Cuarenta años del Serpaj
Pedacito de utopía
Mateo Magnone Hugo
30 abril, 2021
Por estos tiempos se cumplen 40 años de la creación del Serpaj en Uruguay y 80 del nacimiento de Luis Perico Pérez Aguirre, su cara más visible. Vale rememorar los primeros años de una organización que aún sigue trabajando, como puede, pero con la ética como piso y horizonte.
Local del Serpaj en la calle Gral Flores durante el ayuno de los religiosos en agosto de 1983
Para graficar la situación del país durante la dictadura, suele repetirse una imagen: «Uruguay fue una cárcel política». En el informe «Nunca más», del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), se describe el tratamiento que las dictaduras les dispensaron a sus enemigos. En Chile se los fusilaba, en Argentina se los desaparecía y en Uruguay se los encarcelaba. Refiriéndose a los presos, en setiembre de 1979, el coronel Federico Silva Ledesma, presidente del Supremo Tribunal Militar, decía sueltamente: «El Uruguay tiene en este momento 1.600 problemas porque no tiene 1.600 muertos». Ese número creció exponencialmente y el pequeño país, que había sido un ejemplo de solidez democrática, pasó a tener uno de los índices más altos de personas privadas de libertad en el continente. Esa foto tiene más de 40 años. Pero el encierro en Uruguay ha sido contumaz. Hoy, tras haber transcurrido gobiernos de todos los signos, la tasa de prisionización sigue siendo escandalosamente alta. Ya no se trata de una foto, sino de una trágica película, que ha tenido al Serpaj como crítico en la primera fila, abordando la problemática con los lineamientos metodológicos de la defensa de los derechos humanos, asistiendo en prácticas educativas, denunciando irregularidades, incentivando debates que incluyen a quienes están recluidos y extendiendo el análisis con los informes anuales de derechos humanos en Uruguay. ¿De dónde surge esta impronta?
En 1980, Efraín Olivera integraba la colectividad Emaús Uruguay. Fue coordinador local y delegado regional de la organización. Ese año, el argentino Adolfo Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en favor de los derechos humanos, a través de la lucha por la paz y la búsqueda de justicia. «Él desarrollaba su prédica en un medio similar al nuestro, en un contexto político muy cercano, así que se me ocurrió hacer algo parecido acá. Hablé con tres o cuatro personas importantes, que podrían darle forma; una de ellas, Luis Pérez Aguirre, Perico. Todos me dijeron que era interesante, pero no veían que fuese el momento. En el verano del 81 me llamó Perico y me contó que un sociólogo conocido de él, uruguayo, que estaba trabajando con Pérez Esquivel en Buenos Aires, le mandó una carta en la que le proponía crear acá un Serpaj y prometía un apoyo. Ahí hablamos con más gente para largar el asunto. Decidimos empezar a trabajar a la luz pública con gente conocida y largamos enseguida. ¿Cuál fue la fecha exacta de fundación? Nunca lo supimos. No hubo un día de inicio, pero con Perico siempre dijimos que el Serpaj nació entre marzo y abril», contó Olivera. Tras definir el grupo inicial, un compañero consiguió un local en la avenida General Flores, que fue la sede del servicio por dos años. El Serpaj fue, en su origen, de inspiración cristiana, ecuménica, no confesional y humanista, y tenía la atención puesta en una concepción integral de los derechos humanos. «Claro, al ser Uruguay un país tan laico, algunos aspectos han tenido menor presencia que en otros Serpaj del continente», aclaró. Aparte de Efraín y Pérez Aguirre, el núcleo fundador lo integraron los sacerdotes Juan José Mosca, Jorge Osorio, Jorge Faget, Giancarlo Moneta y Adolfo Ameixeiras; los docentes Patricia Piera, Francisco Bustamante, Martha Delgado y Mirtha Villa, y la abogada Josefina Plá y la escribana Marisabel Ricci. Tiempo después se sumaron los pastores metodistas Ademar Olivera, Randall Hansen y Jeljer Dijkta.
