Daniel Castellá, un general de
confianza de Manini Ríos y de
los tupamaros que fue relevado por
su participación en el caso Roslik
Las Fuerzas Armadas son “un campo minado, desconocido para el Frente Amplio y para el conjunto de la sociedad”, opina el politólogo Julián González Guyer
Nº 2134 – 5 al 11 de Agosto de 2021
escribe Sergio Israel
Al final de una larga y exitosa carrera militar, los archivos jugaron una mala pasada al general de Ejército Daniel Castellá, al que sus camaradas llaman Pirolo. Ya era un dato conocido que, en abril de 1984, quien hasta hace unos días presidía el Supremo Tribunal Militar había estado al frente de la cuerda que detuvo al médico de San Javier Vladimir Roslik y que, apenas unas horas después, él mismo había informado a la familia de su muerte por torturas en el Batallón 9° de Infantería de Fray Bentos (ver recuadro).
El lunes 26, a partir de un pedido de acceso a la información del periodista de la diaria Leonardo Haberkorn, el ministro de Defensa, Javier García, después de consultar con el presidente Luis Lacalle Pou, convocó a Castellá a su despacho y le pidió la renuncia al Tribunal, un cargo que finalizaría el año próximo y podía ser renovado. La reacción inmediata, explicó el ministro, se debió a que al leer un fallo de la Justicia militar de la época se enteró de que el entonces capitán Castellá no solo había detenido al médico de San Javier, sino que, junto con otros oficiales, estuvo presente en el interrogatorio que resultó mortal, algo incompatible con el cargo.
El joven abogado Cipriano Goñi, subdirector general del ministerio, fue quien encontró una copia del expediente que incrimina a Castellá. El proceso para hallar la información fue relatado por el ministro y su colaborador, el lunes 2, en la Comisión de Defensa del Senado que preside el excomandante en jefe del Ejército y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.
Goñi primero libró dos pedidos: uno al comando del Ejército y otro al Tribunal presidido por el propio Castellá acerca de la actuación de 14 militares durante el año 1984. Gracias a la respuesta de la fuerza pudo contar con detalles acerca del procesamiento, prisión y liberación luego de pocas semanas de dos oficiales: el entonces teniente coronel Mario Olivera y el mayor Sergio Caubarrere.
Sin embargo, la información detonante llegó recién el lunes 26, cuando Goñi logró hallar en el archivo documental del ministerio una copia del expediente de la Justicia militar al que el Supremo Tribunal no había dado acceso con el argumento de que el expediente había sido enviado al juzgado de Fray Bentos.
“Adquiriendo experiencia” en torturas
La lectura de la instrucción realizada por el coronel Carmelo Bentancurt luego de la muerte de Roslik no deja lugar a dudas. Primero describe la oficina del comandante de guardia donde ocurrió el crimen: “El despacho (…) donde se llevó a cabo el interrogatorio a Vladimir Roslik tiene una superficie aproximada a los doce (12) metros cuadrados (tres (3) por cuatro (4) metros) y en ella se dispuso al detenido junto a una pared de espaldas a ella con los ojos vendados y las manos atrás (sin atar)”.
Según Bentancurt, “los once (11) oficiales que presenciaban el interrogatorio se ubicaban rodeando el perímetro de la habitación, a escasa distancia del sujeto interrogado”. Y explicó: “El motivo por el que se hallaban presentes once (11) oficiales en tan reducido espacio estaba dado por el interés del Comando en que los oficiales nuevos se fueran interiorizando y adquiriendo experiencia en el manejo de los interrogatorios”.
“El interrogatorio efectuado al Dr. Vladimir Roslik —sostiene luego la sentencia del coronel aviador Oscar Vilches— se desarrolló en forma ilegítima, transgrediéndose las leyes y reglamentos que regulan la forma en que debe ser tratada una persona detenida, derivándose, como consecuencia, el resultado de muerte del mencionado, evento no previsto ni querido, pero previsible”.
El mayor Caubarrere, sentencia Vilches, “obró en forma imprudente y atentatoria de las disposiciones vigentes, quedando así demostrada fehacientemente su culpabilidad, y el nexo causal entre su conducta y el resultado acaecido”. Además, “coordinó con el jefe de la unidad, teniente coronel Mario Olivera, una forma de interrogar que, en los hechos, y por lo que surge de autos, significó una quiebra de los cánones legales. La irregularidad estuvo manifiesta en las condiciones impuestas al detenido, entre la cuales debe destacarse fundamentalmente la intensa presión psicológica a la que fue sometido el Dr. Vladimir Roslik, determinada por la forma ilegal y antirreglamentaria en que se llevó a cabo el interrogatorio —con finalidad de obtener su confesión—, desencadenándose así el proceso causal que finalizó con su fallecimiento”.
Las múltiples lesiones que se encontraron en el cuerpo de Roslik, en una segunda autopsia, la poco consistente acusación al médico de origen ruso de contrabandear armas y las repercusiones gracias a la investigación del semanario Jaque a pocos meses de la salida de los militares del gobierno, en la que el entonces jefe de la División III donde ocurrió la muerte, Hugo Medina, tuvo un fuerte protagonismo, hicieron más relevante y extraño el caso.
