A propósito de las relaciones cívico-militares
21 de noviembre de 2020 ·
Escribe Raúl Olivera Alfaro
La posición sustentada por el presidente y el secretario de la organización de ex presos y presas políticas Crysol en una carta pública al ministro de Defensa Nacional, Javier García, y otros pronunciamientos similares que saludan el proceso de revisión del Ejército sobre su actuación política durante determinado período de nuestra historia son preocupantes porque suponen otorgar a las Fuerzas Armadas un rol político que no les corresponde.
La mencionada revisión comprende el período del 13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985, durante el que el Estado actuó ilegítimamente. No se trata de una simple revisión de los programas de enseñanza en el liceo o la escuela militar, que deberían ser objeto de consideración y control parlamentario. Se trata de la discusión que abarca la actuación de las Fuerzas Armadas cuando ilegítimamente asumieron roles de conducción política del gobierno. Ese es un hecho político que no debería ser alegremente aceptado, pues es otorgarles un rol que no les corresponde.
La consideración de su actuación delictiva, cuando pusieron al servicio de sus conductas terroristas al aparato estatal, es un análisis que se saldó, al menos en parte, ante el sistema interamericano de derechos humanos en el caso Gelman, y que actualmente se está cursando en los estrados judiciales de nuestro país en decenas de causas penales. Recordemos que la ley reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo –desde el 13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973– en la práctica de torturas, en la desaparición forzada de personas, en la prisión sin la intervención del Poder Judicial, en homicidios, en la aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social.
Durante ese período, que algunos ven auspicioso que sea analizado por uno de los institutos armados del Estado, existieron en el pasado posicionamientos relacionados con la política militar y las relaciones cívico-militares que aún no han sido objeto de una profunda revisión autocrítica por parte de las organizaciones políticas de izquierda ni por las organizaciones sociales; por ejemplo, la colaboración en ilícitos económicos y los apoyos a los comunicados 4 y 7. Sin saldar eso adecuadamente, embarcarse alegremente en la iniciativa actual del Ejército y su mando civil es una aventura que sabemos a qué conduce.
En la década de 1930, Uruguay vivió experiencias autoritarias. Luego de aquellas que precedieron a la instalada el 27 de junio de 1973, existió un período de acción democrática republicana por parte de los institutos armados, en un Uruguay con ejercicio de las libertades individuales, que fueron acompañadas de experiencias políticas tanto presidencialistas como colegiadas.
En ese período, las Fuerzas Armadas –el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea– tuvieron poca presencia pública y no se manifestaron como actores políticos, subordinándose al sistema político de acuerdo a lo que establecía una Ley Orgánica Militar que había sido sancionada a comienzos de la Segunda Guerra Mundial.
En aquellos años, Uruguay desarrollaba su política exterior, y por ende, su política militar, no beligerante,1 de neutralidad. En ese marco, mantenían una actuación orientada hacia la defensa de la integridad territorial en el marco de la Constitución y las leyes, bajo el mando superior ejercido por el presidente de la República y el ministro respectivo.
Al estar al servicio de una nación que no era ni podía ser expansionista, desarrollaban una política de la defensa nacional, no de la guerra. Se preparaban profesionalmente para desarrollar, en todo caso, una guerra convencional en un hipotético caso de ser invadidos, apostando fundamentalmente a contar con aliados y organismos internacionales que acudieran en su defensa.
En ese período, lo que era policial estaba en manos del Ministerio del Interior. Las Fuerzas Armadas, a lo sumo, ante conmociones producidas por fenómenos de la naturaleza, tomaban a su cargo algunas actividades, para asegurar transportes u otros servicios a la población. Eran Fuerzas Armadas que estaban autorizadas por ley a reforzar la acción policial si había algún problema de conmoción interior. Terminadas esas situaciones de emergencias, volvían a los cuarteles. En 1969, el Ministerio de Defensa Nacional contaba con aproximadamente 16.000 efectivos.2
Pero en la posguerra, las Fuerzas Armadas fueron claramente influenciadas por las doctrinas militares emanadas del Pentágono y del Departamento de Estado ejercidas mediante la Alianza para el Progreso, y por los lineamientos acordados en la Declaración de Punta del Este en 1960, que introdujo la acción cívica, a partir de lo cual pasaron a desarrollar actividades esencialmente políticas como las vinculadas a los planes de desarrollo. Desde ahí, desarrollando acciones políticas en actividades que no tienen nada que ver con lo militar, pasaron a ejercer una creciente influencia.