Pese a haber nacido en dictadura, el grupo decidió actuar a la luz pública, con ciertos cuidados ante las posibles represalias. A las parejas que participaban y tenían hijos Perico les recomendaba que no estuviesen siempre los dos integrantes en las reuniones y las demás actividades, por si sucedía algo no deseado. Seguía moldeando esa reserva moral que lo acompañó hasta el final. Leer y escuchar los testimonios de las madres de los desaparecidos ayuda a comprender lo invalorable de su sigilosa tarea. En 1977, cuando el primer grupo de madres –el de uruguayos desaparecidos en Argentina– empezó a juntarse, en el país no había organizaciones de derechos humanos que pudiesen cobijar sus demandas. Tras fundarse el Serpaj, ese cobijo empezó a tomar forma y Perico animó a los distintos grupos de familiares –disgregados según el tipo de desaparición que afrontaban– a que se unieran, ya que, en definitiva, representaban lo mismo y luchaban por lo mismo. En paralelo a estos movimientos –que luego decantaron en la formación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos–, el Serpaj organizaba actos de denuncia en parroquias barriales –Tierra Santa, la capilla Jackson, la iglesia de Los Vascos, entre otras–, con eje en la situación de los uruguayos desaparecidos del otro lado del río, con el habitual asedio de camionetas de la Policía dando vueltas a las manzanas.
En julio de 1982, con el apoyo del Serpaj, 384 madres le escribieron una carta al dictador Gregorio Álvarez para solicitar la amnistía para sus hijos, presos políticos, algunos desde hacía más de diez años. La respuesta fue la indiferencia, pero el tema empezó a crecer. Comenzó a tomar forma el grupo de Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Militar. Al año siguiente, el Serpaj presentó un documento con propuestas para una posible legislación sobre amnistía que incluía la idea de que fuera la Justicia ordinaria la que determinara y juzgara los crímenes de lesa humanidad. Más allá de que el año anterior los partidos habilitados habían podido realizar las elecciones internas y de que ese año se había autorizado la conmemoración pública del Primero de Mayo, el gobierno trancó fuerte en agosto. Hubo nuevas prohibiciones y la amenaza directa de suspender derechos políticos. El 11 de agosto, mientras se conformaba la Intersectorial, con sectores opositores de los partidos políticos y organizaciones sociales, y aún resonaba la bronca por recientes situaciones aberrantes –un grupo de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas había sido detenido y se denunciaba que una de las militantes había sido violada por los represores–, tres integrantes del servicio comenzaron un ayuno que apuntaba a generar una jornada de reflexión nacional para el 25. Fue tanto el apoyo recibido por Perico, Osorio y Ademar Olivera que el efecto social y político fue inmediato. Álvarez clausuró el Serpaj. «Para nuestro orgullo, fuimos ilegalizados por un gobierno ilegal», recordó, sonriente, Efraín Olivera. En ese periplo de inevitable pausa formal, algunos referentes del Serpaj comenzaron a tener conversaciones con personas que podían estar interesadas en «tomar nuestras banderas», al decir de Olivera. «Así se formó la Comisión Uruguaya de Derechos Humanos. Estando en el local de la plaza Independencia, nos avisaron desde la CX30 lo que había ocurrido en San Javier con Vladimir Roslik en 1984. Fuimos para allá dos integrantes del Serpaj, con gente de la comisión y dos periodistas. De regreso a Montevideo, la comisión presentó un informe sobre lo investigado, y con esto y el trabajo realizado por el semanario Jaque se empezó a esclarecer el asunto», contó.
Al retorno de la democracia, las organizaciones de derechos humanos estudiaron las cartas con que jugaba el sistema político, las que iban a dar las pistas sobre el Uruguay por venir. Los temas vinculados al esclarecimiento de los hechos de desaparición forzosa, a los procesos judiciales y a las garantías democráticas estaban entre los primeros a poner sobre la mesa. La elaboración y la promulgación de la ley de caducidad, en 1986, marcó la ruta con virulencia. El Serpaj acompañó la recolección de firmas para derogarla y dio un paso más. En Argentina, a través de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el Estado elaboró un informe sobre detenciones y desapariciones, el «Informe Sábato». En Brasil, la investigación se realizó por impulso de Paulo Evaristo Arns, obispo de la arquidiócesis de San Pablo, con la asistencia del ministro presbiteriano Jaime Wright. En Uruguay, ni el Estado ni la iglesia católica iban a firmar un documento así. Lo hizo el Serpaj en 1989, a partir de una encuesta hecha a más de 300 personas procesadas por la justicia militar. El «Nunca más» del Serpaj empezó a forjar una narrativa posible, basada en el testimonio de quienes sufrieron con mayor crudeza el terrorismo estatal, y sigue ayudándonos a tener esas dos palabras juntas y prendidas, como una escarapela.