En la marcha de un revisionismo histórico sobre la dictadura

A propósito de las relaciones cívico-militares

21 de noviembre de 2020 ·

Escribe Raúl Olivera Alfaro

La posición sustentada por el presidente y el secretario de la organización de ex presos y presas políticas Crysol en una carta pública al ministro de Defensa Nacional, Javier García, y otros pronunciamientos similares que saludan el proceso de revisión del Ejército sobre su actuación política durante determinado período de nuestra historia son preocupantes porque suponen otorgar a las Fuerzas Armadas un rol político que no les corresponde.

La mencionada revisión comprende el período del 13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985, durante el que el Estado actuó ilegítimamente. No se trata de una simple revisión de los programas de enseñanza en el liceo o la escuela militar, que deberían ser objeto de consideración y control parlamentario. Se trata de la discusión que abarca la actuación de las Fuerzas Armadas cuando ilegítimamente asumieron roles de conducción política del gobierno. Ese es un hecho político que no debería ser alegremente aceptado, pues es otorgarles un rol que no les corresponde.

La consideración de su actuación delictiva, cuando pusieron al servicio de sus conductas terroristas al aparato estatal, es un análisis que se saldó, al menos en parte, ante el sistema interamericano de derechos humanos en el caso Gelman, y que actualmente se está cursando en los estrados judiciales de nuestro país en decenas de causas penales. Recordemos que la ley reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo –desde el 13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973– en la práctica de torturas, en la desaparición forzada de personas, en la prisión sin la intervención del Poder Judicial, en homicidios, en la aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social.

Durante ese período, que algunos ven auspicioso que sea analizado por uno de los institutos armados del Estado, existieron en el pasado posicionamientos relacionados con la política militar y las relaciones cívico-militares que aún no han sido objeto de una profunda revisión autocrítica por parte de las organizaciones políticas de izquierda ni por las organizaciones sociales; por ejemplo, la colaboración en ilícitos económicos y los apoyos a los comunicados 4 y 7. Sin saldar eso adecuadamente, embarcarse alegremente en la iniciativa actual del Ejército y su mando civil es una aventura que sabemos a qué conduce.

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