Justicia archivó caso por el que se
estaba excavando en cuartel de La
Montañesa; abogado analizará si se puede
reabrir
14 de marzo de 2018
El juez letrado de 1er Turno de Pando, Emilio Baccelli, decidió archivar la causa por la que se habían ordenado excavaciones en el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea Nº 1, ubicado sobre la ruta 34 a la altura del kilómetro 41,5, en la zona de La Montañesa, departamento de Canelones, según informó ayer TNU. Las actuaciones en el predio del cuartel fueron ordenadas por la anterior titular de la sede judicial, Isaura Tortora, para buscar los restos de Luis Eduardo Pérez Silveira, militante muerto en 1974 cuyo cuerpo permanece desaparecido.
Pérez Silveira, salteño e integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, era conocido en esa organización como “el Gordo Marcos”. Fue detenido el 5 de mayo de 1974 en Colón; lo llevaron primero a una base de la Fuerza Aérea y luego al Grupo de Artillería Nº 1 de La Paloma, en el Cerro de Montevideo, donde fue salvajemente torturado, entre otros por José Nino Gavazzo. Como consecuencia de las torturas fue trasladado el 9 de mayo de 1974 al Hospital Militar, donde falleció al día siguiente.
En diciembre de 2015, la jueza e integrantes del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) ingresaron en el predio militar para proceder a delimitar la zona donde posteriormente se comenzó a excavar. Además de la información sobre posibles enterramientos clandestinos en ese lugar que recibió Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el abogado Óscar López Goldaracena, denunciante en la causa, había presentado ante la Justicia en 2008 un croquis que señalaba dónde podía haber restos de desaparecidos.
Sin embargo, durante las actuaciones se produjeron varios incidentes que dificultaron el cumplimiento de la orden judicial. A mediados del año pasado, Tortora se presentó por sorpresa en el predio y no encontró a los antropólogos forenses excavando. Según se informó después, la rotura de una máquina había determinado que el GIAF suspendiera sus tareas, pero eso no fue comunicado a la jueza.
Un mes después se produjo un robo en el cuartel y los ladrones se llevaron, además de material militar, herramientas y estacas usadas por los antropólogos para delimitar los sitios donde estaban excavando.
El año pasado la jueza citó a declarar al oficial a cargo de la unidad y a Alicia Lusiardo, del GIAF. A esta última le pidió explicaciones sobre el último informe que los investigadores presentaron a la sede. Posteriormente, cuando asumió Baccelli, este intimó al GIAF a terminar con las actuaciones indicadas por Tortora antes del 31 de diciembre. Las excavaciones culminaron en la fecha indicada, sin resultados.
López Goldaracena dijo a la diaria que fue notificado por el juzgado para “dar vista” al expediente, y aclaró que “cuando se archiva este tipo de expedientes, siempre pueden ser reabiertos en la medida en que aparezcan nuevos datos, que fue lo que sucedió con este, porque la denuncia original es de 2007, y ahí se hizo la primera tanda de excavaciones. Luego se archivó el expediente, pero después se aportaron más datos y se retomaron las excavaciones”. “Voy a examinar el expediente y, en función de eso, veremos si hay otros elementos para aportar o no”, concluyó el abogado.