La CIDH se pronunció contra
proyecto de ley de prisión
domiciliaria de Cabildo Abierto
3 de junio 2022
El órgano de la OEA asegura que “son inaceptables las medidas que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables” por delitos de lesa humanidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre los derechos humanos en la región y entre los países evaluados está Uruguay. En ese apartado, entre otros temas, la CIDH se pronuncia en contra del proyecto de ley que impulsa Cabildo Abierto para que los presos mayores de 65 años puedan cumplir su pena en prisión domiciliaria, incluyendo a quienes cometieron “delitos por graves violaciones a los derechos humanos o lesa humanidad”. “La Comisión urge al Estado a tomar en cuenta que, según estándares interamericanos, son inaceptables las medidas que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables por delitos de esa gravedad”, sostienen.
En esta línea, el órgano consultor de la Organización de Estados Americanos señala que toma nota de que “organizaciones de la sociedad civil, víctimas y organismos internacionales han expresado su preocupación y rechazo por los impactos que dicha reforma tendría en la lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar”.
De esta manera, la CIDH se une a otros organismos que se expresaron en contra del proyecto, como la Organización de las Naciones Unidas, el grupo de 25 juristas y expertos internacionales que se reunieron para enviarle una carta a Luis Lacalle Pou expresando su preocupación, y la cancillería, que indicó que el proyecto puede ser contrario a estándares de derechos humanos.
En relación con la memoria, verdad y justicia, la CIDH destaca la sentencia que decretó el procesamiento y prisión de siete militares por delitos contra personas que estuvieron detenidas en los centros Batallón 13 y 300 Carlos. Asimismo, se valora que se respete “la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman respecto de la obligación estatal de asegurar que la Ley de Caducidad no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos”.
También en este sentido, el texto menciona que “organizaciones de sociedad civil informaron sobre obstáculos enfrentados por las sobrevivientes de hechos de tortura sexual durante la dictadura cívico-militar para acceder a la verdad, justicia y reparación. Las organizaciones denunciaron prácticas revictimizantes por parte del Poder Judicial, así como la falta de una estrategia y de resultados en el procesamiento de las causas penales”.
Derechos de las minorías
La CIDH resaltó ciertos avances en materia de derechos humanos para las poblaciones minoritarias. “Durante 2021, la CIDH observó avances en derechos humanos en Uruguay, específicamente, en materia de seguridad ciudadana, protección contra la violencia de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación; así como el reconocimiento y protección de los derechos de las personas afrodescendientes, personas en movilidad humana y la prevención de la violencia contra las personas mayores”.
En contrapartida, señaló los “desafíos identificados” en esta materia. Además de su preocupación por las iniciativas que buscan modificar las medidas impuestas a personas imputadas o condenadas, la CIDH tomó nota de “denuncias de barreras legales y de facto para el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, además de reportes de discriminación y falta de atención en salud de las personas con discapacidad en determinados centros, incluyendo instituciones de salud mental en las que están internadas niñas, niños y adolescentes”.
La comisión “valora las iniciativas estatales para la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres” y en específico destacó la atención 24 horas a través de la línea telefónica y observa “positivamente” los proyectos de ley presentados en marzo de 2021 que buscan impulsar la paridad de género en puestos de representación.
Al mismo tiempo, la CIDH ve con buenos ojos la creación de la Guía de Actuación para seccionales policiales en casos de violencia doméstica y de género, pero “observa que la guía no incluye lineamientos de acción para asegurar una atención integral a las víctimas, tales como atención médica y psicosocial”.
También en relación a los derechos de las mujeres, específicamente al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la CIDH dice haber recibido “información acerca de las barreras legales y de facto para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, incluyendo la objeción de conciencia por parte del funcionariado público, así como las restricciones a mujeres migrantes debido a su estatus residencial en el país”.
La CIDH observa positivamente la priorización de personas en situación de discapacidad a la hora de vacunarse contra la covid-19; sin embargo, señala que recibió denuncias sobre retrasos en “la vacunación de personas con discapacidad internadas en un centro de atención residencial”. Asimismo, marcó preocupación por “las barreras que enfrentan niños, niñas y jóvenes con discapacidad en su integración en el sistema educativo formal y en la sociedad” y advierte “la necesidad de garantizar los derechos de personas con discapacidad auditiva y visual en el Proyecto de Ley de Medios”.
En relación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, la comisión subraya con preocupación el informe de Unicef que indica que “21% de las niñas, niños y adolescentes en centros de atención en salud mental habrían estado internados por un período mayor a dos años, superior al límite legal” y que 13% de los menores de 12 años “habrían permanecido en estos centros entre tres y nueve años”.
“La CIDH toma nota de la información de que, en las clínicas de salud mental del sistema de protección visitadas, se habrían constatado situaciones de descuido emocional, tratos humillantes, amenazantes y malos tratos físicos, así como la utilización inapropiada de medidas de contención hacia niñas, niños y adolescentes”, señala el informe.
