LOS BLANCOS Y CABILDO ABIERTO COMPITEN POR LA RELECTURA DEL PASADO RECIENTE
Juego de soldados
Samuel Blixen
27 mayo, 2022
El Ministerio de Defensa Nacional se enfrenta a Cabildo Abierto por el discurso con una visión «renovadora» sobre la dictadura y sus crímenes.
Intervención del Batallón de Infantería N.o 7, de Salto.
Este mayo que termina fue el escenario del forcejeo entre el gobierno blanco y su socio Cabildo Abierto (CA) por la apropiación del discurso que propone una «relectura» del pasado reciente. Las notorias ausencias y presencias de gobernantes y políticos en los numerosos actos en torno al Día del Ejército pautaron ese forcejeo. Así, a la conmemoración de la Batalla de las Piedras se sumó la convocatoria para recordar a los «caídos en defensa de la democracia» (exvíctimas de la sedición); el Día del Ejército Oriental, resucitado después de que José Mujica lo sustituyó por el Día del Soldado Caído en Acto de Servicio, y el día de la «masacre de mayo», que recuerda la muerte de cuatro soldados batidos por los tupamaros en 1972.
El día del soldado, en cualquiera de sus versiones, multiplicó sugestivas ceremonias en el interior del país. El acto central del Día del Soldado Oriental, festejado el 24 de mayo –fecha de la muerte del capitán Manuel Antonio Artigas, primo del prócer, homenajeado en la Pirámide de la plaza de Mayo, en Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, como el primer oficial caído en combate por la independencia–, tuvo lugar en el cuartel del Yí –sede de la Brigada de Infantería N.º 5 y del Batallón de Infantería Blindado N.º 13–, en Durazno, aunque el capitán murió en San José, tras ser herido en la batalla de Paso del Rey, lo que pretextó otra ceremonia. Mientras, en Salto, el teniente coronel Juan Pablo Moreni, comandante del Batallón de Infantería N.º 7, contribuyó a los homenajes con una «intervención», pintando con los colores del Ejército las letras que dan la bienvenida a la ciudad, ubicadas en la rotonda de las termas del Daymán. Y finalmente, repitiendo el acto central de Durazno, hubo una conmemoración del Día del Soldado Caído en Acto de Servicio, en el panteón del Ejército, en el cementerio del Norte, en Montevideo, presidido por el comandante de la División del Ejército I, general Ricardo Devita.
Un indicio para determinar qué acto se emparenta con cada una de las dos tendencias revisionistas (aunque no aparecen novedades significativas en el despliegue de la teoría de los dos demonios, salvo mensajes indirectos de corte político) podría ser la identificación de los asistentes notorios. En Avenida Italia y Abacú, donde está la placa que recuerda a los cuatro soldados, se concentraron unas 200 personas, la mitad de ellas uniformadas. En el acto, en el que se leyó una orden del comandante del Ejército, general Gerardo Fregossi, estuvieron presentes los tres senadores de CA, Guido Manini, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, y miembros de la organización Familiares de Prisioneros Políticos, formada en defensa de los procesados y condenados por delitos vinculados a la violación de derechos humanos; también el coronel retirado Rivera Elgue, subsecretario de Defensa Nacional, pero fue notoria la ausencia del ministro Javier García, quien mantiene con su principal colaborador desavenencias de índole política.
Desde la exposición de Manini en el Senado, el 6 de abril, al cumplirse los 50 años de la declaración por parte de la Asamblea General del estado de guerra interno, se produjo un cambio cualitativo en la ofensiva política de CA, reivindicando algunos aspectos del terrorismo de Estado. El senador Guillermo Domenech atribuye «a todo el sistema político» la responsabilidad por la violencia desatada en 1972, y «sin justificar para nada el golpe de Estado ni las torturas o apremios ilegales cometidos con posterioridad». Pero su discurso se centra en los «secuestros de numerosas personas, encarceladas en prisiones clandestinas en las que se violaban los más elementales derechos humanos» y en las «decenas de policías y militares que murieron al cumplir su deber de combatir a una guerrilla». Su relectura de la historia no llega al capítulo de su personal contribución a las persecuciones de la dictadura (véase «El abogado del diablo», Brecha, 6-V-21).
El senador lamentó la ausencia de dirigentes políticos, «salvo la honrosa presencia de Julio María Sanguinetti» en el acto en la plaza de la Bandera, el 14 de abril, en la que el exdiputado colorado Daniel García Pintos, principal orador, centró su discurso en el reclamo de liberación de los condenados por los delitos de la dictadura. «No pueden ir a esperar a un nieto a la escuela, es terrible», dijo refiriéndose a los militares y policías presos, y señalando a los niños presentes que portaban carteles con leyendas tales como «Mi abuelo es un héroe» o «Mi abuelo no es una mochila, es un soldado uruguayo».
Tomando distancia de CA, el gobierno, en particular el ministro de Defensa, Javier García, se desmarca de los actos más «extremos» (las víctimas del Escuadrón de la Muerte o el recordatorio de los cuatro soldados) con un proyecto de ley para establecer oficialmente el Día del Soldado Oriental, sustitutivo del día de los «caídos en defensa de la democracia» o de los «asesinados por la subversión». Además, impulsó una iniciativa para instalar, en un lugar todavía no definido, una placa recordatoria, más abarcativa, de los «caídos en acto de servicio», que incluye, por ejemplo, al coronel Ramón Trabal, exjefe de la inteligencia militar, cuyo asesinato, en París, en diciembre de 1974, sigue siendo un confuso y controvertido episodio de la lucha interna por el poder durante la dictadura. Algún periódico confundió los caídos en acto de servicio con los muertos por la sedición.
García –como en menor medida también el presidente Luis Lacalle Pou– pone el acento en la alegada postura de transparencia del gobierno sobre los crímenes de la dictadura y la disposición a brindar «toda la información disponible», por más que su subordinado inmediato, el comandante Fregossi, afirme: «No tenemos nada», refiriéndose a «eventuales datos que pueda tener el Ejército y que puedan arrojar luz sobre hechos de esa época».
En la puja con CA por el copyright del discurso sobre el pasado reciente, el ministro, no obstante, debió hacer concesiones: habilitó la visita a la Cárcel del Pueblo, donde los tupamaros mantenían a sus prisioneros, como contribución al «conocimiento de toda la verdad», pero nada se dice acerca de que esa casa fue después centro clandestino de torturas y, simultáneamente, sede de bacanales de los oficiales de los aparatos de inteligencia.