Ese proceso se acentuó a partir de que Jorge Pacheco Areco, haciendo abuso de los instrumentos constitucionales de excepción existentes, fue responsabilizándolas en la acción antisubversiva. A lo que la Constitución habilitaba –las medidas prontas de seguridad y la suspensión de las garantías individuales– el autoritarismo estatal lo complementó con la Ley de Estado de Guerra Interno3 y la Ley de Seguridad del Estado y del Orden Público.4
A partir de ahí se creó todo un andamiaje para la actuación de la Justicia militar, que fue transformando a las Fuerzas Armadas en fuerzas de ocupación.
Cuando las Fuerzas Armadas pasan a participar como actores políticos, enfrentan al sistema político cuando este quiere ponerle límites y al sistema judicial cuando investiga y castiga sus actos ilegales. Ese enfrentamiento, muchas veces, se da a través de los centros militares, y en algunos períodos por parte de algunos políticos de los partidos tradicionales (Daniel García Pintos, etcétera), o de su incorporación al sistema de partidos (como en el caso de Cabildo Abierto).
En febrero de 1973, manifestando un evidente desconocimiento del poder político constitucional, se produjo lo que los militares denominaron fuerzas en operaciones y emitieron los comunicados 4 y 7, que eran verdaderos programas de acción política de las Fuerzas Armadas, un programa de gobierno. A pesar de las expectativas que esos comunicados produjeron en determinados sectores de la izquierda, como bien señalaba Víctor Licandro, podía decirse que ese fue el comienzo real de la dictadura, que poco después, el 27 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo decretó con la disolución de las cámaras.5
En el llamado Acuerdo de Boiso Lanza impusieron la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena)6 y se aseguraron la potestad para designar al ministro de Defensa Nacional. Ahí comenzó un período que se extendería hasta 1985, en que el gobierno cívico militar sustituyó el ordenamiento constitucional por la institucionalidad de lo que los militares llamaron “proceso revolucionario”. Ese ordenamiento estaba constituido por la Junta de Oficiales Generales, el Consejo de Defensa Nacional, la Junta de Comandantes en Jefe, la Justicia Militar, el Consejo de Estado, el Consejo de la Nación y las Juntas de Vecinos.
Las Fuerzas Armadas y las policiales actuando como fuerzas conjuntas y una red de oficiales de enlace controlaron toda la actividad de la sociedad uruguaya, dividiendo a la ciudadanía en categorías A, B y C.
A los sectores civiles de la dictadura les interesaba, sobre todo, llevar adelante su política neoliberal, por lo que la política militar era definida por las propias Fuerzas Armadas, que se concebían y actuaban como fuerza de gobierno. Eso no quita la profunda responsabilidad que les corresponde a los civiles en la aplicación del terrorismo de Estado, puesto que integraron el Consejo de Estado, el Consejo Nacional, los ministerios y los entes autónomos, entre otros resortes de la burocracia estatal.
Las Fuerzas Armadas pretendieron darle a la dictadura un marco legal, a pesar de que cambiaron todo el ordenamiento constitucional al disolver el Parlamento y sustituirlo por el Consejo de Estado y el Consejo de la Nación. A esa línea de conducta quisieron darle continuidad futura mediante una reforma constitucional en la que ellos –como institución militar– permanecían como un órgano de contralor, árbitro de la acción política.
Ese accionar de las Fuerzas Armadas respondía a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, en la que ellas daban la seguridad, el orden, para que las políticas económicas neoliberales pudieran desarrollarse sin obstáculos políticos o sociales. Resumiendo: Uruguay tenía unas Fuerzas Armadas insertas en el Sistema Militar Panamericano, dirigido por el Departamento de Estado y el Pentágono de Estados Unidos desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial.
Pese a que los militares fueron derrotados en el plebiscito de 1980 y no lograron que la ciudadanía aceptara su proyecto de imponer el contralor militar permanente, también es cierto que en el Pacto del Club Naval se acordaron las formas de regular el proceso de transición. Ahí se daban las pautas de cómo sería el llamado a elecciones, los proscriptos, la designación de los mandos militares. Fue un acto de transición, con imposiciones militares. Supuestamente, también implícitamente o sobrevolando, quedó establecido que no se sancionaría a nadie y que nadie iba a ir a la Justicia.
