Víctimas de amenaza del Comando
Barneix lamentaron falta de avances
en la investigación y advierten
inminente archivo de la causa
23 de enero de 2021 ·
El delito que se investiga prescribirá en los primeros días de febrero.
Entre fines de enero y principios de febrero de 2017, 13 personas vinculadas al sistema de justicia, la investigación y la defensa de los derechos humanos recibieron un correo con amenazas de muerte, firmado por el “Comando Barneix”. En el correo los firmantes advirtieron que vengarían la muerte del general Pedro Barneix, quien se suicidó antes de ser detenido por la Policía como responsable del asesinato del simpatizante frenteamplista Aldo Perrini, ocurrido en febrero de 1974.
“No se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más mataremos a tres elegidos azarosamente”, señalaba la misiva. En la lista estaba el fiscal de Corte Jorge Díaz; el entonces ministro de Defensa Jorge Menéndez; la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze; la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Belela Herrera; los abogados vinculados a causas sobre crímenes de lesa humanidad Hebe Martínez Burlé, Oscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Juan Errandonea, Pablo Chargoñia; el activista brasileño Jair Krischke; el magistrado francés Louis Joinet, y la investigadora italiana Francesca Lessa.
Las víctimas de la amenaza presentaron la denuncia y la Fiscalía comenzó la investigación, pero casi no hubo resultados. En cuatro años, sólo se convocó a tres audiencias, contando una que fue motivada por un error en la lectura del expediente.
El abogado denunciante Leonardo Di Césare explicó a la diaria que la causa puede archivarse en función de lo estipulado por el artículo 117 del Código Penal, que establece los tiempos de prescripción de los delitos en función de su pena, y el artículo 100 del Código del Proceso Penal, que habilita al fiscal a no iniciar o archivar una causa “si hubieren transcurrido cuatro años de la comisión del hecho y se presuma que no haya de resultar pena de penitenciaría”.
En el caso del delito de amenaza, al tratarse de una tipificación que puede castigarse con una sanción económica, prescribe a los cuatro años, por lo que, si el fiscal decidiera continuar con la investigación, el eventual autor de la amenaza eludirá su responsabilidad penal en función del tiempo transcurrido.
El caso fue designado a la fiscalía penal de 4º Turno, en su momento a cargo de la fiscal Silvia Porteiro. A principios de 2020 esa Fiscalía se eliminó y las causas que quedaron con una resolución pendiente pasaron a la Fiscalía de 2º Turno, siempre dentro del viejo código procesal.
“No tenemos ninguna persona individualizada en la investigación. Tenemos algunas diligencias de prueba, informes, pero nadie a quien imputar el delito”, señaló Di Césare.
En estos cuatro años, las víctimas de la amenaza fueron convocadas al juzgado en tres oportunidades. La primera fue a principios de 2018, cuando fueron citadas todas las víctimas, en la que se dio cuenta de los avances de la investigación. Se había hecho una pericia al texto del mensaje con el objetivo de establecer el perfil del autor. Se llegó a la conclusión de que por la forma en que estaba redactado el mensaje y por cómo había sido enviado, era de una persona mayor con cierto conocimiento del ámbito militar y también de tecnología.
“Después de eso, el expediente estuvo en la Fiscalía. Hubo algunos oficios solicitando información, pero estuvo casi un año parado”, lamentó Di Césare. Entre los oficios que se diligenciaron hubo uno a Interpol para que colaborara en la trazabilidad del correo. La respuesta que se obtuvo fue que el mensaje había surgido desde un lago canadiense, algo que ya estaba previsto por los remitentes que protegieron el origen del correo utilizando el navegador Tor.
La segunda audiencia fue en 2019, y en ella participaron técnicos que presentaron los lineamientos de investigación, aunque, según señaló el abogado, había discrepancias con los criterios a seguir entre los equipos técnicos. Para unos era pertinente realizar una búsqueda de los datos abiertos de las redes, mientras que para otros esa pericia sería improductiva.
“Las dos instancias que tuvimos fueron totalmente infructuosas para las víctimas, porque estábamos ante un planteo que no era para nada claro”, señaló el abogado.