General con hermanos tupas
El estigma del caso Roslik persiguió a los militares involucrados. Aun así, el entonces segundo jefe Caubarrere tuvo una corta prisión y luego llegó a la jerarquía de coronel, mientras el “interrogador”, entonces teniente 1° Dardo Ivo Morales, nunca pasó por la Justicia, continuó su carrera y años después se retiró con el grado de mayor.
De todos los involucrados, el único que llegó a general fue Castellá, pero para eso tuvo que llegar al gobierno el Frente Amplio.
La explicación que ofreció el candidato a general al expresidente Tabaré Vázquez en 2006, cuando lo designó, fue que veintidós años atrás todos los oficiales de la unidad habían decidido declarar que estaban presentes en la sala de torturas para que quedara en evidencia la responsabilidad del comando.
Manini Ríos, que también hizo su carrera en la Infantería, en la comisión del Senado del lunes 2 a la que asistió a pedido propio el ministro García, apuntó en la misma dirección, aunque con ciertos matices: “Yo conocí al general Castellá en mi época de servicio activo. Él siempre dijo: ‘Yo no estuve presente en el interrogatorio. Todos los oficiales nos pusimos en la lista por solidaridad con el segundo jefe y por quien haya estado en el interrogatorio’”.
Otro ex comandante en jefe del Ejército durante los gobiernos del Frente, Pedro Aguerre, hijo del coronel del mismo nombre que fue preso y torturado durante la dictadura, dijo a Búsqueda que en este caso coincide con Manini Ríos. Aguerre piensa que Castellá debió haber actuado “por solidaridad o espíritu de cuerpo”.
El excomandante, que durante su carrera como oficial subalterno debió enfrentar situaciones muy difíciles, fue designado general en 2006, el mismo año que el ahora relevado. En el caso de Aguerre, a diferencia de su camarada, provocó resistencias en el sector ultranacionalista del Ejército vinculado a los Tenientes de Artigas.
Aguerre considera que “una cosa es ajustarse a derecho y otra ser justo en la vida” y para defender lo que hizo entonces su camarada sostuvo que “mirar para atrás sentado en un escritorio con aire acondicionado es fácil”.
Mientras el padre de Aguerre estaba relacionado con el Partido Socialista y el grupo constitucionalista 1815 que dirigía el coronel Pedro Montañez, el vínculo familiar de Castellá es con los tupamaros.
El coronel batllista Gabriel Castellá, que pasó a retiro en 1973 y murió al año siguiente, tenía un hijo militar, Daniel, y dos tupamaros: Gabriel y Arturo.
El primero fue detenido en 1972, aunque no resultó procesado, mientras que el menor estuvo preso en el penal de Libertad entre 1972 y 1983.
Aunque Gabriel, el mayor de los hermanos, no se dedicó a la carrera de las armas y siguió Agronomía, fue un estudioso de los asuntos castrenses y en 1971, bajo el seudónimo Gabriel Ramírez, publicó Las fuerzas armadas uruguayas en la crisis continental. El libro fue uno de los primeros análisis de este tipo en el país y obtuvo una mención en el concurso de ensayos del semanario Marcha del año anterior con un jurado que integraron Carlos Quijano, Arturo Ardao y Jesús C. Guiral.
Antes de ser designado director general del Ministerio de Defensa y luego subsecretario de Luis Rosadilla, cargo que ocupaba cuando falleció, Castellá había sido director general del Ministerio de Trabajo con Eduardo Bonomi, al que había conocido como gerente en la pesquera Promopes.
A los vínculos familiares con los tupamaros se sumó la postura nacionalista. Los dirigentes José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro veían con buenos ojos a militares nacionalistas como Daniel Castellá y Manini Ríos, que estaban más cerca de su pensamiento que de aquellos influidos por la Masonería, que rodearon al presidente Vázquez.
Estos factores fueron determinantes para que los hechos de Fray Bentos, que no habían podido ser investigados por la Justicia civil debido a la ley de caducidad, fueran pasados por alto a la hora de designar al militar en cargos tan relevantes como jefe de la División I (Montevideo y Canelones) y jefe del Estado Mayor de la Defensa, para el que se requiere la jerarquía de general de cuatro estrellas.
El desempeño profesional, su estilo de diálogo y buen trato con superiores y subalternos no causó problemas durante los gobiernos del Frente Amplio.
Cuando en 2016 el general Julio Halty, que había sido designado por el Frente para presidir el Supremo Tribunal Militar cumplió 80 años de edad y quiso dar un paso al costado, se reunió con el presidente Vázquez y le propuso a otro general para ese cargo, pero finalmente el elegido fue Castellá.
“Campo minado”
Para el politólogo especializado en defensa Julián González Guyer, el caso de Castellá expresa las dificultades que tuvo el Frente Amplio para “depurar” a las Fuerzas Armadas.
González, que integró la Comisión de Defensa del Frente, dijo a Búsqueda que el tema fue “un campo minado, desconocido para el Frente Amplio y para el conjunto de la sociedad”, en el que “se tuvo que elegir siempre a ciegas”.
Según este profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, “para una operación de este tipo hay que cambiar las reglas y para eso hay que querer, poder y saber, todo al mismo tiempo”.
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Ver las declaraciones del politólogo Julián Gonzalez Guyer en nuestras página : https://donde-estan.com/2021/08/04/las-fuerzas-armadas-uruguayas-estan-lejos-de-ser-un-reflejo-de-la-sociedad/