Actualmente, si bien en declaraciones públicas los mandos militares reiteran su subordinación al poder político y su adhesión a la Constitución de la República, han ratificado la corrección de su accionar en el pasado; han declarado que, si se llegara a repetir situaciones parecidas, actuarían de la misma manera que en el pasado. Quiere decir que ellos actuaron bien, que no cometieron ninguna ilegalidad.
La izquierda, después de 15 años de gobierno, no hizo una verdadera depuración en las Fuerzas Armadas. Quedaron como estaban. Han sido, tímidamente en casos puntuales, depuradas por medio de los procesos de ascenso de oficial superior a coronel y general, que era lo políticamente viable sin desafiarlas. Tampoco existió una depuración de la parte ideológica, porque no ha habido un contralor firme de los programas de instrucción.
Si bien no son los mismos oficiales, se sigue aplicando la acción cívica, los planes de desarrollo, de apoyo a la comunidad. Ese es el pensamiento que inspira el accionar de las fuerzas políticas de la coalición de gobierno actual. Todas esas visiones son confirmadas por la ley de urgente consideración (LUC) y el presupuesto actualmente a consideración del Poder Legislativo.
Las Fuerzas Armadas fueron protagonistas, actores políticos, porque fueron ilegalmente gobierno. Se subordinaron al poder político cuando se terminó la dictadura, pero ahora están actuando, emergiendo como proyecto político por medio de Cabildo Abierto. Estas Fuerzas Armadas se encaminan a ser actores políticos. Todos los presidentes de la República, en mayor o menor medida, son responsables de dejar prosperar ese protagonismo. Tampoco el Frente Amplio se sustrajo a ese protagonismo, y no lo resolvió, apostando a la gestión de Eleuterio Fernández Huidobro al frente del Ministerio de Defensa Nacional.
Sobran hechos que demuestran que las Fuerzas Armadas son las mismas. No han cambiado. Es permanente la acción de los Centros Sociales Militares que abren una cuenta bancaria para que hagan aportes para defender a los terroristas de Estado.
Los Centros Sociales Militares actúan como portavoces de lo que se llama la familia militar ante cualquier medida que suponga una mirada o revisión del tema de derechos humanos, y lo hacen en forma pública.
Nos encaminamos actualmente a una política en la que se acentuará la gran incidencia que Estados Unidos tiene como país hegemónico. Las maniobras navales, la realización de ejercicios conjuntos combinados, el incremento de envíos de tropas a algún lugar7 para operaciones de mantenimiento de la paz acompañarán ese proceso.
La influencia de Estados Unidos, a través de la CIA, los servicios de información de las embajadas y las misiones militares, no fue en ningún momento ajena a la acción interna de la política de Uruguay y los países de América desde que salimos de la Segunda Guerra Mundial. La defensa de la impunidad, la actuación en los tribunales de honor, el espionaje en democracia, la colaboración con la dictadura de Augusto Pinochet en el caso Berríos son algunos elementos que deberían ser incorporados en la consideración de esta problemática.
Raúl Olivera Alfaro es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, y coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu.
- A pesar de haber declarado la guerra a Alemania y sus aliados, a final de la Segunda Guerra Mundial, no envió fuerzas militares fuera del país. ↩
- Uruguay no tiene servicio militar obligatorio. Si bien durante la Segunda Guerra Mundial se sancionó la ley de Instrucción Militar Obligatoria, los ciudadanos no concurrían a los cuarteles. En 1985, al asumir Sanguinetti, había más de 42.000 efectivos. ↩
- Fue proclamado el 15 de abril de 1972, por el Decreto 277/972. ↩
- Ley 14.068 de julio de 1972. Promulgada bajo la presidencia de Juan María Bordaberry, por la que fueron traspasados ciertos delitos del Código Penal Ordinario al Código Penal Militar. ↩
- Esa situación fue denunciada en el Parlamento por el entonces senador Amílcar Vasconcellos. ↩
- Creado por el Decreto 163/973, de 23 de febrero de 1973, integrado por el presidente de la República; los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Economía y Finanzas; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Su competencia incluye los problemas de seguridad, teniendo en cuenta que las cuestiones de “seguridad” se extienden al dominio de la actividad económica y social.