Los correos electrónicos fueron enviados utilizando una dirección con el dominio guerrilleros.com, y ese sitio tenía entre sus políticas de privacidad brindar la información sobre sus cuentas cuando se tratara de una investigación penal. “Siempre planteamos la posibilidad de enviar un exhorto internacional solicitando esa información, porque lo veíamos como el camino más rápido para poder llegar a algo, pero eso nunca sucedió”, comentó Di Césare.
La última audiencia de la causa fue convocada a mediados de 2020, para ratificar una denuncia, que en realidad había sido separada y derivada a otra causa. Como el expediente había cambiado de juzgado y la última hoja era la denuncia, la sede citó para ratificar sin advertir que ya se había dilucidado el tema.
En diálogo con la diaria, el activista Jair Krischke calificó como “muy triste la situación”, más considerando la historia de amistad entre Uruguay y Brasil con relación a la defensa de los derechos humanos, a partir del golpe de 1964.
“Nunca me imaginé esto. Para mí es incomprensible y es incompatible con el Estado de derecho. Amenazaron al ministro de Defensa, al fiscal general y no pasó nada. En un gobierno que se decía de izquierda, no hubo ninguna investigación”, lamentó.
Por su parte, la investigadora Francesca Lessa dijo a la diaria que nunca hubo demasiada disponibilidad para investigar el caso. “En el primer año de la causa escribimos una carta al presidente [Tabaré] Vázquez pidiendo que se investigara, y después de eso tuvimos una audiencia, pero no pasó más nada, no podemos decir que sabemos algo más de lo que sabíamos hace cuatro años”, señaló.
A raíz de la amenaza, Lessa perdió la posibilidad de seguir investigando sobre violaciones a los derechos humanos en Uruguay, porque la Universidad de Oxford, que le había otorgado la beca, le prohibió permanecer en el país por razones de seguridad. Continuó trabajando unos meses desde Buenos Aires y finalmente regresó a Reino Unido.
La petición ante la CIDH
En febrero de 2019, ante la falta de avances en la investigación, los amenazados, junto al Observatorio Luz Ibarburu, presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado uruguayo, reclamando que se garantice su acceso a la Justicia.
En la petición, los firmantes recordaron que cuando ocurrió la amenaza, la CIDH emitió un comunicado condenando el hecho e instó al Estado uruguayo a adoptar medidas urgentes a fin de proteger la seguridad de las personas amenazadas, en particular considerando la relevancia de ellas sobre el sistema de justicia y la necesidad de proteger su trabajo en defensa de los derechos humanos y el esclarecimiento de las causas vinculadas a delitos de lesa humanidad.
Los denunciantes advirtieron que transcurridos dos años no se había tomado en cuenta ninguna de las consideraciones realizadas por el organismo, y al mismo tiempo el Estado uruguayo estaba violando su obligación de respetar el derecho a la libertad y la integridad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial, definidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La otra causa contra el Comando Barneix
En noviembre de 2019, a tres días del balotaje, circuló otro mensaje firmado por el Comando Barneix, en el que llamaban a votar a Luis Lacalle Pou “con el apoyo del general Guido Manini Ríos”. “Sabemos quién sos y contamos con tu voto y el de tu familia para salvar a la patria, es una orden. Las órdenes se acatan y el que no lo haga es un traidor. Sabemos cómo tratar a los traidores”, decía el mensaje enviado por Whatsapp.
Ante eso las víctimas de la amenaza se presentaron ante la Justicia para ampliar la denuncia con los nuevos elementos. Sin embargo, la Fiscalía entendió que el hecho debía ser investigado en el marco del nuevo código de proceso y lo derivó al fiscal de Flagrancia de 6º Turno, Pablo Rivas.
Las amenazas del Comando Barneix podrían archivarse
La red oculta
Mauricio Pérez
5 febrero, 2021
La causa que investiga las amenazas sufridas por un grupo de abogados, jerarcas y activistas por los derechos humanos podría archivarse al cumplirse cuatro años de una indagatoria sin avances. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó, una vez más, que estos hechos no queden impunes.
Francesca Lessa (centro) Marta Passeggi
La indagatoria penal por las amenazas del autodenominado Comando Barneix podría terminar en nada. En enero de 2017, varias personas recibieron un correo electrónico desde una casilla desconocida. Allí se leía: «El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista».
