidos durante la dictadura. Maidanik, Reyes y Raggio («Las muchachas de abril») fueron asesinadas en la madrugada del 21 de abril de 1974, durante un operativo de las fuerzas conjuntas. González González fue detenido en diciembre de 1974 por efectivos militares y trasladado al Regimiento de Caballería número 6, donde fue interrogado y torturado; Tassino fue detenido en julio de 1977, también en un operativo militar, y trasladado a un centro clandestino de detención. Ambos están desaparecidos.
Los casos fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2007, tras los fracasados intentos de desarchivar las investigaciones; en mayo de 2020, el organismo decidió elevar los antecedentes a la CIDH. Según el informe de la Comisión Interamericana, el caso de «Las muchachas de abril» constituyó una ejecución extrajudicial, mientras que González González y Tassino fueron víctimas de desapariciones forzadas.
El abogado Fernández afirmó que se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales y que la responsabilidad del Estado es integral y global. Se puede hablar de algún avance parcial como la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, dijo, pero no es suficiente para el esclarecimiento de la verdad. «El fenómeno de la impunidad es estructural», apuntó.
El escrito, por tanto, apunta a los efectos de la ley de caducidad en este proceso. Fernández recordó que, en 1992, la Comisión Interamericana declaró que la ley era incompatible con la Convención Americana. Sin embargo, la norma continuó vigente y se transformó en un verdadero obstáculo para juzgar estos crímenes. «Si bien hoy no se está aplicando, la ley de caducidad ha desplegado efectos que han atrasado las causas e impidieron que se juzgara adecuadamente; esto se suma a prácticas institucionales y de los distintos gobiernos de la época que impidieron investigar», expresó.
En 2011, la CIDH condenó a Uruguay por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman, y ordenó al Estado eliminar todo obstáculo que impida investigar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Esto permitió la reapertura de decenas de causas, incluidas estas tres investigaciones. Pero el daño ya estaba hecho, dijo Fernández.
«La denegación de justicia se perpetúa todos los días que no se encuentra a los responsables o que las víctimas permanecen desaparecidas», afirmó. Y dijo que resulta dificil hablar de avances o retrocesos en las causas, ya que cada vez que se registra un pequeño paso –como la citación de una persona involucrada en los hechos– se despliega «una batería de recursos que trancan sistemáticamente el avance de la investigación, y la expectativa de lograr la justicia rápidamente se desvanece».
«Stella Reyes, hermana de Silvia, falleció sin poder tener justicia en su propia causa –fue torturada– y sin encontrar a los responsables en la causa de su hermana», recordó. En el caso de Tassino, el Poder Judicial solicitó la captura del coronel (r) Eduardo Ferro, quien fue detenido en España, pero se fugó poco antes de ser extraditado y permanece prófugo. «El caso de Ferro fue escándaloso y la reacción de las autoridades del Estado uruguayo fue tibia», señaló el abogado.
A todo esto se suma la existencia de indicios «que son preocupantes» en el actual contexto político del país, como la presentación en el Parlamento de un proyecto de ley para reinstalar la ley de caducidad: «Son hechos nuevos preocupantes y que muestran otra cara de la impunidad estructural». Por todo esto, «el Estado tiene que ser condenado», concluyó Fernández.