- ↩Nunca antes de 1982, desde la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, se habían destacado fuerzas militares para operar fuera del territorio nacional. ↩
El coronel retirado Gustavo Vila, director de los Cursos de Extensión Académica del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) del Ministerio de Defensa, dijo que en la dictadura hubo militares «sinvergüenzas» que no merecen ser defendidos ni justificados. «No inventemos conspiraciones para justificar cosas injustificables: una cosa es combatir contra el enemigo, y otra es rapiñar. Al camarada preso injustamente hay que apoyarlo a muerte, pero al sinvergüenza, ni un pedazo de pan duro… Porque cuidado, los Aníbal Gordon no sólo son argentinos», escribió Vila en su cuenta de Facebook, este martes 17 de noviembre. Gordon (1930-1987) fue un paramilitar argentino que dirigió operaciones de secuestro, detención, tortura, ejecución y desaparición durante la dictadura en ese país, al frente de una banda que robaba y extorsionaba a sus víctimas. Murió en la cárcel, condenado por delitos de lesa humanidad.
¿MILITARES EN POLÍTICA?: NO GRACIAS
Revisión histórica en FF.AA.:
una iniciativa de «armas tomar»
El reciente y “sorpresivo” anuncio por parte del Ejército del inicio de un proceso de revisión de la currícula referente a la educación militar, bajo el argumento de la necesidad de realizar una revisión crítica de su rol durante los últimos 60 años, ha generado diversas reacciones.
21 NOVIEMBRE, 2020
El reciente y “sorpresivo” anuncio por parte del Ejército del inicio de un proceso de revisión de la currícula referente a la educación militar, bajo el argumento de la necesidad de realizar una revisión crítica de su rol durante los últimos 60 años, ha generado diversas reacciones.
En una comunicación escrita de CRYSOL, enviada al ministro de Defensa Nacional, Javier García, la organización no sólo adopta un posicionamiento sobre la iniciativa, sino que, solicita participar de la discusión que se genere.
En su misiva al ministro de Defensa, expresa: “dicho proceso es necesario e imprescindible para afirmar la democracia y la propia institucionalidad democrática” y agrega que tal reflexión “critica”, sobre los roles asumidos “especialmente desde el 13 de junio de 1968 hasta el momento actual, permitirá a la institución recoger importantes enseñanzas para reafirmar su identidad con la visión hacia el futuro”.
En su recuento de los hechos, la asociación remarcó cómo las medidas prontas de seguridad instauradas durante el gobierno de Pacheco Areco, alteró el papel de las Fuerzas Armadas y responsabiliza a las mismas como el procedimiento que “sacó a las Fuerzas Armadas de los cuarteles para reprimir y militarizar a los trabajadores”.
Para CRYSOL, cualquier revisión de las actuaciones históricas de las Fuerzas Armadas “debe encararse desde la perspectiva país, en una América Latina donde Estados Unidos ha intervenido directamente en el desarrollo de los acontecimientos en el continente (…) debe realizarse de cara a la ciudadanía y será más productivo si cuenta con la participación activa de la sociedad civil, de las organizaciones sociales involucradas y la propia academia con visiones plurales”.
Según consigna, El Popular, Gastón Grisoni dirigente de CRYSOL, expresó en conversación con el medio, que “que aún no obtuvieron respuesta del gobierno” respecto a la misiva enviada.
“En realidad nosotros no esperábamos una respuesta directa desde allí, sino que pretendíamos explicitar cuáles son los puntos de vista de CRYSOL con respecto a esto ante los medios de comunicación”, expresó, al tiempo que valoró que la “iniciativa” de las Fuerzas Armadas “les parece bien, es necesario e imprescindible, hay que hacerlo de cara a la sociedad, con las organizaciones sociales y junto al movimiento sindical”.
Para Grisoni, continúa reseñando El Popular, “el sistema político va a participar, porque una iniciativa de esa naturaleza que se va a consagrar en un nuevo programa de estudios se discute en el Parlamento: no tienen autonomía las Fuerzas Armadas para cambiar la currícula, de hecho suponemos que habrá un proyecto de ley en algún momento (…) es una discusión muy difícil” dijo al medio de prensa, al tiempo que afirmaba “lo significativo” del mismo “fortalecer a las Fuerzas Armadas, el país necesita unas Fuerzas Armadas consustanciadas con los principios democráticos”.