Barneix se suicidó en setiembre de 2015, luego de que la jueza Beatriz Larrieu dispusiera su procesamiento con prisión por el homicidio político de Aldo Perrini, en 1974. Se quitó la vida cuando el personal policial llegó a su domicilio para trasladarlo al juzgado, donde sería notificado de la resolución. En 2005, integró una comisión interna del Ejército que elaboró, por orden del entonces presidente Tabaré Vázquez, el primer informe sobre detenidos desaparecidos durante la dictadura.
Los amenazados eran 13 personas con diversa participación en causas por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura: los abogados Juan Errandonea, Federico Álvarez Petraglia, Óscar López Goldaracena, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el exministro de Defensa Jorge Menéndez (fallecido); la exfiscal Mirtha Guianze; el fiscal de Corte Jorge Díaz; la exvicencanciller Belela Herrera; el juez francés Louis Joinet; el activista brasileño Jair Kirshke, y la investigadora italiana Francesca Lessa. La amenaza tuvo incidencia directa en la vida de algunos de ellos; Lessa, por ejemplo, no pudo retornar a Uruguay por decisión de la Universidad de Oxford.
Cuatro años después, sin embargo, la indagatoria penal tuvo un escaso avance, lo que abre la posibilidad de que se archive por prescripción. «La realidad es que no se ha avanzado […] y ahora se podría cerrar», dijo a Brecha el abogado denunciante Leonardo di Cesare. Su interpretación se basa en la normativa penal. El delito de amenazas tiene una pena mínima leve, de multa, por lo que, de acuerdo con el artículo 117 del Código Penal, prescribe a los cuatro años. A esto se suma la posible aplicación del principio de oportunidad, que habilita a los fiscales a abandonar una investigación penal cuando no haya elementos que permitan avizorar que una persona será imputada del delito. Estas dos normas darían vía libre al pedido de archivo.
La indagatoria penal fue por demás azarosa. El expediente estuvo varias veces paralizado, con audiencias esporádicas en el tiempo. El análisis del texto del correo electrónico permitió trazar un perfil de su autor sin mayores detalles: una persona mayor con conocimientos informáticos, vinculados al mundo militar. Los integrantes del Comando Barneix no eran, por tanto, improvisados ni principiantes, sino expertos. Las pericias informáticas tampoco aportaron información sustantiva sobre el origen del correo.
El dato más significativo se conoció casi al inicio de la indagatoria. Los correos fueron enviados a través de la red Tor, un software libre y una red abierta que dificulta el análisis del tráfico y la identificación directa de las partes en una comunicación, según detalla un informe de la Facultad de Ingeniería. Según este informe, la red Tor «está constituida por un grupo de servidores operados por voluntarios que permiten a las personas agregar características de privacidad y seguridad en Internet». «Los usuarios de Tor utilizan esta red conectándose a través de una serie de túneles virtuales en lugar de establecer una conexión directa, lo que permite a las organizaciones y a los individuos compartir información sobre redes públicas sin comprometer su publicidad», añade.
El informe analizó dos direcciones de origen. La primera era mail.mail2tor.com, asociada a la red Tor. La información extraída fue nula, ya que, a diferencia de lo que sucede con los servidores de Gmail y Hotmail, «la creación de una cuenta y el envío de correo posterior utilizando dichas cuentas es totalmente anónimo». «El anonimato es tal que, aun obteniendo información del propio servidor de correo del servicio mail2tor, la información del puesto de trabajo utilizado para el envío seguiría siendo anónima», lo cual impide identificar al emisor, dice el informe. La casilla era mail.guerrillamail.com. Según la pericia, se trata de una plataforma o servicio de correo «que proporciona acceso a una cuenta de mail temporal, sin necesidad de registro de datos filiatorios»; cada sesión dura 60 minutos. Este estudio permitió avanzar un poco más. Se definió que el correo fue enviado desde la dirección de IP 209.66.119.115, cuyo origen era Estados Unidos. Sin embargo, esta dirección «es un conocido nodo de salida de la red Tor», es decir, un nodo que vincula esta red con Internet.
