Mas investigaciones de espionaje en democracia

AVANZA LA INVESTIGACIÓN POR ESPIONAJE MILITAR EN DEMOCRACIA

Resabios de aquellos tiempos

Mauricio Pérez
24 septiembre, 2020

Una quincena de oficiales de las Fuerzas Armadas declararon en la Fiscalía por la indagatoria penal del espionaje ilegal en democracia. La investigación parece confirmar varias de las situaciones denunciadas por el Parlamento.

El fiscal Enrique Rodríguez avanza en la indagatoria penal sobre espionaje ilegal en democracia. Desde hace dos años está abocado al análisis de la profusa documentación agregada en la denuncia que revela la cuantiosa información recopilada por los servicios de inteligencia desde el retorno de la democracia. Esta –presentada en 2018 por los diputados Gerardo Núñez y Luis Puig– detalló las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara de Representantes. Esa comisión fue creada luego de que Brecha difundiera los documentos del denominado archivo Berrutti, hallados en 2007 en el antiguo Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva, donde operó la Compañía de Contrainformaciones del Ejército. A esto se le sumó el hallazgo de cientos de documentos en la casa del coronel (r) Elmar Castiglioni, un hombre con activa participación en los servicios de inteligencia.

El informe señala la existencia de una práctica «sistemática y planificada» de espionaje ilegal de partidos políticos, sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, empresas, personalidades, periodistas e integrantes del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Este espionaje involucró a «gran parte de la estructura de los servicios de inteligencia del Estado» y fue posible «por la permanencia, en algunos casos casi intocada, de los servicios de inteligencia heredados de la dictadura». También indica que este espionaje ilegal «se desarrolló debido a la debilidad de los controles institucionales y democráticos por parte de los responsables políticos», y que, en algunos casos, los mandos militares, policiales y civiles estaban al tanto de esta operación (véase «Pase a la Justicia», Brecha, 31-VIII-18).

El trabajo parlamentario tuvo dificultades. La comisión invitó a 167 personas (entre políticos, periodistas, policías y militares), pero sólo 63 aceptaron dar su testimonio. El resto, por distintos motivos, declinó comparecer. La mayoría de los ausentes eran miembros y exmiembros del Ejército, «quienes casi corporativamente rechazaron la invitación», entre ellos, el hoy senador Raúl Lozano (Cabildo Abierto). En este contexto, la indagatoria apunta a desentrañar la operación de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) y la existencia de un eventual sistema de recolección ilegal de información. Pero enfrenta algunas dificultades, como la inexistencia del delito de espionaje y el paso del tiempo, ya que varios de estos hechos podrían estar prescritos, dijeron fuentes del caso a Brecha.

ALINEADOS

Hasta ahora, la indagatoria se enfocó en las jerarquías militares de los servicios de inteligencia en democracia. Dieciséis militares ya declararon ante el fiscal Rodríguez (El País, 20-IX-20). Entre ellos, los exjefes de la Dinacie, el general Francisco Wins (Ejército) y el brigadier José Mayo (Fuerza Aérea). También altos oficiales de la Armada, como los contralmirantes Óscar Otero y Carlos Magliocca, el vicealmirante Carlos Giani –oficial que se encargó de la detención de Wilson Ferreira Aldunate a su retorno a Uruguay, en 1984–, el capitán de navío (r) Jorge Saravia y el capitán Héctor Erosa (Ejército). El relato de los altos oficiales fue unívoco en cuanto a la inexistencia de un esquema de espionaje ilegal en democracia, pero algunos dejaron abierta la puerta en cuanto a eventuales operaciones aisladas.

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