Las reacciones sobre esta anunciada “iniciativa” ha generado diversas reacciones en otros actores políticos.
En este sentido, El Popular, recuerda que Javier Miranda, presidente del Frente Amplio había expresado “que los programas de educación de las Fuerzas Armadas necesitan revisión es algo de lo que no tengo la menor duda, hace años que lo venimos reclamando y nos parece clave en la formación de estos funcionarios públicos (…) hay que ver por dónde va el proceso”.
En sus declaraciones públicas, Miranda se desmarcó de los dichos de la vicepresidenta Beatríz Argimón y Javier García cuando “sugirieron” al MLN que también realizaran una “autocrítica” sobre los acontecimientos de la dictadura, al respecto Miranda recordó que esta “convocatoria” es “la clásica teoría de los dos demonios”.
Desde los “sacrosantos” predios del Centro Militar, ese “lugar sin reposo” de los militares retirados, cuya “misión inalterable” ha sido siempre la de mantener “viva” la llama de “los dos demonios”, su presidente, Carlos Silva, fue el “vocero de las preocupaciones” de todas “las pasadas añoranzas”.
En declaraciones al semanario Búsqueda dijo: “Si hablamos seriamente, es una cosa; si es la versión de los tupas o de los comunistas, es otra cosa. Lo que quiero saber es si se trata de invitar a gente que no conoce al Ejército y habla, si prevalece la opinión de esa gente, porque el 62% de la población tiene una opinión favorable de las Fuerzas Armadas y es una minoría que trata de jorobar con eso de que las Fuerzas Armadas no son queridas”.
Una vez más, Silva y sus “correligionarios” reafirman ese supuesto mandato de “guardianes pretorianos”, bajo el cual se fue conformando históricamente el monopolio sobre los temas militares y de defensa en el país que se sintetiza en esa afirmación que consolida el desprecio a todos aquellos a los que declara “ajenos”: “los que no conocen al Ejército”.
Para la senadora frenteamplista Lucía Topolansky, recuerda El Popular, lo anunciado es “un procedimiento rutinario”, a partir del cual “el gobierno estaba haciendo glamour y bulla”.
En la entrevista, citada por el medio de prensa que diera a La Diaria, Topolansky fue más lejos y “pidió responsabilidad a los otros partidos políticos si quieren dar una discusión “seria”, recordando así “que el Partido Nacional y el Partido Colorado tuvieron una participación directa en la dictadura cívico militar”.
En esta jornada y según publica La Diaria, se ha sumado una nueva posición respecto a la “iniciativa” de las Fuerzas Armadas.
En una larga columna de opinión, Raúl Olivera Alfaro integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, y coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, ha incorporado un conjunto de valoraciones de interés sobre “la iniciativa” y las reacciones que la misma ha generado.
“La posición sustentada por el presidente y el secretario de la organización de ex presos y presas políticas Crysol en una carta pública al ministro de Defensa Nacional, Javier García, y otros pronunciamientos similares que saludan el proceso de revisión del Ejército sobre su actuación política durante determinado período de nuestra historia son preocupantes porque suponen otorgar a las Fuerzas Armadas un rol político que no les corresponde”, comienza afirmando contundentemente Olivera.
Y agrega: “No se trata de una simple revisión de los programas de enseñanza en el liceo o la escuela militar, que deberían ser objeto de consideración y control parlamentario. Se trata de la discusión que abarca la actuación de las Fuerzas Armadas cuando ilegítimamente asumieron roles de conducción política del gobierno. Ese es un hecho político que no debería ser alegremente aceptado, pues es otorgarles un rol que no les corresponde”.
Para Olivera no hay ninguna duda sobre lo que define enfáticamente como “el accionar delictivo” de las Fuerzas Armadas y se remite en la fundamentación del argumento a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las profusas investigaciones en curso “en los estrados judiciales” de nuestro país.