Todo esto permite confirmar que el autor del correo electrónico sabía lo que hacía. Un pequeño error en la confección o el envío del correo podría haberse utilizado para superar el obstáculo del anonimato y revelar su identidad, pero eso no ocurrió. En este sentido, Lessa aseguró que la causa penal en Uruguay «no logró ningún avance» en aclarar quiénes fueron los autores de la amenaza. En diálogo con Brecha, afirmó que durante la indagatoria las víctimas de las amenazas sugirieron varias medidas para romper con ese anonimato, entre ellas, enviar un exhorto a la plataforma Guerrilla Mail para que liberara datos sobre el origen del correo, pero nunca obtuvieron una respuesta de la Justicia. También solicitaron que este hecho fuera investigado junto con otras situaciones, como el robo a la sede del Grupo de Investigación en Antropología Forense, de forma de desentrañar un patrón de amenazas vinculadas a temas de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, pedido que fue rechazado.
A esto se le sumó una denuncia penal por el mensaje viral de Whatsapp en las horas previas al balotaje de 2019, también firmado por el Comando Barneix, en el que ordenaba votar al actual presidente de la república, Luis Lacalle Pou, so pena de considerar traidor al desobediente. Ese mensaje decía: «Sabemos quién sos y contamos con tu voto y el de tu familia para votar a la patria. Es una orden. Las órdenes se acatan y quien no lo haga es un traidor. Sabemos cómo tratar a los traidores. La única opción es ganar. Antes caer de espaldas que de rodillas. Empezamos a volver». Todo esto, según Lessa, da cuenta de que la amenaza fue parte de un patrón común.
En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó esta semana su preocupación por el eventual archivo de la indagatoria penal por las amenazas del comando: «Los actos de intimidación a las personas actuantes en la defensa de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos de la dictadura, así como las que imparten la justicia en tales causas, pueden aumentar el riesgo de que estas queden en la impunidad». Reclamó a Uruguay que desarrolle una pronta, exhaustiva y diligente investigación sobre los hechos, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales de la amenaza y sancionando a los responsables. Ya se había pronunciado en 2019 sobre la falta de avance en la investigación. Según el organismo, esto podía «menoscabar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado encargadas de administrar e impartir justicia».
“COMANDO BARNEIX”
Comunicado de Madres y Familiares
de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
sobre “Comando Barneix”
12.02.2021
MONTEVIDEO (Uypress) – Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos ve con profunda preocupación la agresión perpetrada en enero y febrero de 2017 a 13 personas vinculadas a la investigación, defensa de los derechos humanos y sistema de justicia, quienes recibieron un correo electrónico con amenazas de muerte.
Reza el comunicado:
Montevideo, febrero de 2021.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos ve con profunda preocupación la agresión perpetrada en enero y febrero de 2017 a 13 personas vinculadas a la investigación, defensa de los derechos humanos y sistema de justicia, quienes recibieron un correo electrónico con amenazas de muerte. Las mismas eran firmadas por el autodenominado “Comando Barneix” y buscaban vengar la muerte del General Pedro Barneix, quien se suicidó para no comparecer frente a la Justicia que lo requería por el asesinato de Aldo Perrini en febrero de 1974.
Entre los 13 amenazados se encuentran el fiscal de Corte Jorge Díaz; la ex fiscal Mirtha Guianze; la ex subsecretaria de RREE Belela Herrera; los abogados patrocinadores en causas sobre crímenes de lesa humanidad Hebe Martínez Burlé, Oscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Juan Errandonea y Pablo Chargoñia; el defensor de DDHH brasileño Jair Krischke; la investigadora italiana Francesca Lessa. En la lista estaban también el entonces Ministro de Defensa Jorge Menéndez y el magistrado francés Louis Joinet, hoy fallecidos.
La denuncia fue presentada por las víctimas de las amenazas en la Fiscalía penal de 4o turno, en su momento a cargo de la fiscal Silvia Porteiro, y pasó en 2020 a la fiscalía de 2o turno. En el tiempo transcurrido se convocó a tres audiencias y se realizaron unas pocas pericias sin resultados. No se investigó y la causa puede archivarse en función del artículo 117 del Código Penal que establece los tiempos de prescripción de los delitos de acuerdo a su pena y el artículo 100 del Código del Proceso Penal que habilita al fiscal a no iniciar o a archivar una causa pasado el plazo de cuatro años y presuma que no resultará pena de penitenciaría.
Consideramos que es imperioso que se realice la investigación pertinente frente a tan graves hechos que no respetan la integridad y la vida de personas y erosionan al poder Judicial. Estas amenazas atentan contra la Democracia que tanto sacrificio costó a nuestro pueblo recuperar.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
UyPress – Agencia Uruguaya de Noticias