Sobre las posiciones asumidas respecto a, la revisión del período histórico, anunciado por las Fuerzas Armadas, Olivera señala “durante ese período, que algunos ven auspicioso que sea analizado por uno de los institutos armados del Estado, existieron en el pasado posicionamientos relacionados con la política militar y las relaciones cívico-militares que aún no han sido objeto de una profunda revisión autocrítica por parte de las organizaciones políticas de izquierda ni por las organizaciones sociales; por ejemplo, la colaboración en ilícitos económicos y los apoyos a los comunicados 4 y 7. Sin saldar eso adecuadamente, embarcarse alegremente en la iniciativa actual del Ejército y su mando civil es una aventura que sabemos a qué conduce”.
En su exposición, Olivera recorre cronologías y describe las diversas situaciones y posicionamientos castrenses y políticos, en general, tanto en lo que hace a la política doméstica, como en sus relacionamientos y alineaciones, por ejemplo, con la política de los Estados Unidos.
“Las Fuerzas Armadas pretendieron darle a la dictadura un marco legal, a pesar de que cambiaron todo el ordenamiento constitucional al disolver el Parlamento y sustituirlo por el Consejo de Estado y el Consejo de la Nación. A esa línea de conducta quisieron darle continuidad futura mediante una reforma constitucional en la que ellos –como institución militar– permanecían como un órgano de contralor, árbitro de la acción política”, expresa.
Y a continuación agrega “Ese accionar de las Fuerzas Armadas respondía a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, en la que ellas daban la seguridad, el orden, para que las políticas económicas neoliberales pudieran desarrollarse sin obstáculos políticos o sociales. Resumiendo: Uruguay tenía unas Fuerzas Armadas insertas en el Sistema Militar Panamericano, dirigido por el Departamento de Estado y el Pentágono de Estados Unidos desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial”.
Respecto al posicionamiento “actual” de las Fuerzas Armadas, el coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu señala: “Actualmente, si bien en declaraciones públicas los mandos militares reiteran su subordinación al poder político y su adhesión a la Constitución de la República, han ratificado la corrección de su accionar en el pasado; han declarado que, si se llegara a repetir situaciones parecidas, actuarían de la misma manera que en el pasado. Quiere decir que ellos actuaron bien, que no cometieron ninguna ilegalidad”.
Para Olivera, durante los 15 años de mandato frenteamplista, no hubo “una verdadera depuración de las Fuerzas Armadas. Quedaron como estaban”, afirma.
“Si bien no son los mismos oficiales, se sigue aplicando la acción cívica, los planes de desarrollo, de apoyo a la comunidad. Ese es el pensamiento que inspira el accionar de las fuerzas políticas de la coalición de gobierno actual. Todas esas visiones son confirmadas por la ley de urgente consideración (LUC) y el presupuesto actualmente a consideración del Poder Legislativo”.
Al cierre de su columna, Olivera recalca: “Las Fuerzas Armadas fueron protagonistas, actores políticos, porque fueron ilegalmente gobierno. Se subordinaron al poder político cuando se terminó la dictadura, pero ahora están actuando, emergiendo como proyecto político por medio de Cabildo Abierto. Estas Fuerzas Armadas se encaminan a ser actores políticos. Todos los presidentes de la República, en mayor o menor medida, son responsables de dejar prosperar ese protagonismo”, una responsabilidad que, según sus valoraciones, también incluye al Frente Amplio.
Para el columnista, sobre el rol actual de las Fuerzas Armadas en “política” no hay dudas de ninguna clase: “Sobran hechos que demuestran que las Fuerzas Armadas son las mismas. No han cambiado. Es permanente la acción de los Centros Sociales Militares que abren una cuenta bancaria para que hagan aportes para defender a los terroristas de Estado. Los Centros Sociales Militares actúan como portavoces de lo que se llama la familia militar ante cualquier medida que suponga una mirada o revisión del tema de derechos humanos, y lo hacen en forma pública”.
Al finalizar, su extenso análisis, Olivera concluye afirmando:
“Nos encaminamos actualmente a una política en la que se acentuará la gran incidencia que Estados Unidos tiene como país hegemónico (…) La influencia de Estados Unidos, a través de la CIA, los servicios de información de las embajadas y las misiones militares, no fue en ningún momento ajena a la acción interna de la política de Uruguay y los países de América desde que salimos de la Segunda Guerra Mundial. La defensa de la impunidad, la actuación en los tribunales de honor, el espionaje en democracia, la colaboración con la dictadura de Augusto Pinochet en el caso Berríos son algunos elementos que deberían ser incorporados en la consideración de esta problemática”.
DICTADURA
Los civiles que debe abarcar el revisionismo histórico
El proceso de revisionismo histórico del rol jugado por el Ejército Nacional en el período 1958-2020, pero en particular durante el proceso cívico militar, ha motivado las opiniones de distintos actores involucrados y, hasta el momento, el silencio profundo y prolongado de los civiles involucrados en la dictadura militar.
POR RICARDO POSE
22 NOVIEMBRE, 2020
El objetivo del revisionismo sobre el rol del Ejército en el período histórico que va de 1958 al 2020, y en particular su responsabilidad sobre el período conocido como terrorismo de Estado, suena muy sensato en boca del General Fregossi.
Brindar información y formación a una camada de oficiales muy jóvenes que desconocen la magnitud de aquellos hechos, delimitar claramente quienes fueron responsables de las atrocidades en violación de los derechos humanos y desarrollar, desde allí, un acercamiento de confianza hacia toda la sociedad.
En ese proceso que se espera culmine en 2021 y permita ser parte de los contenidos de la nueva currícula de la carrera militar, han informado las autoridades, se prevé contar con la visión de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, como se hizo en las Mesas Temáticas de Defensa cuando se discutió la Ley Marco .
El Centro Militar, a través de su presidente, el excoronel Carlos Silva, planteó su preocupación y calificó de “maniobra” el proceso de revisionismo histórico.
El ministro de Defensa, Javier García, de quien todo el mundo daba por descontado que respaldaba el proceso porque no había emitido declaraciones públicas, invitó este domingo al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros a también realizar un análisis de su papel en los hechos sucedidos previo a la última dictadura cívico militar (1973-1985). “No es momento para mirar para el costado. El MLN es una organización política que vaya que tuvo protagonismo sobre ese momento doloroso. No hay que mirar para el costado ni andar con dedos acusadores. Uruguay necesita integración».
En una visión mas integral y académica, dado su carácter de intelectual, como se le cataloga a Fregossi en el Ejército, este no descarta la posibilidad de que integrantes del MLN, como José Mujica, puedan ser consultados, y que pueda ser usada toda la bibliografía sobre el exmovimiento armado.
Por ejemplo, Fregossi se plantea el estudio de la toma de Pando, como uno de los elementos de estudios y de reciente polémica.
Chiflando para el costado
Desde la recuperación democrática ya en el lejano 1985, desde el “Cambio en Paz” de Julio María Sanguinetti, Las leyes de Pacificación y la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, los plebiscitos, la aplicación del Art. 4º, los militares procesados, los restos hallados, las multitudinarias marchas de los 20 de mayo, desde esa fecha y durante todos estos hechos, los civiles que formaron parte del proceso cívico militar han guardado religioso secreto sobre su participación y responsabilidad.
Cuando se habla de dictadura cívico militar, una síntesis histórica muy primaria recuerda a Juan María Bordaberry (27 de junio de 1973-12 de Junio 1976), el abogado Alberto Demichelli (12 de junio de 1976-10 de setiembre de 1976), el abogado Aparicio Méndez (1º de octubre de 1976-1º de setiembre de 1981) y el abogado Rafael Adiego Bruno (últimos 15 días de la dictadura militar).
Alguien podría argumentar que los procesamientos de Bordaberry y Juan Carlos Blanco fueron la cuota civil de juzgamiento.
Sin embargo, apelando a las investigaciones en su momento de semanarios y publicaciones como Jaque, Zeta, Brecha y El Popular, la lista de implicados es muchísimo más larga.
Son los civiles médicos que orientaron la tortura en varios centros de detención, pero también son los que ocuparon los ministerios y organismos públicos intervenidos, los que se sentaron en las bancas del Consejo de Estado y dictaron una fantochada de ordenamiento jurídico vía Actas Institucionales, los que presidieron e integraron las Juntas de Vecinos, organismos territoriales en los barrios y pueblos dedicados a la delación de los “subversivos”.
La maquinaria brutal de la dictadura no fue solo su cuerpo represivo, sino un conjunto de la sociedad que hizo una suerte de mar territorial para su accionar, y es por esta condición que el proceso se tilda de fascista.
Los identificados hasta el momento
En un ultimo listado actualizado por El Popular y chequeado por nuestras fuentes, esta es la lista de civiles y los puestos que ocuparon.
La Secretaría de Presidencia fue ocupada por Álvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia (integrante de una histórica familia empresarial perteneciente a la rosca oligárquica) y Ángel María Scelza.
El Ministerio del Interior tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, que promovieron la militarización de la Policía y su integración a las Fuerzas Conjuntas.
Los militares que ocuparon el cargo de ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad, y como subsecretarios, Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia y Jorge Amondarain Mendoza.
Los titulares de Defensa Nacional fueron Walter Ravenna y Justo M. Alonso y el subsecretario Armando Chiarino Aguirre.
Los de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso y, como subsecretarios, Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet.
En Economía y Finanzas, estuvieron Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Végh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo y nuevamente Alejandro Végh Villegas: como subsecretarios Ernesto Rosso y Valentín Arismendi.
Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia y como subsecretarios Lázaro Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges.
En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini) y como subsecretarios Alfredo Baeza y Ramón Malvasio.
En Educación y Cultura, Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino y como subsecretarios, Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez.
En Industria y Energía, Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil y como subsecretario Elías Pérez.
En Salud Pública, Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre y como subsecretarios Mario Arcos Pérez, Jogen Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo.
En Transporte y Comunicaciones y Turismo, Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).
En Transporte y Obras Públicas, Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson.
En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio y como subsecretarios José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.
La caja de mármol
En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.
Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.
El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Álvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.
El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Álvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctor Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profesora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doctor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Végh Villegas.
Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los tres siguientes se habían incorporado antes de noviembre de 1976 y fueron avalados; los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero solo logró acuerdo para designar a 3, que fueron el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.
Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etcheverry Stirling. Ocuparon esas plazas José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.
El Consejo de la Nación designó 5 suplentes; esta vez se pusieron de acuerdo y fueron distinguidos con el cargo el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.
Cuando el teniente general Gregorio Álvarez asume como dictador, se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años atrás, solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi. Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro.
Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y al Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del golpe, como Craviotto y Cersósimo, ambos del Partido Colorado.
La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Álvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilson Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani.
En total fueron consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante (r) Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordóñez, Víctor Ortiz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.
Justicia maniatada
Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos del Partido Colorado encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.
Rafael Addiego Bruno dijo, luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (revista Jaque, 26 de junio de 1985).
Durante la dictadura, los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no solo a la Constitución.
En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura; publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.
En 1977 integraban el Tribunal de lo Contencioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverry, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D’Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.
Los intendentes del régimen
La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.
Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín; y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.
Simulacro de Corte Electoral
Una Corte Electoral en una dictadura es un organismo para controlar y, por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre.
Impunes y decidores
Muchos de los apellidos forman parte del abolengo de nuestras clases dominantes, de los que están al frente de importantes empresas en los diversos rubros del país, hasta nuestros días.
Han definido, han gozado y se han acomodado a las épocas de bonanza y de constricción económica, sin perder privilegios.
En época de crisis fruto del intercambio internacional, se han reconvertido en su mundo empresarial.
Pero también son los que han sostenido a lo largo de tiempo y han dejado como herencia el mismo discurso que alentó el golpe de Estado y el terrorismo, la imposición del “nosotros” y la defensa de lo nuestro, ese discurso que hoy aparece rejuvenecido en la mayoría de los dirigentes de Cabildo Abierto, pero tiene ondas raíces desde el fondo de nuestra más triste historia.
Pero, además, ¿por qué descartar que hayan sido protagonistas de delitos penales vinculados a lo financiero o a su rol de servidores públicos o que formen parte de la reserva de información sobre la violación de los derechos humanos?
CIVILES
En marzo de 2013, el extinto ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro había declarado públicamente que se congratulaba del procesamiento de José Nino Gavazzo, pero que se debía investigar y “meter” presos a todos los responsables de los crímenes de la dictadura, que eran civiles. Esa posición es la que hoy sostienen dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros consultados por Caras y Caretas sobre el rol que les pretende asignar, en este proceso de revisión histórica del Ejército, el ministro de Defensa, Javier García.